En el primer semestre de 2026, el gobierno federal gastó 831.7 mil millones de pesos en pensiones contributivas, el equivalente al 52.9 % de todo lo que recaudó por ISR. Sumando las pensiones del Bienestar, el gasto llega al 71.9 %; en 2018 era el 46.6 %. La mayor parte de ese dinero se va a las pensiones del IMSS bajo la Ley de 1973.
Rubén Darío Rodríguez Zubía
HISTORIASMX. – Caminar en cualquier horario dentro del Hospital Morelos del IMSS en Chihuahua se convirtió en una travesía de obstáculos. En los pasillos hay que rodear las filas de camillas y sillas de ruedas con pacientes para llegar a cualquier lugar.
El personal de la salud —enfermeras y médicos— ha emitido quejas y encabezado protestas sobre la falta de materiales de curación básicos, ya no hablemos de medicamentos de especialidad.
En los baños no hay papel sanitario, tampoco jabón para lavarse las manos; las caras del personal es típicamente de enojo, la indolencia es generalizada y la agresividad, de pacientes y trabajadores es moneda de cambio.
Sandra, paciente con lupus, arrastra los pies por el área de consultorios de su clínica. Va a preguntar por su cita con el especialista, es la tercera vez que se la cambian. Es más rápido conseguir la consulta con médico particular, pero también más caro.
Mateo, de solo cinco años, corría el riesgo de perder su ojo derecho. El especialista que podía salvárselo está en Torreón, Coahuila. Sus padres tuvieron que elegir entre su vida y su ojo. Él sigue aquí, vivo.
Horas para una radiografía, ir a un hospital particular para una tomografía, un viaje de días para una consulta con un especialista, comprar los medicamentos en una farmacia privada en lugar de recibirlos del instituto, quimioterapias que no llegan y la muerte por cáncer a la vuelta de la esquina son cosas que la gente debe saber si va a atenderse en el IMSS de cualquier enfermedad.
El abandono es total.
Muchos, con memoria selectiva u olvido doloso, culpan a la actual administración federal, pero lo que niegan es precisamente la conexión entre las carencias del instituto y las pensiones de cientos de miles de jubilados:
La historia es más vieja, y la estamos pagando dos veces.
Quien tiene un empleo formal puede comprobarlo en su recibo de nómina. Entre los descuentos hay dos renglones que casi nadie lee: la cuota obrera del IMSS y el ISR. El primero es lo que el trabajador aporta a su seguro social. El segundo, aunque no lo diga, también se va en buena parte a pagar pensiones.
En el primer semestre de 2026, el gobierno federal gastó 831.7 mil millones de pesos en pensiones contributivas, el equivalente al 52.9 % de todo lo que recaudó por ISR. Sumando las pensiones del Bienestar, el gasto llega al 71.9 %; en 2018 era el 46.6 %. La mayor parte de ese dinero se va a las pensiones del IMSS bajo la Ley de 1973.
Es decir, el trabajador paga su seguro dos veces: una con su cuota y otra con sus impuestos, para tapar un hueco que no abrió él. Y no es el único. El vendedor ambulante, el albañil sin contrato, la señora de la fonda sin registro nunca han tenido IMSS, pero pagan IVA en cada cosa que compran. Ellos ni siquiera pagan dos veces: pagan una sola vez por algo que nunca recibieron.
Para entender cómo llegamos aquí hay que regresar a 1943.
Uno de los ideales más románticos, e imposibles, de la Revolución Mexicana fue la salud pública gratuita, o cuando menos barata, y universal. Lo más tragicómico de esta historia es que ese imposible se logró, aunque a medias. El 19 de enero de 1943 se publicó en el Diario Oficial la Ley del Seguro Social, promulgada por Manuel Ávila Camacho, que dio vida al Instituto Mexicano del Seguro Social. La salud llegó, pero solo para quien tuviera patrón.
El instituto nació como respuesta directa al movimiento obrero de la Revolución y a huelgas históricas como las de Cananea (1906) y Río Blanco (1907), donde los trabajadores exigían jornadas limitadas, indemnizaciones y servicios de salud. La Constitución de 1917 recogió la idea en la fracción XXIX del artículo 123, aunque de forma tímida: hablaba de cajas de seguros populares. Hubo que esperar a la reforma de 1929 para que se mencionara una Ley del Seguro Social, y catorce años más para que esa ley existiera. Entre la promesa y el primer consultorio pasaron 26 años.
Lo más ingenioso de todo fue el modelo tripartito. Para garantizar su viabilidad y calmar las tensiones sociales de la época, el instituto se financiaría con aportaciones del Estado, de los patrones y de los trabajadores. Esa fue la primera vez que pagamos. Los tres, además, tenían asiento en sus órganos de gobierno. Nadie podía decir que el IMSS era solo del gobierno, y nadie podría decir después que no sabía lo que pasaba con el dinero.
Por obvias razones, la nueva institución enfrentó una fuerte resistencia patronal. Las cúpulas empresariales —la Coparmex y la Concamin a la cabeza— la combatieron con audiencias en Palacio Nacional, campañas en la prensa, amparos ante la Suprema Corte y, cuando nada de eso funcionó, dejando de pagar. Alegaban que las cuotas duplicaban prestaciones que ya daban los contratos colectivos y que detrás del instituto había más cálculo político que vocación social. El gobierno respondió en noviembre de 1944 dándoles a las cuotas carácter fiscal: no pagarlas era, desde entonces, como no pagar impuestos.
Lo que la historia oficial suele omitir es que también hubo obreros en contra. A los trabajadores se les empezó a descontar la cuota antes de que hubiera clínicas suficientes para atenderlos: pagaban por un servicio que todavía no existía. El Frente Nacional Proletario organizó mítines y marchas durante 1944. A mediados de ese año, una de ellas terminó en el Zócalo a golpes, pedradas y balazos: una docena de heridos, más de cien detenidos y sus dirigentes sentenciados a quince años de prisión. El IMSS nació entre dos fuegos: los patrones que no querían pagar y los trabajadores que no veían a cambio de qué pagaban.
Mientras las cúpulas litigaban, la primera en formarse fue una mujer. Concepción Fuentes Martínez, dueña de un billar en la colonia Morelos del Distrito Federal, inscribió a su empleado, Abel Morales Rodríguez, quien recibió la cédula número 000001. El primer derechohabiente en la historia del IMSS no trabajaba para un gran industrial ni para un banquero, sino en un negocio de barrio. Al cerrar ese primer periodo de afiliación, según el propio instituto, se habían registrado más de 23 mil patrones que amparaban a 224 mil trabajadores.
El instituto empezó a operar el 1 de enero de 1944. Ese año ya tenía 355,527 derechohabientes, contando a sus familias; en 1946 eran 631,099, y en 1952 pasaban del millón, repartidos entre la capital, Puebla, Guadalajara y Monterrey.
Y aquí está el detalle que explica todo lo que vino después. El dinero del seguro de enfermedad se gastaba el mismo año, en consultas, medicinas y partos. El de las pensiones no. Un trabajador que empezaba a cotizar en 1944 no se iba a jubilar sino hasta los años sesenta o setenta. Durante tres décadas el IMSS recibiría cuotas de pensión de cientos de miles, luego de millones de trabajadores, y apenas tendría a quién pagarle. Era dinero en cantidades ingentes para la época, con dueño, pero que nadie iba a reclamar pronto. Demasiado tentador para dejarlo quieto.
La tentación tenía nombre técnico: reservas. El dinero de las pensiones debía guardarse e invertirse para que creciera hasta el día en que sus dueños se jubilaran. No fue así.
Lo que hicieron fue mezclarlo con el gasto corriente del instituto. Gobiernos federales priístas, con la complicidad, al menos por omisión, del sindicato del IMSS y los representantes patronales —porque ni modo que no supieran— lo usaron como caja chica para promoverse como si fuera obra federal en beneficio de los trabajadores.
El propio instituto lo reconoció en 1995, en el diagnóstico que sirvió de base para su reforma: desde que empezó a operar, en 1944, sus reservas “fueron destinadas a apoyar la construcción de infraestructura del IMSS y coadyuvar a financiar la operación” del seguro de enfermedades y maternidad. Dicho en cristiano: con el dinero de la vejez de los trabajadores se pagaron las clínicas y las consultas de su juventud.
Hay que decirlo con justicia: una parte de ese dinero se convirtió en hospitales que todavía atienden a millones. Muchos mexicanos nacimos en clínicas del Seguro levantadas, muy probablemente, con el ahorro de alguien que se jubiló en los ochenta. El problema no fue solo en qué se gastó. Se gastó un dinero que ya tenía dueño y fecha de cobro, y nadie pensó en cómo reponerlo. Y aunque se gastó en algo necesario, en un régimen donde la corrupción era la norma, nadie puede creer que esas obras se pagaran sin sobreprecio.
Y no todo fue salud. En los años del desarrollo estabilizador, el IMSS se convirtió en vitrina del régimen. Entre 1959 y 1960, bajo la dirección de Benito Coquet, construyó la Unidad Independencia, al sur de la capital: 2,235 viviendas y 146 millones de pesos, pagados con parte de las reservas acumuladas desde 1950. Levantó teatros, deportivos y guarderías; entre 1958 y 1964 el Seguro Social tuvo hasta su propio programa de teatro. Construyó también el centro vacacional de Oaxtepec, que Coquet llamó “una utopía para los trabajadores”. Con Zedillo, la mitad de esa utopía se concesionó a particulares, y hoy una parte opera como parque acuático de Six Flags.
La dirección del instituto rara vez fue un puesto para médicos. Fue —y es— un trampolín político. Antonio Ortiz Mena salió del IMSS a la Secretaría de Hacienda, donde se quedó doce años. Jesús Reyes Heroles pasó de ahí a Gobernación; Arsenio Farell, a la Secretaría del Trabajo. La costumbre sobrevivió al PRI: por la dirección pasó en 2018 Germán Martínez, expresidente nacional del PAN, y el director actual, Zoé Robledo, es politólogo y abogado. Siempre alguien del agrado del partido en el poder, alguien que ofreció los logros del instituto al gobierno en turno en vez de a sus derechohabientes.
Para comprar paz laboral, el instituto les concedió a sus propios empleados un régimen de retiro mucho más generoso que el de los trabajadores a los que atendía: el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del sindicato, que permitía jubilarse por años de servicio —27 las mujeres y 28 los hombres—, sin edad mínima. Se pagó en buena medida con las cuotas de los derechohabientes, mientras que un empleado común debía esperar, forzosamente, hasta los 60 o 65 años. Y no fue sino hasta las reformas de 2004 y 2008 que se limitó para los trabajadores de nuevo ingreso.
Luego llegó la inflación. En 1987 los precios subieron 159.2 % en un solo año. Lo poco que quedaba de las reservas se derritió. Al mismo tiempo el país empezaba a envejecer: los trabajadores que habían cotizado desde los cuarenta llegaban a la edad de retiro. La bolsa, que durante décadas solo había recibido, empezó a tener que pagar. Y estaba vacía.
Aquí viene la parte incómoda, la que no cabe en un discurso de campaña: aunque nadie hubiera tocado un peso, que lo hicieron, el sistema por sí solo tampoco alcanzaba. La Ley de 1973 prometía pensiones calculadas sobre el salario de los últimos años de trabajo, con apenas 500 semanas de cotización y cuotas bajas. Era un esquema pensado para un país joven y en crecimiento; cuando la pirámide de población empezó a invertirse, las cuentas dejaron de cuadrar. El mal manejo agrandó el hueco, pero no lo abrió él solo.
El diagnóstico de 1995 fue brutal. Aun en un escenario optimista, hacia 2002 los gastos superarían a los ingresos y en 2004 se agotarían las reservas. El déficit actuarial —lo que el sistema debía a futuro sin tener con qué pagarlo— se calculó en 61.4 % del PIB, algo así como 1.12 billones de pesos o 175 mil millones de dólares, en valores de 1995.
La respuesta fue la reforma que entró en vigor el 1 de julio de 1997, con Ernesto Zedillo —priístas arreglando su propio desmadre—. Los trabajadores nuevos ya no tendrían una pensión prometida por el IMSS, sino una cuenta individual administrada por una Afore: lo que ahorres es lo que tendrás. La idea era blindar ese dinero para que ningún gobierno volviera a tocarlo. Pero la reforma no borró la deuda, solo la cambió de dueño. Quienes empezaron a cotizar antes de julio de 1997 conservaron el derecho a jubilarse con la Ley del 73, y esas pensiones ya no salen de una bolsa del IMSS que no existe: las paga el gobierno federal. Aun después de la reforma, el hueco seguía en 44.1 % del PIB.
Esa generación, la de transición, se está jubilando ahora. Por eso el gasto en pensiones no deja de crecer, y por eso aquel renglón del ISR en el recibo de nómina pesa lo que pesa. Es la segunda vez que pagamos. La primera fue la cuota que se les descontó a nuestros padres y abuelos. La segunda es el impuesto que se nos descuenta a nosotros para cubrir lo que se hizo con aquella cuota.
El costo del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) de los propios trabajadores del IMSS representó más del 19 % de todo el gasto del instituto en 2025, según su informe al Ejecutivo y al Congreso. Lo que el IMSS debe a futuro por ese concepto suma 2.36 billones de pesos.
De unos años a la fecha no hay para medicamentos o algodón de curación; la infraestructura deportiva, artística o recreativa funciona apenas para unos cuantos con recursos muy limitados y materiales pagados, nuevamente, por los mismos derechohabientes.
Nadie se llevó el dinero del IMSS en un maletín. Se fue en clínicas necesarias y en unidades habitacionales de exhibición, en teatros, en un centro vacacional que terminó convertido en parque acuático, en jubilaciones privilegiadas, en una inflación que ningún trabajador provocó y también en la corrupción de un régimen que, por poder o dinero, terminó corrompiendo a los representantes patronales y a los de los trabajadores. Ninguna de esas decisiones la tomó quien cotizaba ni quien requería los insumos médicos para salvar vidas, y todas las están pagando ambos.
Hoy el desabasto se ha agravado, por falta de recursos y también por decisiones del propio gobierno federal, que no ha sabido resolverlo. El instituto parece destinado a ser moneda de corriente política. En sus años mozos fue la joya de la corona que cada presidente presumía inaugurando hospitales y centros recreativos, con dinero ajeno; en su madurez es el arma de la oposición y el escudo del gobierno. Ni unos ni otros hablan de los pacientes.
Mientras tanto, en los pasillos del Hospital Morelos, las camillas siguen formadas. Los derechohabientes deben esperar semanas y hasta meses para consultar con un médico especialista y quizá años para una cirugía.
La lección que prometían las Afores, que el ahorro de los trabajadores no se toca, volvió a ponerse a prueba en 2024. Pero esa es otra entrega.
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