El aumento de los costos de vivienda, los empleos informales, los bajos ingresos y la limitada movilidad social han convertido la independencia económica en una meta cada vez más distante para millones de jóvenes. Aunque el problema suele presentarse como una falta individual de esfuerzo, la evidencia muestra que está profundamente relacionado con la estructura productiva, la desigualdad heredada y un modelo económico que durante décadas privilegió la competitividad basada en salarios reducidos y protección laboral limitada.
HISTORIASMX. – En México existe una generación que ha crecido escuchando que estudiar, trabajar duro, aprender otro idioma, emprender y “echarle ganas” serían suficientes para alcanzar una vida estable. Sin embargo, para millones de jóvenes, esa promesa no se ha cumplido. Muchos han cursado más años de escuela que sus padres, manejan tecnologías que antes no existían, desempeñan dos o tres actividades al mismo tiempo y permanecen conectados a un mercado laboral global; pese a ello, siguen sin poder independizarse, comprar una vivienda, sostener una familia o construir un ahorro que les permita enfrentar una enfermedad, una pérdida de empleo o la llegada de la vejez. No se trata simplemente de una generación impaciente ni de jóvenes que rechacen el trabajo. Se trata de personas que entraron a la edad adulta en un país donde tener empleo ya no garantiza salir de la pobreza y donde el esfuerzo individual tropieza constantemente con barreras económicas acumuladas durante décadas.
La imagen cotidiana se repite en las grandes ciudades y en los municipios pequeños: jóvenes profesionistas que viven con sus padres porque su salario no cubre una renta; trabajadores de plataformas digitales que recorren las calles sin seguridad social; recién egresados a quienes se les exige experiencia para obtener un primer empleo; mujeres jóvenes que abandonan oportunidades laborales para encargarse de los cuidados familiares; empleados que encadenan contratos temporales sin generar antigüedad; vendedores, diseñadores, periodistas, repartidores, técnicos y comerciantes que deben convertir cada hora disponible en una posible fuente de ingreso. La vida juvenil comienza así bajo una contradicción profunda: nunca se había hablado tanto de emprendimiento, libertad financiera y éxito personal, pero pocas veces habían sido tan frágiles las condiciones materiales para conseguirlos.
Un país con empleo, pero sin suficiente seguridad económica.
Las estadísticas oficiales ayudan a comprender por qué la baja tasa de desempleo no significa necesariamente bienestar. En marzo de 2026, México registró una tasa de desocupación de apenas 2.4 por ciento. Vista de manera aislada, la cifra podría sugerir que prácticamente toda persona que desea trabajar encuentra una ocupación. Sin embargo, en el mismo mes, 54.8 por ciento de la población ocupada trabajaba en condiciones de informalidad, mientras que 39.6 por ciento se encontraba en condiciones críticas de ocupación, indicador relacionado con jornadas e ingresos insuficientes o desproporcionados. Además, 4.8 millones de personas estaban disponibles para trabajar, aunque no habían realizado una búsqueda activa y, por lo tanto, no aparecían dentro de la tasa tradicional de desempleo.
Esto significa que el problema mexicano no es únicamente la falta absoluta de trabajo, sino la calidad de los empleos disponibles. Una persona puede aparecer estadísticamente como ocupada aunque trabaje unas cuantas horas, venda mercancía por su cuenta, ayude en un negocio familiar sin recibir salario o se desempeñe sin contrato, prestaciones ni estabilidad. Para un joven que inicia su vida laboral, esta diferencia es determinante. Tener una ocupación no garantiza acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social, crédito para vivienda, vacaciones pagadas, aguinaldo, ahorro para el retiro, indemnización por despido o la posibilidad de demostrar ingresos constantes ante una institución bancaria.
El propio INEGI reportó que en marzo de 2026 había alrededor de 33 millones de personas ocupadas en la informalidad. También señaló que casi 90 por ciento de quienes se encontraban desempleados contaba con estudios de secundaria completa o con un nivel educativo superior. Esto ayuda a desmontar la idea de que estudiar basta automáticamente para encontrar un espacio laboral estable. La educación continúa siendo una herramienta fundamental de movilidad, pero su capacidad transformadora disminuye cuando el aparato productivo no genera suficientes empleos de calidad para absorber a quienes egresan.
Los jóvenes enfrentan este escenario desde el primer empleo. Un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad, elaborado con información laboral disponible en 2022, encontró que cerca de la mitad de los jóvenes ocupados trabajaba entre 35 y 48 horas semanales y que 44.9 por ciento recibía como máximo poco más de cinco mil pesos mensuales en los valores utilizados por el estudio. Aunque los montos nominales han cambiado con el incremento de los salarios mínimos, la estructura descrita sigue siendo relevante: una proporción considerable de jóvenes comienza su trayectoria en los segmentos de menor remuneración, informalidad y escasas prestaciones.
El primer empleo no es un episodio aislado. Puede determinar la trayectoria salarial de los años siguientes. Un joven que comienza en la informalidad tendrá menos posibilidades de acreditar experiencia formal, cotizar para una vivienda, acumular semanas para una pensión o construir una red profesional sólida. La precariedad inicial puede convertirse en una cadena: trabajo inestable, menor acceso al crédito, imposibilidad de independizarse, postergación de la maternidad o paternidad, dependencia económica prolongada y una vulnerabilidad permanente frente a cualquier emergencia.
Trabajar y seguir siendo pobre.
La contradicción más severa del mercado laboral mexicano se expresa en la pobreza laboral: personas que, aun trabajando, no obtienen ingresos suficientes para comprar la canasta alimentaria para todos los integrantes de su hogar. Al cierre de 2024, 35.4 por ciento de la población mexicana se encontraba en esa condición. En las zonas rurales, el porcentaje alcanzó 50.7 por ciento, es decir, más de la mitad de la población rural vivía en hogares cuyo ingreso laboral no bastaba para adquirir los alimentos indispensables.
Esta realidad afecta especialmente a los jóvenes de comunidades pequeñas, regiones agrícolas, pueblos indígenas y zonas periféricas. En esos territorios, las opciones suelen concentrarse en jornales temporales, comercio informal, actividades extractivas, servicios mal pagados o migración. El joven rural no solamente compite por un empleo; también enfrenta distancias, transporte insuficiente, conectividad limitada, falta de universidades cercanas y mercados laborales reducidos. En muchas comunidades del norte, centro y sur del país, salir adelante implica irse: desplazarse a una ciudad fronteriza, a una zona industrial, a un destino turístico o a Estados Unidos.
La migración, observada desde la antropología, no es únicamente una decisión económica. Representa una ruptura biográfica. Quien migra deja redes familiares, fiestas, vínculos comunitarios, formas de hablar, paisajes y memorias. Las desigualdades territoriales convierten la movilidad geográfica en una condición para buscar movilidad social. La persona joven debe abandonar su lugar para aspirar a una vida que su comunidad no puede ofrecerle, mientras las regiones de origen pierden población, capacidades técnicas y proyectos futuros.
CONEVAL ha documentado además que la desigualdad del ingreso laboral permanece elevada. Durante el tercer trimestre de 2024, el ingreso laboral del 20 por ciento con mayores recursos aumentó proporcionalmente más que el del 20 por ciento con menores ingresos, mientras el coeficiente de Gini laboral se mantuvo alrededor de 0.50, nivel que refleja una distribución profundamente desigual. La economía puede crecer y los ingresos promedio pueden mejorar, pero los beneficios no se distribuyen de manera uniforme. Algunos sectores avanzan con rapidez, mientras otros apenas consiguen mantenerse.
El origen familiar sigue pesando demasiado.
La narrativa del mérito supone que todas las personas parten desde una línea semejante y que el resultado dependerá principalmente de sus decisiones. La realidad mexicana es distinta. Un joven nacido en un hogar con recursos puede estudiar sin trabajar, aprender idiomas, utilizar una computadora propia, realizar prácticas profesionales sin salario, mudarse a otra ciudad, recibir apoyo para iniciar un negocio o esperar varios meses hasta encontrar un empleo acorde con su formación. Otro joven, nacido en un hogar pobre, puede abandonar la escuela para contribuir al gasto familiar, aceptar inmediatamente cualquier ocupación, endeudarse para transportarse o carecer de contactos que le permitan ingresar a determinados sectores.
En ambos casos puede existir esfuerzo, pero el esfuerzo se realiza sobre plataformas completamente diferentes. La movilidad social no depende solamente del talento. También está determinada por el territorio, el género, el origen étnico, la calidad de la escuela, el patrimonio familiar, la alimentación durante la infancia, la estabilidad del hogar, el acceso a servicios de salud y las redes de apoyo. Una persona no hereda únicamente dinero o propiedades; hereda tiempo, seguridad, contactos, expectativas y margen para equivocarse.
Este último elemento resulta decisivo. Los jóvenes de familias con patrimonio pueden intentar un emprendimiento y fracasar sin quedar en la calle. Quienes viven al día no tienen esa posibilidad. Para ellos, una mala decisión económica puede significar dejar de pagar la renta, suspender los estudios o no comprar medicamentos. El discurso del emprendimiento suele celebrar el riesgo, pero rara vez reconoce que la capacidad de arriesgar también es un privilegio.
La vivienda: una puerta que se fue cerrando.
Durante buena parte del siglo XX, el acceso a una vivienda representó uno de los principales símbolos de progreso familiar. La casa no era solamente un inmueble: constituía un ahorro, una protección frente a la vejez, un espacio para criar hijos y un patrimonio que podía heredarse. Para numerosos jóvenes actuales, esa posibilidad se ha vuelto remota. Las viviendas se encarecieron en múltiples ciudades, mientras los ingresos laborales crecieron con menor velocidad durante largos periodos. Al mismo tiempo, muchos empleos informales no permiten cotizar ante el Infonavit ni demostrar estabilidad para obtener una hipoteca.
Como consecuencia, la edad de salida del hogar familiar se posterga. Algunas personas comparten vivienda con desconocidos; otras regresan con sus padres después de una separación, un despido o una enfermedad. Este fenómeno suele interpretarse como falta de madurez, pero con frecuencia constituye una estrategia racional de supervivencia. No independizarse permite compartir gastos de renta, agua, electricidad, alimentación y cuidados.
El hogar multigeneracional no es necesariamente negativo. En la cultura mexicana ha existido históricamente una fuerte vida familiar y comunitaria. El problema surge cuando la convivencia deja de ser una elección y se convierte en la única alternativa posible. Un adulto joven puede amar a su familia y, al mismo tiempo, experimentar frustración por no disponer de privacidad, autonomía o espacio para construir su propio proyecto.
La crisis de vivienda también transforma las relaciones afectivas. Parejas que desean vivir juntas retrasan la decisión; otras permanecen en relaciones conflictivas porque ninguna de las partes puede pagar una renta por separado. La maternidad y la paternidad se aplazan no necesariamente por rechazo a formar una familia, sino por temor a no poder ofrecer estabilidad. De esta manera, los precios de la vivienda, los salarios y la informalidad terminan influyendo en decisiones íntimas que suelen presentarse como meramente personales.
¿Qué tiene que ver el neoliberalismo?
Para analizar el problema con seriedad es necesario evitar dos simplificaciones. La primera consiste en culpar de toda dificultad económica a una sola doctrina. La segunda es negar que las decisiones tomadas durante el periodo de reformas neoliberales hayan transformado profundamente el mercado laboral y la distribución de la riqueza.
En términos generales, el neoliberalismo mexicano se asocia con las reformas iniciadas desde la década de 1980: apertura comercial acelerada, privatización de empresas públicas, desregulación, reducción de la intervención económica directa del Estado, disciplina fiscal, fortalecimiento del mercado como mecanismo de asignación y una estrategia exportadora estrechamente vinculada con Estados Unidos. Algunas de estas medidas permitieron modernizar industrias, atraer inversión, expandir las exportaciones y controlar desequilibrios macroeconómicos. Sin embargo, sus beneficios convivieron con costos sociales importantes: debilitamiento de ciertos sectores productivos nacionales, menor capacidad de negociación laboral, dependencia externa, persistencia de salarios reducidos e insuficiente construcción de un sistema universal de protección social.
Un estudio publicado en la Revista de la CEPAL señala que México presentó durante varias décadas una de las estructuras salariales más débiles de la región, bajo crecimiento del empleo de calidad y un largo estancamiento salarial. El análisis vincula estos resultados con el modelo económico y laboral aplicado durante el periodo de hegemonía neoliberal, así como con la dependencia estructural de la economía estadounidense. También sostiene que, mientras varios países latinoamericanos redujeron con mayor intensidad la desigualdad durante determinados periodos, México mostró avances limitados e incluso episodios de deterioro distributivo.
La estrategia de competitividad mexicana descansó durante años, en buena medida, en ofrecer costos laborales relativamente bajos. Esto permitió atraer manufactura y mantener exportaciones, pero también creó un límite: si el atractivo del país depende parcialmente de que el trabajo sea barato, aumentar de forma sostenida los salarios se vuelve una tensión estructural. El trabajador es visto simultáneamente como productor y como costo. Desde la perspectiva empresarial se busca productividad; desde la vida cotidiana, el joven necesita que esa productividad se convierta en salario, vivienda, descanso y seguridad.
Las reformas laborales y productivas también promovieron una cultura de flexibilidad. En teoría, la flexibilidad permite que las empresas se adapten a los cambios. En la práctica, para numerosos trabajadores significó contratos temporales, subcontratación, rotación, disponibilidad permanente y transferencia de riesgos desde la empresa hacia el individuo. El joven debe pagar su teléfono, computadora, automóvil, gasolina, conexión a internet o equipo de protección para poder trabajar. En las plataformas digitales, incluso la herramienta laboral puede ser propiedad del trabajador, mientras el algoritmo decide tarifas, recorridos y acceso a pedidos.
Capitalismo y responsabilidad individual.
El capitalismo no es una estructura única ni funciona de la misma manera en todos los países. Existen economías capitalistas con amplios sistemas de bienestar, sindicatos fuertes, servicios públicos universales y regulación laboral robusta. Por ello, el problema mexicano no puede reducirse a la existencia del mercado o de la propiedad privada. La cuestión central es qué tipo de capitalismo se construyó, cómo se reparten sus ganancias, quién asume los riesgos y qué derechos sociales están garantizados fuera del empleo.
En México, buena parte de la protección social sigue vinculada al trabajo formal. Quien consigue un empleo estable puede acceder a servicios médicos, crédito de vivienda, pensión y otras prestaciones. Quien trabaja en la informalidad queda parcialmente excluido. Esto crea una ciudadanía económica dividida: personas protegidas y personas que deben resolver individualmente su salud, vivienda, retiro y periodos de desempleo.
La cultura contemporánea refuerza esa individualización. Las redes sociales presentan la riqueza como resultado visible de hábitos, disciplina, mentalidad y consumo inteligente. Se habla de levantarse temprano, invertir, emprender, evitar gastos pequeños y abandonar la “mentalidad de pobreza”. Algunos de estos consejos pueden resultar útiles, pero se vuelven dañinos cuando ocultan las condiciones estructurales. Ninguna aplicación de finanzas personales compensa por sí sola un salario insuficiente. Ninguna rutina matutina elimina la desigualdad educativa. Ningún curso de emprendimiento sustituye el acceso al crédito, la seguridad pública, la infraestructura o un mercado interno sólido.
El sistema no solamente exige trabajar: exige interpretar cualquier fracaso como una deficiencia personal. Si el joven no compra casa, se le acusa de gastar demasiado. Si no encuentra empleo, se le dice que no se capacitó. Si rechaza una jornada abusiva, se le considera poco comprometido. Si se agota, se le recomienda administrar mejor su tiempo. Así, problemas colectivos son convertidos en culpas privadas.
La precariedad entra en la mente.
La inseguridad económica no termina cuando concluye la jornada laboral. Acompaña a la persona hasta su casa, interrumpe el sueño, modifica la alimentación y deteriora las relaciones. El trabajador precario no sabe únicamente cuánto ganará; tampoco sabe si tendrá trabajo la próxima semana, si podrá pagar una consulta, si su motocicleta resistirá otro mes o si un accidente destruirá el pequeño equilibrio construido.
Desde la salud pública, el empleo precario ha sido relacionado con consecuencias adversas para la salud mental, especialmente en poblaciones que ya enfrentan pobreza, discriminación o desigualdad de género. El Instituto Nacional de Salud Pública ha señalado que los empleos informales y precarios suelen incluir riesgos físicos y psicosociales, escasa protección y condiciones que afectan con mayor intensidad a grupos vulnerables.
La ansiedad económica puede manifestarse como irritabilidad, insomnio, dificultad para concentrarse, miedo constante, agotamiento y sensación de fracaso. No toda preocupación financiera constituye un trastorno clínico, pero la exposición prolongada a la incertidumbre deteriora el bienestar. Una persona que vive al día permanece en estado de alerta: calcula cada gasto, anticipa emergencias y posterga necesidades. El cerebro no descansa porque el peligro económico no desaparece.
La depresión también puede adquirir una dimensión social. Cuando el joven comprueba que sus estudios no se traducen en oportunidades, que su salario no le permite avanzar y que las metas culturalmente esperadas se vuelven inalcanzables, puede perder la sensación de control sobre su futuro. El problema deja de ser solamente “no tengo suficiente dinero” y se convierte en “nada de lo que haga cambiará mi vida”. Esa percepción de impotencia es particularmente corrosiva.
México enfrenta además un problema serio de conducta suicida entre adolescentes y jóvenes. El Instituto Nacional de Salud Pública ha advertido que el suicidio constituye una de las principales causas de muerte en estos grupos y que su comprensión exige estudiar no únicamente factores individuales, sino también los entornos familiares, escolares, comunitarios y sociales. Sería incorrecto afirmar que la precariedad económica causa por sí sola el suicidio, pues se trata de un fenómeno complejo y multifactorial. Sin embargo, el desempleo, las deudas, la exclusión, la violencia, la falta de expectativas y la ausencia de redes de apoyo pueden incrementar la vulnerabilidad.
La salud mental no puede separarse de las condiciones materiales. Dar terapia a una persona puede ayudarle a desarrollar herramientas emocionales, pero no elimina automáticamente una deuda, una jornada de doce horas o la amenaza de desalojo. La respuesta requiere atención psicológica accesible y, al mismo tiempo, políticas laborales, educativas, comunitarias y de vivienda.
El cansancio de no llegar nunca.
Entre los jóvenes se ha extendido una sensación difícil de medir, pero visible en conversaciones, memes, renuncias y proyectos aplazados: la impresión de correr sin avanzar. Cada aumento salarial es absorbido por la renta, los alimentos, el transporte o las deudas. Cada ascenso trae más responsabilidades y disponibilidad. Cada nueva habilidad se convierte rápidamente en un requisito mínimo.
La antropología permite observar que el sufrimiento económico también se expresa mediante símbolos y relatos. Las generaciones anteriores hablaban de “hacer patrimonio”; muchos jóvenes hablan de “sobrevivir el mes”. Antes, el éxito adulto se representaba mediante una casa, un automóvil y una familia; ahora, algunas personas consideran un logro poder pagar terapia, vivir sin compañeros de cuarto o tomarse unos días de descanso.
También aparece el humor como mecanismo de resistencia. En redes sociales se ironiza sobre no tener jubilación, no poder comprar vivienda o depender económicamente de los padres. El chiste permite compartir una angustia colectiva sin admitir directamente el miedo. Reírse de la precariedad es, en ocasiones, una forma de soportarla.
El consumo digital ofrece una vía de escape, pero también intensifica la comparación. El joven observa viajes, automóviles, cuerpos perfectos, departamentos y carreras exitosas cuidadosamente seleccionados para la pantalla. Aunque sabe que muchas imágenes son parciales o financiadas mediante deuda, la comparación opera emocionalmente. La vida propia, ordinaria y fatigada, parece insuficiente frente a una sucesión interminable de éxitos ajenos.
Las mujeres jóvenes enfrentan una doble barrera.
Las dificultades económicas no afectan de la misma manera a todas las juventudes. Las mujeres enfrentan brechas salariales, mayor carga de cuidados, interrupciones laborales y riesgos de violencia. En 2026, la tasa de participación económica femenina era considerablemente menor que la masculina: 45.1 por ciento frente a 73.8 por ciento en marzo. La diferencia no puede interpretarse solamente como una preferencia individual. Millones de mujeres permanecen fuera del mercado laboral o aceptan empleos flexibles porque se encargan de niñas, niños, adultos mayores, personas enfermas y tareas domésticas.
El trabajo de cuidados sostiene la economía, aunque con frecuencia no recibe salario. Una joven que deja de trabajar para cuidar a un familiar pierde ingreso presente, experiencia, antigüedad, cotización y posibilidades futuras de promoción. El costo se acumula a lo largo de la vida.
Las mujeres jóvenes también pueden quedar atrapadas en empleos informales que ofrecen horarios aparentemente compatibles con el cuidado, pero sin prestaciones ni estabilidad. El resultado es una autonomía económica limitada. Salir de una relación violenta, mudarse de vivienda o criar a un hijo se vuelve más difícil cuando no existe ingreso propio suficiente.
No existe una sola juventud mexicana.
Hablar de “los jóvenes” como un grupo homogéneo oculta enormes diferencias. No vive la misma realidad un profesionista urbano con apoyo familiar que un jornalero indígena, una madre adolescente, un repartidor de plataforma, una estudiante fronteriza o un joven con discapacidad. La clase social, el color de piel, el idioma, el género y el territorio determinan los caminos disponibles.
Para los jóvenes indígenas, la discriminación puede sumarse a la falta de servicios y empleos. Para quienes viven en regiones violentas, el crimen organizado puede aparecer como empleador, autoridad informal o amenaza. Para la juventud rural, la tierra, el agua y el clima condicionan la economía familiar. Para quienes habitan ciudades turísticas o industriales, el crecimiento económico puede coexistir con rentas imposibles y trabajos temporales.
La precariedad también se territorializa. En ciertas ciudades existen universidades y empresas, pero la vivienda es inaccesible. En otros municipios la vivienda puede ser menos costosa, pero no hay empleo especializado. El joven queda obligado a elegir entre permanecer cerca de su familia con pocas oportunidades o migrar a un lugar donde el salario será absorbido por el costo de vida.
Lo que sí ha cambiado y lo que sigue pendiente.
Sería inexacto afirmar que durante los últimos años no se han registrado avances. La recuperación del salario mínimo, el aumento de vacaciones, la regulación de la subcontratación y diversos programas sociales han mejorado las condiciones de una parte de la población. La pobreza laboral disminuyó en comparación con algunos años previos, aunque permanecía en 35.4 por ciento al cierre de 2024.
El problema es que décadas de rezago no desaparecen mediante una sola política. El incremento salarial puede perder fuerza ante la inflación y la vivienda cara. La formalización laboral requiere empresas productivas, inspección, seguridad social y simplificación administrativa. La educación superior necesita vincularse con una estrategia industrial y científica que genere plazas adecuadas. No basta formar ingenieros, médicos, comunicadores o investigadores si el país no crea espacios suficientes para aprovechar su conocimiento.
También debe reconocerse que el neoliberalismo no explica por sí solo todos los problemas actuales. La corrupción, la inseguridad, la baja productividad, la debilidad institucional, la concentración de mercados, la desigualdad regional, la violencia y las deficiencias educativas tienen dinámicas propias. Sin embargo, todas ellas interactúan con un modelo que normalizó la idea de competir mediante bajos costos laborales y que dejó gran parte de la protección social atada a un empleo formal al que millones de personas no logran acceder.
¿Qué tendría que cambiar?
Una política nacional para la juventud tendría que ir más allá de becas aisladas o discursos motivacionales. México necesita construir una economía donde trabajar permita vivir. Eso implica impulsar empleos formales, elevar la productividad sin sacrificar derechos, fortalecer la negociación colectiva, hacer accesible la seguridad social para trabajadores independientes y plataformas, ampliar la vivienda pública y social, regular prácticas abusivas y garantizar servicios universales de salud, cuidados y educación.
La vivienda requiere una estrategia especial. No basta otorgar créditos cuando los salarios no permiten pagarlos o cuando el suelo urbano se encuentra sujeto a especulación. Se necesitan alquileres accesibles, vivienda cercana al empleo, transporte público y recuperación de espacios urbanos. Un joven no debería dedicar la mayor parte de su ingreso a vivir lejos del lugar donde trabaja.
La salud mental debe integrarse en universidades, centros laborales y atención primaria. Los servicios psicológicos no pueden ser un lujo reservado a quien puede pagar consultas privadas. También se necesita prevenir el agotamiento mediante jornadas razonables, descanso, certidumbre laboral y redes comunitarias. La terapia ayuda, pero una sociedad saludable requiere condiciones de vida que no enfermen permanentemente a sus integrantes.
La educación, por su parte, debe dejar de prometer automáticamente movilidad y comenzar a ofrecer herramientas reales para contextos complejos. Orientación laboral, formación técnica, pensamiento crítico, educación financiera, prácticas remuneradas y vinculación productiva deben formar parte de una transición acompañada hacia el empleo.
Una generación que no ha dejado de esforzarse.
La juventud mexicana no carece de aspiraciones. Lo que falta son estructuras capaces de convertir esas aspiraciones en proyectos viables. Los jóvenes estudian, migran, trabajan, venden, conducen, programan, cuidan, crean contenidos, reparan máquinas, atienden negocios y sostienen hogares. Su cansancio no proviene de no hacer nada, sino de hacer demasiado y recibir demasiado poco a cambio.
Durante años se les dijo que el futuro dependía exclusivamente de ellos. Pero ningún futuro se construye únicamente con decisiones individuales. También depende de salarios, escuelas, hospitales, viviendas, transporte, seguridad, instituciones y comunidades. El mérito existe, pero necesita terreno donde crecer.
El verdadero desafío no consiste en convencer a los jóvenes de que trabajen más. Consiste en construir un país donde su trabajo tenga sentido, valor y recompensa; donde independizarse no sea una hazaña extraordinaria; donde enfermarse no signifique caer en la pobreza; donde formar una familia no produzca terror económico; y donde el lugar de nacimiento no determine de antemano el horizonte de la vida.
La crisis de oportunidades juveniles es, en el fondo, una crisis del pacto social. Cuando millones de personas cumplen con estudiar y trabajar, pero aun así no logran avanzar, el problema ya no puede atribuirse a la conducta de una generación. Es el sistema el que debe ser revisado.
