La universidad tiene asignados más de 2 mil 392 millones de pesos de subsidio público para 2026. Mientras reporta inversiones y apoyos estudiantiles, persisten preguntas sobre la remuneración de su rector, el gasto individual en viajes y las condiciones cotidianas para estudiar. Una revisión documental permite identificar avances, reclamos y cifras que todavía requieren comprobación.
HISTORIASMX.– El debate sobre el dinero de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez debe comenzar con una pregunta concreta: ¿cómo se traduce su financiamiento en condiciones educativas para sus estudiantes?
Para 2026, la plataforma de subsidios de la Secretaría de Educación Pública registra una asignación conjunta de 2 mil 392 millones 885 mil 687 pesos: mil 422 millones 193 mil 512 de aportación federal y 970 millones 692 mil 175 de aportación estatal. Es el subsidio ordinario consignado en esa plataforma, no necesariamente la totalidad de los ingresos universitarios.
Al frente de la institución está Daniel Alberto Constandse Cortez, cuyo periodo como rector comprende del 10 de octubre de 2024 al 10 de octubre de 2030. Su administración enfrenta una obligación pública de explicación: mostrar cuánto cuesta dirigir la universidad, cómo se justifican los gastos administrativos y qué necesidades estudiantiles siguen pendientes.
El sueldo del rector: una cifra publicada que requiere corroboración directa
El 2 de septiembre de 2026, Enlace Chihuahua publicó que Constandse Cortez percibe 344 mil pesos brutos mensuales y alrededor de 224 mil pesos netos, atribuyendo la información a la Plataforma Nacional de Transparencia.
El mismo medio recogió señalamientos de estudiantes sobre esperas de entre 30 y 40 minutos para abordar el Indiobús junto al Instituto de Ciencias Sociales y Administración, con exposición al sol. Son datos y testimonios publicados por ese medio; esta revisión no obtuvo entrevistas propias ni verificó los tiempos de espera en campo.
La cifra salarial merece escrutinio, pero también precisión. No fue posible corroborar directamente el registro de nómina que sustenta los 344 mil pesos, identificar el periodo exacto al que corresponde ni separar sueldo base, compensaciones, antigüedad y posibles pagos extraordinarios. Por ello, no debe presentarse como una remuneración mensual verificada de manera independiente.
El portal universitario contiene enlaces a formatos de remuneración bruta y neta y de gastos por viáticos. Sin embargo, localizar sus nombres en un directorio no equivale a haber comprobado sus registros ni su vigencia. Los archivos de Excel enlazados no pudieron examinarse mediante la herramienta de consulta utilizada.
La exigencia central es contar con un desglose comprensible: cuánto recibe efectivamente el rector en cada periodo, por cuáles conceptos, con qué autorización y qué parte corresponde a pagos recurrentes.
Sin ese desglose, multiplicar una cifra periodística por doce y presentarla como ingreso anual comprobado introduciría una certeza que la documentación consultada no permite.
Viáticos: presupuesto administrativo no significa ingreso personal
En los viajes de los altos funcionarios aparece una distinción especialmente importante.
La presentación institucional del Programa Operativo Anual 2026, elaborada por la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional, indica que las partidas de alimentación de personas, pasajes y viáticos se cargan, para el ejercicio de captura de requerimientos, al titular de la dependencia central. El propio documento aclara que en esa fase todavía no existe un presupuesto autorizado por las autoridades competentes.
Esto describe un procedimiento de planeación. No demuestra que el titular reciba personalmente todo ese dinero ni que lo haya gastado en viajes propios.
La revisión no logró reconstruir un concentrado verificable de viáticos efectivamente ejercidos por el rector, secretarios y directores durante 2025 y 2026. En consecuencia, no existe base suficiente en los documentos examinados para atribuirles una cantidad específica, calificar sus viajes de excesivos o sostener que hubo desvíos.
La rendición de cuentas tendría que permitir seguir cada comisión: funcionario, destino, fechas, propósito, transporte, hospedaje, alimentación, monto comprobado, reintegros y resultados obtenidos.
Un viaje puede tener una finalidad académica legítima. La pregunta crítica es si su costo está documentado y si el beneficio institucional puede explicarse a quienes financian la universidad.
Aulas: inversiones anunciadas y carencias que deben ubicarse correctamente
La documentación localizada no respalda una afirmación general de que las aulas de la UACJ en Ciudad Juárez se encuentren en condiciones deplorables.
Sí permite identificar inversiones. En la reseña institucional de su segundo informe, publicada el 20 de octubre de 2026, el rector reportó más de 226 millones de pesos para construir y habilitar 16 espacios. Entre ellos figuran seis aulas en el edificio N del ICSA y un edificio en el Instituto de Ingeniería y Tecnología con cinco aulas y dos laboratorios. Son cifras informadas por la propia administración, no una inspección independiente de las obras.
Existe también una carencia reconocida institucionalmente, aunque corresponde a otra sede de la misma universidad. Una entrevista publicada por Gaceta UACJ el 16 de octubre de 2026 señala que en el Campus Cuauhtémoc el 75 por ciento de los espacios cuenta con aire acondicionado funcionando y el 100 por ciento con calefacción.
Por diferencia, ese indicador deja una cuarta parte de los espacios fuera de la cobertura de aire acondicionado operativo reportada. El texto no permite saber cuántos son salones, oficinas u otras instalaciones, ni distinguir equipos averiados de espacios sin equipamiento. Tampoco puede trasladarse ese porcentaje a los campus juarenses.
El contraste útil es entre inversión y funcionamiento: inaugurar edificios no responde, por sí solo, cuántos salones existentes necesitan mantenimiento, cuánto tarda una reparación o qué grupos reciben clases en espacios con deficiencias.
Para evaluar esas condiciones hacen falta inventarios por edificio, reportes de mantenimiento, disponibilidad de sanitarios y agua, accesibilidad, conectividad y capacidad de laboratorios. Esta revisión no obtuvo un diagnóstico completo que permita cuantificar tales necesidades en Ciudad Juárez.
Cuánto cuesta estudiar: la ficha no es la colegiatura
La convocatoria oficial para ingresar en agosto-diciembre de 2026 fijó el costo de la ficha de admisión en 700 pesos para aspirantes mexicanos y mil 100 pesos para extranjeros. Son tarifas publicadas para ese proceso; no representan el costo del semestre.
La inscripción y los créditos académicos son conceptos distintos. Como antecedente documental, la organización Derechos Humanos Integrales en Acción —DHIA— citó un tarifario de 2015 con 2 mil 250 pesos de inscripción y 26 pesos por crédito para estudiantes mexicanos. Su antigüedad impide presentarlo, por sí solo, como tarifario vigente de 2026.
También se localizó en Scribd una boleta atribuida a la UACJ, con vencimiento en julio de 2026, que muestra esos mismos importes base y otros cargos. Sin embargo, al estar alojada por un tercero y no haberse autenticado, no se utiliza aquí para certificar las cuotas actuales.
La distinción importa: publicar una sola cantidad como “colegiatura de la UACJ” puede confundir inscripción, créditos, trámites de nuevo ingreso y descuentos. No se obtuvo un tarifario oficial integral de 2026 que permita ofrecer un total comprobado por programa y carga académica.
En su informe, el rector sostuvo que la cuota de inscripción no aumenta desde 2008 y que el 93 por ciento de los estudiantes recibe alguna beca o descuento, con apoyos por 83 millones 170 mil 127 pesos. Esa cobertura no significa que el 93 por ciento estudie sin pagar: el indicador reúne beneficios de diferente alcance.
Becas: apoyo económico sujeto a requisitos académicos
La página institucional establece para la beca socioeconómica requisitos como promedio general mínimo de 8.0, haber cursado cuatro materias o al menos 32 créditos y aprobar la totalidad de las asignaturas del semestre. También exige cumplir el servicio becario cuando se recibió ese apoyo en periodos anteriores.
Estas condiciones permiten plantear una pregunta sobre el diseño del programa: ¿qué alternativa tiene quien necesita trabajar, reduce su carga académica o reprueba una materia mientras atraviesa dificultades económicas?
Los requisitos no prueban que todas esas personas queden sin apoyo, pues podrían existir otras modalidades. Pero sí muestran que esta beca no depende exclusivamente de la necesidad económica. Evaluar su eficacia requiere conocer solicitudes, aprobaciones, rechazos y motivos, además del porcentaje global de beneficiarios.
Cuotas diferenciadas: una controversia seguida de un cambio institucional
En julio de 2026, DHIA informó que acompañó a un estudiante hondureño en la presentación de un amparo indirecto contra las cuotas diferenciadas por nacionalidad. Según la organización, los costos le habían impedido inscribirse. Se trata de la versión de la parte promovente; el comunicado no acredita por sí mismo una sentencia favorable.
El 3 de septiembre, la UACJ anunció que su Consejo Universitario aprobó homologar, a partir del siguiente ciclo escolar, los costos de inscripción, créditos y titulación para estudiantes extranjeros residentes en la frontera y estudiantes mexicanos. La universidad presentó la medida como parte de su política de inclusión.
Ambos hechos deben narrarse juntos. La controversia documenta una barrera denunciada; la resolución universitaria muestra un cambio posterior. Las fuentes revisadas no permiten afirmar que el amparo haya sido la causa directa de esa decisión.
La cuenta pendiente: relacionar el gasto con la experiencia estudiantil
La evidencia disponible permite una crítica concreta: la discusión sobre la UACJ necesita conectar el financiamiento público, las remuneraciones directivas, las comisiones oficiales y las cuotas con resultados verificables para sus estudiantes.
Las inversiones y becas reportadas deben reconocerse y examinarse. Las denuncias deben contrastarse. Las cifras salariales requieren nóminas y desgloses; los viáticos, comprobantes y resultados; las condiciones educativas, diagnósticos por campus.
La pregunta que debe responder la administración de Constandse Cortez es cuánto de ese esfuerzo presupuestal se convierte en aulas funcionales, traslados adecuados y posibilidades reales de permanecer en la universidad. Una respuesta sólida requiere información que permita comparar lo anunciado con lo que recibe cada estudiante.
Nota metodológica: revisión de fuentes públicas consultadas al 12 de noviembre de 2026. Se examinaron información de la SEP, portales y documentos de la UACJ, publicaciones periodísticas y un comunicado de DHIA. No se realizaron visitas, entrevistas ni solicitudes formales de información. Permanecen sin corroboración directa la remuneración desglosada del rector, los viáticos individuales y el tarifario integral vigente. Las dificultades técnicas de consulta no prueban ocultamiento ni incumplimiento institucional.
