El titular de la SSPC aclaró que los agentes municipales que integraban el primer círculo de seguridad de Carlos Manzo no han sido arrestados; la FGR aún analiza si atraerá el caso.
HISTORIASMX.– El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que los policías municipales que fungían como escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, no se encuentran detenidos por ninguna autoridad, aunque sí han sido llamados a declarar en repetidas ocasiones como parte de las investigaciones por el asesinato del edil.
Durante su participación en “La Mañanera del Pueblo”, este 11 de noviembre, García Harfuch precisó que los elementos permanecen localizados y bajo vigilancia, colaborando con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, responsable de los peritajes y la revisión de las pruebas balísticas relacionadas con el caso.
“(Los escoltas de Carlos Manzo) no están detenidos, pero están localizados y están yendo a declarar cada que se les llame”, afirmó el titular de la SSPC.
Investigación continúa bajo jurisdicción estatal
El funcionario federal explicó que, por el momento, la investigación sigue a cargo de las autoridades judiciales de Michoacán, aunque no se descarta que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda atraer el caso en los próximos días.
“Ayer tuve una llamada con el fiscal general de la República. Hoy vamos a tener también una valoración sobre el caso y ya el fiscal, en su momento, informará si se atrae o no. Pero depende de la propia FGR”, añadió García Harfuch.
Posible “crimen político” no está descartado
Respecto al móvil del asesinato, el titular de la SSPC indicó que la principal línea de investigación apunta a la delincuencia organizada, aunque subrayó que no se descarta un posible crimen político dadas las circunstancias en que ocurrió el ataque contra el presidente municipal.
Guardia Nacional refuerza la protección a funcionarios
En la misma conferencia, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalló que la Guardia Nacional mantiene desplegados 70 escoltas y más de 450 elementos operativos bajo un nuevo protocolo que exige solicitud formal, análisis de riesgo y evaluación del nivel de amenaza antes de otorgar protección a funcionarios públicos.
Estos mecanismos, implementados desde octubre de 2024, forman parte de una estrategia integral de seguridad ante la creciente vulnerabilidad de servidores públicos y alcaldes en estados con alta incidencia de violencia.