Productores aseguran que la Comisión Federal de Electricidad reactivó adeudos congelados y dejó sin servicio a ranchos agrícolas tras operativo con presencia militar
HISTORIASMX. – La tensión entre agricultores y la Comisión Federal de Electricidad escaló este jueves en el municipio de Jiménez, Chihuahua, luego de que productores decidieran tomar las instalaciones de la paraestatal en protesta por lo que consideran un incumplimiento de acuerdos previamente establecidos.
Desde temprana hora, el ingeniero Sergio Jurado, acompañado de otros trabajadores del campo, encabezó la manifestación tras denunciar el retiro de infraestructura eléctrica que abastecía sus ranchos, una acción que —según su testimonio— se realizó con apoyo de elementos del Ejército.
Un conflicto que arrastra más de dos décadas
El origen del problema no es reciente. De acuerdo con el productor, la relación entre agricultores y la CFE ha estado marcada por una resistencia civil que se ha prolongado por más de 20 años, derivada de adeudos acumulados por el alto costo de la energía eléctrica utilizada en actividades agrícolas.
Sin embargo, en el año 2023 se planteó una alternativa que parecía ofrecer una salida viable: un convenio impulsado a nivel estatal, en el cual los productores podrían regularizar su situación pagando el año en curso, mientras que la deuda histórica quedaría “encapsulada”.
“Si el agricultor pagaba el 2023, podía seguir pagando sus recibos mes a mes, y el adeudo anterior quedaba congelado”, explicó Jurado.
Este esquema, según el testimonio, permitió que algunos productores retomaran sus pagos de manera puntual, cumpliendo durante más de dos años con sus obligaciones actuales.
El operativo que detonó la protesta
La inconformidad estalló cuando, sin previo aviso, se ejecutó un operativo en el que se retiraron postes, cables y líneas de suministro eléctrico en los predios agrícolas.
El hecho no solo implicó la interrupción del servicio, sino también un despliegue de seguridad que elevó la preocupación entre los productores.
“Se llevaron los postes y cables que nos daban corriente a nuestros ranchos, con la presencia de alrededor de 40 elementos del Ejército”, denunció el agricultor.
Tras acudir a las oficinas de la CFE para exigir explicaciones, la respuesta fue contundente: el adeudo previamente congelado había sido reactivado, y ahora debía pagarse o negociarse nuevamente para restablecer el servicio.
Deuda millonaria y condiciones impagables
Uno de los puntos más críticos del conflicto es el monto del adeudo histórico. En el caso del productor entrevistado, este asciende a una cifra estimada entre 6 y 7 millones de pesos, acumulados a lo largo de más de dos décadas.
A esto se suma el costo actual del consumo eléctrico, que oscila entre 40 mil y 60 mil pesos mensuales por servicio, lo que hace prácticamente inviable cubrir ambas cargas simultáneamente.
“No tengo condiciones para pagar el adeudo y los servicios actuales. Por eso se hizo el convenio, para poder salir adelante”, sostuvo.
Un convenio que hoy no se reconoce
El acuerdo que hoy está en disputa tuvo su origen en gestiones realizadas desde el año 2022, incluyendo reuniones con el entonces director de la CFE, Manuel Bartlett, y mesas de trabajo desarrolladas durante 2023.
Según el agricultor, el convenio fue promovido en todo el estado y difundido en sucursales de la CFE, con el objetivo de permitir que los productores regularizaran su situación sin la carga inmediata de sus deudas históricas.
No obstante, hoy la versión oficial que reciben es distinta:
“Me dicen que tengo que pagar el adeudo o hacer una propuesta. Pero ese adeudo estaba encapsulado, así se nos dijo”, reclamó.
Impacto en el sector agrícola
El conflicto no solo representa una disputa administrativa, sino que amenaza directamente la operación de los ranchos agrícolas que dependen de la energía eléctrica para sistemas de riego.
Sin suministro, la producción se ve comprometida, lo que podría traducirse en pérdidas económicas, afectaciones a la cadena productiva y presión sobre el sector agroalimentario regional.
Además, el productor señaló que aunque desconoce el número exacto de afectados, existe evidencia de que al menos otros agricultores podrían enfrentar situaciones similares.
La toma como medida de presión
Ante la falta de respuesta favorable, los agricultores optaron por tomar las instalaciones de la CFE en Jiménez como una forma de presión para ser escuchados por autoridades con capacidad de decisión.
El objetivo, aseguran, no es afectar a la ciudadanía, sino exigir el respeto a un acuerdo previamente establecido.
“No pretendemos dañar a nadie. Solo queremos que se respete el convenio y que nos reconecten el servicio para seguir cumpliendo”, expresó.
Un conflicto abierto
Hasta el momento, las negociaciones continúan sin una solución definitiva. La permanencia de la protesta dependerá, según los propios agricultores, de la disposición de la CFE para reconocer el convenio de 2023 y restablecer el servicio eléctrico.
El caso evidencia una problemática estructural en el campo chihuahuense: el alto costo de la energía, los adeudos históricos y la fragilidad de los acuerdos institucionales.
En medio de un contexto donde el agua, la energía y la producción agrícola están profundamente interconectados, este conflicto podría ser solo un reflejo de una crisis más amplia que sigue latente en el norte del país.
