En Jiménez–Camargo, Meoqui–Delicias y los sistemas subterráneos de la frontera, estudios oficiales y científicos documentan un problema que acompaña a la escasez: disponer de agua no siempre significa disponer de agua de calidad suficiente para beber o cultivar.
En Chihuahua, la seguridad del agua también se decide debajo de la tierra. Para una comunidad que depende de un pozo, encontrar caudal es apenas una parte de la solución: hace falta conocer qué contiene y cuánto costará utilizarlo. La revisión de documentos de Conagua, archivos del Servicio Geológico Mexicano y artículos científicos muestra un territorio donde conviven aguas relativamente dulces con otras de elevada mineralización. Esa diversidad obliga a mirar más allá de la profundidad de las perforaciones y a incorporar la calidad del agua en las decisiones sobre abastecimiento, agricultura y crecimiento regional.
Hablar de “acuíferos salinos” requiere una precisión: no significa que toda el agua de una región sea igual ni que exista un depósito subterráneo homogéneo de agua salada. Las concentraciones cambian entre sectores y profundidades. Como referencia hidrogeológica, el Servicio Geológico de Estados Unidos emplea habitualmente el intervalo de 1,000 a 10,000 miligramos por litro de sólidos disueltos para describir aguas salobres. Las clasificaciones pueden variar; por eso resulta más informativo indicar la concentración medida, el lugar y la fecha que colocar una sola etiqueta sobre un acuífero completo.
Las sales tampoco tienen un origen único. Pueden incorporarse cuando el agua atraviesa minerales solubles, concentrarse por evaporación antes de la infiltración o llegar con flujos profundos y retornos de riego. Un análisis con valores elevados identifica una condición; demostrar que esa condición empeora exige mediciones comparables a lo largo del tiempo. La distinción es esencial para Chihuahua: reconocer componentes naturales permite entender el problema, mientras que identificar las modificaciones humanas permite actuar sobre ellas.
Jiménez–Camargo ofrece uno de los ejemplos más claros. El estudio técnico publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2015 reportó sólidos totales disueltos de entre 500 y 4,000 miligramos por litro y un predominio de agua sulfatada cálcica. Conagua atribuyó la elevada mineralización principalmente a la circulación por rocas sedimentarias de alta solubilidad. El intervalo revela diferencias importantes dentro del sistema: algunas captaciones tenían concentraciones relativamente bajas y otras alcanzaban valores correspondientes a aguas salobres. Son antecedentes técnicos, no resultados de un muestreo realizado en 2026.
El documento también reportó sulfatos entre 100 y 2,500 miligramos por litro, asociados principalmente a la disolución de yeso y anhidrita. La explicación importa porque el problema no se reduce a la sal común: distintos minerales aportan componentes que modifican la calidad del agua. El estudio advertía que parte de los parámetros excedía los límites entonces aplicables al consumo humano. Esto justifica la vigilancia y el tratamiento de las fuentes afectadas, pero no permite afirmar que toda el agua distribuida actualmente en Jiménez o Camargo incumpla la norma: para determinarlo hacen falta análisis recientes de cada sistema de abastecimiento.
El archivo del Servicio Geológico Mexicano aporta una perspectiva de décadas. Su estudio de la subcuenca Río Florido–Camargo recupera una investigación de 1987 que analizó 50 aprovechamientos y encontró entre 400 y 4,000 partes por millón de sólidos disueltos. Identificó valores elevados en sectores al norte de Jiménez, en el corredor hacia Camargo y al norte de la colonia Búfalo. También describe aguas de menor mineralización relacionadas con zonas de recarga y advierte dificultades para reconstruir una evolución regional continua, porque las investigaciones históricas utilizaron diferentes criterios y coberturas. El archivo prueba que la preocupación es antigua; no demuestra que todos esos sitios hayan seguido una trayectoria idéntica.
La cantidad disponible añade presión sobre ese escenario. La actualización de Conagua consultada para Jiménez–Camargo calcula una recarga media de 174.9 millones de metros cúbicos anuales, una descarga natural comprometida de 5.5 millones y un volumen de extracción considerado en el cálculo de 336.77 millones. El resultado es una disponibilidad negativa de 167.37 millones de metros cúbicos al año. El volumen utilizado tiene fecha de corte del 30 de diciembre de 2022. Es un balance oficial de disponibilidad, no una medición química ni una lectura en tiempo real de todos los pozos; sirve para dimensionar la presión sobre el recurso, sin convertirla automáticamente en una tasa de salinización.
En Meoqui–Delicias, una investigación publicada en abril de 2026 en Science of the Total Environment ofrece evidencia reciente sobre los procesos que afectan la composición del agua. Diego A. Padilla-Reyes y sus colaboradores analizaron 38 pozos; la descripción metodológica sitúa el muestreo en noviembre de 2021. Encontraron áreas donde la alteración de minerales evaporíticos, la concentración por evaporación y los retornos de riego favorecen concentraciones mayores de sodio, cloruro y otros elementos. El estudio muestra que las características geológicas y las actividades humanas pueden actuar sobre un mismo sistema.
Los autores también identificaron zonas con concentraciones elevadas de arsénico, fluoruro y otros componentes en el sector nororiental, vinculadas a materiales volcánicos y procesos geoquímicos. La distinción es indispensable: salinidad, arsénico y fluoruro no son sinónimos, ni un medidor de sales permite conocer por sí solo la concentración de cada sustancia. La principal utilidad del trabajo es mostrar patrones espaciales que ayudan a orientar investigaciones y vigilancia; sus 38 pozos no equivalen a un censo de cada captación ni a un diagnóstico de todas las redes domésticas.
Otra investigación, publicada en 2024 por TECNOCIENCIA Chihuahua, analizó nitratos en 63 pozos de agua potable muestreados en 2021 y comparó los resultados con registros de 2003 y 2006. El equipo encabezado por María Socorro Espino Valdés señaló áreas susceptibles a contaminación y planteó los residuos ganaderos como fuente probable en algunos puntos. Aunque este estudio se concentra en nitratos, complementa el panorama: evaluar el agua exige distinguir sus diferentes problemas y las posibles fuentes de cada uno. Una sola explicación para toda la química del acuífero puede ocultar tanto procesos naturales como aportaciones humanas.
En la frontera, el Bolsón del Hueco agrega una dimensión compartida por Ciudad Juárez y El Paso. El organismo operador El Paso Water reconoce que la explotación intensa del acuífero ha reducido la calidad del agua e incrementado la salinidad. La revisión científica de los modelos de este sistema, publicada en Water en 2021, destaca la importancia de comprender el movimiento de aguas de distinta mineralización. El riesgo consiste en que el bombeo modifique los flujos y favorezca la llegada de agua salobre hacia zonas aprovechadas por captaciones de agua dulce. La magnitud depende de la ubicación y operación de los pozos.
También existe evidencia de aportaciones profundas en la cuenca transfronteriza Mesilla/Conejos–Médanos. Jeffrey D. Pepin, Andrew J. Robertson y Shari A. Kelley estimaron, en un estudio publicado en Water en 2022, que los sistemas geotérmicos conocidos podrían aportar más de 45,000 toneladas anuales de sólidos disueltos al sistema acuífero somero. El análisis describe agua salobre que asciende desde profundidades mayores a un kilómetro por zonas de falla y otras estructuras geológicas, con parte del flujo interceptado por pozos en Las Cruces y el norte de Chihuahua.
Esa estimación corresponde al sistema transfronterizo estudiado, no exclusivamente al territorio chihuahuense. Tampoco representa un vertido industrial de esa magnitud: se trata de una aportación geológica estimada. Su relevancia es mostrar que perforar más profundo no garantiza encontrar agua mejor. Antes de ampliar una captación, conocer la distribución vertical de la calidad y las conexiones entre unidades acuíferas puede ser tan importante como determinar cuánto caudal producirá.
Para el campo, las sales introducen una dificultad que puede pasar inadvertida mientras el pozo sigue funcionando. La FAO explica que su acumulación en la zona de raíces dificulta que las plantas absorban agua: un suelo húmedo puede producir estrés hídrico cuando su solución es demasiado salina. El resultado depende del cultivo y su variedad, del suelo, del drenaje y del manejo. Esto impide atribuir automáticamente cualquier pérdida de rendimiento a la salinidad, pero obliga a incorporarla al diagnóstico cuando se utiliza agua mineralizada.
La carga acumulada ayuda a entender la escala del problema. Como ejemplo de cálculo, una concentración de 2,000 miligramos por litro equivale a dos kilogramos de sólidos disueltos por metro cúbico. Si una hectárea recibiera 10,000 metros cúbicos de esa agua durante un ciclo, entrarían 20 toneladas de sólidos disueltos con el riego. Es un escenario ilustrativo, no una medición de una parcela de Chihuahua, y no implica que toda esa masa permanezca en el suelo. El balance final depende de cuánto salga mediante drenaje y de las transformaciones químicas que ocurran.
La salinidad debe distinguirse además de la sodicidad. Esta última se relaciona con la presencia de sodio en proporción a otros cationes y puede deteriorar la estructura del suelo y su capacidad de infiltración. Un análisis agrícola necesita considerar ambas condiciones. La FAO advierte que el control de sales requiere drenaje adecuado y, en determinadas circunstancias, agua adicional para su lavado. Para una región con recursos limitados, la implicación es seria: recuperar una parcela afectada puede demandar agua que ya resulta difícil conseguir.
En los hogares, el criterio debe ser la calidad del agua efectivamente entregada. La NOM-127-SSA1-2021 establece límites de 1,000 miligramos por litro para sólidos disueltos totales y de 400 para sulfatos, además de requisitos para otros parámetros químicos y microbiológicos. Cumplir únicamente el valor de sales no certifica que el agua sea potable, del mismo modo que un resultado histórico de agua cruda no describe necesariamente la calidad actual después del tratamiento. La vigilancia debe conectar los análisis de las fuentes con los de la red de distribución y comunicar los resultados de manera comprensible.
Existen tecnologías para aprovechar parte de las aguas salobres. En El Paso, la planta Kay Bailey Hutchison utiliza ósmosis inversa para producir agua potable y dispone del concentrado mediante inyección profunda en formaciones geológicas. El operador explica que la ubicación de los pozos de alimentación también busca frenar o prevenir el avance del agua salobre hacia captaciones de agua dulce. Es una experiencia cercana y útil, aunque trasladar ese modelo a otra localidad exige estudiar sus propias condiciones de agua, subsuelo, infraestructura y operación.
La desalinización incluye costos y decisiones que continúan después de construir la planta. El Texas Water Development Board explica que una mayor concentración de sólidos exige más presión y energía en la ósmosis inversa, y reconoce el costo como una barrera para ampliar su utilización. Además, separar sales produce una corriente concentrada que necesita manejo. Para Chihuahua, cualquier propuesta tendría que demostrar cómo financiará la operación, qué volumen entregará y dónde dispondrá sus residuos. Tratar el agua puede ampliar las opciones de abastecimiento, pero no aumenta por sí mismo la recarga del acuífero.
La revisión documental deja una necesidad concreta: series públicas y comparables que permitan saber qué está ocurriendo en cada zona. Conagua dispone de un visualizador de monitoreo piezométrico para consultar niveles de agua; esos datos necesitan interpretarse junto con análisis químicos repetidos, profundidades de captación y condiciones de bombeo. Un registro del nivel informa sobre la presión del sistema, mientras que la química ayuda a detectar mezclas o cambios de calidad. Ninguna de esas mediciones sustituye a la otra.
Como conclusión del análisis, la respuesta regional debería unir protección de las fuentes de mejor calidad, vigilancia de las captaciones vulnerables, manejo agrícola de sales y reducción verificable de las presiones sobre el agua. Eso requiere acompañamiento técnico para los productores y capacidad de operación para las comunidades, además de información accesible. Los estudios revisados no ofrecen una cifra única y homogénea de “acuíferos salinos” que describa todo Chihuahua en 2026; documentan sistemas y sectores con problemas distintos que necesitan respuestas específicas.
Para las familias, los agricultores y las localidades que dependen del subsuelo, la pregunta ya abarca cuánto agua quedará y en qué condiciones podrá utilizarse. Un pozo que conserva caudal puede requerir tratamiento; una parcela que recibe riego puede acumular sales; una nueva perforación puede encontrar una composición diferente de la esperada. La evidencia disponible obliga a colocar esas posibilidades en el centro de la planeación. Proteger el agua del desierto significa conservar tanto su cantidad como la posibilidad de seguir viviendo y produciendo con ella.
Nota metodológica: reportaje de investigación documental con consulta al 4 de octubre de 2026. Se revisaron fuentes oficiales, archivos técnicos y artículos científicos; no se realizaron entrevistas, visitas de campo ni muestreos propios. Las fechas de publicación y muestreo se distinguen cuando están disponibles. No se presenta un inventario exhaustivo de todos los acuíferos del estado.
