Parques industriales conectados al mundo, colonias obreras alejadas de los servicios y una economía que convierte el tiempo, el territorio y la necesidad en ventajas productivas
HISTORIASMX. – En las ciudades industriales de la frontera norte de México, una mercancía puede recorrer en pocas horas el trayecto entre una línea de producción, una aduana y un centro de distribución estadounidense. Para muchos trabajadores, sin embargo, llegar desde una colonia periférica hasta esa misma fábrica puede significar levantarse antes del amanecer, caminar por calles sin pavimento, abordar un transporte especial de personal y entregar varias horas del día a un desplazamiento que no siempre forma parte del salario. Esa contradicción resume una parte fundamental del modelo fronterizo: la extraordinaria capacidad para mover componentes, productos y capitales convive con enormes dificultades para trasladar personas hacia escuelas, hospitales, espacios públicos y oportunidades distintas a la propia fábrica.
Hablar de ciudades “diseñadas para la explotación laboral” exige precisión. No existe evidencia suficiente para afirmar que Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa o Matamoros hayan sido planeadas mediante un proyecto único y deliberado cuya finalidad explícita fuera explotar a sus habitantes. Lo que sí documentan investigaciones urbanas, económicas y laborales es una sucesión de políticas públicas, incentivos fiscales, decisiones empresariales, expansión inmobiliaria y omisiones gubernamentales que priorizaron la producción para exportación por encima de la construcción de ciudades equilibradas.
El resultado es una estructura territorial funcional para competir internacionalmente, pero profundamente desigual en la manera de distribuir sus costos y beneficios. Mientras el Estado y la iniciativa privada construyeron parques industriales, aduanas, carreteras, puentes internacionales, patios logísticos y corredores para mercancías, el crecimiento de la vivienda popular fue empujado muchas veces hacia terrenos cada vez más distantes. La industria obtuvo proximidad con el mercado estadounidense, infraestructura especializada y abundancia de mano de obra; las familias trabajadoras recibieron empleo, pero también absorbieron buena parte de los costos urbanos de sostener ese sistema.
Una frontera transformada en plataforma productiva.
El origen moderno de esta organización se remonta al Programa de Industrialización Fronteriza, impulsado en 1965 después de que Estados Unidos terminara el Programa Bracero. México buscaba contener el desempleo y aprovechar la cercanía con el mercado estadounidense mediante plantas capaces de importar temporalmente componentes, ensamblarlos con trabajo mexicano y devolver el producto terminado al exterior.
La maquiladora nació, por tanto, como una solución laboral y territorial. Las primeras operaciones se concentraron en actividades de ensamble que requerían abundante trabajo manual y una inversión relativamente menor. Con el paso del tiempo, parte de esa industria evolucionó hacia procesos automotrices, aeroespaciales, electrónicos y médicos de mayor complejidad. Sin embargo, la lógica esencial permaneció: producir cerca de Estados Unidos aprovechando una diferencia considerable entre los costos laborales de ambos países.
El modelo se consolidó con la apertura comercial de las décadas de 1980 y 1990, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 y posteriormente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En la actualidad, el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación permite importar temporalmente bienes destinados a procesos de elaboración, transformación o reparación para exportación, bajo condiciones fiscales y aduaneras especiales. Las estadísticas del programa IMMEX del INEGI permiten observar la magnitud del empleo, los establecimientos, las horas trabajadas y las remuneraciones vinculadas con esta estructura exportadora.
La frontera se convirtió así en una enorme bisagra industrial. En un lado se ubican centros corporativos, mercados de consumo, financiamiento, diseño y distribución; en el otro se concentran operaciones manufactureras, ensamblaje, almacenamiento y una fuerza laboral considerablemente más barata. El propio gobierno de San Diego describe el sistema de “plantas gemelas” como una combinación de tecnología y administración estadounidense con menores costos mexicanos, una explicación empresarial que expone con claridad el fundamento económico del modelo: las maquiladoras como plantas gemelas.
La industria no llegó solamente a ocupar las ciudades: comenzó a reorganizarlas.
La geografía de la eficiencia.
Los parques industriales no se distribuyen de manera accidental. Su localización responde a criterios precisos: disponibilidad de suelo, acceso a energía y agua, cercanía con carreteras, aeropuertos, vías ferroviarias, cruces internacionales, agencias aduanales y proveedores logísticos. Cada minuto ahorrado en el traslado de una mercancía representa una ventaja competitiva.
En términos económicos, esa organización es racional. El problema surge cuando la racionalidad de la cadena productiva domina la racionalidad de la vida urbana. Una ciudad necesita también cercanía entre vivienda y empleo, transporte público suficiente, escuelas, centros de salud, mercados, parques, guarderías y espacios comunitarios. Cuando estos elementos quedan subordinados a la expansión industrial e inmobiliaria, el territorio se fragmenta: la zona productiva funciona como una ciudad conectada globalmente y los barrios populares operan como una periferia que debe resolver por sí misma su supervivencia cotidiana.
La investigación sobre los planes urbanos de Ciudad Juárez encontró que, pese a la acumulación de programas y documentos de planeación, continuaron aumentando la expansión territorial y las carencias de equipamiento e infraestructura. El estudio sostiene que los planes también pueden actuar como instrumentos que legitiman decisiones previamente orientadas por intereses económicos y políticos, en lugar de conducir efectivamente el crecimiento urbano.
Mexicali ofrece otra expresión del fenómeno. Una investigación sobre su expansión explica cómo los flujos de capital asociados con la frontera modifican la estructura espacial y la vida cotidiana. La inversión no se instala en un territorio vacío: eleva valores del suelo, desplaza usos anteriores, crea nuevas centralidades e impone necesidades de infraestructura que terminan influyendo en toda la ciudad.
No todas las zonas fronterizas presentan exactamente la misma configuración. Tijuana tiene una economía más diversificada y una geografía accidentada; Ciudad Juárez está marcada por su extensión horizontal y su concentración maquiladora; Reynosa y Matamoros participan estrechamente en cadenas automotrices y electrónicas; Nogales se articula con Arizona; Nuevo Laredo ocupa una posición logística fundamental. Aun así, comparten una tensión: el espacio más estratégico suele ser el que permite producir, exportar y cruzar la frontera, no necesariamente el que garantiza una vida digna para quienes mantienen en marcha esa estructura.
Vivienda barata, suelo lejano y trabajadores cautivos de la distancia.
El crecimiento manufacturero atrajo durante décadas a cientos de miles de personas procedentes de otras regiones de México. Llegaron buscando salarios, estabilidad y una posibilidad de ascenso social que no encontraban en sus comunidades de origen. La oferta laboral creció con mayor rapidez que la capacidad institucional para ofrecer vivienda bien ubicada y servicios suficientes.
La respuesta dominante fue la expansión horizontal. Grandes conjuntos habitacionales fueron construidos en suelo periférico, donde el terreno resultaba más barato. Esta política permitió producir casas a bajo costo y colocar créditos hipotecarios entre trabajadores asalariados, pero no siempre creó comunidades integradas. Muchas viviendas quedaron lejos del empleo, la educación, el comercio y la atención médica.
El propio Infonavit reconoció que, durante el periodo estudiado en uno de sus informes institucionales, 75% de la originación hipotecaria analizada se había concentrado en zonas periféricas y de expansión, precisamente las de menor apreciación comparadas con las ubicaciones céntricas. El organismo también desarrolló programas destinados a mitigar el abandono y regenerar conjuntos deteriorados.
La vivienda periférica cumple una doble función dentro del sistema productivo. Por un lado, transforma a un trabajador móvil en propietario de una deuda de largo plazo, lo cual puede ofrecer seguridad patrimonial. Por otro, reduce su margen para abandonar un empleo sin contar inmediatamente con otro ingreso. No se trata de afirmar que todo crédito hipotecario sea un mecanismo de control, sino de reconocer que la combinación de deuda, bajos salarios, transporte deficiente y escasas alternativas laborales incrementa la dependencia del empleo industrial.
La casa puede ser formal y estar conectada a servicios básicos, pero su ubicación impone un costo invisible. Cada hora adicional de transporte disminuye el tiempo disponible para descansar, convivir, estudiar, cuidar a los hijos o participar en actividades comunitarias y sindicales. La distancia no aparece como descuento en el recibo de nómina, pero funciona como una extracción cotidiana de tiempo.
El transporte de personal: beneficio y síntoma de una ciudad fragmentada.
Las rutas empresariales son indispensables para miles de familias. Permiten que personas residentes en colonias alejadas lleguen a plantas que trabajan con horarios rígidos y turnos nocturnos. Sin ese servicio, una parte importante de la producción no podría mantenerse.
Sin embargo, la existencia de redes privadas de autobuses también revela un problema estructural: la ciudad no siempre puede transportar adecuadamente a su población, por lo que la industria organiza una movilidad paralela cuyo destino central es el lugar de trabajo. El empleado puede llegar a la fábrica a las seis de la mañana, pero quizá no tenga una conexión semejante para acudir a una universidad, un hospital o una actividad cultural.
Una investigación sobre el sistema de transporte masivo de Ciudad Juárez concluyó que su impacto inicial en el acceso de habitantes periféricos a bienes y servicios fue marginal o nulo y que, en algunos aspectos, reforzó desigualdades espaciales. El estudio advierte que la escasez de transporte en las periferias restringe el acceso al empleo, la educación, la salud y la recreación.
En una ciudad organizada alrededor de turnos, la puntualidad se vuelve una forma de disciplina territorial. Perder el autobús puede significar un retardo, un descuento o una sanción. El trabajador debe sincronizar su vida con el reloj industrial: dormir cuando lo permite el turno, comer dentro del periodo establecido, cuidar a sus hijos mediante arreglos familiares y cruzar diariamente grandes distancias. La fábrica no necesita poseer toda la ciudad para influir en su ritmo; basta con que el empleo principal determine sus horarios.
La reserva de mano de obra y la necesidad como mecanismo de disciplina.
Las ciudades fronterizas se alimentaron históricamente de migraciones internas. La oferta de empleo industrial atrajo a personas jóvenes, mujeres, campesinos desplazados por las crisis rurales y familias procedentes del centro y sur del país. A esta movilidad se sumaron deportados, retornados y migrantes que no lograron ingresar a Estados Unidos o quedaron esperando una resolución migratoria.
No todas estas personas terminan en una maquiladora, ni la migración puede reducirse a una reserva laboral. Pero una población en movimiento, con redes familiares débiles, necesidad inmediata de ingresos y limitado acceso a vivienda, puede encontrarse en una posición negociadora desfavorable. Para una empresa, la disponibilidad constante de solicitantes facilita cubrir vacantes y operar turnos. Para el trabajador, la urgencia de pagar renta, alimentos y transporte reduce la posibilidad de esperar una mejor oferta.
De este modo, la frontera funciona simultáneamente como promesa y filtro. Ofrece oportunidades reales frente al desempleo de otras regiones, pero también selecciona a quienes pueden soportar jornadas repetitivas, desplazamientos largos, horarios nocturnos y ritmos de producción estrictos. La elevada rotación laboral observada históricamente en distintos centros maquiladores no necesariamente expresa libertad plena; también puede ser la respuesta de los trabajadores ante el desgaste, el salario insuficiente o la búsqueda permanente de una planta con mejores condiciones.
Mujeres: del empleo industrial a la doble jornada.
La incorporación masiva de mujeres fue uno de los cambios sociales más importantes vinculados con la maquila. Durante sus primeras etapas, numerosas empresas favorecieron la contratación femenina mediante estereotipos que atribuían a las mujeres mayor paciencia, habilidad manual, obediencia o capacidad para realizar tareas repetitivas. Estas ideas no eran cualidades naturales: fueron construcciones culturales utilizadas para segmentar puestos y justificar diferencias de trato.
Con el tiempo se produjo una mayor incorporación masculina, especialmente en actividades más pesadas o tecnificadas. No obstante, las mujeres continuaron ocupando una posición central en muchas cadenas de producción. Un estudio sobre Tijuana y Matamoros documenta cómo la ocupación femenina se transformó con la evolución sectorial de las maquiladoras, mostrando que la composición laboral varía entre ciudades y periodos.
El empleo formal proporcionó ingresos propios y modificó relaciones familiares, pero no eliminó la desigual distribución del trabajo doméstico. Después del turno industrial, muchas mujeres continúan encargándose de preparar alimentos, limpiar, cuidar niños, atender enfermos y organizar la vida familiar. El sistema productivo utiliza diariamente una fuerza laboral que llega alimentada, vestida y cuidada, pero una parte importante de ese trabajo de reproducción social no es pagada por la empresa ni cubierta suficientemente por el Estado.
La falta de guarderías accesibles, transporte seguro y escuelas de horario ampliado convierte a madres, abuelas, hermanas y vecinas en una infraestructura humana invisible. Cuando una trabajadora debe pagar cuidados privados o depender de otra mujer de la familia, el costo de mantenerla disponible para la fábrica se traslada al hogar.
La dimensión de género también exige recordar la exposición a hostigamiento, discriminación por embarazo, inseguridad en trayectos y violencia comunitaria. No puede atribuirse toda la violencia de las ciudades fronterizas a la maquiladora; hacerlo sería simplista y ocultaría responsabilidades criminales, policiales, judiciales y culturales. Sin embargo, los turnos nocturnos, las rutas aisladas, el abandono urbano y la precariedad institucional sí pueden aumentar condiciones de vulnerabilidad.
Salario formal no siempre significa vida suficiente.
Uno de los argumentos más fuertes en favor de la industria exportadora es su capacidad para crear empleo formal. A diferencia de amplios sectores informales, muchas plantas ofrecen seguridad social, vacaciones, aguinaldo, reparto de utilidades, crédito para vivienda, transporte, comedor, bonos y oportunidades de capacitación. Para numerosas familias, la maquila ha significado un ingreso estable y una alternativa frente a la pobreza rural o el desempleo.
Esta aportación debe reconocerse. Una crítica seria no puede presentar a millones de trabajadores únicamente como víctimas sin capacidad de decisión, ni negar que la industria ha generado conocimiento técnico, movilidad laboral y desarrollo de proveedores. La presencia manufacturera también sostiene comercios, transporte, servicios profesionales y recaudación.
El problema es que la formalidad contractual no garantiza por sí sola un salario capaz de cubrir el costo real de la vida fronteriza. La renta, los alimentos, el transporte y otros bienes están influidos por la cercanía con Estados Unidos y por mercados parcialmente dolarizados. La diferencia entre los salarios mexicanos y estadounidenses continúa siendo una ventaja para atraer inversiones, incluso después de los incrementos al salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte.
La explotación, en su sentido económico, no depende necesariamente de que exista trabajo ilegal o forzado. Puede manifestarse cuando el valor generado por una fuerza laboral crece mucho más rápido que su capacidad para apropiarse de ese valor mediante salarios, prestaciones, tiempo libre y mejores condiciones de vida. Una ciudad puede registrar exportaciones extraordinarias y, al mismo tiempo, conservar colonias sin pavimento, transporte insuficiente o viviendas abandonadas. Esa separación entre riqueza producida y bienestar territorial constituye una de las grandes contradicciones fronterizas.
Sindicatos, contratos y capacidad para decir “no”.
La arquitectura productiva no es solamente urbana. También es jurídica e institucional. Durante décadas, una parte del sindicalismo mexicano estuvo marcada por contratos de protección, escasa participación de las bases y mecanismos que limitaban la negociación auténtica. La Organización Internacional del Trabajo documentó históricamente menores salarios y baja representación sindical en sectores maquiladores, aunque las condiciones variaban entre ciudades, ramas y empresas.
La reforma laboral mexicana de 2019 y el capítulo laboral del T-MEC introdujeron cambios de gran importancia: voto personal, libre, directo y secreto; legitimación de contratos colectivos; nuevas instituciones de justicia laboral y mayores herramientas para proteger la libertad sindical. El Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida permite revisar presuntas negaciones de derechos en instalaciones específicas vinculadas con el comercio regional.
Hasta 2026, ese mecanismo había sido utilizado en decenas de controversias. En junio de 2025, por ejemplo, Estados Unidos solicitó revisar una denuncia en una planta de Superior Industries en Chihuahua, donde se alegaron amenazas, vigilancia e intimidación contra simpatizantes sindicales. La existencia de la solicitud no equivale por sí misma a una sentencia, pero muestra que la libertad de organización sigue siendo un campo de disputa.
El mecanismo ha logrado reinstalaciones, pagos retroactivos, capacitación y compromisos de neutralidad en diferentes casos. No obstante, también revela una paradoja: parte de la protección efectiva de trabajadores mexicanos depende de un instrumento comercial negociado porque la supresión salarial en México afecta la competencia estadounidense. El derecho laboral aparece protegido no solamente como derecho humano, sino como condición del comercio.
Agua, energía y contaminación: los costos ambientales del crecimiento.
La industria necesita suelo, electricidad, agua, drenaje, infraestructura para residuos y vías de transporte. En ciudades áridas como Tijuana, Mexicali, Nogales y Ciudad Juárez, el crecimiento industrial y demográfico aumenta la presión sobre recursos limitados. No todas las maquiladoras tienen el mismo consumo ni el mismo impacto: una planta electrónica, una ensambladora automotriz y una operación médica presentan perfiles diferentes. Por ello, no sería responsable acusar de manera uniforme a todo el sector.
Lo relevante es observar quién recibe los beneficios y quién queda expuesto a los riesgos. Los parques industriales suelen contar con servicios estables porque una interrupción afecta contratos internacionales. En contraste, colonias populares pueden experimentar tandeos, drenajes deficientes, inundaciones o cercanía con zonas contaminadas. Cuando el empleo llega primero y la regulación ambiental después, los trabajadores terminan viviendo junto a los espacios productivos que también pueden degradar su entorno.
Una investigación sobre las transnacionales maquiladoras en Tijuana concluyó que su impacto no debía medirse únicamente por el empleo, sino también por sus consecuencias sociales y ambientales. El trabajo reconoce la importancia económica de las empresas y, al mismo tiempo, examina riesgos y deterioros que no aparecen en las cifras de exportación. Puede consultarse en
La pregunta central no consiste en decidir si la industria es buena o mala de manera absoluta. Consiste en determinar si paga el costo completo de los recursos, la infraestructura y los impactos que requiere, o si una parte es absorbida por gobiernos municipales con presupuestos insuficientes y por comunidades que viven junto a corredores industriales.
Una ciudad dividida por la frontera y por la clase
Las ciudades fronterizas mexicanas no solo mantienen una relación desigual con el otro lado de la línea internacional. También reproducen fronteras internas. Existen espacios industriales vigilados, corredores comerciales, fraccionamientos cerrados y zonas residenciales con buena infraestructura; al mismo tiempo, persisten asentamientos irregulares, periferias alejadas y barrios donde el acceso a oportunidades depende de largos desplazamientos.
La desigualdad se vuelve visible al comparar tiempos. Un componente puede cruzar la frontera bajo sistemas logísticos calculados al minuto, mientras una familia tarda meses en obtener una consulta especializada. Un tráiler encuentra una ruta diseñada para conectar la planta con la aduana, mientras un estudiante puede realizar varios transbordos para llegar a una universidad. La producción dispone de redundancias, protocolos y mantenimiento preventivo; la vida comunitaria suele reaccionar cuando el problema ya se convirtió en crisis.
Esta organización no necesita muros internos para separar. La distancia, el precio del suelo, la calidad del transporte y la distribución de los servicios cumplen esa función. Quien tiene automóvil, vivienda bien ubicada y horarios flexibles accede a una ciudad distinta de quien depende de una ruta de personal y vive sujeto a turnos.
¿Explotación planificada o resultado de decisiones acumuladas?
La respuesta más rigurosa se encuentra entre ambos extremos. Sería incorrecto afirmar que cada avenida, fraccionamiento o parque industrial fue concebido con la intención consciente de explotar trabajadores. También sería ingenuo describir la desigualdad como una consecuencia accidental e inevitable.
Las políticas industriales ofrecieron incentivos para atraer capital; los gobiernos facilitaron suelo e infraestructura; los desarrolladores construyeron vivienda donde resultaba más rentable; la planeación urbana autorizó expansiones; las empresas organizaron rutas para acceder a trabajadores periféricos; y el sistema laboral contuvo durante años una negociación colectiva limitada. Cada decisión pudo presentarse como una solución técnica o económica. En conjunto, formaron una ciudad cuyo funcionamiento depende de mantener disponible una gran fuerza laboral a costos competitivos.
El “diseño para la explotación” debe entenderse, por tanto, como una arquitectura económica y territorial, no necesariamente como un plano secreto. Está compuesto por leyes comerciales, diferencias salariales, parques industriales, crédito hipotecario periférico, transporte subordinado a turnos, debilidad sindical, trabajo doméstico no pagado y migración impulsada por la desigualdad regional.
La explotación no se encuentra únicamente dentro de la fábrica. También puede estar en las dos horas que nadie remunera para llegar a ella; en la abuela que cuida a los hijos para cubrir el turno nocturno; en la colonia sin equipamiento donde se vendió una casa “económica”; en el miedo a perder el ingreso necesario para pagar una deuda; o en la imposibilidad práctica de organizarse porque toda la jornada está absorbida por producir, trasladarse y sobrevivir.
La frontera también puede ser laboratorio de una ciudad diferente.
Transformar este modelo no exige cerrar las maquiladoras ni renunciar a la exportación. La industria es ya una parte esencial de la economía fronteriza y nacional. El desafío consiste en dejar de medir su éxito solamente por el número de plantas, las exportaciones o los empleos creados.
Una política distinta tendría que vincular cada expansión industrial con vivienda cercana y bien equipada; establecer contribuciones proporcionales para transporte, agua y saneamiento; fortalecer inspecciones laborales y ambientales; garantizar guarderías suficientes; impulsar rutas públicas que conecten barrios con toda la ciudad, no únicamente con las fábricas; recuperar vivienda abandonada; y reservar suelo para escuelas, clínicas, parques y comercio de proximidad.
También es indispensable fortalecer la negociación colectiva auténtica. Un trabajador que puede organizarse, conocer las finanzas relacionadas con su contrato, elegir libremente a sus representantes y denunciar sin represalias tiene mayor capacidad para transformar productividad en salarios y bienestar. La competitividad basada en innovación, capacitación, proveedores nacionales y tecnología resulta socialmente más sostenible que la basada en contener remuneraciones.
La discusión sobre el nearshoring vuelve especialmente urgente esta transformación. La relocalización de cadenas productivas hacia México puede traer inversión, empleos y conocimiento, pero también puede profundizar la especulación inmobiliaria, la presión hídrica, la expansión periférica y la desigualdad si las ciudades repiten el esquema anterior. La pregunta no es solamente cuántas empresas llegarán, sino qué ciudad se construirá alrededor de ellas y quién pagará el costo de mantenerlas funcionando.
El verdadero producto de la frontera.
Cada día, millones de manos ensamblan arneses, dispositivos médicos, automóviles, componentes electrónicos y equipos destinados a mercados internacionales. Pero la frontera produce algo más que mercancías: produce una forma particular de ciudad, una cultura marcada por turnos, migraciones, cruces, cansancio, resistencia y adaptación.
Las maquiladoras no pueden explicar por sí solas toda la desigualdad fronteriza. Tampoco son únicamente fábricas depredadoras sin aportación social. Han ofrecido empleo formal, independencia económica y aprendizaje técnico a millones de personas. Sin embargo, ese reconocimiento no debe ocultar una verdad incómoda: durante décadas, la competitividad de la frontera descansó parcialmente en trasladar a los trabajadores y a sus familias costos que no aparecen en el precio final de los productos.
Una ciudad justa no es aquella donde las mercancías cruzan rápidamente mientras las personas permanecen atrapadas por la distancia, la deuda y el salario. Tampoco es aquella que celebra la inversión sin preguntarse si sus habitantes disponen de tiempo para vivir.
El futuro de la frontera mexicana dependerá de romper esa contradicción. La industria debe servir a la ciudad y no la ciudad entera a la industria. Solo entonces la capacidad productiva dejará de sostenerse en la necesidad de quienes menos pueden negociar y comenzará a traducirse en vivienda digna, movilidad, salud, agua, libertad sindical y bienestar compartido.
Fuentes centrales consultadas.
- INEGI: Programa IMMEX
- INEGI: Exportaciones por entidad federativa
- OIT: Mexican maquiladoras, origins, operations and outlook
- OIT: Women industrial workers in an opening economy
- El Colegio de México/Scielo: planeación y expansión urbana en Ciudad Juárez
- Estudios Demográficos y Urbanos: movilidad y derecho a la ciudad en Juárez
- Investigaciones Geográficas, UNAM: empleo femenino en Tijuana y Matamoros
- Departamento del Trabajo de Estados Unidos: derechos laborales y T-MEC
- Casos del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida
