Historia, insurgencia, represión y memoria de una organización revolucionaria que buscó transformar México mediante la lucha armada durante la segunda mitad del siglo
Por Gorki Rodríguez | HISTORIASMX
Investigación histórica y análisis periodístico | 22 de octubre de 2026
HISTORIASMX. – Durante buena parte del siglo XX, México construyó ante el mundo una imagen de estabilidad política, crecimiento económico y continuidad institucional. Mientras otros países latinoamericanos enfrentaban golpes militares y dictaduras abiertas, el sistema mexicano parecía mantener una paz duradera bajo el dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, detrás de aquella estabilidad existía una realidad profundamente contradictoria: la concentración del poder político, las limitaciones para ejercer una oposición efectiva, las desigualdades sociales y la represión contra movimientos estudiantiles, campesinos, sindicales y organizaciones de izquierda. En ese escenario, una parte de la juventud mexicana comenzó a cuestionar no solamente las decisiones del gobierno, sino la legitimidad del sistema político y económico que lo sostenía.
Entre finales de los años sesenta y principios de los setenta surgieron diferentes organizaciones que consideraban agotadas las posibilidades de transformación mediante los mecanismos institucionales. La matanza estudiantil de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968, y la represión del 10 de junio de 1971, conocida como el Halconazo, profundizaron la desconfianza de numerosos sectores juveniles hacia el Estado. Algunos estudiantes abandonaron las universidades para incorporarse a organizaciones clandestinas; otros procedían de luchas campesinas, conflictos sindicales o movimientos regionales perseguidos por las autoridades. De esa combinación de experiencias, interpretaciones marxistas y enfrentamientos políticos nacería una de las agrupaciones insurgentes más importantes de la historia contemporánea de México: la Liga Comunista 23 de Septiembre.
Fundada el 15 de marzo de 1973 en Guadalajara, Jalisco, la Liga Comunista 23 de Septiembre constituyó un esfuerzo por integrar diferentes organizaciones revolucionarias en una estructura político-militar nacional. Su propósito no era únicamente modificar determinadas políticas gubernamentales, sino sustituir el orden capitalista por un sistema socialista mediante una revolución encabezada, en su interpretación ideológica, por la clase trabajadora. La organización desarrolló redes clandestinas, publicó propaganda política, intentó establecer vínculos con obreros y campesinos y realizó operaciones armadas contra objetivos que identificaba con el poder económico y gubernamental. Su historia también estuvo marcada por secuestros, homicidios, divisiones internas, persecuciones estatales, torturas y desapariciones forzadas.
Reconstruir su trayectoria exige examinar dos dimensiones que durante décadas fueron presentadas como incompatibles: la historia de quienes optaron por la insurgencia y la responsabilidad del Estado mexicano por los métodos ilegales utilizados para combatirlos. Las acciones violentas de la organización produjeron víctimas y consecuencias políticas concretas; al mismo tiempo, la existencia de grupos armados no autorizaba la tortura, las ejecuciones extrajudiciales ni la desaparición de sus integrantes. Comprender ese periodo implica reconocer las responsabilidades documentadas, sus contradicciones y los problemas de interpretación que todavía mantienen abierto el debate histórico.
Un México aparentemente estable, pero atravesado por profundas contradicciones.
La conformación de la Liga Comunista 23 de Septiembre no puede entenderse como un acontecimiento aislado. Durante las décadas posteriores a la Revolución mexicana, el Estado consolidó un modelo de poder caracterizado por el predominio del partido oficial, una presidencia extraordinariamente fuerte y organizaciones obreras y campesinas vinculadas a las estructuras gubernamentales. Aunque existían elecciones, sindicatos y partidos de oposición, las condiciones de competencia política eran desiguales y diversos movimientos independientes enfrentaron vigilancia, restricciones, encarcelamientos y represión. Los conflictos ferrocarrileros de finales de los años cincuenta, las movilizaciones magisteriales y los movimientos campesinos demostraron que el crecimiento económico no había eliminado las tensiones entre las instituciones y los sectores que exigían transformaciones profundas.
En ese contexto, el movimiento estudiantil de 1968 representó un punto de ruptura. Sus demandas incluían libertades democráticas, la eliminación de mecanismos represivos y el respeto a los derechos civiles. La intervención violenta del Estado contra los estudiantes modificó la percepción de numerosos jóvenes sobre las posibilidades de participación política. Para algunos, la represión demostraba que el régimen podía responder con violencia incluso frente a movilizaciones públicas y demandas de democratización. No todos los participantes del movimiento estudiantil se incorporaron a la guerrilla, y muchos continuaron desarrollando actividades políticas pacíficas; sin embargo, una minoría interpretó aquellos acontecimientos como prueba de que era necesaria una estrategia revolucionaria clandestina.
La influencia internacional también fue determinante. La Revolución cubana de 1959, los movimientos de liberación nacional de África y Asia, la guerra de Vietnam y las discusiones sobre el marxismo-leninismo ofrecieron referentes políticos e ideológicos a sectores de la izquierda latinoamericana. México recibió esas corrientes en un momento de expansión universitaria, movilización social y cuestionamiento generacional. Dentro del pensamiento revolucionario comenzaron a discutirse distintas estrategias: la guerrilla rural, la insurrección urbana, la construcción de partidos obreros clandestinos y la articulación de movimientos campesinos y estudiantiles. La Liga surgiría precisamente del intento de resolver esas diferencias mediante una organización nacional que combinara dirección política, militancia clandestina y capacidad armada.
La investigación académica de Ángel Escamilla, publicada en la revista Signos Históricos en 2017, permite dimensionar el perfil de sus participantes. A partir de una muestra de 203 expedientes de la Dirección Federal de Seguridad, el investigador identificó una importante presencia de estudiantes jóvenes, principalmente de entre 15 y 30 años, procedentes de ciudades como el entonces Distrito Federal, Culiacán y Guadalajara. El estudio muestra que la organización no nació como una fuerza militar profesional, sino como una estructura clandestina integrada, en buena medida, por jóvenes provenientes de experiencias políticas y estudiantiles. La muestra ofrece información relevante sobre su composición, aunque no debe interpretarse como un censo completo de todos sus militantes.
Chihuahua, 1965: el origen de un nombre que se convertiría en símbolo revolucionario.
La denominación de la Liga Comunista 23 de Septiembre remite directamente a uno de los acontecimientos más significativos de la historia de la insurgencia mexicana: el ataque al cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua, ocurrido el 23 de septiembre de 1965. Aquel enfrentamiento fue protagonizado por integrantes del Grupo Popular Guerrillero, encabezado por figuras como Arturo Gámiz García y el médico Pablo Gómez Ramírez, quienes habían participado en procesos de organización campesina y oposición política en la sierra chihuahuense. La acción fracasó militarmente y varios de sus participantes murieron, pero su significado trascendió el resultado inmediato, convirtiéndose en un referente para posteriores agrupaciones revolucionarias.
El asalto a Madera de 1965 se convirtió en un referente político para la guerrilla mexicana.
La importancia histórica de Madera radica en las condiciones que dieron origen a aquel movimiento. En Chihuahua existían conflictos vinculados con la concentración de tierras, los intereses de grandes propietarios, las disputas agrarias y la relación entre comunidades campesinas y autoridades. Los militantes del Grupo Popular Guerrillero interpretaron estas problemáticas como manifestaciones de un sistema de dominación que no podía modificarse mediante las instituciones existentes. El levantamiento de 1965 expresó esa radicalización y dejó una huella en los movimientos revolucionarios posteriores, particularmente en quienes consideraban que la lucha campesina debía articularse con una transformación política nacional.
Cuando diferentes agrupaciones decidieron unificarse en 1973, eligieron el 23 de septiembre como fecha simbólica para reconocer aquella experiencia. Se trataba de establecer una continuidad histórica entre la insurgencia rural chihuahuense y una nueva organización que buscaba operar en distintas regiones del país. El nombre funcionaba como una declaración de identidad política y también como una referencia a los militantes muertos en Ciudad Madera. Aunque ambas experiencias respondieron a contextos organizativos diferentes, la Liga reivindicó el significado revolucionario del movimiento de 1965 y lo incorporó a su propia memoria política.
Este vínculo coloca a Chihuahua en una posición fundamental dentro de la historia de la guerrilla moderna mexicana. El estado no fue solamente un territorio donde posteriormente operaron células insurgentes, sino también un referente ideológico para movimientos de alcance nacional. La experiencia de Arturo Gámiz y sus compañeros contribuyó a la construcción de un imaginario revolucionario que atravesó generaciones, particularmente entre estudiantes, profesores rurales y sectores de izquierda interesados en las relaciones entre desigualdad agraria, autoritarismo y resistencia armada.
La fundación de la Liga: el proyecto de unificar a las guerrillas mexicanas.
El 15 de marzo de 1973, representantes de distintas organizaciones revolucionarias concretaron en Guadalajara, Jalisco, un proyecto que venía gestándose desde años anteriores: la creación de una organización clandestina con alcance nacional, dirección político-militar compartida y una interpretación común de la revolución socialista. La nueva estructura recibió el nombre de Liga Comunista 23 de Septiembre y reunió a militantes procedentes de experiencias regionales muy diversas. Entre sus antecedentes figuraban Los Procesos, Los Lacandones, Los Enfermos de Sinaloa, Los Guajiros, sectores revolucionarios de Guadalajara y participantes vinculados con el MAR-23 de Septiembre. Las fuentes históricas no siempre coinciden en la lista exacta de agrupaciones fundadoras, debido a las diferentes escisiones y al carácter clandestino del proceso.
Uno de los principales antecedentes organizativos fue la llamada Organización Partidaria, conocida también como La Orga, impulsada por Raúl Ramos Zavala e Ignacio Arturo Salas Obregón. Ambos participaron en los debates sobre la necesidad de superar la dispersión de los grupos revolucionarios y construir una organización capaz de articular las luchas estudiantiles, campesinas y obreras. Ramos Zavala murió el 6 de febrero de 1972, durante un enfrentamiento con la policía en la Ciudad de México, por lo que no alcanzó a presenciar la fundación de la Liga. Su trabajo político, no obstante, había contribuido a establecer contactos y formular planteamientos que serían retomados durante el proceso de unificación.
El liderazgo inicial recayó de manera importante en Ignacio Arturo Salas Obregón, conocido clandestinamente como Oseas, quien defendía la construcción de un partido revolucionario clandestino con capacidad de orientar la lucha armada. Para sus promotores, el problema fundamental de los grupos guerrilleros mexicanos no consistía únicamente en su debilidad militar, sino en la ausencia de una dirección política común y en la dificultad de vincular las acciones insurgentes con los movimientos populares. La Liga pretendía responder a esa situación mediante una estructura nacional que integrara formación ideológica, propaganda, organización territorial y operaciones militares.
La unificación también puso de manifiesto una característica decisiva del movimiento revolucionario mexicano: las organizaciones que compartían una orientación socialista no necesariamente coincidían en su estrategia. Algunas procedían de comunidades rurales y conflictos agrarios; otras surgieron en universidades, colonias urbanas o movimientos estudiantiles. Existían diferencias sobre el papel de los trabajadores, la importancia de la guerrilla rural, la relación con los movimientos legales de izquierda y las condiciones necesarias para impulsar una revolución. Estas divergencias no desaparecieron con la fundación de la Liga. Por el contrario, algunas reaparecieron durante los años siguientes y contribuyeron a sus fracturas internas.
¿Quiénes integraban la Liga Comunista 23 de Septiembre?
La composición social de la Liga revela que no se trataba de un movimiento homogéneo ni exclusivamente militar. Aunque muchos de sus participantes eran estudiantes universitarios y jóvenes vinculados con organizaciones políticas radicalizadas, también existieron trabajadores, profesores, militantes campesinos, impresores, activistas sindicales y personas procedentes de comunidades rurales. La organización se alimentó de una generación que había presenciado la represión de movimientos sociales y que, en determinados casos, había transitado desde la protesta pública hacia la clandestinidad. Esa trayectoria ayuda a explicar por qué la militancia armada fue concebida por algunos de sus integrantes como una continuación de sus experiencias políticas anteriores, y no necesariamente como su punto de partida.
Los estudios basados en expedientes de inteligencia permiten reconocer algunas características del reclutamiento, pero requieren precauciones metodológicas. Las autoridades registraban a los militantes a partir de investigaciones policiales, detenciones, interrogatorios y reportes de vigilancia, lo que introduce sesgos y posibles errores en las fuentes. Además, la pertenencia a una organización clandestina no siempre podía demostrarse con claridad. Por ello, los historiadores han recurrido también a entrevistas, documentos internos, publicaciones de la época y testimonios familiares para reconstruir las biografías de quienes participaron en la Liga. Este cruce de fuentes permite superar parcialmente la imagen construida por los organismos de seguridad, que frecuentemente reducían toda actividad revolucionaria a una cuestión policial.
La presencia de mujeres constituyó otra dimensión importante de esta historia. Participaron en actividades de organización, elaboración y distribución de propaganda, labores de apoyo, trabajo político y acciones clandestinas. Varias fueron detenidas, torturadas, encarceladas o perseguidas. Pese a ello, durante mucho tiempo las reconstrucciones públicas de la insurgencia privilegiaron las biografías de los principales dirigentes masculinos, dejando en un segundo plano las experiencias femeninas. Analizar la Liga desde una perspectiva social permite ampliar el estudio más allá de los enfrentamientos armados e incorporar las relaciones familiares, las trayectorias educativas, las redes de solidaridad y las consecuencias humanas de la clandestinidad.
La organización desarrolló presencia en regiones de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, el Valle de México y otras entidades. Su extensión territorial era considerable, aunque su implantación no fue uniforme y la coordinación de sus distintas células presentó dificultades. El Archivo General de la Nación recoge estimaciones muy variables sobre el número de integrantes, de aproximadamente 400 a 3,000 personas, lo que obliga a distinguir entre los núcleos de militancia activa, las redes de apoyo y las diferentes etapas de funcionamiento de la organización. No existe una cifra única y plenamente comprobada que permita establecer con precisión cuántas personas militaron en ella durante toda su existencia.
El pensamiento revolucionario: ¿qué quería cambiar la Liga Comunista?
El proyecto político de la Liga se encontraba influido por el marxismo y el leninismo, pero desarrolló interpretaciones propias sobre las condiciones de México. Sus militantes consideraban que el Estado estaba vinculado con los intereses de la clase dominante y que las instituciones existentes no ofrecían condiciones suficientes para una transformación socialista. Desde esa perspectiva, las desigualdades económicas, el control gubernamental de organizaciones sociales y la represión política no eran fenómenos aislados, sino expresiones de un sistema cuya estructura debía ser sustituida. El objetivo declarado consistía en impulsar una revolución socialista que modificara las relaciones de propiedad, el ejercicio del poder político y la organización de la sociedad.
A diferencia de las organizaciones reformistas que buscaban conquistar espacios electorales o impulsar cambios graduales mediante sindicatos y partidos legales, la Liga defendía una estrategia revolucionaria que combinaba la construcción de una organización política clandestina con la lucha armada. Sus documentos consideraban fundamental la participación de la clase obrera y la formación de una conciencia política revolucionaria. La organización intentaba interpretar los conflictos laborales, las huelgas y las movilizaciones estudiantiles como parte de una confrontación más amplia entre las clases sociales. Por esa razón, la propaganda y la formación ideológica tenían un papel tan importante en su proyecto como las acciones militares.
No obstante, entre los objetivos proclamados y las condiciones reales de actuación existió una distancia considerable. La Liga aspiraba a representar intereses de amplios sectores trabajadores, pero su composición inicial tuvo un peso significativo de estudiantes y militantes urbanos. Sus esfuerzos para vincularse con el movimiento obrero enfrentaron dificultades derivadas de la clandestinidad, la vigilancia estatal, los desacuerdos políticos y la falta de aceptación de sus métodos entre numerosos trabajadores. El historiador Alejandro Peñaloza, en su investigación sobre el periódico Madera, analiza precisamente la importancia que la organización otorgó a la agitación política y las limitaciones de su intento de construir una relación estable con el proletariado mexicano.
Esta contradicción constituye uno de los principales problemas de interpretación histórica del movimiento. Mientras la Liga consideraba indispensable una transformación encabezada por los trabajadores, no consiguió convertirse en una organización de masas con capacidad para dirigir al conjunto de los sectores obreros. Su actividad se desenvolvió en condiciones de clandestinidad y represión que dificultaban el trabajo público, pero también estuvo condicionada por decisiones internas, diferencias doctrinales y formas de acción que no necesariamente correspondían con las prioridades de los movimientos sociales a los que buscaba acercarse.
Madera: el periódico clandestino que intentó construir una conciencia revolucionaria.
El periódico Madera fue uno de los principales instrumentos políticos y organizativos de la Liga.
Una de las características más relevantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre fue la importancia que concedió a la producción y circulación de documentos políticos. Su periódico clandestino, Madera, no se limitaba a informar sobre actividades revolucionarias o publicar posicionamientos ideológicos. También pretendía funcionar como un instrumento de articulación nacional, educación política y orientación de sus militantes. La publicación reunía interpretaciones de acontecimientos nacionales, discusiones marxistas, referencias a movilizaciones obreras y planteamientos sobre la estrategia revolucionaria. En un contexto en el que la organización operaba mediante células dispersas, el periódico representaba un medio para preservar cierta continuidad ideológica.
Los antecedentes de Madera precedieron a la fundación formal de la Liga. Durante 1972 circularon documentos de discusión interna conocidos como los Maderas Viejos, vinculados con los debates que dieron origen a la organización. En enero de 1974 comenzó la publicación de la nueva serie del periódico, cuya edición se prolongó hasta 1981, con un total de 58 números registrados. Su producción implicaba el funcionamiento de redes clandestinas de redacción, impresión y distribución, actividades particularmente vulnerables a los operativos de vigilancia y persecución realizados por los organismos de seguridad del Estado.
El Archivo General de la Nación conserva ejemplares del periódico dentro de los fondos documentales de la Dirección Federal de Seguridad. La existencia de esos materiales permite estudiar el pensamiento de la organización a partir de sus propias publicaciones, en lugar de depender exclusivamente de las interpretaciones de los organismos policiacos o de la prensa comercial de la época. Los textos publicados constituyen fuentes primarias para comprender cómo la Liga interpretaba la situación nacional, cuáles eran sus prioridades y de qué manera justificaba sus estrategias políticas.
El estudio del periódico permite reconocer una dimensión intelectual frecuentemente subordinada a los relatos sobre secuestros y enfrentamientos. La Liga produjo análisis sobre organización obrera, economía, represión, movimientos sociales y acontecimientos internacionales. Estos materiales no deben considerarse descripciones neutrales de la realidad, pues fueron elaborados con una finalidad ideológica y propagandística; sin embargo, son indispensables para estudiar el razonamiento de sus militantes y los cambios de orientación de la organización. De igual manera, permiten identificar las tensiones entre un proyecto que aspiraba a convertirse en dirección de masas y una práctica marcada por las exigencias de la vida clandestina.
La lucha armada: operaciones, secuestros y enfrentamientos que marcaron a la organización.
La Liga Comunista 23 de Septiembre desarrolló actividades armadas como parte de su estrategia para enfrentar al Estado y obtener recursos para su funcionamiento. Sus integrantes participaron en asaltos bancarios, sustracción de armas, secuestros, enfrentamientos con fuerzas de seguridad y otras operaciones clandestinas. En su lenguaje político, algunas de estas acciones eran justificadas como mecanismos de financiamiento revolucionario o como instrumentos para conseguir la liberación de militantes encarcelados. Sin embargo, sus consecuencias incluyeron muertes de civiles, policías, militares, empresarios y miembros de la propia organización, además de contribuir a una creciente confrontación política en diferentes regiones del país.
Uno de los episodios más conocidos ocurrió el 17 de septiembre de 1973, en Monterrey, Nuevo León, cuando un comando de la Liga intentó secuestrar al empresario Eugenio Garza Sada, una de las figuras empresariales más influyentes del país. El operativo derivó en un enfrentamiento armado que terminó con la muerte del empresario y de otras personas. La acción había sido planteada como un secuestro político, pero su desenlace produjo profundas repercusiones en las relaciones entre el gobierno federal, los sectores empresariales y las organizaciones insurgentes. El episodio evidenció además las consecuencias de una estrategia que pretendía obtener concesiones políticas mediante acciones de alto riesgo y el uso de la fuerza.
El caso debe analizarse dentro de las confrontaciones de la época sin reducir sus protagonistas a representaciones simplificadas. Garza Sada formaba parte del poder económico e industrial mexicano y era identificado por sectores revolucionarios como representante de las estructuras capitalistas que pretendían combatir. Esa posición ayuda a explicar su selección como objetivo, pero no elimina la responsabilidad por la operación armada ni por las muertes que produjo. Del mismo modo, el episodio no puede interpretarse aisladamente de la posterior intensificación de la persecución política y de los métodos empleados por las fuerzas estatales.
En octubre de 1973, integrantes de la Liga realizaron otro operativo de gran repercusión: el secuestro del cónsul británico Anthony Duncan Williams y del empresario Fernando Aranguren, en Guadalajara. El diplomático fue liberado, mientras que Aranguren fue asesinado. Estos hechos incrementaron la presión sobre la organización y mostraron los riesgos de una estrategia que pretendía utilizar secuestros para obtener recursos y exigir medidas políticas. La violencia no se limitó a estos episodios: la Liga también llevó a cabo operaciones en distintas ciudades, mientras las fuerzas estatales desarrollaban mecanismos cada vez más extensos de vigilancia e intervención.
En enero de 1974 tuvo lugar en Culiacán, Sinaloa, una ofensiva conocida como el Asalto al Cielo, que buscaba articular acciones revolucionarias y movilizaciones en ámbitos urbanos y rurales. Su desarrollo y represión reflejaron las dificultades de convertir una organización clandestina en una fuerza capaz de provocar un levantamiento social de mayor amplitud. La experiencia también profundizó el desgaste de sus estructuras y abrió nuevas tensiones sobre la pertinencia de determinadas formas de lucha. Estas operaciones muestran que la historia de la Liga no fue una sucesión lineal de acciones militares, sino un proceso de decisiones políticas, intentos organizativos, errores de cálculo, confrontaciones y consecuencias humanas.
La guerrilla rural en Chihuahua y Sonora: una historia menos conocida.
Aunque la Liga Comunista 23 de Septiembre suele identificarse principalmente con la guerrilla urbana, también desarrolló proyectos de organización armada en regiones rurales del norte del país. Durante 1973 fueron establecidos comandos que intentaron operar en zonas montañosas de Chihuahua y Sonora, como parte de una estrategia orientada a extender la lucha revolucionaria hacia regiones campesinas e indígenas. Entre ellos destacaron los comandos Arturo Gámiz y Óscar González, vinculados con los intentos de construir un frente insurgente en la extensa región serrana compartida por varios estados del noroeste mexicano.
El territorio presentaba condiciones sociales distintas de las grandes ciudades. Las comunidades campesinas e indígenas enfrentaban problemas relacionados con el acceso a recursos naturales, las condiciones de trabajo, la propiedad de la tierra y las relaciones de poder regionales. Para los militantes que buscaban instalarse en estas áreas, la articulación con la población local resultaba fundamental. Sin embargo, los contactos no fueron uniformes y dependieron tanto de las dinámicas comunitarias como de las decisiones de los propios grupos insurgentes. La organización también enfrentó dificultades logísticas, aislamiento y operaciones militares que debilitaron progresivamente sus posibilidades de permanencia.
Una investigación académica publicada en 2024 sobre el Comando Guerrillero Óscar González, que operó en las montañas del sur de Sonora entre 1973 y 1975, aporta un elemento relevante para la historiografía. El estudio cuestiona la idea de que todas las estructuras de la Liga carecieron de vínculos con las poblaciones donde actuaban y documenta experiencias de apoyo en determinados espacios rurales e indígenas. Esta observación es importante porque impide trasladar automáticamente las conclusiones sobre las células urbanas a las experiencias campesinas. La relación entre insurgencia y población civil fue diversa y debe analizarse atendiendo a las condiciones de cada región.
En noviembre de 1974, el Comando Óscar González sufrió una emboscada del Ejército en la sierra de Guajaray, municipio de Álamos, Sonora, que dejó integrantes muertos y desaparecidos. Este acontecimiento afectó gravemente al frente rural y contribuyó a su repliegue. Para comprender la dimensión regional de la Liga resulta indispensable estudiar estas operaciones junto con los antecedentes del movimiento guerrillero chihuahuense, pues evidencian la persistencia de proyectos revolucionarios rurales después del fracaso del ataque al cuartel de Madera en 1965.
La Guerra Sucia: la respuesta del Estado contra los movimientos revolucionarios.
La historia de la Liga Comunista 23 de Septiembre está estrechamente vinculada con uno de los periodos más graves de violencia política del México contemporáneo: la llamada Guerra Sucia. Este término se utiliza para describir un conjunto de políticas y prácticas represivas mediante las cuales diferentes instituciones del Estado persiguieron a organizaciones insurgentes, opositores políticos y personas consideradas sospechosas de participar en movimientos subversivos. Aunque la confrontación incluyó acciones armadas de organizaciones clandestinas, las investigaciones históricas y los informes de derechos humanos han documentado que las autoridades recurrieron sistemáticamente a procedimientos ilegales, entre ellos detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Durante las presidencias de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo operaron instituciones de seguridad encargadas de vigilar y combatir a los movimientos revolucionarios. Entre ellas destacó la Dirección Federal de Seguridad (DFS), organismo de inteligencia que acumuló amplias facultades de vigilancia e intervención política. Sus agentes elaboraron expedientes, siguieron a militantes, interrogaron detenidos y participaron en operativos contra diferentes grupos. Las investigaciones del Archivo General de la Nación han documentado que la DFS estuvo involucrada en graves violaciones a los derechos humanos y que la lucha contra la insurgencia fue utilizada para justificar prácticas incompatibles con las garantías legales existentes.
La clandestinidad de la Liga facilitaba que las autoridades presentaran sus operaciones como parte de una política de seguridad nacional. Sin embargo, el combate a una organización armada no eliminaba la obligación estatal de respetar los derechos de las personas detenidas, investigar los delitos conforme a la ley y garantizar procedimientos judiciales. La detención de sospechosos sin presentación ante autoridades competentes, su traslado a instalaciones clandestinas o militares y la obtención de información mediante tortura formaron parte de patrones que posteriormente serían investigados por organizaciones civiles, familiares de víctimas e instituciones encargadas de reconstruir la violencia política del periodo.
Uno de los acontecimientos registrados en la cronología de Archivos de la Resistencia ocurrió a finales de enero de 1974, cuando Salvador Corral García e Ignacio Olivares Torres fueron detenidos y trasladados a la Ciudad de México. La reconstrucción documental señala que ambos fueron torturados y asesinados, y que sus cuerpos aparecieron en febrero cerca de domicilios relacionados con empresarios que habían muerto en operaciones atribuidas a la Liga. El caso muestra cómo la confrontación política llegó a producir actos de violencia fuera de cualquier procedimiento judicial y cómo la persecución de los militantes se extendió más allá de los enfrentamientos armados.
La represión también tuvo consecuencias sobre quienes no participaban directamente en operaciones militares. Familiares, personas cercanas a militantes y redes de apoyo fueron sometidos a vigilancia, interrogatorios y distintas formas de presión. La desaparición forzada provocó daños que se prolongaron durante décadas, pues numerosas familias quedaron sin información verificable sobre el paradero de sus seres queridos. Esta dimensión familiar y social es indispensable para comprender que las consecuencias de la Guerra Sucia no terminaron con la desarticulación de las organizaciones insurgentes.
La Brigada Blanca: el aparato creado para perseguir a la Liga.
Uno de los capítulos más importantes de la represión contra la Liga fue la creación de la denominada Brigada Blanca, formalmente conocida como Brigada Especial. De acuerdo con la investigación publicada por el Archivo General de la Nación, esta estructura fue constituida el 7 de junio de 1976 para investigar, localizar y detener a integrantes de la organización. Su creación respondió a la decisión de concentrar recursos de diferentes corporaciones de seguridad en una estrategia coordinada de contrainsurgencia, que permitiera intensificar los operativos y debilitar las redes clandestinas.
La Brigada Especial estuvo integrada inicialmente por aproximadamente 240 elementos procedentes de instituciones como el Ejército Mexicano, la Dirección Federal de Seguridad, la Procuraduría General de la República y diferentes cuerpos policiacos. Entre los funcionarios vinculados con su dirección se encontraban Miguel Nazar Haro y Francisco Quirós Hermosillo. El organismo operó en un entorno institucional donde las detenciones clandestinas, la tortura y la desaparición forzada fueron empleadas como instrumentos de persecución política. La existencia de una estructura interinstitucional demuestra que estas prácticas no pueden explicarse solamente como excesos individuales de determinados agentes, sino que deben examinarse dentro del funcionamiento de las políticas de seguridad del Estado.
La represión afectó profundamente la capacidad operativa de la Liga. La detención o desaparición de dirigentes produjo interrupciones en sus redes de comunicación y dificultades para mantener la coordinación entre células. Las casas de seguridad y los espacios de impresión se convirtieron en objetivos prioritarios de vigilancia, mientras que las personas encargadas de distribuir propaganda enfrentaban riesgos constantes. Las acciones estatales provocaron desorganización, aislamiento y pérdidas humanas; sin embargo, también generaron nuevas tensiones dentro de la organización, cuyos integrantes comenzaron a sospechar de posibles infiltraciones y a cuestionar la eficacia de sus mecanismos de seguridad.
El análisis de esta etapa requiere distinguir dos procesos relacionados, pero diferentes. Por una parte, la Liga enfrentó problemas derivados de sus propias estrategias, divisiones internas y limitaciones para construir vínculos sociales duraderos. Por otra, fue objeto de una política represiva estatal que recurrió a métodos ilegales. Reducir su desaparición únicamente a errores internos impediría comprender el alcance de la contrainsurgencia; atribuir todas sus dificultades exclusivamente a la represión tampoco permitiría explicar las contradicciones políticas que atravesaron al movimiento.
Ignacio Salas Obregón, Jesús Piedra Ibarra y las desapariciones que marcaron a una generación.
La desaparición de Ignacio Arturo Salas Obregón, conocido como Oseas, constituye uno de los episodios centrales de la historia de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Según la cronología de Archivos de la Resistencia, el dirigente fue detenido y desaparecido el 25 de abril de 1974. Su ausencia dejó a la organización sin una de las figuras fundamentales de su proceso de unificación y profundizó las disputas sobre la dirección política y las estrategias de acción. Después de su desaparición, diferentes sectores emprendieron reestructuraciones, mientras la Brigada Roja, vinculada con David Jiménez Sarmiento, adquirió mayor relevancia dentro de la organización.
El caso de Salas Obregón refleja las dificultades que enfrentan las investigaciones históricas sobre la Guerra Sucia. Los documentos de inteligencia permiten reconstruir aspectos de la vigilancia, los interrogatorios y las operaciones estatales, pero no necesariamente proporcionan información completa o confiable sobre el destino de las víctimas. Muchas declaraciones fueron obtenidas en contextos de violencia o tortura, lo que obliga a cuestionar su valor probatorio y contrastarlas con testimonios independientes y otros archivos. En estos casos, la desaparición no representa simplemente la ausencia de una biografía completa, sino la consecuencia de una práctica represiva que también obstaculizó deliberadamente el conocimiento de los hechos.
Otro caso significativo fue el de Jesús Piedra Ibarra, integrante de la Liga, detenido y desaparecido en abril de 1975. Su desaparición impulsó la lucha de su madre, Rosario Ibarra de Piedra, quien se convertiría en una de las figuras más importantes de la defensa de los derechos humanos en México. Su búsqueda trascendió el caso individual y contribuyó a visibilizar la situación de numerosas familias que exigían información sobre personas detenidas por las fuerzas de seguridad. La movilización de familiares colocó el problema de las desapariciones forzadas en la discusión pública, enfrentando una narrativa oficial que durante años negó, justificó u ocultó diferentes formas de violencia estatal.
El significado histórico de estas experiencias se extiende más allá de la trayectoria de una organización guerrillera. Las familias de los desaparecidos contribuyeron a formular demandas de verdad, justicia y acceso a archivos que posteriormente se convertirían en componentes fundamentales del movimiento mexicano de derechos humanos. Su actividad permitió mantener vigente la discusión sobre la responsabilidad del Estado y documentar hechos que no podían reconstruirse únicamente mediante las fuentes gubernamentales disponibles.
El debilitamiento de la Liga: divisiones internas, aislamiento y persecución.
Entre 1974 y finales de la década de los setenta, la Liga Comunista 23 de Septiembre atravesó un proceso de debilitamiento que combinó las consecuencias de la represión estatal con conflictos organizativos y diferencias ideológicas. La desaparición de dirigentes, las detenciones y los enfrentamientos armados afectaron su capacidad de actuación, mientras diversas agrupaciones y militantes comenzaron a cuestionar la orientación política de la organización. Las discrepancias se manifestaron en debates sobre el papel de la lucha armada, la organización obrera, los métodos de dirección y la relación con otras expresiones de la izquierda mexicana.
Uno de los problemas estructurales consistió en la dificultad de sostener una coordinación nacional estable. La organización dependía de comunicaciones clandestinas y de una estructura compartimentada que dificultaba la circulación de información. Aunque esos mecanismos buscaban proteger a sus integrantes, también podían incrementar la concentración de decisiones y provocar distanciamiento entre las direcciones y las células regionales. La pérdida de dirigentes experimentados agravó estas dificultades, obligando a reorganizar constantemente las responsabilidades políticas y militares. Las tensiones terminaron generando escisiones y trayectorias divergentes entre antiguos militantes.
En 1976 se produjo una ruptura significativa cuando un grupo de integrantes encarcelados, vinculados con Gustavo Hirales Morán, manifestó públicamente su separación de la Liga. El episodio mostró que las diferencias no podían atribuirse únicamente a cuestiones tácticas inmediatas, sino que existían desacuerdos profundos sobre el desarrollo de la organización y el sentido de su proyecto político. Durante los años siguientes, algunos antiguos participantes se incorporarían a otras experiencias políticas, mientras distintos núcleos clandestinos continuaron intentando preservar la identidad y el funcionamiento de la Liga.
Sin embargo, el declive no significó una desaparición instantánea. La investigación de Christian García Martínez, publicada en 2024 bajo el título El declive de la Liga Comunista 23 de Septiembre y su periódico Madera (1979-1982), demuestra que los sobrevivientes desarrollaron esfuerzos de reorganización, mantuvieron redes militantes y continuaron con la producción de propaganda. Este hallazgo permite cuestionar la imagen de una organización completamente desarticulada desde mediados de los años setenta. Aunque había sufrido pérdidas profundas, todavía conservaba espacios de actividad política y recursos organizativos en sus últimos años.
¿Cuándo desapareció la Liga Comunista 23 de Septiembre?
Establecer una fecha definitiva para la desaparición de la Liga constituye un problema historiográfico. Algunas reconstrucciones sitúan el fin de su actividad principal alrededor de 1981, año hasta el cual se documenta la circulación de la serie más conocida del periódico Madera. Otras investigaciones extienden el estudio de sus estructuras hasta 1982 o 1983, debido a la persistencia de ciertos grupos, documentos internos y redes militantes. Estas diferencias responden a una cuestión fundamental: una organización clandestina no necesariamente desaparece en un único acontecimiento, mediante una declaración pública o por la muerte de su último dirigente.
El proceso de desarticulación fue gradual y tuvo expresiones distintas en cada región. Algunas células dejaron de operar después de detenciones o enfrentamientos; otras se reorganizaron, cambiaron de orientación o se separaron de la estructura principal. Determinados antiguos militantes continuaron participando en movimientos políticos y sociales por vías diferentes a la lucha armada. Por ello, el periodo comprendido entre 1981 y 1983 suele emplearse como referencia para el final de la organización, pero resulta más preciso hablar de un proceso de declive y disolución que de una desaparición súbita y perfectamente delimitada.
El debilitamiento de la Liga coincidió, además, con transformaciones en la vida política mexicana. La reforma política de 1977 amplió las posibilidades de participación institucional de diferentes corrientes partidistas y abrió nuevos espacios para sectores de la izquierda, aunque no eliminó inmediatamente la persecución ni resolvió los casos de desaparición forzada. La transformación del sistema político modificó gradualmente las condiciones en las que se desarrollaban las organizaciones opositoras, mientras que algunos movimientos continuaron defendiendo estrategias revolucionarias ajenas a la competencia electoral.
El debate histórico: ¿fue una organización derrotada militarmente o un proyecto que no logró convertirse en movimiento de masas?
El análisis histórico de la Liga Comunista 23 de Septiembre requiere distinguir sus objetivos políticos de los resultados concretos de su actuación. La organización pretendía construir una fuerza revolucionaria de alcance nacional, impulsar la participación de la clase trabajadora y promover una transformación socialista del Estado mexicano. Sin embargo, no consiguió desarrollar un movimiento de masas con capacidad para producir ese cambio estructural. Su desarrollo estuvo condicionado por la clandestinidad, las diferencias estratégicas, la violencia de sus propias operaciones y la persecución ejercida por las instituciones estatales.
Desde una perspectiva organizativa, la Liga enfrentó la contradicción de intentar encabezar un movimiento popular mientras una parte considerable de su actividad se desarrollaba fuera de los espacios públicos de participación. Sus documentos insistían en la necesidad de fortalecer la organización obrera, pero las condiciones de seguridad dificultaban el trabajo prolongado en sindicatos y comunidades. A ello se añadía que muchos trabajadores y organizaciones sociales no compartían la estrategia insurreccional. La identificación de una clase social como protagonista de la revolución no equivalía a contar con su respaldo efectivo.
Desde la perspectiva de la historia política, sus acciones armadas también requieren un examen crítico. Los secuestros y homicidios atribuidos a integrantes de la Liga produjeron víctimas concretas y contribuyeron a generar rechazo entre diferentes sectores sociales. La interpretación ideológica de esas acciones como parte de una confrontación revolucionaria no elimina sus consecuencias humanas. Al mismo tiempo, los abusos cometidos por agentes estatales deben analizarse conforme a las obligaciones jurídicas de las autoridades, que estaban obligadas a investigar delitos sin recurrir a detenciones clandestinas, tortura ni desapariciones forzadas.
La documentación disponible permite comprender que la explicación de su declive no puede reducirse a una causa única. La organización sufrió una intensa campaña contrainsurgente, pero también enfrentó problemas de dirección, fracturas internas y dificultades para establecer una relación duradera con amplios sectores sociales. En algunas regiones rurales existieron vínculos comunitarios más significativos de lo que durante mucho tiempo se reconoció, mientras que en determinados entornos urbanos predominó una militancia juvenil sometida a una presión policial constante. La diversidad de estas experiencias muestra que la Liga fue un fenómeno político complejo, cuya interpretación requiere abandonar tanto las explicaciones exclusivamente militares como los relatos idealizados de la insurgencia.
Las nuevas investigaciones y los archivos que están reconstruyendo la historia.
El conocimiento contemporáneo sobre la Liga Comunista 23 de Septiembre ha cambiado de manera importante gracias a la apertura de archivos, las investigaciones universitarias, los testimonios de sobrevivientes y el trabajo de organizaciones dedicadas a preservar la memoria histórica. Durante décadas, una parte importante de la documentación estuvo concentrada en expedientes policiales o materiales de difícil acceso. La consulta de los fondos de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales ha permitido recuperar información sobre militantes, operativos, publicaciones clandestinas y estructuras de vigilancia gubernamental.
El Archivo General de la Nación ha desarrollado materiales de divulgación histórica sobre el periódico Madera y sobre la Brigada Blanca, mientras que instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y diversos centros de investigación han producido tesis y artículos dedicados a examinar la composición social, la estrategia política y el funcionamiento de la Liga. Los repositorios de Archivos de la Resistencia y Archivos de la Represión permiten consultar cronologías y documentos que vinculan acontecimientos concretos con las fuentes originales de la época.
Un avance adicional corresponde a los trabajos del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, cuyo informe Fue el Estado (1965-1990) fue presentado en 2024. La investigación aborda la violencia estatal desarrollada durante ese periodo y reúne testimonios, documentos y análisis sobre las estructuras de represión. Este tipo de trabajos amplía las posibilidades de comprender la Guerra Sucia como un fenómeno institucional y social, en lugar de limitar su interpretación a enfrentamientos aislados entre fuerzas gubernamentales y organizaciones armadas.
Persisten, no obstante, problemas fundamentales. La destrucción o ausencia de documentos, las limitaciones de acceso a determinados archivos, las contradicciones entre testimonios y los registros producidos bajo tortura dificultan la reconstrucción completa de numerosos acontecimientos. Los informes de inteligencia contienen datos de enorme valor histórico, pero no pueden utilizarse como verdades definitivas sin un trabajo de contrastación. Esta precaución es particularmente necesaria al analizar acusaciones contra personas específicas, fechas de detención, supuestas confesiones y circunstancias de muerte o desaparición.
Chihuahua y la memoria de una insurgencia que trascendió sus fronteras.
La relación entre Chihuahua y la Liga Comunista 23 de Septiembre constituye uno de los aspectos más importantes para comprender el desarrollo regional de la insurgencia mexicana. El asalto al cuartel de Ciudad Madera en 1965 fue anterior a la fundación de la Liga, pero su recuerdo quedó incorporado a la identidad política del movimiento. Aquella experiencia había surgido de conflictos agrarios y de una tradición de organización revolucionaria vinculada con comunidades campesinas, profesores y militantes de izquierda. La Liga retomó ese referente y lo convirtió en parte de un proyecto nacional que pretendía conectar las luchas rurales con los movimientos estudiantiles y obreros.
La presencia de agrupaciones vinculadas con el MAR-23 de Septiembre y de redes revolucionarias en Chihuahua también demuestra que la insurgencia del estado no terminó con el enfrentamiento de 1965. Durante los años siguientes continuaron desarrollándose procesos de organización clandestina que compartieron experiencias, contactos y, en algunos casos, perspectivas ideológicas con movimientos de otras entidades. Sin embargo, es importante distinguir las organizaciones y sus trayectorias particulares: el Grupo Popular Guerrillero, el Movimiento de Acción Revolucionaria y la Liga Comunista 23 de Septiembre no fueron una misma estructura, aunque existieron conexiones políticas, antecedentes compartidos y participantes relacionados con diferentes experiencias revolucionarias.
Para la historia regional, la investigación de estos movimientos abre preguntas sobre la participación de estudiantes, profesores, trabajadores y comunidades campesinas en los procesos de radicalización política. También invita a estudiar el papel de las autoridades locales, la vigilancia de los organismos federales y los mecanismos mediante los cuales la prensa de la época informó —u omitió— las actividades insurgentes. La historia de Chihuahua durante la segunda mitad del siglo XX no puede comprenderse únicamente a través de las administraciones gubernamentales y los cambios económicos; requiere incorporar las expresiones de inconformidad social, la persecución política y las disputas sobre el significado de la revolución mexicana.
Conclusión: la Liga Comunista 23 de Septiembre y las preguntas que permanecen abiertas.
La Liga Comunista 23 de Septiembre fue una de las expresiones más significativas de la radicalización política mexicana durante los años setenta. Su surgimiento respondió a un contexto de autoritarismo, desigualdad social, represión y desconfianza hacia las instituciones. La organización buscó reunir diferentes corrientes revolucionarias en un proyecto nacional orientado a la transformación socialista y desarrolló una estructura clandestina que combinaba elaboración ideológica, propaganda, movilización política y acciones armadas. Sus militantes procedían de experiencias diversas, pero compartían la convicción de que el sistema político y económico debía ser transformado profundamente.
Su trayectoria, sin embargo, estuvo atravesada por contradicciones que impidieron alcanzar sus objetivos. La dificultad de construir una base popular amplia, las divisiones internas, la violencia de determinadas operaciones y la persecución estatal debilitaron progresivamente su capacidad de funcionamiento. Sus acciones produjeron víctimas y consecuencias que deben reconocerse en cualquier reconstrucción histórica. Paralelamente, el Estado mexicano desarrolló una política contrainsurgente marcada por graves violaciones a los derechos humanos, cuyas repercusiones continúan presentes en las demandas de familiares de personas desaparecidas.
La historia de la Liga no debe reducirse a una confrontación entre dos versiones excluyentes del pasado. Es posible estudiar las causas sociales y políticas de la insurgencia sin justificar todas las decisiones de sus integrantes, así como reconocer la existencia de delitos cometidos por organizaciones armadas sin minimizar la responsabilidad de las autoridades por la tortura, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales. Esa distinción es fundamental para construir una interpretación histórica que atienda tanto a los acontecimientos documentados como a las experiencias humanas de quienes participaron en ellos o padecieron sus consecuencias.
Más de cinco décadas después de su fundación, la Liga Comunista 23 de Septiembre continúa planteando preguntas sobre el ejercicio del poder, los límites de la oposición política, la violencia revolucionaria y las responsabilidades del Estado. Sus documentos, sus militantes, las víctimas de sus operaciones y las familias de las personas desaparecidas forman parte de una historia que todavía requiere investigación. Reconstruirla no significa adoptar las posiciones políticas de sus protagonistas, sino comprender uno de los periodos más conflictivos de la historia contemporánea de México y reconocer la importancia de la verdad documental para la memoria colectiva.
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