El agua que sostiene al municipio también esconde una amenaza invisible
HISTORIASMX. – En Ciudad Jiménez, abrir la llave no siempre significa recibir agua segura para beber. El líquido que llega a los hogares procede principalmente de pozos profundos conectados con el acuífero Jiménez–Camargo, una reserva subterránea sometida durante décadas a una extracción muy superior a su capacidad natural de recuperación. A esa crisis de cantidad se suma otra menos visible: la presencia documentada de arsénico, sulfatos, sales y sólidos disueltos en distintas fuentes de abastecimiento. El agua puede ser transparente, carecer de olor y no tener un sabor claramente desagradable, pero eso no permite saber si contiene arsénico. Este elemento no se detecta a simple vista y únicamente puede cuantificarse mediante análisis de laboratorio.
La información oficial más reciente de la Comisión Nacional del Agua dimensiona la presión sobre el acuífero. La actualización técnica con datos del Registro Público de Derechos de Agua al 30 de diciembre de 2022 estima una recarga natural de 174.9 millones de metros cúbicos al año, una descarga natural comprometida de 5.5 millones y un volumen registrado de extracción de 336.77 millones de metros cúbicos anuales. El resultado es un déficit de 167.37 millones de metros cúbicos por año. En términos sencillos, el volumen registrado para extracción equivale a aproximadamente 1.93 veces la recarga anual; después de reservar el agua correspondiente a las descargas naturales comprometidas, la presión es todavía mayor. No se trata de una sequía temporal ni de una mala temporada agrícola: es un desequilibrio estructural que obliga a extraer agua de las reservas acumuladas en el subsuelo durante periodos mucho más largos que una vida humana.
Un déficit que creció a pesar de vedas decretadas desde 1951.
El acuífero Jiménez–Camargo, identificado por Conagua con la clave 0832, cubre alrededor de 9 mil 948 kilómetros cuadrados y se extiende por territorios de Jiménez, Camargo, López, Coronado, Allende, Matamoros y San Francisco de Conchos. La crisis no tomó por sorpresa a las autoridades. Una parte de la región se encuentra bajo veda para nuevos alumbramientos desde el 12 de julio de 1951; otras porciones quedaron sujetas a disposiciones posteriores y, desde 2013, se suspendió el libre alumbramiento en las zonas que permanecían sin regulación. Sin embargo, las restricciones jurídicas no consiguieron restablecer el equilibrio.
En 2015, Conagua reportaba una recarga de 173.3 millones de metros cúbicos y una extracción de 303.1 millones. En aquella evaluación, el déficit de disponibilidad era de 142.13 millones de metros cúbicos anuales, mientras que el cambio de almacenamiento se estimaba en –135.3 millones, signo de que el bombeo ya consumía reservas no renovables. Para el corte de 2022, el volumen registrado de extracción había aumentado a 336.77 millones y el déficit de disponibilidad alcanzó 167.37 millones. Las cifras de 2015 y 2022 proceden de metodologías y cortes administrativos distintos, por lo que no deben compararse como si fueran mediciones idénticas de bombeo real; aun así, ambas evaluaciones coinciden en el diagnóstico central: no existe agua adicional disponible y la presión registrada supera ampliamente la recarga.
Los estudios técnicos de Conagua identificaron además conos de abatimiento al norte de Ciudad Jiménez. Para 2008 se documentaban descensos del nivel estático de aproximadamente 1.5 a 2 metros por año en determinadas zonas; en periodos anteriores se habían observado abatimientos aún mayores. La consecuencia directa es que cada vez se necesita perforar o bombear desde mayor profundidad, aumenta el costo de la energía, disminuye el rendimiento de algunos pozos y crece el riesgo de que manantiales y ecosistemas dependientes del agua subterránea pierdan caudal. La autoridad federal ha advertido que la explotación intensiva puede provocar inutilización de pozos, desaparición de manantiales y deterioro de la calidad del agua.
La agricultura concentra la mayor parte de la extracción.
La estructura productiva del valle ayuda a explicar la dimensión del desequilibrio. El estudio técnico de 2015 contabilizó 1,296 aprovechamientos de agua subterránea, de los cuales 998 estaban activos. Del volumen entonces estimado, 96.4 por ciento se destinaba a la agricultura, 3.1 por ciento al uso público urbano, 0.4 por ciento a la industria y 0.1 por ciento a usos domésticos, pecuarios y de abrevadero. Esto significa que responsabilizar exclusivamente a las familias por ducharse, lavar ropa o regar un jardín simplifica un problema cuyo mayor peso volumétrico está en el modelo agrícola.
El señalamiento no implica desconocer la importancia económica y social del campo. La agricultura sostiene empleos, cadenas comerciales y patrimonio familiar, pero su continuidad depende precisamente de conservar el acuífero. En cultivos perennes de alta demanda hídrica, como el nogal, cada nueva hectárea crea una obligación de riego durante décadas. Cuando el volumen total comprometido excede la recarga, la productividad presente se financia con agua que no estará disponible para las siguientes generaciones. La salida requiere tecnificación real, medición volumétrica, reparación de canales y conducciones, reconversión donde sea viable, control de extracciones irregulares y límites basados en el balance del acuífero, no únicamente campañas domésticas de ahorro.
Sobreexplotar no crea el arsénico, pero puede agravar la exposición.
Es necesario evitar una explicación engañosa: la sobreexplotación no “fabrica” arsénico. En buena parte de Chihuahua, su origen es predominantemente geogénico. El elemento se encuentra de manera natural en minerales y formaciones geológicas; bajo determinadas condiciones de pH, temperatura, oxidación, reducción y tiempo de contacto entre agua y roca, puede liberarse y pasar al agua subterránea. La geología regional incluye rocas volcánicas, calizas, lutitas, yesos, depósitos aluviales y sistemas de fallas que condicionan la composición química del agua.
Sin embargo, el bombeo intensivo sí puede modificar la circulación subterránea, profundizar las captaciones, alterar gradientes hidráulicos y favorecer la incorporación de aguas más antiguas o de distinta composición. Conagua advierte de manera general que el abatimiento puede deteriorar la calidad y propiciar la migración de agua desfavorable. Determinar si esto ocurre en un pozo específico de Jiménez exige series históricas de niveles, análisis hidrogeoquímicos, especiación del arsénico y monitoreo individual de cada fuente. Por ello, sería científicamente incorrecto asegurar que todo aumento de arsénico fue causado por el bombeo; también sería irresponsable ignorar que un acuífero sometido a semejante presión puede cambiar su dinámica y volver más complejo el control de la calidad.
La salinidad constituye otra señal de alerta. El estudio oficial reportó concentraciones de sólidos totales disueltos de entre 500 y 4 mil miligramos por litro en el acuífero. En el área de influencia de Ciudad Jiménez se encontraron rangos de 500 a mil miligramos por litro, mientras que los sulfatos variaron ampliamente y en distintas zonas superaron los límites aplicables al agua para consumo humano. Conagua concluyó que algunos parámetros excedían la normativa y que el agua requería potabilización previa. Esto no demuestra que toda el agua distribuida actualmente tenga esos valores, porque la calidad puede variar entre pozos, fechas, mezclas y sectores de la red; sí demuestra que la fuente subterránea presenta problemas naturales que obligan a tratarla y vigilarla de forma permanente.
Las evidencias de arsénico en Jiménez.
Publicaciones técnicas del Centro de Investigación en Materiales Avanzados han situado históricamente a Jiménez entre las localidades chihuahuenses con presencia elevada de arsénico en aguas subterráneas. Una obra especializada sobre remoción de arsénico reportó para el municipio valores de hasta 1.53 miligramos por litro, aunque esa cifra debe interpretarse como un máximo localizado en una fuente o muestra histórica, no como la concentración uniforme de toda la red. Otro proyecto académico y de servicio social, citado en notas periodísticas de 2017 y 2022, presentó resultados variables en pozos y puntos de consumo, incluyendo una muestra de hasta 400 microgramos por litro, equivalentes a 0.400 miligramos por litro. Tales registros son antecedentes graves, pero por su antigüedad y por las limitaciones de acceso a protocolos completos de muestreo no pueden utilizarse para afirmar cuál es la concentración que recibe actualmente cada colonia.
También existe infraestructura destinada expresamente a enfrentar el problema. La empresa que desarrolló sistemas para los pozos 6 y 8 de Jiménez señala que esas fuentes excedían parámetros de arsénico y sólidos disueltos. Las unidades incorporaron filtración, oxidación con sales de hierro, carbón activado, luz ultravioleta, ósmosis inversa y cloración, con capacidades de producción aproximadas de 7.1 y 7.3 litros por segundo. En 2023, el Gobierno del Estado informó además la puesta en operación de dos plantas de ósmosis inversa en las colonias PRI y Campesina, destinadas a proporcionar agua potable a alrededor de 4 mil habitantes.
La existencia de plantas de remoción demuestra que el riesgo ha sido reconocido, pero no prueba por sí sola que toda el agua distribuida por la red cumpla permanentemente la norma. La eficacia depende de que las plantas estén operando, reciban mantenimiento, utilicen insumos adecuados, controlen el agua de rechazo y verifiquen en laboratorio tanto la entrada como la salida. Además, la capacidad de dos sistemas pequeños no necesariamente corresponde al volumen total que consume una ciudad. Para establecer la situación actual se necesitan resultados recientes por pozo, por planta y en puntos representativos de la red.
La norma mexicana y la diferencia con la recomendación internacional.
La NOM-127-SSA1-2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación, establece para el arsénico un límite permisible de 0.025 miligramos por litro, equivalente a 25 microgramos por litro o 25 partes por mil millones. La Organización Mundial de la Salud mantiene un valor guía provisional de 0.010 miligramos por litro, es decir, 10 microgramos. La diferencia es relevante: cumplir el límite mexicano no significa que el riesgo sea absolutamente nulo, particularmente porque el arsénico inorgánico es un carcinógeno humano y el riesgo depende de la concentración, la cantidad consumida, la duración de la exposición, la edad y la susceptibilidad individual.
Una muestra de 400 microgramos por litro, si se confirmara bajo un procedimiento acreditado, equivaldría a 16 veces el límite mexicano de 25 microgramos y 40 veces el valor guía de la OMS. Un máximo histórico de 1.53 miligramos por litro equivaldría a 1,530 microgramos, pero no debe presentarse como la calidad general del agua de Jiménez. La comunicación responsable exige publicar el nombre o número del pozo, fecha, laboratorio, método, incertidumbre analítica, condiciones de operación y resultado después del tratamiento.
Las enfermedades que puede producir la exposición crónica.
El arsénico inorgánico está clasificado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como carcinógeno para los seres humanos. Existe evidencia suficiente de que la exposición prolongada puede causar cáncer de piel, pulmón y vejiga. También existe evidencia más limitada para tumores de riñón, hígado y próstata. El cáncer no aparece inmediatamente después de beber un vaso de agua: el peligro principal es la exposición repetida durante años, con periodos de latencia que pueden prolongarse durante décadas.
Las manifestaciones tempranas más características de la intoxicación crónica, conocida como arsenicismo o hidroarsenicismo crónico regional endémico, pueden presentarse en la piel. Entre ellas se encuentran cambios irregulares de pigmentación, manchas claras u oscuras y hiperqueratosis, una dureza o engrosamiento anormal que aparece especialmente en las palmas de las manos y plantas de los pies. La OMS indica que estas alteraciones suelen aparecer después de una exposición mínima aproximada de cinco años y que algunas lesiones pueden ser precursoras de cáncer cutáneo. Sin embargo, tener manchas o callosidades no confirma intoxicación por arsénico; muchas enfermedades dermatológicas producen síntomas parecidos y se requiere valoración médica.
La exposición prolongada también se ha asociado con hipertensión, daño de los vasos sanguíneos, enfermedad cardiovascular, alteraciones de la circulación periférica y un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular en poblaciones expuestas. Existen asociaciones epidemiológicas con diabetes tipo 2 y alteraciones del metabolismo de la glucosa. En el sistema nervioso puede producir neuropatía periférica, caracterizada por adormecimiento, hormigueo, ardor, pérdida de sensibilidad o debilidad, comúnmente de forma simétrica en manos y pies. La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de Estados Unidos advierte que esa neuropatía puede llegar a ser una de las únicas manifestaciones clínicas de la exposición crónica.
Otros posibles efectos descritos incluyen alteraciones gastrointestinales, hematológicas, hepáticas, renales, inmunológicas y respiratorias. La exposición intensa puede causar náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, alteraciones del ritmo cardiaco y daño multiorgánico; ese cuadro agudo corresponde a dosis mucho mayores que las normalmente encontradas en agua potable. En comunidades con contaminación subterránea, la preocupación central es la dosis pequeña o moderada recibida diariamente durante años.
El embarazo, la infancia y la niñez constituyen periodos especialmente delicados. La exposición prenatal y durante los primeros años se ha relacionado con bajo peso al nacer, mayor riesgo de resultados adversos del embarazo, efectos en el desarrollo neurológico y cognitivo y aumento de enfermedades en etapas posteriores. La OMS señala que la exposición intrauterina y de la primera infancia se ha asociado con efectos negativos en el desarrollo cognitivo y mayor mortalidad en adultos jóvenes.
Riesgo no significa diagnóstico: el vacío epidemiológico local.
La evidencia internacional permite afirmar que el arsénico aumenta la probabilidad de determinadas enfermedades, pero no permite concluir que una persona de Jiménez con cáncer, diabetes, insuficiencia renal o neuropatía enfermó necesariamente por el agua. Esos padecimientos tienen múltiples causas: edad, herencia, tabaquismo, alimentación, ocupación, exposición a otros contaminantes y condiciones metabólicas. Para atribuir una fracción de enfermedad al arsénico en Jiménez sería necesario realizar un estudio epidemiológico específico, reconstruir la exposición por colonia y por año, conocer qué pozos abastecieron cada sector, medir biomarcadores y comparar la incidencia con poblaciones de características semejantes.
En la documentación pública consultada no se localizó un estudio epidemiológico reciente y concluyente que cuantifique cuántos habitantes de Jiménez han enfermado a causa del arsénico distribuido por la JMAS. Esta ausencia no equivale a demostrar que no exista daño; significa que el impacto local no ha sido medido públicamente con la profundidad necesaria. Tampoco se encontraron en acceso abierto series completas y recientes, pozo por pozo y mes por mes, que permitan asegurar cuál es la exposición actual de todos los usuarios. Por ello, la frase correcta no es “el agua de Jiménez está causando determinado número de casos”, sino que existen antecedentes de concentraciones elevadas, una fuente subterránea hidrogeoquímicamente problemática y riesgos sanitarios científicamente reconocidos que justifican vigilancia inmediata y transparente.
Hervir el agua no elimina el arsénico.
Las recomendaciones domésticas deben ser muy claras. Hervir el agua no elimina el arsénico. Al evaporarse una parte del líquido, el contaminante puede quedar más concentrado. Los filtros de carbón activado convencionales tampoco garantizan su remoción. Para beber, preparar fórmula infantil, cocinar alimentos que absorben agua, elaborar hielo, café o bebidas, la población debe utilizar agua cuya seguridad haya sido comprobada mediante laboratorio o que haya sido tratada con una tecnología certificada para remover arsénico, como ósmosis inversa debidamente mantenida, adsorción específica, coagulación-filtración u otros sistemas diseñados para ese propósito.
Bañarse, lavar ropa o limpiar generalmente representa un riesgo mucho menor porque el arsénico no atraviesa fácilmente la piel. La ruta principal de exposición es la ingestión. No obstante, el agua utilizada para cocinar también cuenta: arroz, frijoles, sopas, caldos y bebidas pueden incorporar el contaminante. Usar agua embotellada tampoco constituye garantía automática si se desconoce el proveedor, el proceso de purificación y los controles sanitarios. Los sistemas domésticos requieren cambio oportuno de membranas y filtros, desinfección y verificación analítica; un equipo abandonado puede perder eficacia o generar contaminación microbiológica.
Las pruebas de orina son las más útiles para evaluar exposición reciente, pero deben ser solicitadas e interpretadas por personal médico, preferentemente mediante especiación que distinga arsénico inorgánico de formas orgánicas presentes en mariscos. El cabello y las uñas pueden aportar información en contextos específicos, aunque son susceptibles a contaminación externa y no deben utilizarse aisladamente para diagnosticar intoxicación. No existe un medicamento doméstico que “desintoxique” de forma segura una exposición crónica; la intervención esencial es cortar la fuente y recibir evaluación clínica.
Lo que deben publicar la JMAS, la JCAS y las autoridades sanitaria.
La primera obligación es hacer pública una radiografía verificable del sistema. Por cada pozo que abastece a Ciudad Jiménez deben difundirse ubicación, profundidad, caudal, colonias atendidas, concentración de arsénico antes y después del tratamiento, sólidos disueltos, sulfatos, fluoruro, nitratos, metales, calidad microbiológica, fecha de muestreo y nombre del laboratorio acreditado. También debe explicarse qué pozos se mezclan en la red y cuál es la concentración final en distintos sectores. Un promedio municipal no basta: puede ocultar una fuente con valores altos o variaciones entre colonias.
Las autoridades tendrían que implementar un programa de vigilancia epidemiológica dirigido a personas que han vivido durante años en los sectores con mayor exposición histórica. Esto supone revisiones dermatológicas, evaluación neurológica, control de presión arterial y glucosa, valoración renal y seguimiento clínico, sin convertir el programa en una campaña de alarma ni esperar a que aparezcan casos avanzados. De forma paralela, resulta indispensable auditar las plantas de remoción, garantizar su operación continua, disponer de manera segura el rechazo concentrado y asegurar puntos gratuitos de agua potable para las familias que no pueden comprar garrafones.
Atender únicamente el arsénico sin reducir la sobreexplotación sería una solución incompleta. El municipio necesita medición efectiva de todos los aprovechamientos, actualización del padrón de pozos, vigilancia de extracciones clandestinas, balances anuales públicos, tecnificación agrícola comprobable y no sólo declarativa, reúso de aguas residuales donde sea sanitaria y agronómicamente viable, protección de áreas de recarga y planeación de cultivos conforme a la disponibilidad real. La captación de lluvia puede apoyar usos urbanos y pequeñas obras de infiltración, pero no compensará por sí sola un déficit de más de 167 millones de metros cúbicos anuales.
Una crisis ambiental convertida en desigualdad.
La contaminación del agua no afecta a todas las familias de la misma manera. Quienes tienen recursos pueden comprar garrafones, mantener sistemas de ósmosis inversa y realizar análisis particulares. Quienes viven con ingresos limitados deben elegir entre destinar una parte del gasto familiar al agua purificada o utilizar la que llega por la red para cocinar y beber. Así, una falla ambiental se convierte en desigualdad sanitaria: las personas más expuestas suelen ser también quienes tienen menos posibilidades de diagnóstico temprano, tratamiento y sustitución de la fuente.
Jiménez enfrenta dos crisis conectadas. La primera está debajo de la tierra: un acuífero al que se le registra casi el doble de extracción que de recarga y cuyo déficit anual supera los 167 millones de metros cúbicos. La segunda entra potencialmente a las casas: agua subterránea con antecedentes de arsénico y otros componentes que obligan a tratar, medir y transparentar. El problema no puede reducirse a pedir a la población que cierre la llave. Tampoco puede resolverse con una planta inaugurada, una fotografía oficial o un análisis aislado.
El derecho al agua no significa solamente que el líquido salga de la tubería. Significa que exista en cantidad suficiente, que sea accesible, que su suministro pueda mantenerse y, sobre todo, que sea salubre. Mientras no se publiquen resultados recientes y completos de cada fuente de la JMAS, persiste una pregunta legítima en miles de hogares de Jiménez: ¿qué contiene realmente el agua que llega hoy a nuestras casas? La respuesta debe provenir de laboratorios acreditados, datos abiertos y vigilancia sanitaria permanente. En una región donde el acuífero pierde sus reservas año tras año, seguir administrando el problema mediante silencio y medidas parciales no sólo compromete el desarrollo económico: compromete la salud de quienes viven hoy y el derecho al agua de quienes todavía no han nacido.
