En 2015 los estudios técnicos concluyeron que el acuífero Jiménez-Camargo recibía una recarga media anual muy inferior al volumen que se extraía, que la disponibilidad era nula y que existía un déficit estructural que obligaba a poner límites y a organizar urgentemente la gestión del recurso.
HISTORIASMX. – En julio de 2015 la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) hizo público un Acuerdo que compiló los estudios técnicos sobre el acuífero Jiménez-Camargo, clave 0832, en el extremo sur del estado de Chihuahua. El documento no solo trazó los límites y la geografía hidrogeológica del sistema subterráneo, también consignó con precisión los flujos de recarga, las extracciones y las conclusiones técnicas sobre su disponibilidad, calidad y estado de sobreexplotación. Lo que sigue es un reportaje de tono histórico y objetivo: un recuento amplio y en lenguaje humano de qué decía en 2015 ese diagnóstico oficial y qué implicaciones tenía entonces para la gente y la economía de la región.
Encabezado: la instantánea técnica que sonó la alarma.
En 2015 los estudios técnicos concluyeron que el acuífero Jiménez-Camargo recibía una recarga media anual muy inferior al volumen que se extraía, que la disponibilidad era nula y que existía un déficit estructural que obligaba a poner límites y a organizar urgentemente la gestión del recurso. Esa conclusión, expresada en números y mapas, fue la base para proponer un ordenamiento que regulase extracción, registro de usuarios y medidas de protección.
Datos clave (instantánea 2015).
Según el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, estos eran los principales datos técnicos y administrativos que definían la condición del acuífero en 2015:
Extensión y población: el acuífero cubre 9,947 kilómetros cuadrados y abarca parcial o totalmente municipios como Jiménez (22% del acuífero), Coronado (18.6%), Allende (18%), López (13.1%), Camargo (12%), Matamoros (8.1%), San Francisco de Conchos (6.2%), Saucillo (1%) y La Cruz (1%). En la zona viven decenas de miles de personas: el censo de 2010 registró 103,340 habitantes en la superficie del acuífero, con localidades urbanas importantes como Santa Rosalía de Camargo (40,221 habitantes) y José Mariano Jiménez (34,281 habitantes).
Recarga y extracción: la recarga total media anual estimada fue de 173.3 millones de metros cúbicos por año, integrada por entradas por flujo subterráneo (95.0), recarga vertical por lluvia (60.0) y recarga inducida por retornos de riego (18.3). En contraposición, el volumen de extracción consignado fue de 303.1 millones de metros cúbicos por año. De esa extracción, 96.4% se destinaba a uso agrícola, 3.1% a uso público urbano, 0.4% a uso industrial y 0.1% a uso doméstico y abrevadero. El resultado numérico fue un déficit de 142.135710 millones de metros cúbicos anuales y la conclusión de que no existía volumen disponible para conceder nuevas asignaciones.
Infraestructura de captación: el censo registró 1,296 aprovechamientos, de los cuales 998 estaban activos; de éstos 988 eran pozos, 3 norias, 4 manantiales y 3 galerías filtrantes.
Capacidad sostenible máxima: conforme al cálculo técnico, el máximo volumen que puede extraerse para mantener condiciones sustentables era de 167.8 millones de m³/año (recarga media menos descarga natural comprometida), muy por debajo del volumen realmente extraído en ese momento.
Calidad del agua: el agua subterránea fue descrita como sulfatada cálcica con sólidos totales disueltos (TDS) que varían entre 500 y 4,000 mg/L, y concentraciones de sulfato entre 100 y 2,500 mg/L. En varias zonas los parámetros excedían los límites permisibles para consumo humano según la norma vigente, por lo que el agua no era apta para beber sin tratamiento.
Clima y balance hídrico: la precipitación media anual en la zona era reducida, de 340 mm con variaciones de 300 a 450 mm según la subzona, y la evapotranspiración real calculada fue de 342.37 mm/año, lo que limita la recarga vertical natural del acuífero.
Un acuífero que había perdido su flujo base y su equilibrio.
Los estudios técnicos reseñan cómo, en condiciones originales, el acuífero aportaba flujo base a ríos y manantiales y mantenía niveles freáticos relativamente someros. Sin embargo, la extracción intensiva —especialmente por pozos profundos— alteró ese funcionamiento: desapareció el flujo base del Río Florido, manantiales se vieron reducidos o secados y el nivel estático del agua mostró abatimientos progresivos. Las mediciones históricas consignadas en el estudio documentaron profundas transformaciones en décadas: en 1971 las profundidades estáticas variaban entre 5 y 80 metros; en 1988 hasta 90 metros; en 1997 entre 10 y 110 metros; y para 2008 se reportaron profundidades de hasta 100 metros en la porción oriental. El documento también registró ritmos de abatimiento que en distintos periodos llegaron a -3 m/año y -4 m en episodios puntuales, aunque para 2008 el ritmo reportado fue de -1.5 a -2.0 m/año en promedio.
Consecuencias socioeconómicas y ambientales señaladas en 2015.
El informe no se quedó en cifras: explicó los efectos concretos que ya se observaban o que podían esperarse si continuaba la explotación sin control. Entre las consecuencias destacaban la inutilización de pozos, el incremento en costos de bombeo, la desaparición de manantiales, el deterioro de la calidad del agua y el riesgo sobre el abastecimiento de los habitantes y las actividades productivas dependientes del recurso, sobre todo la agricultura y la ganadería. El carácter agrícola de la demanda (casi 96.4% de la extracción) colocaba a las actividades productivas en el centro del conflicto por el agua.
Marco jurídico y medidas propuestas en 2015.
El diagnóstico técnico venía acompañado de una lectura administrativa: el acuífero Jiménez-Camargo estaba afectado por decretos históricos de veda (1951, 1962 y 1965 en porciones) y por el Acuerdo General de 2013 que suspendía provisionalmente el libre alumbramiento en porciones no vedadas. A partir de los resultados, CONAGUA propuso decretar un ordenamiento para controlar la extracción, suprimir algunas vedas parciales, integrar un padrón de usuarios y establecer mecanismos que permitan la administración y el uso sustentable del subsuelo. En el texto de 2015 se recomendó explícitamente crear un registro confiable de usuarios y extracciones y organizar a asignatarios y concesionarios para aplicar medidas de control.
Lo que decía el documento como recomendación final (2015).
Los técnicos concluyeron que las causales de interés público para proteger el acuífero estaban presentes: protección del recurso, atención a zonas de escasez natural, control de la extracción, restablecimiento del equilibrio hidrológico y prevención de la sobreexplotación. El Acuerdo propuso como pasos urgentes decretar el ordenamiento regulatorio para toda la extensión del acuífero e integrar el padrón de usuarios conforme a los mecanismos de CONAGUA.
Interpretación histórica: por qué importó entonces (y sigue importando).
La cifra clave de 2015 —un déficit de ~142.14 millones de m³/año frente a una recarga de 173.3 millones— no es solo un número técnico, es la evidencia de que el modelo de uso estaba consumiendo reservas no renovables. En términos prácticos, eso significa que la prosperidad agrícola que muchos pueblos buscaban (expansión de riego, más cultivos comerciales) se sostenía parcialmente con agua “prestada” del subsuelo, lo que, si no se regula, lleva a que los pozos dejen de rendir, a la pérdida de inversiones y a la erosión de medios de vida.
Plasmado en un folleto técnico y publicado en el Diario Oficial, el Acuerdo de 2015 dejó constancia de un momento en el tiempo: la radiografía técnica y la llamada urgente a ordenar y gestionar. Para los historiadores y gestores del agua, ese documento funciona como un punto de partida, una línea base desde la que medir cambios, aciertos o agravios posteriores.
Cierre y disponibilidad documental.
Este reportaje se basa en los estudios técnicos y el Acuerdo que CONAGUA publicó en 2015 sobre el acuífero Jiménez-Camargo; el texto original, con mapas, memorias de cálculo y anexos, fue puesto a disposición pública en las oficinas regionales y en la dirección nacional de la Comisión y sirve como fuente primaria de las cifras y conclusiones resumidas aquí.
Referencias: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). (2015). Acuerdo por el que se da a conocer el resultado de los estudios técnicos de aguas nacionales subterráneas del acuífero Jiménez-Camargo, clave 0832, en el Estado de Chihuahua, Región Hidrológico-Administrativa Río Bravo. Diario Oficial de la Federación, 25 de agosto de 2015.
Por: Gorki Rodríguez.
