Mientras estudiantes denuncian filtraciones, baños sin agua, salones sin climatización y laboratorios con carencias, la Universidad Autónoma de Chihuahua administra recursos públicos superiores a los 2 mil millones de pesos anuales. El sueldo de Rectoría, los gastos de representación y el destino del presupuesto abren una discusión sobre las prioridades financieras de una institución sostenida también por las aportaciones de sus alumnos.
HISTORIASMX.– La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) enfrenta una contradicción que se ha convertido en motivo de inconformidad entre sectores de su comunidad estudiantil: mientras recibe cuantiosos recursos públicos y cobra cuotas de inscripción, alumnos de diferentes facultades denuncian que parte de su infraestructura presenta condiciones incompatibles con las necesidades de una educación superior de calidad.
El problema no se limita a paredes deterioradas o estacionamientos con baches. Las denuncias documentadas durante 2026 incluyen aulas con filtraciones, sanitarios sin agua, sistemas de climatización insuficientes, falta de espacios para impartir clases y equipo académico que, de acuerdo con los testimonios estudiantiles, no recibe mantenimiento adecuado.
La discusión alcanza también a la administración encabezada por el rector Luis Alfonso Rivera Campos, particularmente por las remuneraciones de los altos funcionarios, el ejercicio de los viáticos y las decisiones presupuestales.
Una revisión de información oficial de la Secretaría de Educación Pública, documentación universitaria y reportes periodísticos publicados durante 2026 permite identificar tres problemas que merecen escrutinio público: las condiciones materiales de algunos planteles, el costo económico de estudiar en la institución y la transparencia sobre el destino del dinero.
Aulas con goteras, humedad y baños deteriorados: las denuncias se extienden por Chihuahua
La inconformidad universitaria ha dejado de estar concentrada en una sola facultad.
El 18 de agosto de 2026, estudiantes del Campus 1 denunciaron salones sin aire acondicionado, aulas con un único tomacorriente, banquetas agrietadas, estacionamientos con baches y problemas de humedad, goteras y olor a moho.
En marzo del mismo año, un recorrido periodístico por las instalaciones del Campus I documentó problemas en sanitarios, tomacorrientes, fachadas y áreas comunes. Las observaciones coincidieron con parte de los reclamos estudiantiles relacionados con el mantenimiento.
En octubre, estudiantes del Campus 2 denunciaron afectaciones por filtraciones en techos y plafones, así como espacios que presuntamente habían quedado inhabilitados. Estos señalamientos requieren evaluaciones técnicas para determinar el alcance estructural de los daños, pero evidencian la necesidad de informar públicamente qué reparaciones se han realizado y cuáles siguen pendientes.
La problemática también alcanzó a unidades académicas fuera de la capital.
En febrero de 2026, alumnos de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, en Cuauhtémoc, denunciaron sanitarios sin agua, deficiencias en laboratorios, materiales caducados, puertas dañadas, problemas de climatización y proyectores inservibles.
En Ciudad Juárez, durante septiembre, estudiantes protestaron por problemas de abastecimiento de agua, instalaciones sanitarias, filtraciones y deterioro en salones. Algunos testimonios incluso señalaron desprendimientos de materiales en los techos.
Estos son reportes estudiantiles recogidos por medios de comunicación, no dictámenes estructurales emitidos por autoridades especializadas. Sin embargo, su recurrencia en distintos campus plantea una pregunta administrativa legítima: ¿existe un diagnóstico integral, actualizado y público del estado físico de las instalaciones universitarias?
El 5 de octubre, aproximadamente 200 estudiantes de distintas facultades acudieron a Rectoría para expresar inconformidades por el estado de la infraestructura, los servicios básicos, las becas y las colegiaturas, además de exigir transparencia en el ejercicio de los recursos universitarios.
La protesta mostró que el conflicto no puede reducirse a casos aislados de mantenimiento: también existe una demanda de información sobre las decisiones de gasto.
Más de 2 mil millones de pesos públicos: ¿cuánto llega realmente a las aulas?
La dimensión presupuestal obliga a examinar las decisiones de inversión.
Para 2026, los registros de la Secretaría de Educación Pública establecen un subsidio ordinario conjunto de 2 mil 98 millones 442 mil 634 pesos para la Universidad Autónoma de Chihuahua, integrado por recursos de la Federación y del Gobierno del Estado.
De esa cantidad, aproximadamente mil 124.5 millones de pesos corresponden a la aportación federal, equivalente al 53.59%, mientras que 973.9 millones de pesos provienen del presupuesto estatal, representando el 46.41%.
La cifra representa un incremento de aproximadamente 14.23 millones de pesos frente al subsidio ordinario registrado para 2025, cuando las aportaciones sumaron 2 mil 84 millones 211 mil 882 pesos.
Sin embargo, un mayor subsidio nominal no significa necesariamente mayor disponibilidad económica para mantenimiento. Los recursos universitarios también financian nómina, enseñanza, investigación, prestaciones, servicios y otras obligaciones; además, el crecimiento debe analizarse frente a la inflación y los compromisos presupuestales.
La interrogante es cuánto dinero fue programado específicamente para conservación de edificios, rehabilitación de aulas, instalaciones eléctricas, sanitarios, sistemas de climatización y equipamiento académico, y qué porcentaje de ese presupuesto ha sido ejercido.
Un presupuesto concentrado en servicios personales
Un análisis publicado el 2 de octubre de 2026 por Chihuahua Digital, a partir de información presupuestal, señaló que 73.6% de los recursos de la UACH se destinan al rubro de servicios personales, frente a 0.1% clasificado como inversión pública.
El desglose reportado establece una distribución de 73.6% para servicios personales, 9.9% para otros conceptos, 7.6% para pensiones y jubilaciones, 6.6% para servicios generales, 1.2% para ayudas sociales y 0.1% para inversión pública. El porcentaje restante corresponde a partidas menores o diferencias de redondeo no desglosadas en esa publicación.
El dato requiere una precisión fundamental: el capítulo de servicios personales no es sinónimo de gasto burocrático innecesario. Incluye remuneraciones de profesores y trabajadores que sostienen la actividad académica.
Tampoco toda reparación aparece necesariamente bajo el concepto de inversión pública, pues determinadas labores de mantenimiento pueden registrarse en servicios generales.
Por ello, las cifras no permiten afirmar que únicamente 0.1% del presupuesto se utiliza para mejorar instalaciones.
Lo que sí justifican es exigir el desglose de los recursos destinados a rehabilitación, mantenimiento y equipamiento, así como los contratos, facturas, obras concluidas y necesidades pendientes.
El sueldo del rector: más de 90 mil pesos mensuales brutos según el tabulador difundido
Mientras parte del alumnado reclama mejores condiciones materiales, el salario del máximo responsable de la administración universitaria constituye otro elemento de interés público.
En octubre de 2026, Chihuahua Digital publicó que el tabulador del ejercicio fiscal establece una remuneración de 45 mil 335 pesos quincenales para el cargo de rector, equivalentes a 90 mil 670 pesos mensuales brutos.
Tomando como referencia esa cantidad, la remuneración tabular representa un equivalente de un millón 88 mil 40 pesos por doce meses, sin considerar posibles prestaciones adicionales, compensaciones, gratificaciones o aguinaldo.
La remuneración reportada plantea la necesidad de conocer el desglose completo de lo percibido por Luis Alfonso Rivera Campos.
La información pública debería permitir identificar salario base, compensaciones, gratificaciones, primas, aguinaldo, prestaciones y deducciones, separando montos brutos de cantidades netas.
La consulta realizada al apartado oficial de sueldos de la UACH permitió localizar la sección de transparencia, pero no corroborar directamente la nómina individual completa de 2026.
Por esa razón, los 90 mil 670 pesos deben identificarse como una cifra tabular difundida por la prensa, no como el ingreso neto efectivamente recibido.
La percepción de un salario autorizado no constituye por sí misma una irregularidad. El análisis de rendición de cuentas debe examinar si corresponde al tabulador vigente, si existen compensaciones complementarias y si los pagos son congruentes con las obligaciones legales de publicidad de las remuneraciones.
Viáticos y viajes: antecedentes de observaciones de la Auditoría Superior del Estado
Los gastos de viaje también forman parte de los cuestionamientos sobre el manejo de recursos universitarios.
En febrero de 2024, El Heraldo de Chihuahua publicó que durante un periodo de tres meses el rector había realizado siete vuelos por aproximadamente 311 mil pesos, en el contexto de observaciones de la Auditoría Superior del Estado sobre viajes, traslados y viáticos.
Otro reporte periodístico, de Tiempo.com.mx, describió observaciones por gastos de viaje cercanos a 324 mil pesos, entre ellos un desplazamiento a Phoenix, Arizona, en octubre de 2022, relacionado con erogaciones que el órgano fiscalizador consideró insuficientemente justificadas mediante la documentación presentada.
Los montos citados no deben sumarse, pues corresponden a reportes sobre observaciones relacionadas y pueden incluir conceptos diferentes o superpuestos.
El antecedente permite identificar una cuestión concreta: los gastos de representación institucional requieren evidencia de los motivos de viaje, resultados, autorización y comprobación financiera.
No obstante, estas observaciones históricas no demuestran que los viáticos de 2026 presenten las mismas deficiencias, ni permiten afirmar que exista una responsabilidad administrativa firme contra el rector.
Para determinar el gasto actual se necesitan los informes de comisiones oficiales de 2026, las facturas de transporte y hospedaje, los informes de actividades y las eventuales resoluciones de los órganos fiscalizadores.
La UACH cuenta con una sección institucional específica para gastos en comisiones oficiales, aunque la consulta disponible no permitió obtener un total individual verificado de los viáticos ejercidos por Rivera Campos durante el presente año.
La transparencia requiere algo más que publicar un registro: los ciudadanos deben poder conocer cuánto se gastó, para qué se utilizó el recurso y qué beneficio institucional se obtuvo.
Una universidad pública que también cobra a sus alumnos
La Universidad Autónoma de Chihuahua recibe subsidios gubernamentales, pero los estudiantes también realizan aportaciones económicas para cursar sus estudios.
La convocatoria institucional correspondiente al semestre agosto-diciembre de 2026 estableció un costo de inscripción de 4 mil 245 pesos para el proceso de nuevo ingreso publicado en Chihuahua.
Una cantidad de esa magnitud representa una obligación económica para las familias que buscan acceder a educación superior pública.
Además de la inscripción, los universitarios pueden enfrentar gastos de transporte, alimentación, materiales, libros, equipo tecnológico y alojamiento, dependiendo de sus circunstancias.
La clasificación de la UACH como universidad pública no implica que todos sus servicios se ofrezcan gratuitamente en las condiciones actuales, pero sí coloca bajo escrutinio la accesibilidad económica y la justificación de los cobros.
La comparación entre cuotas de distintas universidades debe hacerse considerando carreras, modalidad, subsidios, exenciones, becas y conceptos efectivamente obligatorios.
Con la información examinada no puede sostenerse que la UACH sea la universidad pública más cara de México.
Lo verificable es que cobra cuotas de inscripción y que estudiantes de diferentes facultades han expresado inconformidad por la relación entre lo pagado y las condiciones de los espacios académicos.
La pregunta central es hasta qué punto esos cobros, sumados al financiamiento gubernamental, se traducen en servicios e infraestructura adecuados para quienes estudian en la institución.
El contraste con el discurso institucional: 164 programas educativos y más de 29 mil estudiantes
El 30 de octubre de 2026, durante su Cuarto Informe de Actividades, el rector Luis Alfonso Rivera Campos presentó un balance institucional en el que destacó el crecimiento de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
De acuerdo con la información oficial, la institución cuenta con 164 programas educativos distribuidos entre 15 facultades y una comunidad superior a 29 mil estudiantes, lo que representa un incremento de 2.62% respecto al periodo anterior.
Estos indicadores reflejan la dimensión académica de la universidad y deben considerarse al evaluar sus necesidades financieras.
La expansión educativa, sin embargo, también exige infraestructura suficiente, contratación de profesores, laboratorios operativos, servicios sanitarios adecuados y programas permanentes de conservación.
Una institución puede registrar avances académicos y simultáneamente enfrentar deficiencias materiales en determinados planteles. Reconocer ambos escenarios resulta indispensable para evitar una evaluación incompleta.
Los resultados anunciados por Rectoría tampoco sustituyen la necesidad de responder específicamente a las denuncias estudiantiles.
Si la universidad incrementa su matrícula, debe informar cómo está adaptando sus edificios, capacidad instalada y servicios para atender esa expansión.
Las preguntas que Rectoría debe responder
A partir de los registros financieros y las denuncias documentadas, existen interrogantes que pueden esclarecerse mediante información pública verificable.
¿Cuánto presupuesto destinó la UACH durante 2024, 2025 y 2026 a mantenimiento preventivo y correctivo de aulas, sanitarios, laboratorios y edificios?
¿Cuántos salones presentan filtraciones, problemas eléctricos, fallas de climatización o restricciones de uso?
¿Cuál es la remuneración bruta y neta total del rector, incluidas compensaciones, aguinaldo y prestaciones?
¿Cuánto dinero ejerció Rectoría en viáticos, boletos de avión, hospedaje y gastos de representación durante 2025 y 2026?
¿Cuál es la recaudación anual por inscripciones y otros pagos obligatorios realizados por estudiantes, y a qué partidas se destinan esos ingresos?
¿Qué observaciones de auditorías anteriores permanecen pendientes y cuáles han sido solventadas?
¿Existe un programa de rehabilitación de instalaciones con presupuesto, responsables y fechas de conclusión?
Responderlas permitiría pasar de las denuncias a una evaluación concreta de las decisiones administrativas.
Infraestructura educativa: más que un asunto de imagen
El deterioro de las instalaciones universitarias no es exclusivamente un problema estético.
Las filtraciones pueden afectar instalaciones eléctricas, mobiliario y materiales académicos. La humedad persistente, particularmente cuando favorece la presencia de moho, puede representar un riesgo para la calidad del ambiente interior.
La falta de climatización puede dificultar las actividades escolares durante periodos de temperaturas extremas, mientras que la insuficiencia de sanitarios funcionales y agua compromete las condiciones básicas de higiene.
En laboratorios y espacios de formación práctica, la ausencia de equipamiento adecuado también puede limitar la enseñanza y el desarrollo de competencias profesionales.
No obstante, determinar el riesgo específico de cada edificio requiere inspecciones técnicas, mediciones y dictámenes especializados. Los testimonios y las fotografías constituyen elementos relevantes para iniciar revisiones, pero no reemplazan esas evaluaciones.
La infraestructura educativa debe ser considerada parte de la calidad académica, no un asunto secundario frente a los indicadores de matrícula, investigación o expansión institucional.
Una discusión sobre prioridades, no solamente sobre dinero
La UACH administra recursos de distintas procedencias, mantiene obligaciones laborales y atiende a miles de estudiantes. Su presupuesto no puede interpretarse como si estuviera totalmente disponible para realizar obras.
De igual manera, el salario de un rector o los gastos de representación no constituyen automáticamente un uso irregular de recursos.
El cuestionamiento periodístico surge cuando las condiciones denunciadas por el alumnado se contrastan con el volumen del financiamiento público, las cuotas de inscripción y la información todavía necesaria para evaluar los resultados de la administración.
Es indispensable conocer cuánto dinero se asigna al mantenimiento, cuánto se ejerce realmente y cuáles son las necesidades que permanecen sin atender.
La responsabilidad de una universidad pública no termina en informar cuántos programas educativos ofrece o cuántos alumnos ingresan cada año. También comprende garantizar condiciones adecuadas para estudiar, transparentar sus decisiones financieras y atender las inconformidades de su comunidad.
Conclusión: la UACH ante la exigencia de rendir cuentas
Las denuncias registradas durante 2026 muestran que estudiantes de diferentes unidades académicas han expresado preocupación por el estado de parte de la infraestructura universitaria.
Los datos oficiales confirman, al mismo tiempo, que la institución recibe más de 2 mil millones de pesos en subsidios ordinarios federales y estatales, además de contar con ingresos propios.
La información periodística sobre remuneraciones y antecedentes de observaciones a gastos de viaje añade elementos que justifican una revisión documental más profunda.
Hasta ahora, los datos examinados no permiten determinar que los recursos destinados a infraestructura hayan sido desviados, ni establecer responsabilidades individuales por las deficiencias denunciadas.
Sí permiten identificar una exigencia concreta de rendición de cuentas: conocer cómo se distribuye el presupuesto, qué obras se han realizado, cuáles siguen pendientes y qué acciones se emprenderán para atender los problemas reportados.
La Universidad Autónoma de Chihuahua tiene una función esencial en la formación profesional, científica y cultural del estado. Precisamente por su importancia pública, la calidad de sus instalaciones y la transparencia de su administración deben ser asuntos sujetos a evaluación constante.
Una universidad pública no solamente debe demostrar cuánto dinero recibe y cuántos estudiantes atiende. También debe acreditar cómo utiliza sus recursos para garantizar las condiciones en las que esos estudiantes reciben su educación.
Gorki Rodríguez / HISTORIASMX
Periodismo del Norte, Periodismo con Carácter.
