El problema se vuelve todavía más evidente cuando se habla de cáncer y enfermedades que requieren alta especialidad. Chihuahua cuenta con un Centro Estatal de Cancerología y tecnología moderna para radioterapia, pero estos servicios están concentrados principalmente en la capital del estado y en Ciudad Juárez. No sería razonable exigir un acelerador lineal o un hospital oncológico completo en cada municipio

Artículo de opinión | HISTORIASMX – Gorki Rodríguez.

HISTORIASMX. – En Jiménez, Chihuahua, enfermar gravemente no significa solamente enfrentar una enfermedad. Con frecuencia significa conseguir dinero para gasolina, buscar quién traslade al paciente a Parral, Delicias, Chihuahua o incluso Torreón, faltar al trabajo, esperar una cita de especialidad y asumir gastos que deberían estar cubiertos por las instituciones públicas. Esa realidad resume mejor el estado de la salud en el municipio que cualquier discurso oficial: Jiménez cuenta con Hospital Regional, IMSS e ISSSTE, pero contar con edificios médicos no significa necesariamente disponer de una infraestructura capaz de resolver las necesidades actuales de una población superior a los 40 mil habitantes.

El Hospital Regional de Jiménez es quizá el ejemplo más evidente. Se trata de una institución con más de siete décadas de historia, que ha recibido ampliaciones, mantenimiento y equipamiento a lo largo de los años, pero cuya capacidad sigue siendo limitada frente al crecimiento poblacional y al aumento de enfermedades crónicas y complejas. El problema no es únicamente la antigüedad del inmueble; un hospital viejo puede modernizarse. El problema aparece cuando su infraestructura, número de camas, laboratorio, imagenología, equipamiento y capacidad de atención especializada avanzan a un ritmo mucho menor que las necesidades médicas de la población.

Los propios datos oficiales muestran señales que no deberían minimizarse. Durante 2024, el Hospital Regional de Jiménez emitió 14 mil 658 recetas, de las cuales 12 mil 500 fueron surtidas completamente. Eso significa que cerca del 15 por ciento no pudo entregarse de manera íntegra. La estadística puede parecer fría, pero detrás de cada receta incompleta existe una persona obligada a buscar por su cuenta un medicamento que debería acompañar su atención médica. Para una familia con ingresos limitados, comprar antibióticos, tratamientos para hipertensión, diabetes o cualquier otro medicamento puede convertirse en una carga económica considerable.

Además, durante enero de 2026 autoridades estatales realizaron recorridos por el Hospital Regional para identificar necesidades, particularmente relacionadas con el laboratorio clínico. Esto confirma que las deficiencias no son solamente una percepción ciudadana ni una construcción periodística. Existen necesidades reconocidas dentro del propio sistema público. También sería incorrecto afirmar que no se ha invertido nada: durante distintos años se han incorporado equipos de rayos X, monitores, cardiotocógrafos y otras herramientas médicas. Sin embargo, invertir periódicamente en equipamiento no significa haber resuelto una brecha estructural acumulada durante décadas.

El problema se vuelve todavía más evidente cuando se habla de cáncer y enfermedades que requieren alta especialidad. Chihuahua cuenta con un Centro Estatal de Cancerología y tecnología moderna para radioterapia, pero estos servicios están concentrados principalmente en la capital del estado y en Ciudad Juárez. No sería razonable exigir un acelerador lineal o un hospital oncológico completo en cada municipio, pero tampoco debería aceptarse como normal que un paciente de Jiménez tenga que convertir su tratamiento en un peregrinar constante por carretera. Entre tener un centro de alta especialidad y no contar localmente con capacidad suficiente existe un punto intermedio: mejores laboratorios, estudios diagnósticos, imagenología, telemedicina, especialistas itinerantes, referencias rápidas y transporte sanitario eficiente.

En el IMSS la historia parece repetirse. Desde hace años existen denuncias públicas sobre falta de medicamentos, insuficiencia de especialistas, esperas prolongadas y dificultades para obtener estudios. En 2022 derechohabientes denunciaron carencias y esperas de varias horas para análisis clínicos; en 2025 nuevamente hubo señalamientos sobre deterioro de la clínica, escasez de medicamentos y falta de especialistas. El problema llegó incluso al debate político federal. Todo esto obliga a preguntarse cuántos años debe repetirse una denuncia antes de dejar de considerarse un problema temporal y comenzar a reconocerse como una deficiencia estructural.

Las filas desde la madrugada tampoco deberían normalizarse. Durante años se ha convertido casi en una escena cotidiana observar derechohabientes que llegan antes del amanecer para intentar obtener una consulta, un estudio o una ficha. Se habla de ello como si fuera parte natural del funcionamiento del IMSS, cuando en realidad representa una falla administrativa que termina trasladando al paciente el costo de la ineficiencia. Una persona que cotiza durante años no debería tener que competir físicamente por atención médica básica.

El ISSSTE enfrenta una situación diferente, pero con limitaciones similares. La unidad de Jiménez está clasificada como Unidad de Medicina Familiar, no como hospital de segundo o tercer nivel. Por diseño, su capacidad para resolver especialidades es limitada. Han existido inversiones y programas para mejorar instalaciones y equipamiento, pero el fondo del problema permanece: miles de derechohabientes dependen de unidades locales que pueden resolver atención primaria, mientras que numerosos estudios, consultas y procedimientos especializados requieren salir del municipio. La distancia se convierte entonces en una barrera sanitaria.

Aquí aparece uno de los problemas más profundos del sistema de salud mexicano. El Hospital Regional depende del Gobierno del Estado; el IMSS y el ISSSTE dependen de la Federación; Pensiones Civiles depende del Estado y el municipio tiene facultades limitadas, principalmente de gestión, apoyo y presión política. Pero al enfermo poco le importa la distribución administrativa de responsabilidades. Un paciente con cáncer no distingue entre competencias federales y estatales. Una madre frente a una urgencia no pregunta qué nivel de gobierno controla el presupuesto. La enfermedad no entiende de partidos.

Por eso la discusión sobre salud en Jiménez debería escapar del enfrentamiento político. Al Gobierno del Estado debe exigírsele fortalecer su Hospital Regional. A la Federación debe exigírsele mejorar IMSS e ISSSTE.

Jiménez no necesita discursos que aseguren que todo funciona ni afirmaciones exageradas de que absolutamente nada sirve por parte del estado. Necesita un diagnóstico serio. ¿Cuántas camas hacen falta? ¿Qué especialidades deberían permanecer de manera permanente? ¿Qué estudios pueden realizarse localmente? ¿Cuál es el porcentaje real de abasto de medicamentos? ¿Cuánto tarda una referencia? ¿Cuántos pacientes deben viajar cada mes fuera del municipio? ¿Qué capacidad tienen los servicios de urgencias? Esas cifras deberían ser públicas y convertirse en la base de un proyecto sanitario para los próximos veinte años.

Lo verdaderamente preocupante no es solamente que algunas instalaciones sean antiguas. Es que la sociedad haya aprendido a considerar normal madrugar por una consulta, comprar medicamentos que deberían estar disponibles, esperar semanas o meses por estudios especializados y viajar cientos de kilómetros para continuar un tratamiento. La obsolescencia más peligrosa no siempre está en las paredes; también está en la resignación colectiva.

Jiménez merece una infraestructura médica proporcional a su población y a la época en la que vive: urgencias realmente resolutivas, medicamentos suficientes, laboratorio confiable, imagenología moderna, especialistas esenciales, ambulancias, hospitalización digna y mecanismos rápidos de referencia. Tal vez la ciudad no necesite un enorme hospital de alta especialidad, pero tampoco debería conformarse con un sistema que funciona adecuadamente sólo mientras el paciente no se enferme demasiado.

La pregunta final es incómoda, pero necesaria: ¿de qué sirve reconocer constitucionalmente el derecho a la salud si, cuando una enfermedad se vuelve verdaderamente grave, para ejercerlo hay que salir de Jiménez?