Cuando el agua falta en los hogares, pero sobra para los cultivos de alto consumo
Por Gorki Belisario Rodríguez Ávila.
HISTORIASMX. – Durante años, los habitantes de Jiménez han escuchado la misma explicación cada vez que el agua escasea en sus colonias: que hay sequía, que los pozos tienen menos rendimiento, que el calor aumenta el consumo o que el sistema requiere mantenimiento. Sin embargo, pocas veces se aborda públicamente una pregunta mucho más incómoda: ¿por qué los ciudadanos deben seguir pagando puntualmente por un servicio deficiente mientras durante décadas se permitió la extracción masiva e incluso ilegal de agua subterránea para actividades agrícolas de alto consumo?
La discusión no es menor. El agua es un derecho humano reconocido por la Constitución mexicana. No es una mercancía cualquiera ni un privilegio reservado para quienes poseen mayores extensiones de tierra o mayor capacidad económica. Sin embargo, la realidad que observan miles de familias jimenenses parece indicar que las prioridades históricas han estado lejos de garantizar primero el abastecimiento doméstico.
Mientras colonias completas enfrentan tandeos, baja presión o interrupciones frecuentes del servicio, el modelo de desarrollo agrícola de la región ha seguido creciendo alrededor de cultivos extremadamente demandantes de agua, como el nogal y la alfalfa. Durante décadas, el discurso oficial promovió la expansión agrícola sin considerar seriamente la capacidad real de los acuíferos para sostener ese crecimiento.
La pregunta es inevitable: ¿cómo se llegó a esta situación?
La respuesta apunta a una combinación de factores que incluyen la sobreexplotación histórica de los acuíferos, la falta de vigilancia efectiva, la perforación irregular de pozos, la escasa transparencia en el manejo de las concesiones y una política pública que, en los hechos, privilegió la extracción agrícola por encima de la seguridad hídrica de las comunidades.
No es un secreto que en diversas regiones agrícolas del norte de México han existido denuncias sobre pozos sin regularización adecuada o aprovechamientos de agua que operaron durante años con poca supervisión. Tampoco es un secreto que la autoridad federal ha reconocido en numerosos estudios la condición de sobreexplotación de múltiples acuíferos en Chihuahua.
Mientras tanto, los ciudadanos siguen recibiendo recibos.
Un servicio que además presenta cuestionamientos sobre la calidad del agua.
El problema no termina en la cantidad.
A lo largo de los años también han surgido preocupaciones relacionadas con la calidad del agua distribuida a la población. Diversos estudios realizados en distintas regiones del estado han documentado la presencia natural de arsénico y otros minerales en los acuíferos profundos. Aunque las autoridades sostienen que existen procesos de monitoreo y control, persiste una preocupación legítima entre la ciudadanía respecto a los riesgos potenciales para la salud.
Cuando una familia abre la llave de su casa no solamente espera que salga agua. Espera que sea suficiente y segura.
Por ello resulta comprensible el enojo de quienes consideran injusto pagar tarifas cada vez más altas mientras continúan las dudas sobre la calidad del recurso que reciben.
Un principio básico establece que quien cobra por un servicio debe garantizar condiciones adecuadas de prestación. Cuando existen fallas recurrentes en la continuidad, presión o calidad del suministro, la inconformidad social no solamente es legítima: es inevitable.
El agua de Jiménez parece tener dueños.
Existe una percepción cada vez más extendida entre muchos habitantes del municipio: que el agua dejó de ser un bien común para convertirse en un recurso administrado en función de intereses económicos particulares.
Mientras cientos de familias almacenan agua en tambos y tinacos para enfrentar los cortes del servicio, enormes superficies agrícolas continúan requiriendo volúmenes gigantescos para mantener sistemas productivos que consumen millones de metros cúbicos cada año.
No se trata de estar en contra de la agricultura. La agricultura es una actividad fundamental para la economía regional y genera empleos. El verdadero problema aparece cuando la expansión agrícola se realiza sin considerar los límites físicos del agua disponible.
Cuando el crecimiento de unos provoca la escasez de otros, el modelo deja de ser sostenible.
Y cuando además son los ciudadanos quienes terminan pagando las consecuencias mediante tandeos, recibos elevados y posibles riesgos sanitarios, la situación adquiere una dimensión ética que ya no puede ignorarse.
La responsabilidad no puede recaer únicamente en los ciudadanos.
Resulta contradictorio que las autoridades exijan a la población pagar puntualmente por el servicio mientras pocas veces se discuten públicamente las responsabilidades históricas de quienes contribuyeron a la sobreexplotación de los acuíferos.
Si existen pozos irregulares, deben clausurarse.
Si existen concesiones excesivas, deben revisarse.
Si existen aprovechamientos agrícolas incompatibles con la disponibilidad real de agua, deben replantearse.
Y si el agua distribuida a la población presenta riesgos potenciales, debe garantizarse un tratamiento efectivo y una vigilancia permanente.
Lo que no parece razonable es trasladar toda la carga económica a los usuarios domésticos mientras los problemas estructurales permanecen intactos.
El derecho a exigir.
Más que una invitación a dejar de pagar indiscriminadamente, esta reflexión busca plantear una discusión de fondo: ¿es justo exigir el cumplimiento absoluto de los ciudadanos cuando las instituciones y los grandes consumidores históricos del recurso no han rendido cuentas con la misma intensidad?
Los jimenenses tienen derecho a exigir transparencia sobre el estado real de los acuíferos.
Tienen derecho a conocer cuánta agua consumen los distintos sectores productivos.
Tienen derecho a saber cuántos pozos operan legalmente y cuántos no.
Tienen derecho a conocer la calidad exacta del agua que llega a sus hogares.
Y tienen derecho a cuestionar un modelo que durante décadas pareció privilegiar la extracción intensiva antes que la sustentabilidad.
Porque el agua no pertenece a los gobiernos, ni a los organismos operadores, ni a los grandes productores.
El agua pertenece a toda la comunidad.
Y mientras esa realidad no se refleje en las políticas públicas, seguirá creciendo la sensación de que quienes menos responsabilidad tienen en la crisis son precisamente quienes terminan pagando la factura.
— Gorki Belisario Rodríguez Ávila
Director de HISTORIASMX – Periodismo del Norte, Periodismo con Carácter
