Mientras el agua subterránea desciende bajo las zonas agrícolas de Cuauhtémoc, Namiquipa, Buenaventura, Galeana y Ascensión, otro problema crece sobre la superficie: miles de pozos dependen de electricidad subsidiada, existen adeudos multimillonarios y continúan los conflictos por conexiones irregulares. Las comunidades menonitas y LeBarón forman parte de esta geografía agrícola, pero los datos obligan a evitar generalizaciones: la unidad que debe investigarse es cada pozo, su concesión y su contrato eléctrico, no la identidad de quien lo opera.
HISTORIASMX. – La crisis volvió a hacerse visible apenas ayer, 8 de septiembre de 2026. En Galeana, productores e integrantes de la comunidad LeBarón protestaron después de que la Comisión Federal de Electricidad cortara el suministro a varios pozos agrícolas. Los primeros reportes hablaron de entre cinco y ocho aprovechamientos; el alcalde Francis Leany afirmó que los pozos contaban con permisos, pero reconoció que mantenían adeudos con CFE. La interrupción, sostuvo, repercutió en alrededor de tres mil personas porque de esas redes eléctricas también depende el abastecimiento comunitario. En otra zona, El Camello, municipio de Ascensión, El Diario reportó un operativo de CFE acompañado por Ejército y Guardia Nacional que dejó sin suministro a 47 puntos de campos menonitas, bajo el argumento de anomalías contractuales en algunos usuarios.
El conflicto es mucho más profundo que una factura sin pagar. En esta parte de Chihuahua, electricidad y agua se han convertido prácticamente en un mismo sistema. Sin energía no funciona la bomba; sin la bomba no hay riego; y mientras más profundo queda el nivel freático, mayor es la energía necesaria para elevar cada metro cúbico. De esa manera, la crisis hidrológica termina transformándose también en una crisis energética y económica.
Una región que ya extrae más agua de la que tiene disponible.
Las cifras oficiales de Conagua son contundentes. La Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea —DMA— se obtiene restando a la recarga la descarga natural comprometida y el volumen de extracción registrado. Una cifra negativa significa que no existe volumen adicional disponible para otorgar nuevas concesiones bajo ese balance administrativo. No debe confundirse automáticamente con la definición técnica de “acuífero sobreexplotado”, aunque en varios de estos sistemas existe además una larga historia documentada de abatimiento y sobreexplotación.
| Acuífero | Recarga media anual | Extracción registrada | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| Ascensión | 132.2 hm³ | 236.4 hm³ | -104.2 hm³/año |
| Baja Babícora | 90.6 hm³ | 197.6 hm³ | -107.0 hm³/año |
| Buenaventura | 66.5 hm³ | 187.9 hm³ | -121.4 hm³/año |
| Cuauhtémoc | 299.4 hm³ | 307.2 hm³ | -7.8 hm³/año |
| Casas Grandes | 180.0 hm³ | 197.2 hm³ | -17.2 hm³/año |
| Janos | 142.0 hm³ | 168.1 hm³ | -41.8 hm³/año |
Fuente: Conagua, disponibilidad por acuífero en Chihuahua. Las cifras están expresadas en hectómetros cúbicos por año.
La dimensión se entiende mejor al comparar extracción y recarga. En Buenaventura, el volumen de extracción registrado equivale aproximadamente a 2.8 veces la recarga media anual. En Baja Babícora es unas 2.2 veces y en Ascensión cerca de 1.8 veces. No significa que todo el volumen bombeado provenga directamente de la recarga de ese mismo año —los acuíferos poseen almacenamiento acumulado durante largos periodos—, pero precisamente ahí radica el problema: cuando las salidas se sostienen por encima de la renovación, una parte creciente del agua procede de las reservas almacenadas.
Y el comportamiento físico del agua confirma que no se trata únicamente de una fórmula administrativa.
Cuauhtémoc: décadas viendo bajar el agua.
El documento técnico de Conagua actualizado en 2024 reconoce que el acuífero de Cuauhtémoc está sujeto en gran parte a una veda de aguas subterráneas desde 1967 y que el principal uso del agua es agrícola. Estudios realizados desde finales de la década de 1980 ya encontraban conos de abatimiento en las áreas de mayor extracción. Una evaluación de 1991 calculó entonces una sobreexplotación de 63 hectómetros cúbicos anuales y estimó que, si continuaba el mismo régimen, algunos sectores agrícolas podían perder entre 15 y 20 metros de nivel entre 1990 y 2000.
La medición posterior fue igualmente preocupante. Entre 2001 y 2013 Conagua registró descensos acumulados de 5 a 40 metros, con ritmos de 0.4 a 3.3 metros por año y un promedio de 1.7 metros. En las zonas de explotación agrícola intensiva, el descenso fue aproximadamente de 1.7 a 2.1 metros anuales. El documento ubica además un extenso cono de abatimiento que se extiende desde las inmediaciones de Laguna Bustillos hasta Campos Menonitas II, y registra profundidades de entre 120 y 210 metros en el área comprendida entre Álvaro Obregón y los Campos Menonitas 61 y 63.
Esto es relevante, pero exige una distinción fundamental: que el abatimiento se localice en una región con presencia menonita no demuestra que todos los miembros de esa comunidad sean responsables de la sobreexplotación ni permite atribuirles colectivamente el déficit. Lo que demuestra es que una parte importante de la agricultura intensiva de esa zona opera sobre un sistema hidrogeológico sometido a presión severa.
Además, hay un problema de información pública: la actualización de Conagua es de 2024, pero algunas de las series piezométricas que incorpora terminan en 2013. Por lo tanto, esos ritmos de descenso son mediciones históricas documentadas, no una medición directa del abatimiento entre 2025 y 2026.
Baja Babícora: el descenso ya era extremo hace tres décadas.
El acuífero Baja Babícora, asociado principalmente con Namiquipa y Bachíniva y con una importante actividad agrícola, presenta actualmente una disponibilidad de -107 millones de metros cúbicos al año. Su extracción registrada, 197.6 hm³, supera ampliamente su recarga media de 90.6 hm³.
Lo más inquietante vuelve a encontrarse en las mediciones históricas. Entre 1987 y 1994, Conagua documentó abatimientos generalizados. Alrededor de Colonia Independencia encontró descensos acumulados de 10 a 40 metros, equivalentes en algunos puntos a entre 1.4 y 5.7 metros anuales. Entre Bachíniva y El Refugio los descensos fueron de 10 a 15 metros.
Es decir: décadas antes de las actuales disputas por pozos y electricidad, la señal hidrogeológica ya estaba presente.
Buenaventura y Galeana: el territorio donde vive la comunidad LeBarón.
Aquí la relación con el caso LeBarón es geográficamente directa. El documento técnico oficial del acuífero Buenaventura señala expresamente que éste comprende principalmente los municipios de Galeana y Buenaventura y enumera entre sus poblaciones a Colonia Lebarón. También establece que la agricultura constituye la actividad económica más importante de la región.
El balance actual es uno de los más preocupantes del corredor estudiado: 66.5 hm³ de recarga contra 187.9 hm³ de extracción registrada y una disponibilidad de -121.4 hm³ anuales.
Las mediciones históricas tampoco son neutrales. Entre 1987 y 1996 hubo descensos de hasta 20 metros y, inmediatamente al noroeste de Buenaventura, se estimó un abatimiento medio de 2.2 metros por año. El promedio para el valle fue de 0.6 metros anuales.
Esto proporciona una base mucho más sólida que simplemente afirmar que “los LeBarón están acabando con el agua”. El dato verificable es otro: la comunidad se encuentra dentro de un acuífero con un déficit administrativo extraordinariamente alto y una historia documentada de abatimiento. Determinar quién extrae cuánto requiere analizar concesión por concesión en el Registro Público de Derechos de Agua y contrastarla con mediciones reales de bombeo.
Menonitas y LeBarón: un conflicto social que también ha estudiado la academia.
La relación entre agua, agricultura y comunidades menonitas y mormonas no es únicamente una construcción de la discusión política reciente. Un estudio publicado en 2020 por Esmeralda Cervantes Rendón, Sarahí Sánchez León y Gabriela Montano Armendáriz en la revista académica Sociedad y Ambiente revisó 134 trabajos académicos relativos al agua y agricultura en cinco municipios de Chihuahua. Las autoras identificaron diferencias de acceso a recursos, inversión, tecnología y condiciones de utilización del agua entre distintos grupos de productores y señalaron que esas desigualdades habían generado conflictos socioambientales.
Pero incluso ese hallazgo debe manejarse con cuidado periodístico. La pertenencia a una comunidad no sustituye al expediente administrativo de cada aprovechamiento.
En Chihuahua existen productores menonitas con concesiones y contratos regulares; también existen productores mestizos con concesiones, productores con adeudos eléctricos y, de acuerdo con operativos documentados, aprovechamientos clandestinos o irregulares. La responsabilidad legal debe ser individualizada por pozo y título, no atribuida étnica o religiosamente.
El otro subsuelo: la deuda con CFE.
La crisis hídrica tiene una contraparte financiera enorme.
En enero de 2024, directivos de CFE informaron en reuniones con organizaciones agrícolas que la deuda corriente de productores agrícolas y frigoríficos de Chihuahua —de noviembre de 2022 al cierre de 2023— alcanzaba aproximadamente 2 mil 322 millones de pesos. A ésta se agregaba una deuda histórica de 4 mil 776 millones, para un acumulado reportado entonces de 7 mil 108 millones de pesos.
Es importante poner fecha a esa cifra. No encontré un estado financiero público de CFE que permita afirmar que hoy, 9 de septiembre de 2026, la deuda agrícola continúa exactamente en 7 mil 108 millones. Hubo negociaciones, pagos, convenios, nuevos adeudos y diferencias entre deuda histórica y corriente. Por eso no sería metodológicamente correcto presentar los siete mil millones como el saldo actual.
Lo comprobable es que el conflicto sigue vigente. Ayer, en Galeana, medios locales reportaron que CFE ofreció a productores pagar 100% de los adeudos en un plazo de 24 meses y sin intereses. Los manifestantes rechazaron la propuesta y mantuvieron la protesta.
La paradoja: electricidad altamente subsidiada y, al mismo tiempo, adeudos.
El bombeo agrícola mexicano cuenta con una política energética extraordinariamente favorable. El Programa Especial de Energía para el Campo —PEUA— permite a productores agrícolas recibir un subsidio de hasta 95% del costo de la electricidad destinada al bombeo y rebombeo para riego. Para recibirlo se exige contar con título o concesión de agua vigente y cumplir obligaciones ante CFE y Conagua.
La tarifa de estímulo 9 Cargo Único publicada por CFE para 2026 es de 0.760 pesos por kilowatt-hora dentro de la cuota energética autorizada; el consumo que exceda esa cuota se factura con las tarifas agrícolas correspondientes de baja o media tensión.
Aquí aparece una de las grandes contradicciones de la política pública. El Estado subsidia electricidad para hacer viable la producción agrícola; sin ese apoyo, bombear desde grandes profundidades sería económicamente mucho más costoso. Pero al reducir el costo marginal de extraer agua también existe el riesgo de que el incentivo económico para ahorrar agua sea menor, especialmente cuando medición hídrica, concesión, consumo eléctrico y volumen efectivamente bombeado no están perfectamente integrados.
La propia Federación parece reconocer el problema institucional. En enero de 2026, Agricultura, CFE y Conagua firmaron un convenio para intercambiar periódicamente sus bases de datos y crear un Padrón General Actualizado de Usuarios Agrícolas, relacionando concesiones de agua, suministro eléctrico y subsidios.
Es una medida aparentemente burocrática, pero en realidad toca el centro del conflicto: saber si el pozo que recibe electricidad tiene concesión vigente, cuánto volumen tiene autorizado, cuánto consume energéticamente y si está pagando el servicio.
Más de mil pozos desconectados: lo que sí documentó CFE.
En marzo de 2024, La Jornada reportó información presentada por CFE en una mesa con productores: durante enero y febrero de ese año la empresa había desconectado 876 pozos considerados clandestinos o irregulares, asociados además con un estimado de 220 millones de pesos en consumo eléctrico no pagado o sustraído irregularmente. CFE señalaba entonces que existían 18 mil 433 pozos agrícolas con contrato eléctrico en Chihuahua.
Para abril, el número de pozos desconectados reportado por CFE había aumentado a 1,106, incluidos 37 en Ascensión. La nota atribuía a la empresa la afirmación de que muchos correspondían a productores menonitas; otros cálculos de organizaciones campesinas sobre el número total de pozos clandestinos eran considerablemente mayores, pero son estimaciones y no deben confundirse con un censo oficial.
Los señalamientos más graves —perforaciones sin permiso, supuestos actos de corrupción, concesiones irregulares o centenares de pozos atribuidos a determinadas comunidades— aparecen principalmente en denuncias de organizaciones como El Barzón y ejidatarios. Algunas han motivado inspecciones oficiales, pero no deben convertirse automáticamente en hechos judicialmente probados. Esa distinción es indispensable para un reportaje responsable.
El círculo vicioso.
El problema del noroeste puede resumirse mediante una cadena sencilla.
Cuando se bombea más agua de la que el sistema puede reponer, el nivel subterráneo tiende a descender. Cuando el agua está más profunda, la bomba necesita gastar más energía para elevarla. Si aumentan electricidad, profundidad y superficie irrigada, crecen los costos. El Estado responde parcialmente con energía subsidiada para evitar que el campo deje de ser rentable. Pero un precio muy bajo de bombeo, si no está vinculado con medición estricta del agua, puede reducir el incentivo económico para disminuir la extracción. Cuando los productores dejan de pagar incluso la tarifa subsidiada, aparece la deuda. Y cuando CFE corta la electricidad, ya no sólo está suspendiendo un servicio comercial: en algunas comunidades está cerrando físicamente la llave que hace subir el agua.
Así se llega a escenas como las de Galeana esta semana.
Para quien vive de un cultivo, un corte en plena temporada puede significar árboles estresados, pérdida de producción y años de inversión comprometidos. Para una familia cuyo sistema de agua potable comparte infraestructura eléctrica con los pozos, significa abrir una llave y no encontrar agua. Para los habitantes de un ejido vecino, en cambio, observar nuevas perforaciones mientras el nivel de su propio pozo desciende puede significar la pérdida lenta de un patrimonio común que nadie puede volver a fabricar.
Esos tres puntos de vista pueden ser simultáneamente reales.
El debate no debería ser “menonitas contra mestizos” ni “LeBarón contra gobierno”.
Reducir la crisis a una confrontación entre comunidades sería ignorar el dato central: el agua subterránea se administra mediante un sistema que durante décadas permitió que concesiones, extracción real, energía eléctrica, subsidios y vigilancia caminaran por vías distintas.
La investigación científica ya había advertido de conflictos por desigualdad en el acceso al agua. Conagua documentó abatimientos desde el siglo pasado. Las vedas existen desde hace décadas. CFE ha encontrado conexiones y aprovechamientos irregulares. Los productores, a su vez, denuncian deficiencias de infraestructura, variaciones tarifarias y daños provocados por interrupciones del suministro. Y apenas en 2026 las tres dependencias federales están intentando consolidar un padrón integral.
La pregunta periodística, por tanto, no debería ser qué comunidad consume más agua por su identidad, sino otras mucho más verificables: ¿quién tiene título?, ¿por cuánto volumen?, ¿cuánto extrae realmente?, ¿qué medidor tiene instalado?, ¿cuánta electricidad recibe?, ¿goza de tarifa subsidiada?, ¿está pagando?, ¿el volumen bombeado coincide con su concesión?, ¿existen pozos clausurados que continúan operando?
Ahí está la verdadera investigación.
Una deuda que no sólo es económica.
Chihuahua puede negociar con CFE un adeudo eléctrico. Puede ofrecer mensualidades, congelamientos, convenios o revisar tarifas. Incluso puede ampliar subestaciones.
Con un acuífero ocurre algo distinto.
El agua extraída de una reserva subterránea durante décadas no regresa mediante un convenio de 24 meses.
Buenaventura registra una disponibilidad de -121.4 millones de metros cúbicos al año; Baja Babícora, -107 millones; Ascensión, -104.2 millones. Son tres de los territorios donde también se encuentran algunas de las mayores disputas agrícolas del noroeste.
Por eso, la deuda más profunda de la región quizá no sea la que aparece en un recibo de CFE. Es la que se acumula bajo la tierra: agua extraída hoy que las siguientes generaciones podrían no encontrar mañana.
La electricidad puede reconectarse.
