Un análisis antropológico y periodístico sobre las presiones gubernamentales, políticas y económicas utilizadas para silenciar a periodistas y medios críticos.
HISTORIASMX. – En muchas ciudades de México la censura no llega mediante un documento oficial. No existe una orden escrita que diga: “Esta noticia no debe publicarse”. Con frecuencia, el mensaje aparece de una manera más cotidiana: una llamada desde una oficina pública, la cancelación repentina de un convenio publicitario, la exclusión de una conferencia, una inspección administrativa, una demanda, una amenaza velada o la advertencia de que un medio “solamente habla mal del gobierno”.
La frase parece inofensiva, pero encierra una concepción autoritaria de la comunicación: la idea de que el periodismo debe producir reconocimiento, gratitud y buena imagen para quien gobierna. Bajo esa lógica, una investigación sobre corrupción, una denuncia ciudadana o una pregunta incómoda dejan de considerarse ejercicios legítimos de vigilancia pública y comienzan a ser interpretados como actos de deslealtad.
El conflicto no se reduce a una disputa entre políticos y periodistas. Es una lucha por definir quién tiene derecho a narrar la realidad.
Desde una perspectiva antropológica, el poder no solamente controla mediante policías, tribunales o reglamentos. También actúa sobre las relaciones sociales, los recursos económicos, el prestigio y el miedo. Su mayor triunfo ocurre cuando ya no necesita prohibir una publicación porque periodistas y medios han aprendido, anticipadamente, cuáles son los temas que pueden costarles el acceso, el ingreso o la seguridad.
La obligación de informar no es la obligación de elogiar.
Un gobierno democrático necesita comunicar programas, obras, servicios y resultados. Esa comunicación institucional es legítima siempre que se encuentre claramente identificada y se financie con transparencia. El problema comienza cuando el gobierno pretende que la prensa independiente funcione como una extensión de su oficina de comunicación social.
Un boletín gubernamental y una noticia periodística tienen funciones distintas. El primero comunica la versión de una institución. La segunda debe contrastar esa versión, revisar documentos, escuchar a las personas afectadas y preguntar si los resultados coinciden con lo anunciado.
Por eso, exigir a un periodista que “publique cosas buenas” no es una petición neutral. La frase puede significar: publique nuestra versión, reduzca la crítica, omita el conflicto y presente la gestión pública desde el encuadre que nosotros consideramos conveniente.
La prensa no tiene la obligación de hablar bien ni mal de un gobierno. Tiene la responsabilidad de publicar información comprobable, contextualizada y de interés público. También debe reconocer errores, distinguir información de opinión y ofrecer derecho de respuesta. La crítica sin pruebas no se transforma en periodismo por estar dirigida contra una autoridad; del mismo modo, la propaganda no se convierte en noticia por contener datos verdaderos.
La censura contemporánea rara vez se presenta como censura.
La censura clásica consistía en revisar una publicación antes de que circulara, clausurar una imprenta o prohibir directamente una transmisión. Esos métodos todavía existen en distintos lugares, pero las democracias contemporáneas suelen recurrir a mecanismos menos visibles.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que la libertad informativa puede afectarse mediante formas indirectas y sofisticadas. Entre ellas se encuentra la asignación discriminatoria de publicidad oficial, mecanismo prohibido por el artículo 13.3 de la Convención Americana cuando se utiliza para presionar o castigar líneas editoriales.
El silenciamiento puede operar por medio de varios mecanismos relacionados:
| Mecanismo | Forma de operación | Consecuencia posible |
|---|---|---|
| Publicidad oficial | Premiar coberturas favorables o retirar recursos a medios críticos | Dependencia económica y moderación editorial |
| Restricción del acceso | Excluir periodistas de entrevistas, eventos o grupos informativos | Desventaja profesional y menor acceso ciudadano |
| Estigmatización pública | Acusar al medio de “enemigo”, “vendido” o “golpista” | Hostigamiento social y ataques digitales |
| Acoso judicial | Demandas reiteradas, denuncias o procedimientos desproporcionados | Gastos legales, desgaste y temor |
| Presión administrativa | Inspecciones, permisos, concesiones o trámites utilizados selectivamente | Vulnerabilidad empresarial |
| Vigilancia digital | Intervención de dispositivos, extracción de datos o seguimiento | Riesgo para periodistas y fuentes |
| Presión laboral | Llamadas a propietarios o directores para despedir o remover reporteros | Pérdida del empleo y autocensura |
| Violencia e impunidad | Amenazas, desplazamientos, desapariciones y asesinatos sin esclarecimiento | “Zonas de silencio” |
Cada instrumento puede tener un uso legítimo por separado. Una inspección puede ser necesaria; una autoridad puede ejercer su derecho de réplica, y una persona puede recurrir a tribunales. El abuso aparece cuando esos recursos se aplican de forma selectiva, desproporcionada o coordinada para modificar una cobertura periodística.
Publicidad oficial: dinero público convertido en disciplina.
La publicidad gubernamental debería distribuir información de utilidad pública: campañas sanitarias, trámites, emergencias, convocatorias o derechos sociales. No debería comprar obediencia editorial.
Sin embargo, en mercados informativos pequeños, la supervivencia de periódicos, estaciones de radio y portales digitales puede depender significativamente de convenios con municipios, gobiernos estatales y dependencias federales. Esa dependencia genera una relación desigual: quien administra el presupuesto también puede influir sobre la posibilidad material de publicar.
La presión no siempre necesita formularse explícitamente. Basta con que los medios observen qué ocurre con quienes investigan al gobierno y qué beneficios reciben quienes reproducen sus comunicados sin cuestionarlos. Se instala entonces una pedagogía del premio y el castigo.
La CIDH considera que la asignación discriminatoria de publicidad oficial puede convertirse en censura indirecta, especialmente en mercados caracterizados por la concentración y la dependencia económica. Un diagnóstico latinoamericano respaldado por la UNESCO encontró que numerosos países carecen de reglas suficientemente claras, transparentes y efectivas para evitar su utilización política.
En México, ARTICLE 19 reportó que diez medios concentraron 47.08% del gasto federal en publicidad oficial durante el sexenio 2018-2024. La concentración no demuestra por sí misma un intercambio de cobertura favorable por recursos, pero sí revela un sistema con amplias asimetrías y riesgos de influencia.
El daño más profundo ocurre cuando el convenio deja de concebirse como pago por un espacio publicitario y pasa a entenderse como compra de gratitud. El funcionario espera protección; el medio teme perder ingresos; el periodista comprende que ciertas preguntas pueden afectar la nómina. El dinero público deja de servir a la ciudadanía y comienza a organizar silencios.
La estigmatización: convertir al periodista en adversario.
Otra estrategia consiste en desacreditar a quien publica información inconveniente. En vez de responder a los datos, el poder cuestiona las motivaciones del periodista: asegura que actúa por resentimiento, que pertenece a la oposición, que busca dinero o que pretende desestabilizar.
Esta operación transforma una discusión pública en un conflicto moral. Ya no se debate si una obra costó demasiado, si un contrato fue irregular o si una autoridad incumplió una obligación. Se discute si el periodista es “bueno” o “malo”, “aliado” o “enemigo”.
La estigmatización resulta particularmente peligrosa cuando proviene de funcionarios con acceso a tribunas institucionales y comunidades numerosas de seguidores. Una declaración puede convertirse en una señal para que simpatizantes, operadores políticos o cuentas coordinadas ataquen al comunicador.
La crítica a la prensa es legítima. Los periodistas y medios pueden equivocarse y deben someterse al escrutinio público. Pero existe una diferencia sustancial entre refutar una publicación con documentos y utilizar el poder institucional para exponer, humillar o deshumanizar a quien pregunta.
En contextos con violencia e impunidad, la descalificación pública puede aumentar riesgos previamente existentes. Reporteros Sin Fronteras ha señalado que quienes cubren política, corrupción y crimen —especialmente en el ámbito local mexicano— enfrentan advertencias, amenazas, desplazamiento y violencia, dentro de escenarios donde también puede existir colusión entre autoridades locales y organizaciones criminales.
El territorio: donde las instituciones y las relaciones personales se mezclan.
El periodismo local presenta una vulnerabilidad particular. En una ciudad pequeña, periodistas, funcionarios, empresarios, policías y fuentes comparten espacios, conocidos y relaciones familiares. La autoridad sabe dónde trabaja el reportero, quiénes son sus familiares y cuáles son sus fuentes habituales.
La cercanía facilita el acceso, pero también la presión.
Una llamada no necesita contener una amenaza explícita. Puede bastar una frase: “Piénsalo bien”, “nosotros te hemos apoyado”, “no olvides quién te da información” o “también tienes familia”. Su fuerza proviene del contexto y de la capacidad atribuida a quien la pronuncia.
La antropología ayuda a comprender que el miedo no es solamente una emoción individual. Es una construcción social que circula por rumores, experiencias compartidas y ejemplos públicos. Cuando un periodista pierde publicidad, es demandado, despedido o atacado, otros observan y ajustan su conducta.
Se crea así una memoria colectiva del castigo.
La investigación académica sobre Veracruz documentó estrategias de control informativo en las que confluyeron dependencias financieras, relaciones con el poder político, violencia y modificaciones de las rutinas periodísticas. El estudio muestra que la censura no puede explicarse únicamente como una orden vertical: surge de una red de relaciones políticas, económicas y territoriales. “Periodismo impreso, poderes y violencia en Veracruz”.
Autocensura: callar para seguir vivo o conservar el trabajo
La autocensura suele juzgarse desde fuera como cobardía. Esa interpretación desconoce las condiciones en las que trabajan muchos periodistas.
Para un corresponsal con salario bajo, sin seguro, sin respaldo jurídico y con una familia dependiente de sus ingresos, la decisión de retirar un nombre o abandonar una investigación puede ser una estrategia de supervivencia. No siempre hay libertad real entre publicar y callar cuando una de las opciones puede significar desempleo, desplazamiento o muerte.
Un estudio sobre prácticas de protección entre periodistas mexicanos encontró que tanto las amenazas directas como la percepción permanente del riesgo influyen en la autocensura individual y organizacional. También identificó respuestas como modificar las rutinas, compartir información, trabajar colectivamente y evitar firmas personales.
La autocensura comienza antes de escribir. Actúa durante la elección de temas:
- El reportero evita investigar a determinado funcionario.
- El editor retira nombres propios.
- El medio reproduce versiones oficiales sin contrastarlas.
- Las fotografías dejan de mostrar responsables.
- Las preguntas se vuelven previsibles.
- Las fuentes renuncian a hablar.
- Las comunidades dejan de denunciar.
El resultado es una noticia mutilada sin que exista una marca visible de censura. El público solamente conoce lo publicado; difícilmente puede saber qué preguntas nunca se formularon o qué testimonios fueron descartados por miedo.
México: violencia, poder público e impunidad
La realidad mexicana exige evitar dos simplificaciones. La primera consiste en responsabilizar automáticamente al gobierno de cada agresión sin una investigación. La segunda es presentar la violencia contra la prensa como un fenómeno exclusivamente criminal, ajeno a las instituciones.
En México convergen organizaciones delictivas, funcionarios, cacicazgos regionales, empresarios, corporaciones policiales y redes políticas. En ocasiones compiten; en otras se protegen, negocian o se superponen. Esa ambigüedad dificulta identificar a los autores intelectuales de las agresiones.
ARTICLE 19 documentó 3,408 agresiones contra la prensa durante el sexenio 2018-2024, un promedio aproximado de una cada 14 horas. Dentro de ese periodo registró 46 periodistas asesinados y cuatro desaparecidos. La cifra general representó un incremento de 62.13% respecto del sexenio anterior, según la metodología de la organización.
Para 2024, la misma organización documentó 639 agresiones, cinco periodistas asesinados y un incremento de 13.9% frente a 2023. La FEADLE atrajo solamente 84 investigaciones, de acuerdo con el informe.
El informe correspondiente a 2025, elaborado con una metodología actualizada, registró 451 agresiones contra la prensa —una cada 20 horas en promedio— y destacó el crecimiento del acoso judicial, la opacidad y la vigilancia como estructuras de censura. Las diferencias entre las cifras anuales deben leerse considerando el cambio metodológico y no como una comparación mecánica.
En agosto de 2026, el Comité para la Protección de los Periodistas informó que seis periodistas habían sido asesinados en México durante el año, cinco de ellos en poco más de dos meses. El CPJ pidió fortalecer la investigación federal ante la persistencia de la impunidad.
Estas cifras provienen de organizaciones con metodologías diferentes. No todos los asesinatos pueden atribuirse al Estado, y en algunos casos el vínculo con la actividad periodística continúa bajo investigación. Lo que sí muestran en conjunto es un ambiente sostenido de riesgo y una respuesta institucional insuficiente.
La impunidad también comunica.
Cuando una amenaza no se investiga, la omisión produce un mensaje. Cuando un asesinato permanece sin autores intelectuales procesados, el mensaje se amplifica. La impunidad enseña que atacar a un periodista puede tener un costo reducido.
Así, el Estado puede contribuir al silenciamiento de dos maneras: mediante la participación de agentes públicos en una agresión o mediante su incapacidad —o falta de voluntad— para prevenirla, investigarla y sancionarla.
La impunidad no es simplemente la ausencia de justicia posterior. Es una condición que modifica conductas futuras. Cada expediente abandonado se convierte en información para quienes ejercen el poder y para quienes deben vigilarlo.
Los agresores aprenden que pueden continuar. Los periodistas aprenden que probablemente estarán solos.
La familia también paga el costo.
Detrás de las estadísticas existe una vida cotidiana alterada. El periodista cambia de ruta, deja de llevar a sus hijos a la escuela, desconfía de vehículos desconocidos, cierra sus redes sociales o abandona su comunidad. La pareja participa en decisiones editoriales porque publicar ya no es solamente un asunto profesional: puede afectar a toda la casa.
Incluso sin una amenaza directa, la exposición prolongada al riesgo genera ansiedad, insomnio, hipervigilancia y aislamiento. El reportero empieza a observar el mundo con una lógica de supervivencia.
Cuando debe desplazarse, pierde algo más que el empleo. Deja territorio, fuentes, archivos, relaciones y una identidad construida durante años. Para el periodismo local, abandonar la comunidad significa perder el conocimiento profundo que permitía interpretar sus conflictos.
La comunidad también pierde. Sin periodistas cercanos, las víctimas tienen menos espacios para denunciar y las versiones oficiales ocupan una proporción mayor del relato público.
Las “zonas de silencio”.
Una zona de silencio no es necesariamente un lugar sin periódicos o páginas de Facebook. Puede existir una gran cantidad de publicaciones y, al mismo tiempo, una ausencia sistemática de información relevante.
Hay comunicados, fotografías de ceremonias, felicitaciones, eventos, accidentes y actividades sociales, pero desaparecen las investigaciones sobre contratos, abusos policiales, redes criminales, corrupción, despojos o violaciones de derechos humanos.
El silencio se disfraza de abundancia.
Esta es una de las paradojas de la era digital: nunca se ha producido tanto contenido, pero eso no garantiza una sociedad mejor informada. Un ecosistema puede estar saturado de publicaciones y permanecer políticamente vigilado si todos repiten la misma versión.
UNESCO sostiene que la libertad de expresión mundial ha disminuido durante la última década y que la autocensura entre periodistas se ha incrementado. También advierte un mayor control de medios por gobiernos y otros grupos poderosos.
Resistir no significa actuar sin responsabilidad.
Defender la libertad de prensa no implica declarar infalibles a periodistas o medios. La independencia también exige estándares profesionales:
- Verificar documentos y testimonios.
- Separar publicidad, opinión e información.
- Ofrecer derecho de respuesta.
- Corregir errores de manera visible.
- Transparentar posibles conflictos de interés.
- Evitar acusaciones sin sustento.
- No utilizar el periodismo para extorsionar.
- Identificar claramente el contenido gubernamental pagado.
Estas obligaciones fortalecen la defensa frente al poder. Un reportaje documentado es más difícil de desacreditar que una afirmación imprecisa.
Pero ningún error periodístico justifica amenazas, agresiones, espionaje ilegal o castigos económicos desde el gobierno. Las autoridades tienen vías institucionales para responder: aclaraciones, documentos, conferencias, derechos de réplica y, en casos legalmente procedentes, recursos judiciales proporcionales.
Cuando el poder pide aplausos.
La frase “ese medio nunca publica nada bueno” revela una expectativa equivocada. El periodismo no existe para equilibrar artificialmente cada denuncia con un elogio ni para proteger el estado de ánimo de los gobernantes.
Si una administración realiza una obra útil, el hecho puede ser informado. Si existen irregularidades, también. Lo que determina su publicación debe ser el interés público, la comprobación y la relevancia, no la necesidad política de conservar una imagen favorable.
Un gobierno verdaderamente democrático no mide la libertad de prensa por la cantidad de elogios que recibe. La mide por su capacidad de tolerar preguntas difíciles, entregar documentos, responder sin represalias y reconocer que los recursos institucionales pertenecen a la ciudadanía.
El silencio final.
El poder más eficaz no es el que ordena quemar periódicos. Es aquel que logra que las redacciones aprendan a no incomodarlo.
Cuando un periodista sustituye una investigación por un boletín para proteger su empleo, cuando un medio elimina una nota para conservar un convenio o cuando una familia pide abandonar un tema por miedo, la censura ya produjo efectos aunque nunca pueda localizarse una orden escrita.
El silencio no aparece de un día para otro. Se construye con pequeñas renuncias, llamadas privadas, expedientes archivados, contratos selectivos y amenazas que todos conocen pero nadie se atreve a registrar.
Por eso, proteger al periodismo no significa defender exclusivamente a un gremio. Significa proteger el derecho de una comunidad a conocer aquello que alguien con poder preferiría mantener oculto.
Una sociedad puede sobrevivir a una noticia incómoda. Lo que difícilmente puede sostener es una realidad en la que solamente se publica aquello que agrada a quienes gobiernan.
