Un decreto presidencial de 1952 ordenó conservar y repoblar más de un millón de hectáreas entre Chihuahua y Durango. Siete décadas después, la protección sobrevive en los archivos, pero el río enfrenta pérdida de caudal, sobreexplotación del acuífero, deterioro ecológico y una profunda indefinición institucional.
Investigación especial | HISTORIASMX – Gorki Belisario Rodríguez Ávila
Periodismo del Norte, Periodismo con Carácter
HISTORIASMX. – En buena parte del municipio de Jiménez, el Río Florido ya no se reconoce por el agua, sino por su ausencia.
Su cauce atraviesa el paisaje como una cicatriz ancha, cubierta por arena, vegetación secundaria y recuerdos. Para las generaciones mayores fue un río donde había peces, árboles ribereños, zonas de baño y agua que avanzaba hacia Camargo. Para numerosos habitantes jóvenes, en cambio, es un lecho que sólo revive durante lluvias extraordinarias o cuando se presentan escurrimientos aguas arriba.
La paradoja es mayúscula: la cuenca del Río Florido fue protegida oficialmente por el Gobierno de México desde 1952.
No se trató de una recomendación ni de un proyecto inconcluso. El presidente Miguel Alemán Valdés expidió un decreto que declaró como “Zona Protectora Forestal y de Repoblación la cuenca de alimentación del Río Florido”, con una superficie de 11,090 kilómetros cuadrados, equivalentes a 1,109,000 hectáreas.
La declaratoria incluyó territorios de Durango y Chihuahua y estableció una veda total e indefinida en los montes comprendidos dentro de la cuenca. Su finalidad era conservar la vegetación, contener la erosión y evitar que los sedimentos redujeran la capacidad de las obras hidráulicas y de los distritos de riego.
Setenta y cuatro años después, el decreto plantea una pregunta incómoda: ¿cómo pudo secarse y degradarse una cuenca que oficialmente debía permanecer protegida?
La denominación correcta: no nació como una ANP moderna.
La figura establecida en 1952 no fue denominada originalmente “reserva de la biosfera”, “parque nacional” o “área de protección de flora y fauna”. Esas categorías pertenecen, en buena medida, al sistema moderno desarrollado posteriormente por la legislación ambiental mexicana.
Su nombre jurídico fue:
Zona Protectora Forestal y de Repoblación de la Cuenca de Alimentación del Río Florido.
El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1952, aunque el documento aparece firmado desde el 14 de noviembre de 1951. La norma comprendió:
- Ocampo, Durango.
- Villa Coronado, actualmente Coronado.
- Villa Matamoros, hoy Matamoros.
- Villa López, actualmente López.
- Allende.
- Parral.
- Jiménez.
- Camargo.
El artículo primero estableció una veda forestal total e indefinida. El artículo segundo fijó una extensión de 11,090 kilómetros cuadrados. Los artículos posteriores regularon los aprovechamientos forestales excepcionales, la repoblación y las obligaciones de propietarios y poseedores.
La declaratoria se puede consultar en la edición histórica del Diario Oficial de la Federación del 20 de marzo de 1952 y en la recopilación oficial de decretos federales de áreas naturales protegidas.
Por tanto, decir simplemente que la cuenca fue declarada “Área Natural Protegida” es comprensible desde una perspectiva histórica, pero jurídicamente incompleto. La denominación exacta fue la de una zona protectora forestal, creada bajo la legislación forestal vigente a mediados del siglo XX.
Un decreto pensado para proteger el agua a través del bosque.
El documento de 1952 revela una idea que hoy llamaríamos manejo integral de cuenca: para conservar el agua era indispensable conservar el suelo y la vegetación.
La motivación principal no fue únicamente proteger paisajes o especies. El Gobierno Federal buscaba impedir que la erosión arrastrara tierra, piedras y otros materiales hacia presas, canales y obras de irrigación.
El decreto consideró tres problemas:
- La erosión de los suelos producía grandes cantidades de sedimentos.
- Los sedimentos azolvaban los vasos de almacenamiento.
- La pérdida de vegetación alteraba el funcionamiento hidrológico de la cuenca.
Por ello se ordenó conservar la cubierta vegetal, reconstruirla donde hubiera sido destruida y restablecerla donde hubiese desaparecido.
El principio científico continúa siendo válido. Una cuenca no es solamente el canal por donde circula un río. Es todo el territorio que capta la lluvia y la conduce, superficial o subterráneamente, hacia un mismo cauce.
Cuando las zonas altas pierden bosque, pastizal o matorral en buenas condiciones, disminuye la capacidad del terreno para frenar el agua, infiltrar parte de ella y retener suelo. El escurrimiento se vuelve más violento; aumenta la erosión y se reduce la recarga efectiva.
La protección del Río Florido, por tanto, comenzaba mucho antes de llegar a Jiménez. Iniciaba en las serranías y montes de Durango y el sur de Chihuahua.
De Durango al Río Conchos.
El Río Florido forma parte de la Región Hidrológica 24 Bravo-Conchos. Nace en territorio de Durango y avanza hacia Chihuahua, pasando por una extensa región de sierras, valles agrícolas y zonas semidesérticas.
A lo largo de su sistema recibe o se relaciona con escurrimientos procedentes de Coronado, López, Allende, Matamoros, Parral y Jiménez. Finalmente llega a Camargo, donde desemboca en el Río Conchos.
El Florido no es, entonces, un río aislado. Es uno de los tributarios del Conchos y, por medio de éste, forma parte de la cuenca internacional del Río Bravo.
El estudio hidrológico de Chihuahua elaborado por el INEGI ubica la cuenca del Florido en el sureste del estado. Los documentos oficiales reconocen dentro de ella las unidades hidrológicas Río Florido 1, Río Florido 2, Río Florido 3 y Río Parral, entre otras conexiones regionales. I
Su importancia ha sido también económica. En la parte baja se desarrolló el Distrito de Riego 103 Río Florido, vinculado históricamente con la producción de maíz, trigo, avena, alfalfa, hortalizas y nogal.
Un análisis académico de los distritos de riego de la cuenca del Bravo reportó para el DR-103 una superficie física irrigable de aproximadamente 8,225 hectáreas y una superficie regada cercana a 4,670 hectáreas en el periodo estudiado. Estas cifras pueden cambiar entre ciclos agrícolas, pero muestran el peso productivo que conserva el agua del Florido.
La gran contradicción jurídica.
La revisión documental permite sostener tres conclusiones:
- El decreto de 1952 existió y estableció obligaciones concretas.
- Las recopilaciones ambientales posteriores lo han considerado una zona de protección federal históricamente vigente.
- La Cuenca del Río Florido no aparece con claridad en los inventarios públicos actuales como una ANP moderna administrada activamente por la CONANP.
La página del Gobierno de Chihuahua dedicada a las áreas protegidas de la entidad enumera Cañón de Santa Elena, Campo Verde, Mapimí, Janos, Médanos de Samalayuca, Río Bravo, Tutuaca, Cumbres de Majalca, Basaseachi, Papigochi y Cerro Mohinora, pero no incluye la Cuenca del Río Florido.
Tampoco se localizó, en las fuentes públicas examinadas para este reportaje, un programa de manejo específico, una estructura administrativa propia, zonificación actualizada, consejo asesor, presupuesto o ficha operativa de la CONANP para la zona decretada en 1952.
Esto no significa automáticamente que el decreto haya dejado de producir cualquier efecto jurídico. Tampoco permite afirmar, sin una resolución oficial específica, que haya sido formalmente abrogado.
Lo que evidencia es una fractura entre la protección histórica y la administración ambiental contemporánea.
La zona quedó atrapada entre dos épocas: fue decretada bajo la lógica forestal de mediados del siglo XX, pero no existe evidencia pública suficiente de que se haya recategorizado, delimitado y administrado con los instrumentos que actualmente exige una ANP funcional.
La diferencia es fundamental.
Un decreto, por sí solo, no restaura un cauce. Para que una protección territorial funcione necesita, por lo menos:
- Delimitación cartográfica verificable.
- Programa de manejo.
- Zonificación y reglas claras.
- Personal responsable.
- Vigilancia y sanciones.
- Monitoreo de agua, suelo y biodiversidad.
- Participación de ejidos, propietarios y usuarios.
- Presupuesto de restauración.
- Coordinación entre Durango, Chihuahua, municipios y Federación.
Sin estos componentes, el decreto puede sobrevivir en los archivos mientras el territorio se transforma en sentido contrario a sus objetivos.
Un acuífero con déficit de 167 millones de metros cúbicos.
El indicador más alarmante se encuentra bajo tierra.
La actualización oficial de la Comisión Nacional del Agua para el acuífero Jiménez-Camargo reporta:
- Recarga media estimada: 174.9 millones de metros cúbicos anuales.
- Descarga natural comprometida: 5.5 millones de metros cúbicos.
- Volumen de extracción inscrito: 336.77 millones de metros cúbicos.
- Disponibilidad media anual: –167.37 millones de metros cúbicos.
En otras palabras, los derechos de extracción registrados superan ampliamente la recarga calculada. El déficit oficial es de 167,374,574 metros cúbicos anuales.
La propia Conagua reconoce una limitación preocupante: no existe información piezométrica actual ni histórica suficiente en toda la superficie del acuífero. Debido a esa carencia, parte del balance se obtuvo mediante estimaciones hidrometeorológicas.
La ausencia de información no reduce el problema; lo vuelve más difícil de medir.
El documento calcula que aproximadamente 90.2 % de la lluvia se pierde por evapotranspiración. Sólo alrededor de 5 % del volumen precipitado tendría posibilidades de infiltrarse. En un territorio árido, la recarga es lenta, limitada y extremadamente vulnerable al cambio de uso del suelo.
Los datos completos aparecen en la
Es importante distinguir entre cuenca superficial y acuífero. No son polígonos idénticos, aunque se superponen ampliamente y están conectados. Sin embargo, la sobreexplotación subterránea puede disminuir la descarga de manantiales, reducir los flujos base y desconectar al río de las aguas que antes ayudaban a mantenerlo vivo durante la temporada seca.
La agricultura: sustento y presión hídrica.
El agua del Río Florido permitió la construcción de una economía agrícola en una región donde la lluvia es insuficiente para sostener cultivos intensivos de manera constante.
Miles de familias dependen directa o indirectamente de la agricultura, la ganadería, el transporte, los talleres, la venta de insumos y el comercio que se genera alrededor del campo.
Por eso, reducir el problema a una confrontación entre “productores y ambientalistas” sería superficial.
Los agricultores también padecen el descenso de los niveles del agua: deben perforar más profundo, gastar más electricidad y enfrentar mayor incertidumbre. Cuando un pozo pierde rendimiento, no sólo se afecta una parcela. También se comprometen empleos, créditos, inversiones y el patrimonio acumulado durante generaciones.
Sin embargo, el balance físico impone un límite que ninguna narrativa política puede modificar: no se puede extraer de manera permanente más agua de la que el sistema recupera.
Los cultivos de elevada demanda hídrica, la ampliación de superficies, la baja eficiencia en algunos sistemas de riego, los aprovechamientos irregulares y la falta de medición real de extracciones forman parte del problema.
La solución tampoco consiste únicamente en tecnificar. El riego eficiente puede ahorrar agua por hectárea, pero si el volumen ahorrado se utiliza para ampliar la superficie sembrada, el consumo total puede mantenerse o aumentar. A este fenómeno se le conoce como efecto rebote.
La tecnificación debe acompañarse de límites volumétricos verificables, medidores, vigilancia y recuperación gradual del balance hídrico.
El río que perdió a sus peces.
El deterioro no se mide sólo en metros cúbicos. También puede observarse en la desaparición local de comunidades acuáticas.
La cuenca del Conchos posee una biodiversidad excepcional. Aproximadamente un tercio de sus peces nativos son endémicos de esa región hidrológica. Entre ellos existen especies cuya distribución mundial se limita a manantiales, ríos o pequeños sistemas acuáticos de Chihuahua.
En el Río Florido se documentaron históricamente especies como:
- Campostoma ornatum.
- Cyprinodon eximius.
- Dionda episcopa.
- Etheostoma australe.
- Notropis chihuahua.
- Etheostoma pottsii.
- Astyanax mexicanus.
- Diversas gambusias, ciprínidos y peces del fondo.
Los estudios históricos citados en la propuesta de caudal ecológico para la cuenca del Conchos señalan que en Jiménez se registraron alrededor de 20 especies a comienzos del siglo XX. Décadas después, los muestreos mostraron un colapso de la comunidad de peces asociado con la desaparición del agua permanente.
Debe utilizarse la expresión correcta: muchas de estas especies no necesariamente se extinguieron del planeta, pero sí pudieron sufrir una extirpación local, es decir, desaparecer de determinados tramos del Florido.
Cuando un río deja de correr, se pierde algo más que agua. Desaparecen refugios, zonas de reproducción, corredores biológicos, vegetación ribereña, insectos acuáticos, alimento para aves y conexiones genéticas entre poblaciones.
Calidad del agua: una advertencia que viene de décadas atrás.
La poca agua disponible tampoco está libre de riesgos.
Una investigación encabezada por científicos del INIFAP analizó muestras tomadas en 2002 en varios puntos del sistema del Conchos. En el sitio correspondiente al Río Florido se encontraron:
- 1,425 miligramos por litro de sólidos disueltos totales.
- Turbidez superior a los valores de referencia utilizados por el estudio.
- Un pH cercano a 9.4.
- Presencia de coliformes totales y fecales.
Los investigadores señalaron que el pH elevado podía afectar organismos acuáticos y que la concentración de sólidos disueltos era problemática para cultivos sensibles.
Estos resultados son históricos y no deben presentarse como una medición actual. Precisamente por eso revelan otra carencia: se requiere una red moderna y permanente que informe qué entra al río, en qué cantidad, con qué calidad y desde qué fuentes.
Entre las presiones potenciales se encuentran:
- Descargas urbanas sin tratamiento suficiente.
- Drenajes agrícolas.
- Fertilizantes y plaguicidas.
- Residuos pecuarios.
- Actividades mineras en la cuenca alta.
- Extracción de materiales del cauce.
- Tiraderos de residuos.
- Azolve y pérdida de vegetación ribereña.
Un río también es memoria.
Para Jiménez, López, Coronado, Allende, Matamoros y Camargo, el Florido no es una abstracción cartográfica.
El río formó parte de caminos, huertas, labores agrícolas, relatos familiares, paseos y paisajes cotidianos. En sus márgenes se construyeron relaciones comunitarias y formas de interpretar el territorio.
La pérdida de un río ocurre lentamente. Primero disminuyen los flujos. Después se hacen más prolongados los periodos secos. Los peces quedan aislados en pozas. Los álamos y sauces dejan de renovarse. El cauce se convierte en camino, basurero o banco de materiales. Finalmente, la memoria del agua comienza a parecer exagerada para quienes nunca la vieron correr.
Ese proceso tiene un costo emocional difícil de cuantificar. Cuando desaparece un río, una comunidad pierde parte de su geografía íntima.
Por eso la restauración no puede diseñarse exclusivamente desde oficinas. Debe recuperar los testimonios y el conocimiento de agricultores, habitantes ribereños, ejidatarios, investigadores, pueblos originarios y personas mayores que conocieron el funcionamiento histórico del cauce.
¿Convertirlo formalmente en una ANP moderna resolvería el problema?
Una recategorización o actualización jurídica podría ser importante, pero no sería suficiente.
Una nueva declaratoria permitiría:
- Precisar el polígono con tecnología cartográfica actual.
- Definir zonas de conservación, restauración y aprovechamiento.
- Elaborar un programa de manejo.
- Establecer responsabilidades institucionales.
- Acceder a programas y recursos ambientales.
- Proteger zonas de recarga, manantiales y corredores ribereños.
- Someter ciertos proyectos a mayores controles.
Pero una ANP no puede sustituir la aplicación de la Ley de Aguas Nacionales ni resolver por sí sola el déficit del acuífero. El agua subterránea, los derechos de extracción, las descargas, los distritos de riego y los ecosistemas requieren instrumentos coordinados.
Tampoco debería imponerse una protección sin consulta social. Las comunidades y propietarios necesitan conocer con exactitud qué actividades serían permitidas, cuáles se restringirían, qué apoyos existirían y cómo se compensarían los costos de restauración.
La conservación efectiva debe construirse con la población, no contra ella.
Lo que exigiría una recuperación real.
La Cuenca del Río Florido necesita algo más ambicioso que una campaña de reforestación aislada.
1. Aclaración jurídica oficial
Semarnat, CONANP y Conafor deben informar públicamente:
- Si el decreto de 1952 conserva plena vigencia.
- Qué dependencia es responsable de aplicarlo.
- Si existe un polígono digital oficial.
- Si fue recategorizado.
- Por qué no aparece claramente en los inventarios contemporáneos.
- Qué autorizaciones forestales y ambientales se han expedido dentro de la zona.
2. Programa integral de manejo
El programa debe abarcar bosques, pastizales, matorrales, cauces, zonas agrícolas y acuíferos. También debe incorporar cambio climático, sequía, incendios, erosión, ganadería y restauración ribereña.
3. Medición completa del agua
Se necesitan piezómetros, estaciones hidrométricas y medidores confiables en pozos. No es posible administrar responsablemente un acuífero sin conocer la evolución de sus niveles y las extracciones reales.
4. Recuperación de un caudal ecológico
El objetivo no debe ser únicamente transportar agua para riego. Un río necesita un volumen mínimo, con temporalidad y calidad adecuadas, para sostener sus procesos ecológicos.
5. Protección de las zonas de recarga
La restauración debe comenzar en las partes altas mediante conservación de suelo, manejo del pastoreo, control de erosión, recuperación de vegetación nativa y obras correctamente diseñadas para retener humedad.
6. Saneamiento y vigilancia
Deben identificarse descargas urbanas, agrícolas, pecuarias e industriales; revisar plantas de tratamiento y controlar la extracción de arena, grava y otros materiales.
7. Transición productiva acompañada
Los productores requieren financiamiento, asistencia técnica e incentivos para reducir el consumo total, recuperar suelos y sustituir gradualmente prácticas incompatibles con la disponibilidad del agua.
La sentencia de los documentos.
En 1952, el Gobierno Federal escribió que era indispensable conservar la cubierta vegetal de la cuenca para asegurar su funcionamiento y máximo rendimiento.
La advertencia no era simbólica. Describía una relación física: sin vegetación y suelo sano, la cuenca pierde capacidad para regular el agua; sin control de extracciones, el acuífero se vacía; sin caudal, el río deja de sostener vida.
Hoy, los documentos oficiales muestran que el acuífero Jiménez-Camargo presenta un déficit anual superior a 167 millones de metros cúbicos. Los estudios biológicos describen una severa pérdida de peces en tramos del Florido. Los inventarios actuales no permiten identificar una administración activa equivalente al enorme territorio protegido en 1952.
La historia del Río Florido demuestra que declarar un territorio no equivale a conservarlo.
El decreto permanece como una promesa escrita sobre más de un millón de hectáreas. El cauce seco, en cambio, representa el resultado visible de décadas sin una gestión proporcional al tamaño del problema.
Recuperar el Florido no significa necesariamente devolverlo de inmediato al río abundante de los relatos antiguos. Significa impedir que el deterioro continúe, proteger los manantiales y tramos que sobreviven, reducir el déficit, restaurar la cuenca alta y garantizar que el agua tenga también un destino ecológico.
Porque un río no desaparece el día que deja de llover.
Desaparece cuando una sociedad acepta que su cauce vacío es normal.
