Si el agua es el recurso más importante para el futuro de Jiménez, ¿por qué la Junta Municipal de Agua y Saneamiento es una de las instituciones menos sometidas al escrutinio público?
Por Gorki Rodríguez / HISTORIASMX
HISTORIASMX. – En Jiménez existe una costumbre muy arraigada: criticar al gobierno municipal, al estado o a la federación. Y la crítica es necesaria. Una sociedad democrática necesita ciudadanos que cuestionen el ejercicio del poder. Sin embargo, llama la atención que una de las dependencias que administra el recurso más importante para la vida cotidiana sea, paradójicamente, una de las menos observadas por la opinión pública: la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.
Mientras otras instituciones reciben críticas permanentes, la JMAS suele permanecer fuera del debate ciudadano. Y eso resulta preocupante, porque precisamente las dependencias que manejan infraestructura, contratos, adquisiciones y servicios públicos esenciales deberían estar sujetas al mayor nivel de vigilancia social.
El agua no es un servicio cualquiera. Es un derecho humano y un recurso estratégico. Cada peso que pagan las familias por el suministro debe traducirse en calidad, eficiencia, mantenimiento e inversión. Por ello, la primera pregunta que debería hacerse cualquier ciudadano es sencilla: ¿está recibiendo la población un servicio acorde con lo que paga?
Durante años, numerosos habitantes han manifestado inconformidad por el costo del servicio. Muchos consideran que las tarifas son elevadas en comparación con la calidad del agua distribuida y con los problemas recurrentes de infraestructura. Esa percepción ciudadana merece una respuesta técnica, transparente y documentada.
La discusión adquiere mayor relevancia cuando diversos estudios han señalado la presencia de arsénico en algunos abastecimientos de la región. Si existe preocupación por la calidad del agua que llega a los hogares, entonces la obligación institucional debería ser informar con absoluta claridad sobre los monitoreos, los tratamientos implementados y las acciones para proteger la salud pública.
Pero las preguntas no terminan ahí.
La ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto cuesta operar la institución. ¿Cuál es el salario de sus directivos? ¿Cuánto se destina a compensaciones, viáticos, combustible, representación y gastos administrativos? ¿Cuál es el presupuesto anual? ¿En qué obras se invierte? ¿Qué contratos se han celebrado y bajo qué procedimientos?
La transparencia no debería verse como una molestia para la autoridad, sino como una obligación inherente al servicio público.
Asimismo, desde hace años circulan entre la población señalamientos sobre el presunto uso irregular de agua mediante pipas. Si existen rumores o denuncias, lo correcto no es alimentar especulaciones, sino investigarlas y aclararlas con información verificable. La mejor manera de combatir la desconfianza es con datos abiertos, controles efectivos y auditorías permanentes.
Otro tema que genera molestia entre los habitantes son los drenajes colapsados y los constantes olores fétidos en distintos sectores del municipio. Cuando las aguas residuales brotan a la superficie o permanecen estancadas durante días, el problema deja de ser únicamente una cuestión de infraestructura: se convierte en un asunto de salud pública, imagen urbana y calidad de vida.
En una región donde el agua subterránea enfrenta una presión creciente y donde estudios técnicos muestran la delicada situación de los acuíferos, resulta indispensable que la institución encargada de administrarla sea ejemplo de eficiencia y apertura.
Por ello, más que ataques personales, lo que la ciudadanía necesita son respuestas institucionales. Que se publiquen de manera periódica los estados financieros, los indicadores de desempeño, los resultados de calidad del agua, los salarios de los funcionarios, los gastos de representación y el avance de las obras. Que la información esté disponible para cualquier ciudadano.
La confianza pública no se construye con discursos, sino con transparencia.
Si el agua es el recurso más valioso del presente y del futuro de Jiménez, entonces la Junta Municipal de Agua y Saneamiento no debería ser una de las dependencias menos cuestionadas, sino una de las más observadas, auditadas y evaluadas por la sociedad.
Porque administrar el agua significa administrar la vida de toda una comunidad. Y cuando se trata del recurso más importante para el desarrollo del municipio, el escrutinio ciudadano no es un exceso: es una obligación democrática.
