Vallas por 39 millones de pesos, denuncias por detenciones ilegales sin resolver y obstáculos al acceso al aborto marcan el contexto previo a la marcha del Día Internacional de la Mujer
HISTORIASMX. – La capital del estado de Chihuahua se prepara para una nueva marcha del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, en medio de un escenario marcado por la contradicción entre el discurso oficial del gobierno estatal y las críticas de organizaciones civiles y colectivas feministas.
Mientras la administración encabezada por la gobernadora María Eugenia “Maru” Campos Galván se presenta como un gobierno “humanista” y comprometido con las mujeres, el Centro Histórico de la ciudad vuelve a ser rodeado por un cerco de vallas metálicas, adquirido con recursos públicos por un monto de 39 millones 268 mil 181 pesos.
A esto se suman diez denuncias por detenciones ilegales ocurridas durante la marcha de 2025 que aún no han sido resueltas, además de cuestionamientos por presuntos obstáculos institucionales para garantizar derechos reproductivos y la persistencia de altos índices de violencia contra las mujeres en la entidad.
Un estado marcado por la violencia feminicida
La situación se vuelve aún más compleja al observar los indicadores de violencia de género en la entidad.
De acuerdo con el informe “Violencia en México. Una década sin paz 2015–2025”, elaborado por la organización México Evalúa, Chihuahua ocupa el tercer lugar nacional en tasa de feminicidios por cada 100 mil habitantes en los últimos diez años, solo por debajo de Morelos y Sinaloa.
Este contexto ha llevado a diversas colectivas y organizaciones de la sociedad civil a señalar que las políticas públicas del gobierno estatal no han logrado revertir la violencia estructural contra las mujeres, a pesar del discurso oficial de respaldo institucional.
La ciudad amurallada
En los días previos a la movilización, el Centro Histórico de Chihuahua volvió a transformarse en un espacio amurallado por estructuras metálicas y barreras de concreto.
Las vallas rodean edificios públicos como:
- Palacio de Gobierno
- Ayuntamiento de Chihuahua
- Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua
- Edificio Héroes de la Reforma
Además, en la Avenida Juárez y las calles Aldama y Carranza se instalaron barreras de concreto, mientras que diversas dependencias estatales protegieron puertas y ventanas con tablones de madera.
El cerco metálico también dejó dentro de su perímetro a la Cruz de Clavos, un antimonumento feminista instalado en 2002 para honrar a mujeres víctimas de feminicidio, desaparición y violencia en Chihuahua.
Con el paso de los años, este espacio se ha convertido en un símbolo de lucha social y memoria colectiva, utilizado también para exigir justicia por otros hechos de violencia en el estado, como la masacre de Creel en 2008 o el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en 2022 en la Sierra Tarahumara.
Un operativo de seguridad masivo
Para la marcha de este año, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) anunció un despliegue de aproximadamente 600 agentes policiacos, de los cuales 45 por ciento serán mujeres.
La dependencia aseguró que los elementos evitarán el contacto directo con las manifestantes y que la Plataforma Centinela permanecerá en vigilancia permanente durante la jornada.
El operativo contará también con la participación de:
- Bomberos
- Protección Civil
- Policía Vial
- Asuntos Internos
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que desplegará un operativo de acompañamiento para vigilar que se respeten los derechos de las manifestantes y evitar posibles abusos de autoridad. También se confirmó la presencia de Cruz Roja para atender emergencias médicas.
Las vallas de 39 millones de pesos
Uno de los aspectos más cuestionados por organizaciones civiles es el costo del sistema de vallas metálicas.
De acuerdo con una solicitud de información realizada en 2024, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal adquirió 608 vallas metálicas por un monto de 39 millones 268 mil 181 pesos, compradas a la empresa Sujetadores de Acero S.A. de C.V.
Inicialmente, la dependencia se negó a responder a la solicitud de información, pero finalmente fue obligada a transparentar los datos por el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP).
Para organizaciones defensoras de derechos humanos, el uso de estos recursos públicos refleja prioridades institucionales cuestionables.
La directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Ruth Fierro, ha señalado que los recursos utilizados para instalar el cerco metálico podrían haberse destinado a fortalecer instituciones clave como la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM).
Según Fierro, esta fiscalía enfrenta limitaciones presupuestales, sobrecarga de trabajo y carencias en recursos técnicos y humanos.
Además, recordó que los edificios públicos ya cuentan con seguros por daños. Por ejemplo, el Palacio de Gobierno de Chihuahua tenía en 2023 una póliza que cubría hasta 80 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda estatal.
Diez denuncias por detenciones ilegales
A las críticas por el cerco metálico se suman las denuncias por detenciones arbitrarias durante la marcha del 8M de 2025.
Durante esa movilización, al menos diez jóvenes fueron detenidas por agentes de la Policía Estatal vestidos de civil, en un operativo que fue ampliamente criticado por organizaciones civiles.
La Secretaría de Seguridad Pública justificó las detenciones argumentando que las manifestantes habrían puesto en riesgo la integridad de un guardia del Registro Civil.
Las denuncias fueron agrupadas en un solo expediente que, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se encuentra aún en la etapa final de investigación.
Hasta ahora no se ha informado públicamente sobre sanciones o destituciones contra los agentes involucrados.
Obstáculos para el acceso al aborto
Otra de las críticas al gobierno estatal proviene del ámbito de los derechos sexuales y reproductivos.
En enero de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional criminalizar el aborto voluntario hasta la semana 12.6 de gestación en Chihuahua.
La resolución obliga a que las instituciones de salud estatales garanticen el acceso gratuito y seguro al servicio, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 046.
Sin embargo, organizaciones como Marea Verde Chihuahua han denunciado que hospitales y clínicas estatales continúan obstaculizando el acceso al aborto.
Un caso emblemático ocurrió en febrero de 2025, cuando el Gobierno del Estado tuvo que indemnizar a una adolescente víctima de violación a quien se le negó el servicio en 2023, tras una resolución judicial que determinó violaciones a sus derechos humanos.
Las críticas a Maru Campos
En medio de este escenario, la gobernadora Maru Campos también ha sido cuestionada por investigaciones periodísticas que señalan presuntos vínculos con redes de influencia relacionadas con el Duartismo, particularmente en torno a la construcción de una residencia valuada en al menos 31 millones de pesos.
Ante estos señalamientos, Campos declaró en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva que ha llevado “una vida limpia” y afirmó que la propiedad fue un regalo de su esposo, el empresario Víctor Manuel Cruz Russek, fallecido en octubre de 2025.
Para activistas como Mariela Castro, vocera de Marea Verde Chihuahua, las críticas hacia la gobernadora no responden a su condición de mujer, sino a decisiones políticas y al desempeño de su gobierno.
“Señalar posibles actos de corrupción o tráfico de influencias no es violencia política de género. Son cuestionamientos legítimos a la actuación de un gobierno”, ha señalado.
Un 8M marcado por la tensión
En este contexto, el Día Internacional de la Mujer en Chihuahua vuelve a desarrollarse bajo un clima de tensión política y social.
Mientras el gobierno estatal insiste en que las medidas de seguridad buscan proteger a las manifestantes y el patrimonio histórico, organizaciones y colectivas feministas consideran que el cerco metálico simboliza la distancia entre el poder y las demandas de justicia de las mujeres en el estado.
El resultado es una ciudad que, en la víspera del 8 de marzo, aparece literalmente cercada por vallas, mientras miles de mujeres se preparan para salir a las calles a exigir lo mismo que han reclamado durante décadas: seguridad, justicia y derechos plenos.
