El propio Gobierno de Chihuahua reconoce que el estado atrae cada año aproximadamente 90 mil personas migrantes jornaleras, distribuidas en corredores agrícolas como Jiménez, Camargo, Delicias, Cuauhtémoc, Guerrero, Ojinaga, Casas Grandes y otros municipios productores. También reconoce que muchas de estas personas enfrentan vulnerabilidad por su condición migrante e indígena.
HISTORIASMX.– En Chihuahua, detrás de la producción agrícola intensiva —chile, cebolla, manzana, nuez, hortalizas y otros cultivos de temporada— existe una realidad que pocas veces aparece en los discursos oficiales: miles de jornaleros migrantes, en su mayoría indígenas, llegan cada año a trabajar en condiciones de alta vulnerabilidad, y junto con ellos viajan niñas, niños y adolescentes que terminan expuestos al trabajo infantil, al rezago educativo, a riesgos de salud y a una cadena laboral donde la necesidad se convierte en negocio.
El propio Gobierno de Chihuahua reconoce que el estado atrae cada año aproximadamente 90 mil personas migrantes jornaleras, distribuidas en corredores agrícolas como Jiménez, Camargo, Delicias, Cuauhtémoc, Guerrero, Ojinaga, Casas Grandes y otros municipios productores. También reconoce que muchas de estas personas enfrentan vulnerabilidad por su condición migrante e indígena.
El campo necesita manos; la pobreza las empuja.
El problema no inicia en el surco. Empieza mucho antes: en comunidades indígenas con pobreza histórica, marginación, falta de empleo, desplazamiento, inseguridad, pérdida de territorio y ausencia de servicios básicos. En Chihuahua, los municipios serranos con mayor presencia indígena —como Guachochi, Batopilas, Balleza, Urique, Guadalupe y Calvo, Carichí y otros— también aparecen ligados a rezagos sociales profundos.
La ruta es conocida: familias rarámuri y de otros pueblos indígenas salen de sus comunidades hacia zonas agrícolas. Algunos viajan desde la Sierra Tarahumara; otros llegan de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz o Durango. En los campos encuentran empleo, pero muchas veces sin estabilidad, sin seguridad social plena, sin vivienda digna, sin servicios suficientes y bajo esquemas donde el patrón controla no solo el trabajo, sino también el transporte, el alojamiento y hasta el acceso a productos básicos.
Ahí aparece el abuso: cuando la pobreza obliga, el patrón no necesita encadenar a nadie. Basta con pagar poco, contratar por temporada, tolerar campamentos precarios, permitir intermediarios y mirar hacia otro lado cuando niñas y niños acompañan a sus padres al campo.
Niñas y niños entre surcos.
El trabajo infantil agrícola no siempre se presenta como explotación abierta. Muchas veces se disfraza de “ayuda familiar”, “costumbre”, “necesidad” o “aprendizaje”. Pero cuando una niña o un niño deja la escuela, carga costales, pizca chile, recolecta nuez, camina entre agroquímicos o permanece largas jornadas bajo el sol, no se trata de tradición: se trata de una violación a sus derechos.
CONEVAL documentó que en México, en 2019, había 485 mil 310 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años trabajando como subordinados agrícolas, de los cuales 360 mil 091 eran jornaleros agrícolas.
En Chihuahua, la Secretaría del Trabajo estatal informó que en inspecciones laborales se detectaron 660 niñas, niños y adolescentes trabajando en actividades no permitidas, a quienes se les retiró de forma inmediata y se dio vista a autoridades competentes.
También se reportó que, tras 171 inspecciones en campos agrícolas, fueron detectados 47 adolescentes, en su mayoría indígenas, realizando labores de cosecha.
La explotación no siempre es visible.
El abuso contra jornaleros indígenas no siempre se ve como violencia directa. A veces se expresa en pagos incompletos, jornadas extensas, falta de contratos, transporte inseguro, viviendas improvisadas, tiendas dentro de los campos, ausencia de guarderías, falta de acceso a salud, barreras de idioma y desconocimiento de derechos laborales.
El Gobierno estatal ha reconocido que las obligaciones principales recaen en los patrones: vivienda digna, servicios, transporte seguro, salario justo, pago puntual, cero descuentos indebidos y educación para evitar trabajo infantil.
Pero el hecho de que esas obligaciones deban recordarse públicamente revela el fondo del problema: si el Estado tiene que insistir en que no se explote a niñas, niños y jornaleros, es porque la explotación existe, se repite y ha sido tolerada.
Agricultores que se benefician de la desigualdad.
La crítica debe ser clara: parte del modelo agrícola intensivo en Chihuahua se sostiene sobre mano de obra barata, migrante e indígena. No todos los productores incurren en abusos, pero el sistema sí genera condiciones para que algunos agricultores se aprovechen de familias que llegan sin redes de apoyo, sin defensa jurídica, sin documentos laborales claros y con hambre de trabajo.
El mecanismo es simple: la familia jornalera necesita ingreso inmediato; el patrón necesita mano de obra abundante y flexible. En medio, niñas y niños quedan atrapados. Si no hay guarderías, van al campo. Si no hay escuela cercana, abandonan clases. Si el pago del adulto no alcanza, los hijos “ayudan”. Si nadie inspecciona, la práctica continúa.
La escuela que no llega al surco.
Uno de los daños más profundos es educativo. Investigaciones sobre niñez jornalera migrante en Cuauhtémoc, Chihuahua, han documentado la desatención de esta población y las estrategias que docentes deben improvisar para atender a niñas y niños que se mueven conforme al calendario agrícola.
El problema no es solo que trabajen. Es que el campo les roba continuidad escolar. Una niña puede iniciar clases en una comunidad serrana, migrar con su familia a Cuauhtémoc, después a Delicias o Camargo, y terminar el ciclo sin papeles, sin seguimiento y sin aprendizaje suficiente. Cada cosecha corta una parte de su infancia.
Salud, hacinamiento y riesgo.
La vulnerabilidad jornalera también es sanitaria. El propio Plan de Respuesta Rápida ante Sarampión en jornaleros de Chihuahua identifica la movilidad agrícola, la presencia indígena y la concentración en campos como factores que requieren atención especial. El documento plantea fortalecer la corresponsabilidad patronal en salud, incluir educación migrante y acercar servicios preventivos, especialmente a menores.
Esto confirma que la niñez jornalera no enfrenta un solo riesgo. Enfrenta varios al mismo tiempo: trabajo, pobreza, enfermedad, rezago escolar, discriminación, barreras lingüísticas y dependencia económica del patrón.
Una deuda del Estado y del mercado.
La explotación de jornaleros y menores indígenas no puede explicarse únicamente como responsabilidad de familias pobres. Esa lectura es injusta. Las familias no migran por gusto ni llevan a sus hijos al campo porque quieran negarles la escuela. Lo hacen porque el sistema no les ofrece alternativas reales.
La responsabilidad es compartida, pero no igual. Los patrones tienen obligación legal de respetar derechos laborales. El Estado tiene obligación de inspeccionar, sancionar y garantizar escuela, salud, albergue, transporte y protección infantil. Las empresas compradoras y cadenas comerciales también deben revisar de dónde viene lo que venden.
Cuando un producto agrícola llega limpio al mercado, pero fue cosechado con manos infantiles o bajo condiciones indignas, el problema no está en la tierra: está en la cadena económica que prefiere no preguntar.
Conclusión.
Chihuahua no puede presumir productividad agrícola mientras tolere que niñas y niños indígenas crezcan entre surcos, sin escuela plena, sin protección y con jornadas que no corresponden a su edad. La niñez jornalera no es “ayuda familiar”: es una señal de abandono institucional y abuso económico.
El campo necesita trabajadores, sí. Pero no puede necesitarlos a costa de la infancia. La producción agrícola debe sostenerse con salarios dignos, inspección real, vivienda adecuada, transporte seguro, acceso a salud, educación migrante funcional y sanciones ejemplares contra quienes utilicen mano de obra infantil.
Porque detrás de cada cosecha también hay una pregunta incómoda:
¿quién pagó realmente el precio de lo que llega a la mesa?
