Aunque la Suprema Corte eliminó la criminalización del aborto en el estado, organizaciones y resoluciones judiciales señalan que el acceso al servicio sigue enfrentando obstáculos institucionales
HISTORIASMX. – En Chihuahua, el aborto dejó de ser un delito en el papel tras una serie de resoluciones judiciales federales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, en la práctica, el acceso a este servicio de salud continúa enfrentando obstáculos institucionales, falta de implementación en hospitales públicos y vacíos legales que mantienen el derecho en una zona gris.
La situación revela una contradicción entre el avance jurídico del derecho a decidir y las dificultades reales que enfrentan mujeres y personas gestantes para acceder a servicios seguros dentro del sistema de salud estatal.
La despenalización que llegó desde los tribunales
El 30 de enero de 2025, la SCJN declaró inconstitucional la criminalización del aborto voluntario en el estado de Chihuahua, invalidando diversos artículos del Código Penal que castigaban a las mujeres por interrumpir su embarazo.
La decisión se dio a través de una declaratoria general de inconstitucionalidad, un mecanismo que se aplica cuando una legislación estatal contradice los derechos reconocidos por la Constitución.
Con esta resolución, las autoridades ya no pueden procesar penalmente a mujeres que aborten voluntariamente, lo que convirtió a Chihuahua en una de las entidades donde el aborto dejó de ser perseguido como delito hasta las primeras semanas de gestación.
La Corte invalidó artículos del Código Penal que establecían sanciones por aborto voluntario y que imponían requisitos restrictivos incluso en casos de violación.
Sin embargo, esta despenalización ocurrió por decisión judicial y no por una reforma legislativa, lo que ha generado un escenario complejo para su aplicación.
Un derecho reconocido… pero no plenamente garantizado
A pesar de la sentencia de la Corte, el acceso al aborto en Chihuahua sigue enfrentando obstáculos prácticos.
Diversas organizaciones feministas y de derechos humanos han señalado que los hospitales públicos del estado continúan sin garantizar de manera efectiva el servicio, pese a las resoluciones judiciales.
En 2024, un tribunal federal ordenó a la Secretaría de Salud de Chihuahua informar y garantizar el acceso al aborto voluntario hasta las 12.6 semanas de gestación, luego de determinar que negar el servicio en hospitales públicos constituye una violación a los derechos reproductivos.
La resolución estableció que las autoridades sanitarias están obligadas a ofrecer el procedimiento en clínicas y hospitales del sistema público, independientemente de que el Congreso estatal no haya modificado el Código Penal.
Aun así, activistas y organizaciones señalan que la aplicación de estas resoluciones ha sido lenta e irregular.
Las trabas del sistema de salud
Organizaciones que acompañan a mujeres en procesos de aborto legal han denunciado que instituciones del sector salud en Chihuahua han implementado mecanismos que retrasan o dificultan el acceso al procedimiento.
Entre los obstáculos señalados se encuentran:
- Negativa de hospitales a realizar el procedimiento
- Falta de personal capacitado
- Desinformación sobre el marco legal
- Retrasos administrativos que prolongan los trámites
- Interpretaciones restrictivas de la legislación
Activistas han denunciado incluso que algunas autoridades sanitarias han evadido la aplicación de normas oficiales federales relacionadas con la atención a víctimas de violencia sexual y aborto seguro, como la NOM-046, que obliga a los servicios de salud a garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación.
En algunos casos, las solicitudes de aborto son retrasadas hasta que se rebasa el límite de semanas permitido, lo que en la práctica impide el acceso al servicio dentro del sistema público.
Un sistema legal que aún no se actualiza
Otro de los problemas estructurales es que el Congreso del Estado de Chihuahua no ha reformado completamente el Código Penal para armonizarlo con las resoluciones de la Suprema Corte.
Esto genera un escenario jurídico contradictorio:
- La Corte ya declaró inconstitucional penalizar el aborto.
- Pero parte de la legislación local sigue sin actualizarse.
En términos prácticos, esto provoca confusión entre funcionarios, personal médico y autoridades, lo que termina impactando directamente en el acceso al servicio.
El contexto nacional
El debate en Chihuahua forma parte de un proceso más amplio que ha transformado el marco legal del aborto en México.
En 2021, la Suprema Corte estableció que criminalizar el aborto es inconstitucional, reconociendo el derecho a la autonomía reproductiva.
Desde entonces, varios estados han reformado sus códigos penales para permitir el aborto voluntario durante el primer trimestre.
En el caso de Chihuahua, el cambio ocurrió principalmente por vía judicial, lo que explica parte de las dificultades para su implementación en políticas públicas.
Entre el derecho y la realidad
En teoría, las mujeres y personas gestantes en Chihuahua ya no pueden ser criminalizadas por abortar y deberían poder acceder al servicio dentro del sistema de salud público.
Sin embargo, en la práctica, la falta de protocolos claros, la resistencia institucional y la ausencia de reformas legislativas completas continúan limitando el acceso real al aborto seguro.
El resultado es un escenario paradójico:
el derecho existe en las sentencias judiciales, pero aún no se traduce plenamente en servicios accesibles dentro del sistema de salud estatal.
Para organizaciones de derechos humanos, el desafío ahora no es solo jurídico, sino institucional: convertir la despenalización en una política pública efectiva que garantice el derecho a decidir sin obstáculos ni discriminación.
