La desaparición comenzó como una herramienta clandestina del Estado para eliminar opositores políticos. Décadas después, el crimen organizado la convirtió en un mecanismo de control territorial, reclutamiento, explotación, castigo y ocultamiento de cuerpos. Entre ambos periodos persiste un mismo elemento: la impunidad.
Investigación y redacción: Gorki Rodríguez | HISTORIASMX
Una ausencia que nunca termina.
HISTORIASMX. – En México, desaparecer no significa solamente que una persona dejó de comunicarse o no regresó a su casa. Cuando detrás de la ausencia existe un delito, también desaparecen certezas, documentos, rutas y respuestas. La familia queda suspendida entre dos posibilidades igualmente dolorosas: que su ser querido continúe vivo en algún lugar o que haya muerto sin ser localizado ni identificado.
La desaparición produce un duelo que no puede cerrarse. No existe un cuerpo para despedir, una explicación comprobada ni una sentencia que determine responsabilidades. Las familias continúan poniendo un plato en la mesa, conservando una habitación, revisando llamadas y buscando rostros entre desconocidos. Después llegan los recorridos por hospitales, cárceles, fiscalías, servicios forenses, terrenos abandonados, montes, brechas y fosas clandestinas.
A diferencia del homicidio, la desaparición prolonga la violencia todos los días. La persona es sustraída de la vida social, pero sus familiares también quedan atrapados dentro de un sistema de incertidumbre. Por esa razón, el delito se considera permanente o continuo mientras no se determine la suerte o el paradero de la víctima.
En marzo de 2026, el Gobierno de México informó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas acumulaba 394 mil 645 reportes históricos entre 1952 y 2026. De ese universo, 262 mil 111 personas habían sido localizadas, mientras que 132 mil 534 continuaban con estatus de desaparecidas o no localizadas. De las personas encontradas, 240 mil 211 fueron ubicadas con vida y 21 mil 900 sin vida.
Pero esa cifra no describe un solo delito ni un fenómeno uniforme. Dentro del registro conviven ausencias voluntarias, extravíos, personas incomunicadas, víctimas de accidentes, desapariciones relacionadas con delitos, desapariciones cometidas por particulares y casos de desaparición forzada en los que participaron servidores públicos, directamente o mediante autorización, apoyo o consentimiento.
Comprender cómo llegó México a esta dimensión requiere mirar hacia atrás, hasta una época en la que desaparecer personas no era una actividad atribuida principalmente a organizaciones criminales, sino una operación clandestina desarrollada desde estructuras del propio Estado.
Antes de los cárteles estuvo la represión política.
La desaparición forzada en México tiene antecedentes vinculados con la persecución de movimientos campesinos, sindicales, estudiantiles y políticos desde mediados del siglo XX. Sin embargo, fue durante las décadas de 1960, 1970 y principios de 1980 cuando se convirtió en una herramienta sistemática de contrainsurgencia.
El régimen político mexicano enfrentaba protestas obreras, movilizaciones estudiantiles, organizaciones campesinas y grupos armados surgidos en contextos de pobreza, desigualdad, cacicazgo y represión. En lugar de responder únicamente mediante procesos judiciales, distintas instituciones construyeron un aparato clandestino de vigilancia, detención, interrogatorio, tortura y eliminación.
La Dirección Federal de Seguridad, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, corporaciones policiales, autoridades estatales y unidades militares participaron en operaciones contra personas consideradas enemigas del orden político. Muchas víctimas nunca fueron presentadas ante un juez. Eran llevadas a instalaciones militares, cárceles clandestinas, cuarteles o inmuebles controlados por agentes estatales.
La desaparición cumplía varios objetivos simultáneos: obtener información mediante tortura, destruir organizaciones, sembrar miedo entre simpatizantes, impedir que las víctimas se convirtieran en símbolos públicos y eliminar evidencias de ejecuciones extrajudiciales.
El historiador Camilo Vicente Ovalle explica que la desaparición forzada formó parte de una política de contrainsurgencia desplegada por el Estado mexicano durante la década de 1970. No fue solamente una suma de abusos individuales, sino una práctica vinculada con la lógica de seguridad nacional de la Guerra Fría y con la construcción del opositor como “enemigo interno”.
Epifanio Avilés: el primer caso documentado.
El 19 de mayo de 1969, Epifanio Avilés Rojas fue detenido por militares en Guerrero. De acuerdo con la reconstrucción del caso, fue trasladado bajo custodia castrense y posteriormente llevado en una aeronave hacia el Campo Militar Número Uno. Nunca volvió a ser visto.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo reconoce como la primera víctima registrada de desaparición forzada en el contexto de la guerrilla rural mexicana. Más de medio siglo después, su paradero continúa sin conocerse.
El caso es importante no porque necesariamente haya sido la primera desaparición cometida en el país, sino porque constituye uno de los primeros expedientes documentados que permite observar el procedimiento: detención por agentes estatales, traslado clandestino, negativa a reconocer la custodia y ocultamiento permanente del destino de la víctima.
Ese patrón se multiplicó principalmente en Guerrero, pero también apareció en Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México y otras entidades.
Guerrero: el laboratorio de la desaparición.
La región de Atoyac de Álvarez y distintas comunidades de la sierra de Guerrero fueron sometidas a operaciones militares dirigidas contra las guerrillas de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos. Sin embargo, la represión no se limitó a los combatientes.
Campesinos, familiares, maestros, estudiantes, habitantes de comunidades rurales y personas sospechosas de colaborar con los movimientos armados fueron detenidos. Algunas regresaron después de sufrir tortura; otras fueron trasladadas a instalaciones clandestinas y nunca reaparecieron.
La desaparición operaba como una forma de castigo colectivo. No siempre se buscaba solamente información. También se pretendía quebrar las redes familiares y comunitarias que daban protección, alimento o respaldo político a los movimientos sociales.
La ausencia de registros oficiales era parte del método. Si la detención no aparecía en una bitácora, la autoridad podía negar que la persona hubiera estado bajo su custodia. Sin orden de aprehensión, expediente de ingreso o cuerpo localizado, las familias quedaban prácticamente imposibilitadas para demostrar el delito.
El estudio de Rodolfo Gamiño sobre los primeros informes gubernamentales relativos a las desapariciones en Guerrero muestra cómo las instituciones mexicanas recurrieron durante décadas a explicaciones burocráticas, investigaciones incompletas y narrativas oficiales que evitaban reconocer plenamente la responsabilidad del Estado.
Rosendo Radilla y el reconocimiento internacional.
Uno de los casos más representativos fue el de Rosendo Radilla Pacheco, campesino, dirigente comunitario y compositor de corridos. El 25 de agosto de 1974 fue detenido en un retén militar en Atoyac de Álvarez. Sus familiares nunca volvieron a verlo.
Décadas después, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2009, el tribunal declaró responsable al Estado mexicano por su desaparición forzada y por la falta de una investigación efectiva. La sentencia también fue fundamental para limitar la intervención de la justicia militar cuando integrantes de las Fuerzas Armadas son acusados de violaciones de derechos humanos contra civiles.
El expediente mostró que la desaparición no había terminado cuando los militares ocultaron a Radilla. El delito continuó durante las décadas siguientes, porque el Estado no determinó su paradero, no esclareció plenamente los hechos y no sancionó a todos los responsables.
Una maquinaria más extensa de lo reconocido.
Durante mucho tiempo se difundió la idea de que la Guerra Sucia mexicana había sido menos extensa que las dictaduras militares de Argentina, Chile o Uruguay. Esa comparación ayudó a mantener la represión mexicana en un espacio secundario de la memoria latinoamericana.
Sin embargo, la apertura parcial de archivos, los testimonios de sobrevivientes y las investigaciones recientes ampliaron considerablemente el mapa de víctimas.
El informe “Fue el Estado, 1965-1990”, elaborado por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, documentó al menos 8 mil 594 víctimas de violaciones graves de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y masacres. También identificó 46 masacres con por lo menos 385 víctimas mortales y más de 123 mil personas desplazadas forzosamente.
El título del informe resume su principal conclusión: fue el Estado. Las violaciones no se limitaron a agentes aislados que actuaron por su cuenta; participaron instituciones, mandos, redes políticas, fuerzas de seguridad y estructuras encargadas posteriormente de bloquear investigaciones o garantizar impunidad.
La investigación también advierte que determinadas prácticas del pasado sobrevivieron después de 1990: militarización, secreto institucional, fabricación de versiones oficiales, falta de acceso a archivos, protección corporativa e incapacidad para sancionar a quienes utilizan el poder público para detener, torturar o desaparecer.
Las primeras madres que enfrentaron al silencio.
Antes de que existieran comisiones de búsqueda, fiscalías especializadas, protocolos o registros nacionales, fueron las madres, esposas, hijas y hermanas de las víctimas quienes comenzaron a documentar nombres.
Preguntaron en cárceles, hospitales, instalaciones militares y oficinas gubernamentales. Entregaron fotografías, organizaron huelgas de hambre y realizaron manifestaciones cuando exigir información podía provocar nuevas persecuciones.
De esa lucha surgió el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, posteriormente conocido como Comité Eureka. Rosario Ibarra de Piedra se convirtió en una de las figuras centrales después de la desaparición de su hijo Jesús Piedra Ibarra en 1975.
Aquellas familias desarrollaron una metodología que sigue vigente: registrar el nombre completo, reconstruir la última ubicación, identificar a los agentes que realizaron la detención, buscar testigos y negarse a aceptar la versión de que la víctima simplemente se había marchado.
La consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” nació de una evidencia política: muchas víctimas fueron vistas por última vez bajo custodia del Estado. La obligación de explicar su destino no correspondía a la familia, sino a las autoridades que las detuvieron.
De la desaparición política a la desaparición criminal.
La desaparición no terminó cuando disminuyeron las guerrillas y se disolvió la Dirección Federal de Seguridad. Cambió de escala, responsables y motivaciones.
Durante las décadas de 1980 y 1990 coexistieron casos vinculados con abuso policial, conflictos políticos, narcotráfico, trata, violencia contra mujeres, explotación de migrantes y disputas territoriales. No obstante, el crecimiento más abrupto comenzó después de 2006, con la militarización de la estrategia contra el narcotráfico y la fragmentación violenta de organizaciones criminales.
El Gobierno federal reconoce que, de las 132 mil 534 personas que continuaban desaparecidas o no localizadas en marzo de 2026, 130 mil 178 correspondían al periodo comprendido entre 2006 y 2026. Los 2 mil 356 registros anteriores a 2006 se relacionan en gran medida con episodios históricos de represión estatal.
La comparación es contundente: el registro contemporáneo concentra la inmensa mayoría de los casos. Esto no significa que todos sean desapariciones forzadas ni que todos estén asociados con la delincuencia organizada, pero sí muestra que México pasó de una práctica represiva selectiva, dirigida principalmente contra opositores, a una crisis masiva y territorialmente extendida.
La ONU señaló en 2022 que aproximadamente 97% de las primeras 100 mil desapariciones registradas oficialmente había ocurrido después de diciembre de 2006, coincidiendo con el inicio del modelo militarizado de seguridad pública.
¿Para qué desaparece el crimen organizado?
En el México contemporáneo, la desaparición es una herramienta flexible al servicio de diferentes mercados y disputas criminales. No existe una sola explicación aplicable a todas las víctimas.
Las organizaciones delictivas desaparecen personas para:
- Castigar a integrantes de grupos rivales.
- Controlar comunidades y corredores territoriales.
- Ocultar homicidios y destruir pruebas.
- Reclutar jóvenes por la fuerza.
- Obligar a personas a trabajar como vigilantes, sicarios o transportistas.
- Explotar sexual o laboralmente a mujeres, niñas y migrantes.
- Extorsionar a familiares.
- Apropiarse de tierras, propiedades, vehículos o negocios.
- Silenciar testigos.
- Impedir denuncias.
- Sembrar miedo entre la población.
- Enviar mensajes a grupos contrarios sin dejar cuerpos visibles.
En algunos territorios, la desaparición funciona como una forma de gobierno criminal. La población aprende qué caminos no debe recorrer, a qué hora debe encerrarse, qué preguntas no puede hacer y ante quién debe guardar silencio.
La ausencia del cuerpo reduce la presión inmediata sobre los homicidios, dificulta la investigación penal y permite a los perpetradores negar lo ocurrido. La víctima queda administrativamente suspendida: no está viva para el Estado, pero tampoco consta oficialmente como muerta.
La participación y tolerancia de autoridades.
La diferencia jurídica entre desaparición forzada y desaparición cometida por particulares es fundamental.
Existe desaparición forzada cuando un servidor público, o un particular que actúa con autorización, apoyo o consentimiento de una autoridad, priva de la libertad a una persona y después niega la detención u oculta información sobre su destino.
La desaparición cometida por particulares ocurre cuando la privación de la libertad y el ocultamiento son realizados sin que se acredite esa intervención estatal.
En la realidad, la frontera puede ser difícil de determinar. Una organización criminal puede ejecutar materialmente la desaparición mientras policías proporcionan información, liberan una ruta, omiten intervenir, entregan a una persona detenida o protegen posteriormente a los responsables.
Por ello, atribuir automáticamente todas las desapariciones contemporáneas al crimen organizado puede ocultar distintas formas de colaboración, tolerancia o aquiescencia estatal.
En 2025, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada informó haber recibido indicios sobre la posible participación de agentes estatales en hechos cometidos por actores no estatales, ya fuera directamente o mediante autorización, apoyo o consentimiento. El organismo también señaló que las desapariciones oficialmente registradas aumentaron de 95 mil 121 en marzo de 2022 a 129 mil 341 en junio de 2025.
El Gobierno mexicano ha rechazado que la desaparición forzada sea una política de Estado contemporánea y sostiene que el fenómeno actual se relaciona principalmente con organizaciones criminales. Esa afirmación puede ser compatible con que no exista una orden nacional centralizada para desaparecer personas, pero no descarta responsabilidades de autoridades municipales, estatales o federales en casos concretos.
Ayotzinapa: la herida que volvió visible la crisis.
La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, policías atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Como resultado, 43 jóvenes fueron desaparecidos.
El caso se convirtió en un punto de ruptura porque reunió elementos que México arrastraba desde la Guerra Sucia: violencia contra estudiantes, participación policial, posible intervención u omisión de diferentes autoridades, manipulación de pruebas, opacidad militar y construcción de una versión oficial posteriormente desacreditada.
Ayotzinapa demostró que la desaparición no era un vestigio del pasado ni una práctica limitada a zonas aisladas. También reveló la capacidad de las instituciones para investigar deficientemente, fragmentar información y ofrecer conclusiones sin sustento científico suficiente.
Los 43 se convirtieron en un símbolo internacional, pero detrás de ellos ya existían miles de familias con historias semejantes: policías que no buscaron, ministerios públicos que pidieron esperar 72 horas, expedientes extraviados, llamadas no rastreadas y autoridades que insinuaron que la víctima “andaba en malos pasos”.
La geografía de la desaparición.
Las desapariciones contemporáneas no se distribuyen de manera uniforme. Se concentran en corredores fronterizos, rutas migratorias, puertos, zonas de producción y tráfico de drogas, regiones disputadas por organizaciones criminales y municipios con instituciones débiles o capturadas.
Un análisis académico sobre homicidios y desapariciones entre 2006 y 2017 identificó concentraciones importantes en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Sinaloa. Entre los municipios con mayor número de desapariciones aparecieron Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Monterrey, Culiacán, Juárez, Puebla, Guadalajara y Torreón.
El mapa cambia con el tiempo porque las rutas criminales, disputas territoriales y operativos de seguridad también se desplazan. Cuando un grupo pierde una plaza, puede aumentar el reclutamiento, la persecución de supuestos colaboradores y la eliminación de personas consideradas enemigas.
Las fosas clandestinas son otra forma de leer esa geografía. Donde existe una alta probabilidad de entierros ocultos suelen coincidir violencia criminal, desapariciones, control territorial y ausencia de investigaciones eficaces. Investigadores de Data Cívica, la Universidad Iberoamericana y Human Rights Data Analysis Group han utilizado modelos estadísticos para identificar municipios donde podrían existir fosas todavía no descubiertas.
Mujeres, jóvenes, migrantes y víctimas diferenciadas.
La crisis afecta mayoritariamente a hombres en términos absolutos, especialmente jóvenes y adultos vinculados con edades productivas. Sin embargo, las desapariciones de mujeres y adolescentes presentan patrones propios relacionados con violencia sexual, feminicidio, trata, explotación y relaciones de pareja.
En marzo de 2026, el Gobierno informó que entre las personas todavía registradas predominaban los hombres de 30 a 59 años, mientras que entre las mujeres el rango de mayor concentración era de 18 a 29 años. Estos datos generales requieren análisis diferenciados, porque sumar todos los contextos puede ocultar riesgos específicos.
Los migrantes constituyen otra población particularmente vulnerable. Algunas familias en Centroamérica desconocen si sus seres queridos desaparecieron en México, llegaron a Estados Unidos, fueron detenidos, murieron en el desierto o terminaron en una fosa sin identificar. La distancia, el miedo y la falta de documentos incrementan el subregistro.
También desaparecen periodistas, defensores ambientales, policías, personas indígenas, integrantes de comunidades rurales, personas de la diversidad sexual, niñas, niños y adolescentes. Cada grupo enfrenta motivaciones y obstáculos distintos; por ello, no basta con una política de búsqueda uniforme.
La crisis forense: encontrar un cuerpo no significa devolverle un nombre.
México no enfrenta solamente una crisis de personas desaparecidas, sino también una crisis de identificación humana.
En 2022, Naciones Unidas advirtió que más de 52 mil personas fallecidas sin identificar permanecían en fosas comunes, servicios forenses, universidades y centros de resguardo. Esta cifra expone una paradoja dolorosa: algunas familias buscan a sus seres queridos mientras los cuerpos posiblemente se encuentran desde hace años bajo custodia institucional, registrados con números o expedientes incompletos.
La identificación requiere recuperar los restos correctamente, documentar el lugar, realizar estudios antropológicos, odontológicos y genéticos, obtener muestras de familiares y comparar bases de datos. Si un cuerpo fue enterrado sin suficiente información, mezclado con otros restos o trasladado entre instalaciones, el proceso se vuelve mucho más complejo.
Esta saturación forense explica por qué localizar una fosa no concluye la búsqueda. Cada fragmento debe ser analizado con rigor científico y entregado con certeza. Una identificación equivocada puede producir una segunda violencia contra la familia y comprometer una investigación penal.
Los colectivos: buscar con las propias manos.
Ante la lentitud institucional, cientos de colectivos familiares comenzaron a recorrer terrenos con palas, varillas, picos y conocimientos adquiridos en el camino. Aprendieron a reconocer alteraciones en la tierra, cambios en la vegetación, olores, restos de ropa y señales de entierros clandestinos.
Esta labor nunca debió recaer sobre las familias. Buscar fosas expone a las personas a amenazas, desplazamiento, desgaste físico, endeudamiento y nuevos ataques. Algunas madres buscadoras han sido asesinadas después de denunciar responsables o localizar sitios.
Sin embargo, los colectivos transformaron la respuesta del país. Impulsaron leyes, crearon bases de datos, conservaron expedientes, capacitaron a funcionarios y obligaron a reconocer que la búsqueda debía realizarse de manera inmediata y bajo la presunción de vida.
Su frase más dura resume la inversión de responsabilidades: “No buscamos culpables; buscamos a nuestros hijos”. En muchas regiones, las familias han tenido que reducir sus demandas al mínimo —encontrar un cuerpo— porque exigir justicia puede incrementar el riesgo.
Un registro necesario, pero no infalible.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas es la principal herramienta pública para medir la crisis, pero no representa una fotografía perfecta.
Se alimenta con información de fiscalías, comisiones de búsqueda, otras autoridades y reportes de particulares. Se actualiza continuamente: una persona puede incorporarse, ser localizada con vida, encontrada sin vida o cambiar de clasificación.
La consulta pública señala que aproximadamente 64.10% de los registros procede de fiscalías y procuradurías; 31% de las comisiones de búsqueda; 1.12% de otras autoridades y 3.78% de particulares.
En marzo de 2026, el Gobierno dividió los 130 mil 178 registros vigentes posteriores a 2006 en tres grupos:
- 46 mil 742 carecían de datos completos suficientes.
- 40 mil 308 presentaban algún registro o actividad administrativa posterior a la fecha de desaparición.
- 43 mil 128 tenían información suficiente, pero ninguna actividad posterior detectada.
Las autoridades explicaron que una actividad posterior —como un trámite fiscal, vacunación, matrimonio o movimiento ante alguna institución— puede ser un indicio de vida, pero no constituye por sí sola una localización. Debe verificarse personalmente la identidad y seguridad de la persona.
El dato más preocupante es que, dentro del grupo de 43 mil 128 personas con información pero sin actividad posterior, solamente 3 mil 869 contaban con una carpeta de investigación, según el informe federal. Esto revela una distancia enorme entre registrar una ausencia e investigar posiblemente un delito.
También existe subregistro. Hay familias que no denuncian por miedo, desconfianza, amenazas, migración, distancia o participación de autoridades en los hechos. Por eso, el número oficial debe entenderse como el mínimo documentado, no necesariamente como la totalidad del fenómeno.
Localización no equivale a explicación.
El Gobierno indicó que 66% del universo histórico registrado había sido localizado y que, en promedio, una proporción importante de los reportes mensuales se resuelve con personas encontradas con vida.
Ese dato es relevante porque demuestra que no todos los reportes corresponden a delitos. Sin embargo, no debe utilizarse para minimizar los casos que permanecen abiertos.
Una localización tampoco responde automáticamente qué ocurrió. Una persona encontrada con vida pudo haber sufrido secuestro, trata, reclutamiento, violencia familiar o privación ilegal de la libertad. Una persona localizada sin vida requiere investigación para establecer causa de muerte, responsables y circunstancias.
Depurar y mejorar el registro es necesario, pero cualquier modificación debe ser transparente, verificable y contar con participación de las familias. Retirar indebidamente un nombre puede detener búsquedas, afectar investigaciones y producir una desaparición administrativa adicional.
La ley llegó décadas después.
México promulgó en noviembre de 2017 la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.
La legislación estableció mecanismos de coordinación, creó el Sistema Nacional de Búsqueda y reconoció que los delitos de desaparición son permanentes, imprescriptibles y deben perseguirse de oficio. También definió la responsabilidad de servidores públicos y particulares que actúan con apoyo o consentimiento estatal.
En julio de 2025 se aprobaron nuevas reformas que establecieron la Alerta Nacional de Búsqueda, la Plataforma Única de Identidad, la Base Nacional de Carpetas de Investigación y la obligación de iniciar investigaciones desde el primer reporte.
El protocolo nacional publicado en febrero de 2026 dispone que la alerta debe activarse sin dilación y mantenerse vigente hasta la localización. También obliga a remitir información a fiscalías, comisiones de búsqueda, hospitales y otras instituciones relevantes.
El desafío ya no es únicamente crear leyes. Es convertirlas en búsquedas inmediatas, investigaciones profesionales, identificación forense, protección a familiares y sentencias.
Impunidad: el puente entre el pasado y el presente.
El elemento que conecta la Guerra Sucia con la crisis contemporánea es la impunidad.
Durante el periodo de represión, agentes estatales aprendieron que podían detener, torturar y ocultar personas sin enfrentar consecuencias. Los archivos permanecieron cerrados, las investigaciones fueron fragmentadas y la mayoría de las cadenas de mando nunca llegó ante los tribunales.
En el periodo contemporáneo, organizaciones criminales operan bajo una expectativa similar: las posibilidades de que una desaparición sea investigada correctamente y derive en sentencia son reducidas.
El Comité de la ONU señaló que, hasta noviembre de 2021, apenas entre 2% y 6% de los casos había llegado a procesos penales y solamente se habían dictado 36 condenas a escala nacional. Para el organismo, la impunidad estructural favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones.
Cuando no hay castigo, la desaparición se vuelve rentable para el perpetrador. Elimina a la víctima, oculta pruebas, intimida a la comunidad y traslada a la familia la obligación de buscar.
Dos épocas, una continuidad dolorosa.
La desaparición de la Guerra Sucia y la contemporánea no son idénticas.
En el primer periodo predominó una política contrainsurgente dirigida desde instituciones del Estado contra opositores reales o supuestos. En la actualidad participan principalmente organizaciones criminales y redes locales diversas, aunque existen casos documentados o denunciados de intervención, tolerancia y colaboración de autoridades.
Las víctimas también cambiaron. Antes se concentraban en militantes políticos, guerrilleros, estudiantes, campesinos y familiares. Hoy puede desaparecer casi cualquier persona que cruce un territorio disputado, responda a una falsa oferta de trabajo, viaje en una carretera, mantenga una relación violenta, migre, presencie un delito o sea seleccionada para reclutamiento.
Lo que permanece es la arquitectura de la desaparición: privar de la libertad, ocultar el destino, negar información, desorientar la investigación y producir miedo.
¿Qué necesita México?
Una política seria debe trabajar simultáneamente sobre prevención, búsqueda, investigación, identificación y reparación.
México necesita:
- Búsqueda inmediata desde el primer momento, sin exigir que transcurran 24, 48 o 72 horas.
- Investigación paralela a la búsqueda, sin esperar encontrar un cuerpo.
- Policías y fiscalías especializadas con personal suficiente.
- Cruces rápidos de telefonía, transporte, salud, migración, bancos y registros de identidad, con controles legales.
- Protección real para familiares, testigos y buscadores.
- Acceso a instalaciones, expedientes y archivos militares o civiles.
- Un sistema forense nacional interoperable.
- Registro completo de fosas, cuerpos y restos sin identificar.
- Muestras genéticas correctamente procesadas.
- Investigación de cadenas de mando y redes de complicidad.
- Sanciones efectivas, no solamente detenciones aisladas.
- Prevención del reclutamiento criminal de jóvenes.
- Atención diferenciada para mujeres, menores, migrantes y comunidades indígenas.
- Reconocimiento de la responsabilidad histórica del Estado.
- Participación permanente de las familias en las políticas de búsqueda.
- Transparencia sobre las modificaciones al registro nacional.
También necesita comprender que buscar e investigar son obligaciones distintas pero inseparables. La comisión de búsqueda debe localizar; la fiscalía debe esclarecer el delito y llevar a los responsables ante un juez. Encontrar a una persona no cancela la obligación de investigar lo que le ocurrió.
El derecho a ser buscado.
Detrás de las 132 mil 534 personas que permanecían registradas en marzo de 2026 no existe una sola historia. Algunas podrían encontrarse vivas y haber realizado trámites posteriores. Otras pueden estar privadas de la libertad, explotadas o reclutadas. Algunas posiblemente descansan en fosas todavía no descubiertas. Otras podrían encontrarse desde hace años en servicios forenses sin que sus nombres hayan sido devueltos.
La cifra no debe convertirse en un argumento político para atacar o defender administraciones. Tampoco puede reducirse a una tabla que cambie de color cuando un registro se modifica. Cada nombre representa una vida interrumpida y una familia que continúa esperando.
México aprendió a desaparecer personas durante la represión política. Después permitió que la práctica sobreviviera dentro de un escenario de crimen organizado, corrupción, militarización e instituciones débiles. El fenómeno creció porque los responsables del pasado casi nunca fueron castigados y los del presente saben que la posibilidad de una sentencia continúa siendo baja.
El país ha creado leyes, registros, fiscalías, comisiones, bancos genéticos, protocolos y alertas. Son avances necesarios, pero insuficientes mientras una madre tenga que caminar por el desierto con una varilla para realizar el trabajo que corresponde al Estado.
La desaparición termina solamente cuando se conoce la verdad: cuando una persona regresa con vida, cuando unos restos recuperan su identidad, cuando la familia recibe una explicación verificable y cuando los responsables enfrentan a la justicia.
Hasta entonces, la ausencia continúa. Y con ella permanece abierta una de las heridas más profundas de México.
