Entre la expansión de la industria maquiladora, la precariedad urbana, el poder patriarcal y la impunidad institucional, Ciudad Juárez se convirtió en el territorio donde cientos de mujeres fueron asesinadas o desaparecidas y donde las familias tuvieron que luchar durante décadas para que sus nombres no fueran borrados
HISTORIASMX. – El fenómeno no nació de una sola mente criminal ni puede explicarse únicamente por la presencia del narcotráfico. Sus raíces atraviesan un modelo económico que necesitó trabajadoras jóvenes y baratas, una ciudad que creció sin servicios suficientes, una cultura que castigó la autonomía de las mujeres y un sistema político que durante años respondió con indiferencia, prejuicios y deficientes investigaciones.
En Ciudad Juárez, la frontera no es solamente una línea divisoria entre México y Estados Unidos. Es también una herida económica, política y humana. De un lado se levantan plantas industriales conectadas con cadenas internacionales de producción; del otro, colonias construidas lentamente sobre el desierto, caminos sin iluminación, viviendas alejadas de los centros de trabajo y familias que dependen de un salario que con frecuencia apenas alcanza para sobrevivir. En medio de ese paisaje crecieron las historias de mujeres jóvenes que salieron de sus casas para dirigirse a una maquiladora, una escuela, una tienda, una entrevista laboral o una parada de transporte y nunca regresaron.
Desde 1993 comenzó a documentarse en Ciudad Juárez un aumento significativo de asesinatos y desapariciones de mujeres. Aunque antes de esa fecha ya existía violencia de género, fue durante la década de 1990 cuando la repetición de casos, las características de algunas víctimas, la violencia sexual observada en determinados crímenes, el abandono de cuerpos en zonas periféricas y las irregularidades de las investigaciones hicieron visible la existencia de un problema que no podía entenderse como una simple acumulación de delitos aislados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que desde 1993 se había producido un incremento de homicidios de mujeres en un contexto influido por una cultura de discriminación y violencia contra ellas.
La expresión “las muertas de Juárez” se extendió en los medios de comunicación y en la conversación pública, pero también ha sido criticada porque puede reducir a las víctimas a una categoría colectiva, anónima y pasiva. Detrás de cada expediente existía una persona con nombre, familia, historia, trabajo, aspiraciones y relaciones comunitarias. Eran niñas, estudiantes, empleadas domésticas, trabajadoras de maquiladora, comerciantes y jóvenes migrantes. Algunas fueron víctimas de violencia sexual y homicidio; otras fueron asesinadas por parejas, exparejas, familiares, conocidos, integrantes de grupos criminales o agresores diversos. No todos los casos tuvieron el mismo móvil, la misma mecánica ni los mismos responsables.
Precisamente por eso, cualquier investigación seria debe evitar la idea de que todos los asesinatos fueron cometidos por un solo asesino serial, una única organización o una conspiración uniforme. El fenómeno fue heterogéneo. Lo que unificó muchos de los casos no fue necesariamente la identidad de los agresores, sino el contexto social que permitió que numerosas mujeres fueran vistas como cuerpos disponibles, sustituibles o de menor valor, y que después de su desaparición las autoridades reaccionaran tarde, investigaran deficientemente o trasladaran la responsabilidad hacia las propias víctimas.
Una ciudad industrial levantada a gran velocidad.
Para comprender lo ocurrido es necesario observar la transformación económica de Ciudad Juárez. El Programa de Industrialización Fronteriza fue impulsado en México durante la década de 1960 y en 1966 se formalizó la instalación del primer parque industrial maquilador en Ciudad Juárez. Este modelo buscaba atraer empresas extranjeras mediante ventajas fiscales, cercanía con Estados Unidos, costos reducidos de transportación y disponibilidad de mano de obra barata.
La maquiladora modificó profundamente la vida fronteriza. Miles de personas provenientes de comunidades rurales y ciudades del interior del país llegaron a Juárez buscando empleo. El crecimiento industrial atrajo población a una velocidad que la infraestructura urbana no siempre pudo acompañar. Entre 1980 y 1990, Ciudad Juárez registró una tasa anual de crecimiento poblacional de alrededor de 3.8%, vinculada en buena medida al desarrollo de la industria de exportación.
El problema no fue la existencia del empleo industrial por sí misma. Para muchas familias, la maquiladora representó una fuente real de ingresos, independencia y movilidad. Para numerosas mujeres significó la posibilidad de recibir un salario propio y abandonar la dependencia económica absoluta respecto de padres, esposos o parejas. Sin embargo, ese proceso ocurrió dentro de una ciudad profundamente desigual, donde el crecimiento de la producción no estuvo acompañado, en la misma proporción, por inversión suficiente en vivienda digna, transporte seguro, escuelas, centros de cuidado infantil, alumbrado, salud, espacios públicos y seguridad comunitaria.
De esta manera apareció una contradicción central: Juárez podía integrarse con enorme eficiencia a las cadenas productivas internacionales y, al mismo tiempo, mostrar enormes dificultades para garantizar que una trabajadora llegara con seguridad de su vivienda a la fábrica. La mercancía podía cruzar la frontera bajo horarios, controles y rutas cuidadosamente organizadas, mientras las personas que la producían recorrían terrenos baldíos, calles oscuras y largas distancias para tomar un autobús.
Para 2004, el municipio de Juárez concentraba 287 de los 404 establecimientos maquiladores registrados en el estado de Chihuahua y la mayor parte del personal ocupado, las remuneraciones, los insumos y el valor agregado estatal de esa industria. La cifra muestra la magnitud alcanzada por el modelo productivo en la ciudad.
El capitalismo fronterizo y la utilización de la mano de obra femenina.
La relación entre capitalismo y feminicidio debe explicarse con cuidado. Sería incorrecto afirmar que una fábrica produce directamente asesinos o que toda empresa maquiladora es responsable penal de los crímenes. Sin embargo, también sería insuficiente ignorar que el modelo económico estableció condiciones materiales que aumentaron la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población.
La industria maquiladora encontró en las mujeres jóvenes una fuerza laboral considerada adecuada para tareas repetitivas, delicadas y de ensamblaje. Durante años se difundieron discursos empresariales y culturales que presentaban a las trabajadoras como más pacientes, obedientes, cuidadosas o fáciles de disciplinar. Detrás de esas supuestas cualidades femeninas existía una práctica económica: contratar personal con salarios reducidos, escasa organización sindical independiente y pocas posibilidades de ascenso.
Documentos históricos del INEGI señalan que el modelo maquilador se desarrolló aprovechando las llamadas ventajas competitivas de México, entre ellas una mano de obra barata que en sus primeras etapas era mayoritariamente femenina.
El capitalismo fronterizo no solamente utilizó la fuerza física de las trabajadoras. También organizó su tiempo, su movilidad y su vida cotidiana. Los turnos tempranos o nocturnos obligaban a muchas mujeres a salir de casa antes del amanecer o regresar después de oscurecer. Las viviendas económicas se ubicaban con frecuencia en zonas alejadas. El transporte podía dejarlas a una distancia considerable de sus hogares. Las madres trabajadoras enfrentaban además una segunda jornada de cuidados, alimentación y trabajo doméstico.
Este esquema no explica por sí solo la decisión de un agresor de secuestrar, violar o asesinar. Pero sí ayuda a comprender cómo miles de mujeres jóvenes quedaron expuestas diariamente en una ciudad cuya prioridad fue facilitar la circulación de insumos y productos, mientras la seguridad del trayecto laboral permaneció en un plano secundario.
La lógica capitalista también produjo una valoración desigual de los cuerpos. Para la industria, cada trabajadora podía ser reemplazada cuando enfermaba, envejecía, se embarazaba, protestaba o no alcanzaba una cuota de producción. Esa condición de reemplazabilidad laboral no equivale automáticamente a una autorización social para matar. No obstante, contribuyó a construir un entorno en el que las mujeres pobres fueron tratadas como población excedente: necesarias para producir, pero prescindibles cuando exigían derechos, protección o justicia.
La autonomía femenina frente al orden patriarcal.
La incorporación masiva de mujeres al trabajo asalariado también alteró las relaciones tradicionales de género. Muchas jóvenes comenzaron a obtener ingresos propios, desplazarse solas por la ciudad, establecer nuevas redes sociales y participar de espacios que antes eran considerados predominantemente masculinos. Ese cambio representó una forma de autonomía, pero también provocó reacciones de control.
En una cultura patriarcal, la mujer que sale de casa, trabaja de noche, utiliza transporte público, tiene amistades, administra su salario o decide sobre su vida afectiva puede ser percibida como alguien que desafía las jerarquías familiares y sexuales. Parte de la violencia contra las trabajadoras de Juárez debe entenderse como una reacción dirigida a castigar esa autonomía.
El patriarcado no es únicamente una colección de ideas conservadoras. Es una organización social que distribuye poder, autoridad y credibilidad de manera desigual. Dentro de esta estructura, el hombre puede ser considerado dueño, protector o vigilante del cuerpo femenino, mientras la mujer es juzgada por su ropa, horario, empleo, comportamiento sexual o forma de relacionarse.
Cuando una joven desaparecía, algunas autoridades preguntaban primero si tenía novio, si frecuentaba bares, si se había ido voluntariamente o si llevaba una “doble vida”. Esas preguntas podían ser pertinentes dentro de una investigación completa, pero con frecuencia fueron empleadas como prejuicios para retrasar la búsqueda. El estereotipo convertía la desaparición en una supuesta decisión personal y disminuía la urgencia institucional.
De esta forma, el mismo sistema que incorporó a las mujeres como trabajadoras no necesariamente las reconoció plenamente como ciudadanas con derecho a la seguridad, la movilidad y la justicia. Se aceptaba su presencia en la línea de producción, pero se cuestionaba su presencia en la calle. Se aprovechaba su salario dentro de la economía familiar, pero se sospechaba de su independencia.
Feminicidio sexual sistémico.
La investigadora Julia Monárrez Fragoso, una de las principales especialistas en la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, desarrolló la categoría de feminicidio sexual sistémico para analizar una parte específica de los asesinatos. Su planteamiento no busca decir que todos los homicidios de mujeres tengan idénticas características. Se concentra en aquellos casos donde mujeres y niñas son secuestradas, sometidas a violencia sexual, torturadas, asesinadas y posteriormente abandonadas en espacios que comunican desprecio y dominio.
El concepto subraya que la violencia no termina en el agresor individual. Se vuelve sistémica cuando las instituciones, los prejuicios sociales, la impunidad y la desigualdad permiten su repetición. En ese sentido, el asesinato de una mujer no es solamente la acción privada de un criminal, sino la expresión extrema de relaciones de poder en las que el cuerpo femenino es utilizado para demostrar control. Estudios antropológicos mexicanos han retomado el trabajo de Monárrez para explicar que el feminicidio se produce dentro de estructuras hegemónicas masculinizadas, atravesadas por relaciones sociales, políticas, culturales y económicas.
La antropóloga Rita Laura Segato ha propuesto una interpretación complementaria: ciertas formas de violencia sexual no persiguen únicamente un placer individual, sino que funcionan como actos expresivos de poder. El cuerpo de la víctima se convierte en un territorio donde el agresor demuestra dominio ante otros hombres, organizaciones o comunidades. Desde esta perspectiva, el crimen comunica que existe alguien con capacidad de apropiarse de una vida, destruirla y permanecer impune.
Aplicada a Ciudad Juárez, esta lectura permite entender por qué algunos cuerpos fueron abandonados en áreas abiertas, terrenos desérticos, lotes baldíos o zonas periféricas. El ocultamiento imperfecto puede interpretarse no solamente como descuido, sino como mensaje: el cuerpo violentado aparece dentro del paisaje urbano como prueba de que alguien puede ejercer crueldad sin ser detenido.
La frontera como espacio de excepción.
Ciudad Juárez reúne múltiples formas de movilidad: trabajadoras que llegan desde otros estados, migrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos, población flotante, transportistas, comerciantes, integrantes de redes criminales y empresas que operan a escala internacional. Esta movilidad dificulta la construcción de vínculos comunitarios estables y puede facilitar el anonimato de agresores.
La frontera también genera una percepción de provisionalidad. Muchas personas llegan pensando que permanecerán poco tiempo. Otras cambian continuamente de vivienda, empleo o colonia. Las familias extensas quedan lejos y las redes de cuidado se debilitan. Las mujeres migrantes pueden carecer de familiares cercanos que detecten rápidamente una ausencia, conozcan sus rutas o presionen a las autoridades.
Diversos estudios han observado que muchas víctimas provenían de otros territorios y residían en cinturones urbanos empobrecidos. Su condición de mujeres jóvenes, trabajadoras, migrantes y habitantes de zonas periféricas produjo vulnerabilidades acumuladas.
No se trata de afirmar que ser pobre, migrante o trabajadora provoque la violencia. Se trata de reconocer que esas condiciones influyen en la exposición al riesgo y, sobre todo, en la respuesta institucional. Una joven de una familia con recursos económicos puede disponer de vehículo, teléfono, contactos políticos, abogados y acceso inmediato a medios de comunicación. Una trabajadora que vive en la periferia depende del transporte colectivo, recorre zonas sin vigilancia y su familia enfrenta mayores obstáculos para organizar búsquedas, pagar traslados o mantener una presión pública constante.
El Campo Algodonero: cuando la negligencia llegó a un tribunal internacional.
Uno de los episodios más emblemáticos ocurrió en noviembre de 2001, cuando fueron localizados los cuerpos de varias mujeres en un terreno conocido como Campo Algodonero. Entre ellas se encontraban Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.
Sus desapariciones estuvieron rodeadas de retrasos, respuestas estereotipadas y deficiencias en la actuación de las autoridades. Las familias denunciaron que no se activaron búsquedas inmediatas y que se insinuó que las jóvenes se habían ido voluntariamente con algún novio o que regresarían por su cuenta.
El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2009 condenó al Estado mexicano. El tribunal determinó que las víctimas fueron asesinadas por razones de género dentro de un contexto reconocido de violencia contra las mujeres y concluyó que existieron fallas graves en la prevención, búsqueda, investigación y trato a los familiares. La Corte señaló, además, que el Estado conocía desde años antes el patrón de violencia y no había desarrollado una política general adecuada de prevención, a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había advertido sobre la situación desde 1998.
La sentencia fue histórica porque dejó de considerar los asesinatos como asuntos exclusivamente individuales. Reconoció que la discriminación estructural condicionó la respuesta institucional. Esto significa que el Estado no fue señalado como autor material de todos los crímenes, sino como responsable internacional por incumplir obligaciones de protección, investigación y acceso a la justicia en los casos analizados.
El Campo Algodonero convirtió el dolor de tres familias en un precedente jurídico continental. Pero también demostró que para obtener una respuesta, las madres tuvieron que recorrer un camino que las autoridades debieron haber iniciado desde el primer momento.
La impunidad como condición de repetición.
La impunidad no consiste solamente en la ausencia de sentencias. Comienza mucho antes: cuando una denuncia no se recibe con seriedad, cuando se pierde evidencia, cuando no se protege una escena, cuando se confunden restos, cuando se fabrican culpables, cuando se descartan líneas de investigación o cuando una familia recibe información contradictoria.
En varios casos de Juárez se denunciaron irregularidades en la identificación de cuerpos, contaminación de evidencias, confesiones obtenidas bajo tortura, investigaciones fragmentadas y rivalidades entre corporaciones. Cada error debilitó las posibilidades de conocer la verdad y envió un mensaje peligroso a los agresores: matar a una mujer pobre podía tener pocas consecuencias.
La impunidad actúa como una pedagogía social. Enseña a los criminales que el castigo es improbable; enseña a la comunidad que denunciar puede ser inútil; enseña a las familias que deberán investigar por su cuenta; y enseña a las mujeres que el espacio público no les pertenece por completo.
Por eso el feminicidio no puede analizarse exclusivamente desde la personalidad del asesino. También debe estudiarse desde la capacidad o incapacidad de las instituciones. Un agresor encuentra condiciones para repetir cuando sabe que la policía no coordina expedientes, que una desaparición no será buscada inmediatamente o que los prejuicios reducirán la presión pública.
La responsabilidad política.
Durante años, distintos gobiernos intentaron reducir el problema mediante explicaciones aisladas. Se habló de asesinos seriales, delincuentes extranjeros, pandillas, narcotraficantes, violencia familiar, trata de personas o conductas de riesgo de las víctimas. Algunas de estas líneas pudieron tener relación con casos concretos, pero utilizadas como explicación general permitieron dispersar la responsabilidad.
La fragmentación administrativa también tuvo efectos. Autoridades municipales, estatales y federales podían atribuirse mutuamente la falta de resultados. Los cambios de gobierno significaban cambios de funcionarios, criterios, bases de datos y prioridades. Las familias debían contar nuevamente sus historias ante cada administración.
El Estado tenía conocimiento documentado del peligro. La Corte Interamericana consideró particularmente relevante que para 1998 ya existía una advertencia formal sobre el patrón de violencia. Desde ese momento, la ausencia de una política integral de prevención representó un incumplimiento de sus obligaciones generales.
La responsabilidad política también se manifestó en el lenguaje. Al sugerir que las víctimas se habían expuesto, las instituciones desplazaban la atención desde el agresor hacia la conducta de la mujer. En lugar de preguntar quién la secuestró o por qué no existía transporte seguro, se preguntaba por qué estaba fuera de casa, cómo vestía o con quién se relacionaba.
Ese discurso no fue accidental. Permitió proteger la imagen de una ciudad industrial en expansión. Reconocer que las trabajadoras estaban desapareciendo en las rutas de una economía global significaba cuestionar el modelo de desarrollo, la planeación urbana, las condiciones laborales y la capacidad del gobierno para proteger a la población.
La ciudad que producía riqueza, pero distribuía inseguridad.
La industria maquiladora generó empleos, exportaciones, infraestructura productiva y beneficios económicos. Sin embargo, esos beneficios no se distribuyeron de manera equitativa. Las empresas contaban con parques industriales, energía, aduanas, vías de comunicación y mecanismos especializados para asegurar la producción. Muchas colonias obreras, en cambio, crecieron con servicios incompletos.
Esta diferencia permite hablar de violencia estructural. No se trata de una violencia ejercida por una sola persona, sino de un orden que expone de manera desigual a la población. Cuando una trabajadora debe levantarse de madrugada, caminar por un terreno sin luz, utilizar transporte irregular y regresar a una casa situada en la periferia, su vulnerabilidad no es producto de una decisión personal aislada. Es consecuencia de cómo fue organizada la ciudad.
El capitalismo global convirtió a Juárez en una plataforma estratégica. Las piezas ensambladas podían llegar con puntualidad a los mercados internacionales, mientras las demandas de seguridad de las trabajadoras avanzaban lentamente entre oficinas públicas. La contradicción fue brutal: el sistema conocía con precisión el número de componentes fabricados por hora, pero durante años no pudo establecer con la misma claridad cuántas mujeres habían desaparecido, dónde fueron vistas por última vez o cuántos expedientes estaban relacionados.
Este contraste no significa que las empresas sean automáticamente responsables de todos los delitos cometidos fuera de sus instalaciones. Significa que un modelo de desarrollo debe ser evaluado no solamente por el valor de sus exportaciones, sino por la calidad de vida que produce alrededor de ellas.
El narcotráfico y las economías ilegales.
Ciudad Juárez también fue escenario de disputas entre organizaciones criminales, tráfico de drogas, armas, personas y mercancías. La posición geográfica de la ciudad la convirtió en una plaza estratégica para el cruce hacia Estados Unidos. Esta economía ilegal coexistió con la economía formal y, en ocasiones, penetró instituciones policiales, empresariales y políticas.
Sin embargo, atribuir todos los feminicidios al narcotráfico también sería una simplificación. La violencia contra las mujeres comenzó a visibilizarse con fuerza antes de la etapa más intensa de la guerra entre cárteles. Además, muchos asesinatos fueron cometidos en contextos familiares, domésticos, sexuales o interpersonales.
Lo que sí produjo el crimen organizado fue un entorno de mayor disponibilidad de armas, corrupción, control territorial y normalización de la muerte. En una ciudad donde los homicidios se multiplican, los asesinatos de mujeres pueden quedar ocultos dentro de las estadísticas generales. La violencia extrema genera una especie de ruido social que dificulta distinguir los patrones específicos de género.
La Corte Interamericana tomó en cuenta que en Ciudad Juárez operaban diversas formas de delincuencia organizada, pero no redujo el caso Campo Algodonero a ese factor. Su análisis destacó también la discriminación, los estereotipos y la falta de debida diligencia estatal.
Madres que se convirtieron en investigadoras.
Frente a la indiferencia institucional, las madres y familiares de las víctimas comenzaron a organizarse. Recorrieron terrenos, pegaron fotografías, reunieron expedientes, hablaron con periodistas, buscaron testigos y acudieron a organismos internacionales. Muchas aprendieron términos jurídicos, procedimientos forenses y mecanismos de derechos humanos que nunca imaginaron necesitar.
Su lucha transformó el significado político de la maternidad. Dejaron de ser consideradas únicamente mujeres en duelo y se convirtieron en actoras sociales. Cuestionaron a gobernadores, procuradores, policías, fiscales y presidentes. Su presencia pública rompió el intento de reducir cada asesinato a una tragedia privada.
Las cruces rosas colocadas en distintos puntos de Juárez se convirtieron en símbolos de memoria y denuncia. No representan únicamente la muerte. Representan la negativa de las familias a permitir que la ciudad continúe como si nada hubiera ocurrido.
El activismo de las madres obligó a instituciones nacionales e internacionales a reconocer el feminicidio como problema de derechos humanos. La atención internacional generada por los asesinatos de Ciudad Juárez durante la década de 1990 impulsó debates regionales sobre la recopilación de datos, la tipificación penal, la investigación con perspectiva de género y la responsabilidad estatal.
El peligro de convertir el dolor en espectáculo.
La cobertura periodística también merece una revisión crítica. Durante años algunos medios reprodujeron fotografías de cuerpos, detalles sexuales y descripciones morbosas. Esa exposición pudo aumentar la audiencia, pero deshumanizó a las víctimas y provocó un sufrimiento adicional a las familias.
El periodismo tiene la obligación de narrar la violencia sin reproducirla. Esto implica nombrar a las víctimas con dignidad, evitar la difusión innecesaria de imágenes, contrastar versiones oficiales, investigar las condiciones estructurales y no presentar rumores como hechos.
También debe evitarse la romantización del misterio. El caso de Juárez ha dado origen a novelas, películas, canciones y documentales. Algunas obras contribuyeron a visibilizar el fenómeno; otras construyeron una ciudad casi sobrenatural donde las mujeres desaparecen por fuerzas inexplicables. Esa idea puede resultar atractiva narrativamente, pero oculta las responsabilidades concretas.
No existe una maldición en Ciudad Juárez. Existen decisiones económicas, omisiones gubernamentales, agresores, redes criminales, prejuicios, desigualdades y expedientes mal integrados. Presentar el feminicidio como un enigma imposible de resolver beneficia a quienes no quieren que se investigue.
No todas las mujeres enfrentan el mismo riesgo.
El género fue central, pero no actuó solo. La clase social, la edad, la condición migratoria, el lugar de residencia y el tipo de empleo influyeron en la vulnerabilidad. Las víctimas más visibles dentro del patrón de feminicidio sexual sistémico fueron con frecuencia jóvenes de sectores populares.
Esta realidad obliga a hablar de desigualdades cruzadas. Una mujer pobre no solamente enfrenta violencia por ser mujer; enfrenta además transporte deficiente, dependencia laboral, menor acceso a abogados, viviendas alejadas y poca influencia política. Una adolescente migrante puede desconocer la ciudad y carecer de redes familiares. Una trabajadora con turnos nocturnos debe circular en horarios de mayor riesgo.
El capitalismo no distribuye únicamente ingresos. También distribuye tiempo, distancia, protección y exposición. Quienes poseen automóvil pueden evitar determinados trayectos. Quienes tienen recursos viven en zonas iluminadas y vigiladas. Quienes tienen conexiones institucionales pueden activar rápidamente una búsqueda. La inseguridad tiene, por lo tanto, una dimensión de clase.
¿Qué dio origen al fenómeno?
No existe una causa única. El feminicidio en Ciudad Juárez surgió de la interacción de varios procesos históricos.
Primero, una cultura patriarcal que normalizó el control y la violencia contra las mujeres. Segundo, un modelo industrial que demandó grandes cantidades de mano de obra joven y barata, sin garantizar que el desarrollo urbano y social creciera al mismo ritmo. Tercero, una migración acelerada que expandió la ciudad hacia zonas periféricas. Cuarto, condiciones laborales y de transporte que obligaron a miles de mujeres a circular en horarios y espacios peligrosos. Quinto, la presencia de delincuencia organizada y economías ilegales. Sexto, la corrupción y debilidad de las corporaciones encargadas de investigar. Séptimo, la impunidad, que permitió la repetición. Y finalmente, una respuesta política que durante años minimizó los hechos y estigmatizó a las víctimas.
El capitalismo aparece en este análisis no como un asesino con rostro propio, sino como un sistema que organizó la ciudad alrededor de la rentabilidad. La producción recibió infraestructura prioritaria; la reproducción de la vida —el cuidado, la vivienda, el transporte, la seguridad y el descanso— fue transferida a las familias, especialmente a las mujeres.
El sistema político, por su parte, protegió durante mucho tiempo la narrativa del progreso industrial. Reconocer que el crecimiento económico convivía con desapariciones, pobreza urbana y violencia sexual significaba admitir que el éxito exportador tenía un costo humano.
La estructura social completó el círculo al tolerar discursos que dividían a las mujeres entre respetables e imprudentes, domésticas y callejeras, obedientes y rebeldes. Esa clasificación permitió que algunas vidas fueran consideradas menos dignas de protección.
Una herida que no pertenece solamente al pasado.
Hablar de las muertas de Juárez como un capítulo cerrado sería un error. Aunque los patrones de violencia se han transformado y las instituciones cuentan hoy con protocolos, fiscalías especializadas y marcos legales que no existían al inicio de la década de 1990, las desapariciones y asesinatos de mujeres siguen siendo una preocupación en México.
El legado de Juárez puede observarse en la incorporación del feminicidio al lenguaje jurídico y social, en los protocolos de búsqueda inmediata, en la exigencia de investigar con perspectiva de género y en el principio de que una autoridad no debe esperar 24, 48 o 72 horas para iniciar la búsqueda de una persona desaparecida.
Sin embargo, una ley no garantiza por sí misma la justicia. Los protocolos requieren personal capacitado, laboratorios, bases de datos compatibles, policías confiables, ministerios públicos sin prejuicios, transporte seguro, alumbrado y prevención comunitaria. También requieren modificar las condiciones laborales que continúan exponiendo a mujeres en trayectos nocturnos y zonas industriales alejadas.
Lo que tendría que cambiar.
La respuesta no puede limitarse a aumentar patrullas después de cada crimen. Debe intervenir las causas estructurales. Las empresas necesitan asumir obligaciones respecto del transporte, los horarios, la seguridad del entorno laboral y la prevención del acoso. Los gobiernos deben garantizar infraestructura urbana en las colonias obreras, fortalecer la búsqueda inmediata y profesionalizar las investigaciones.
También es necesario construir sistemas públicos de cuidado. Muchas mujeres aceptan turnos riesgosos porque deben sostener solas a sus familias o porque no existen opciones de guardería cercanas. La autonomía económica no puede depender de sacrificar la seguridad física.
En el terreno judicial, cada muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente con perspectiva de género, sin descartar otras líneas. Los funcionarios que pierdan evidencia, retrasen búsquedas o discriminen a las familias deben enfrentar consecuencias administrativas y penales.
La prevención exige trabajar también con hombres y jóvenes. No basta con decirles a las mujeres que no salgan, no caminen solas o modifiquen su ropa. Es necesario desmontar las ideas de propiedad, control, superioridad y castigo que alimentan la violencia masculina.
La ciudad vista desde sus ausencias.
Ciudad Juárez no puede reducirse a sus feminicidios. Es una ciudad de obreros, migrantes, comerciantes, estudiantes, artistas, activistas y familias que han construido comunidad en condiciones difíciles. Pero tampoco puede hablarse de su progreso sin mirar las ausencias.
Cada cruz colocada en el desierto cuestiona el significado del desarrollo. Pregunta para quién se construye una ciudad, quién obtiene sus beneficios y quién paga sus costos. Pregunta por qué fue posible garantizar la puntualidad de una cadena internacional de producción, pero no la seguridad de las mujeres que la sostenían.
Las víctimas de Juárez no murieron por una sola causa. Fueron alcanzadas por agresores concretos dentro de un territorio organizado por desigualdades profundas. En sus historias se cruzaron el poder masculino, la pobreza, la migración, el trabajo industrial, la delincuencia, la indiferencia y la impunidad.
El mayor riesgo es mirar los asesinatos como una tragedia distante, perteneciente a otra época. El fenómeno de Juárez demostró que cuando una sociedad considera reemplazable a su población trabajadora, cuando la política protege primero la imagen del progreso, cuando el Estado sospecha de las víctimas y cuando la justicia llega solamente después de años de presión, la violencia deja de ser excepcional y se convierte en parte de la estructura.
Las madres comprendieron esa realidad antes que muchas instituciones. Por eso buscaron en el desierto, caminaron por oficinas, aprendieron leyes y llevaron los nombres de sus hijas hasta tribunales internacionales. Su lucha obligó al país a pronunciar una palabra que durante años se quiso evitar: feminicidio.
Nombrarlo no devuelve la vida. Pero impide que el crimen sea presentado como accidente, misterio o destino. Nombrarlo permite observar la responsabilidad del agresor, la omisión de la autoridad y el orden económico y cultural que decidió que algunas mujeres podían producir riqueza sin recibir, a cambio, la protección elemental de regresar vivas a casa.
