Mientras miles de trabajadores chihuahuenses enfrentan dificultades económicas, los 33 diputados locales forman parte de una estructura legislativa que dispone de más de 803 millones de pesos para 2026. Documentos oficiales revelan salarios tabulados, prestaciones de fin de año y un presupuesto institucional que abre preguntas sobre el costo de la representación política, los viáticos y la rendición de cuentas.
HISTORIASMX.– En Chihuahua, ocupar una curul en el Congreso del Estado significa mucho más que participar en sesiones, presentar iniciativas o aprobar reformas. También supone incorporarse a una estructura financiada con recursos públicos que contempla remuneraciones, prestaciones laborales y partidas presupuestales para el funcionamiento legislativo.
La investigación de HISTORIASMX, basada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para 2026, el Periódico Oficial, el Manual de Remuneraciones del Congreso y reportes periodísticos, permite dimensionar parte del costo económico que representa el Poder Legislativo para los contribuyentes.
Uno de los hallazgos más relevantes es que el Congreso del Estado cuenta con un presupuesto autorizado de 803 millones 554 mil 172 pesos para 2026, sin incluir los 245 millones 177 mil 997 pesos destinados a la Auditoría Superior del Estado.
En conjunto, ambas instituciones disponen de 1,048 millones 732 mil 169 pesos, es decir, más de mil millones de pesos provenientes del presupuesto público.
El sueldo oficial: lo que aparece en el tabulador y lo que falta conocer
El documento publicado el 7 de febrero de 2026 en el Periódico Oficial del Estado, número 11, contiene el tabulador de sueldos y salarios del Congreso para el ejercicio fiscal vigente.
En su página 499 establece un sueldo mensual de 40 mil 185 pesos para el puesto de diputado.
Esta cantidad equivale a 482 mil 220 pesos anuales por legislador, considerando únicamente doce mensualidades del importe tabulado, sin incorporar aguinaldo, primas, fondos de ahorro ni otros conceptos.
Para los 33 integrantes del Congreso, el cálculo asciende a aproximadamente 15.9 millones de pesos anuales exclusivamente por ese concepto.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre el sueldo publicado en un tabulador y la percepción total que puede recibir un servidor público.
El Manual de Remuneraciones del Congreso reconoce la existencia de percepciones ordinarias y extraordinarias, entre las que pueden encontrarse bonos, gratificaciones y estímulos, conforme a las disposiciones aplicables.
Por ello, los 40 mil 185 pesos mensuales no deben interpretarse automáticamente como el ingreso neto final de cada diputado. Para determinarlo se requiere contrastar el tabulador con los recibos de nómina, las percepciones adicionales y las deducciones correspondientes.
Esta distinción tiene implicaciones importantes para la transparencia: conocer el sueldo base no necesariamente significa conocer cuánto recibe realmente un representante popular durante todo el año.
Aguinaldos de hasta 95 mil pesos: el contraste con los trabajadores
Uno de los aspectos más cuestionables del sistema de prestaciones legislativas aparece al revisar los pagos de fin de año.
El Manual de Remuneraciones del Congreso de Chihuahua, actualizado en 2023, establece en su numeral 22 un aguinaldo anual de cuando menos 40 días de sueldo tabular, considerando también otros conceptos salariales cuando corresponda.
Esta disposición contrasta con el mínimo de 15 días de salario previsto en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo para los trabajadores sujetos a ese ordenamiento.
La diferencia es considerable: el esquema de 40 días representa más del doble del mínimo establecido en la legislación laboral federal.
En noviembre de 2025, una investigación publicada por El Diario de Chihuahua documentó que los 33 diputados locales recibirían aproximadamente 95 mil pesos de aguinaldo cada uno.
El mismo reporte señaló que las percepciones de fin de año podían superar los 218 mil pesos por legislador, al contabilizar aguinaldo, fondo de ahorro, prima vacacional y sueldo mensual.
Según aquella publicación, el conjunto de pagos de fin de año representaría más de siete millones de pesos para los integrantes del Congreso.
Es importante precisar que esas cifras corresponden a 2025. Para 2026, el tabulador oficial consultado permite identificar el sueldo mensual, pero no comprobar que el aguinaldo final conserve exactamente el mismo importe.
Aun así, el antecedente revela la magnitud de las prestaciones económicas que pueden recibir los representantes populares.
La pregunta resulta inevitable: ¿cómo justificar ante la ciudadanía prestaciones de esta magnitud cuando una parte importante de la población enfrenta dificultades para cubrir alimentación, vivienda, transporte y servicios básicos?
No se trata de negar que los legisladores tengan derecho a una remuneración. El cuestionamiento se encuentra en la proporcionalidad, la transparencia y los resultados que recibe la sociedad a cambio de ese gasto público.
Fondo de ahorro: dinero del diputado y aportaciones del Congreso
El fondo de ahorro constituye otro componente relevante de las percepciones legislativas.
En agosto de 2024, el entonces secretario de Administración del Congreso, Ottofriderch Rodríguez Alonso, explicó públicamente que los diputados participaban en un mecanismo mediante el cual aportaban ocho mil pesos mensuales de sus propias percepciones y el Poder Legislativo contribuía con una cantidad equivalente.
Así, el fondo podía integrar 16 mil pesos mensuales por participante.
En aquella ocasión, el funcionario informó sobre entregas acumuladas de aproximadamente 512 mil pesos a legisladores que concluían su periodo, aclarando que no se trataba de un bono de despedida, sino de recursos provenientes de ese mecanismo de ahorro.
La distinción es relevante: no todo el fondo constituye un beneficio adicional pagado por el erario, porque una parte procede del propio legislador.
Sin embargo, la aportación institucional sí representa un recurso público destinado a fortalecer el ahorro de quienes ocupan una curul.
El problema no radica necesariamente en la existencia de un sistema de ahorro laboral, sino en su costo, las condiciones de acceso y la necesidad de conocer cuánto aporta actualmente el Congreso por cada diputado.
Los documentos revisados no permiten confirmar que en 2026 continúen vigentes exactamente los mismos importes de 2024.
La rendición de cuentas exige que esos datos puedan conocerse sin depender de declaraciones aisladas o reportes correspondientes a legislaturas anteriores.
Viáticos: una disposición oficial permite solicitar cantidades sin aplicar el cálculo ordinario
Uno de los hallazgos más significativos de esta investigación aparece en el propio Procedimiento para el Otorgamiento de Viáticos del Congreso de Chihuahua, identificado con el código PR 07/2022 y actualizado en mayo de 2026.
El documento establece que los diputados, las fracciones parlamentarias, la Presidencia del Congreso y determinadas áreas administrativas cuentan con un presupuesto anual calendarizado para viáticos.
Pero su numeral 7 incluye una disposición particularmente relevante.
Establece que los legisladores pueden solicitar las cantidades que requieran para viáticos sin necesidad de realizar el cálculo previsto en los apéndices ordinarios de la norma, siempre que no rebasen el límite fijado por el Comité de Administración o la Secretaría de Administración.
Además, el documento permite que ese límite sea establecido de manera verbal o escrita.
Esta regla no demuestra, por sí sola, que existan gastos irregulares. No obstante, plantea un problema legítimo de fiscalización.
Cuando una disposición admite límites comunicados verbalmente, la trazabilidad de las autorizaciones adquiere especial importancia.
¿Cómo puede comprobarse posteriormente quién autorizó determinado monto, bajo qué criterios y con qué justificación, si no existe necesariamente una constancia escrita del límite comunicado?
La misma normativa establece obligaciones de comprobación y exige que las comisiones estén relacionadas con las funciones del servidor público. También contempla facturas, comprobantes e informes de actividades.
Por tanto, no se trata de afirmar que los diputados puedan gastar sin ningún control, sino de señalar que el procedimiento reconoce un margen de flexibilidad que merece escrutinio público.
Los viáticos pueden cubrir gastos vinculados con comisiones oficiales, como transporte, alimentación y hospedaje.
El documento también regula los traslados nacionales e internacionales, la adquisición de boletos de avión y el suministro de combustible para vehículos oficiales.
En consecuencia, la revisión ciudadana tendría que responder preguntas concretas: cuánto recibió cada diputado, a dónde viajó, con qué propósito, qué facturas presentó y cuáles fueron los resultados de la comisión.
Sin esa información consolidada, resulta imposible establecer si el gasto fue proporcional al beneficio público obtenido.
Viajes, hospedajes y alimentos: los recursos que también forman parte del costo legislativo
El funcionamiento del Congreso no termina en los sueldos y las prestaciones.
Existen gastos operativos destinados a actividades institucionales, desplazamientos, reuniones, servicios administrativos y otras necesidades propias del trabajo parlamentario.
El Manual de Organización de la Secretaría de Administración, actualizado en febrero de 2026, reconoce expresamente las funciones de control de viáticos y de la partida de gastos de representación de la Presidencia del Congreso.
Esto significa que existen mecanismos institucionales para administrar recursos diferentes de las remuneraciones personales.
No obstante, resulta indispensable distinguir entre el dinero que recibe un diputado como ingreso y el que se ejerce para cumplir una comisión oficial.
Un boleto de avión pagado para acudir a una reunión legislativa no equivale automáticamente a un ingreso personal. Pero sí representa un gasto que debe ser justificado ante la ciudadanía.
Lo mismo ocurre con hoteles, alimentos, combustibles y otros servicios financiados con recursos públicos.
El criterio para evaluar estas erogaciones no debería limitarse a comprobar la existencia de una factura.
También tendría que examinarse la necesidad del viaje, la pertinencia de la comisión, la razonabilidad de sus costos y los beneficios concretos para el estado.
Una comisión que genera resultados verificables puede estar justificada. Un desplazamiento sin objetivos claros, con costos elevados o informes insuficientes merece un cuestionamiento público más profundo.
La investigación no permitió determinar un monto anual completo y verificado de viáticos ejercidos exclusivamente por los 33 diputados durante 2026, por lo que no sería responsable presentar una cantidad como si estuviera comprobada.
Más de 803 millones de pesos: la dimensión del aparato legislativo
El presupuesto autorizado para el Congreso de Chihuahua durante 2026 supera los 803 millones de pesos.
Para comprender su dimensión, puede dividirse ese monto entre los 33 diputados que integran el Poder Legislativo.
El resultado es una equivalencia presupuestal de aproximadamente 24.35 millones de pesos anuales por curul.
Sin embargo, esta cifra no representa dinero entregado a cada diputado.
Se trata de una distribución aritmética del presupuesto global, que incluye recursos para personal, infraestructura, servicios, administración y demás funciones institucionales.
La comparación permite dimensionar el tamaño de la estructura legislativa, pero no debe confundirse con el costo individual de cada representante.
El Congreso necesita personal técnico, asesores jurídicos, áreas administrativas, servicios de apoyo y recursos operativos para cumplir sus funciones constitucionales.
La cuestión central, por tanto, no consiste en asumir que todo el gasto es innecesario.
El verdadero debate está en determinar qué proporción de estos recursos se traduce en trabajo legislativo útil y qué parte podría optimizarse mediante políticas de austeridad, eficiencia y supervisión.
Un Congreso costoso no necesariamente es un Congreso ineficiente. Pero un presupuesto elevado sí incrementa la obligación de demostrar resultados.
El fondo del problema: ¿quién vigila a quienes autorizan el gasto?
El Congreso tiene entre sus responsabilidades aprobar leyes, revisar presupuestos, fiscalizar el ejercicio de recursos públicos y representar los intereses de la población.
Sin embargo, sus propias disposiciones administrativas también intervienen en la regulación de remuneraciones, prestaciones y asignaciones destinadas a su funcionamiento.
El Manual de Remuneraciones señala la participación de instancias como el Comité de Administración y la Junta de Coordinación Política en procedimientos vinculados con los tabuladores salariales.
Esto plantea una cuestión de gobernanza: la necesidad de contar con mecanismos sólidos de supervisión sobre decisiones económicas que benefician o afectan a la propia institución.
No significa que toda autorización presupuestal constituya un conflicto de interés ilegal.
Significa que, cuando los órganos legislativos intervienen en decisiones relacionadas con su funcionamiento financiero, la transparencia y el control institucional deben ser especialmente rigurosos.
La ciudadanía necesita conocer no solamente cuánto cuesta mantener el Congreso, sino también si existen evaluaciones periódicas para determinar la eficiencia del gasto.
El contraste social: beneficios institucionales frente a necesidades ciudadanas
La discusión sobre los privilegios económicos legislativos adquiere una dimensión social particularmente importante en Chihuahua.
El estado enfrenta necesidades de infraestructura, abastecimiento de agua, atención médica, educación, seguridad y desarrollo económico, especialmente en comunidades rurales y municipios alejados de los principales centros urbanos.
En ese escenario, las prestaciones económicas de los representantes populares provocan una discusión que no puede reducirse a si sus pagos cumplen formalmente con las normas.
También debe analizarse si responden a criterios de proporcionalidad y responsabilidad frente a las condiciones económicas de la población.
Mientras los trabajadores sujetos a la Ley Federal del Trabajo cuentan con un aguinaldo mínimo de 15 días, el Manual de Remuneraciones del Congreso establece un esquema de al menos 40 días para los servidores públicos comprendidos en sus disposiciones.
Mientras numerosas familias deben absorber personalmente sus gastos de traslado para acudir al trabajo, los legisladores pueden acceder a viáticos cuando realizan comisiones oficiales autorizadas.
Ambas situaciones corresponden a regímenes y obligaciones diferentes. No obstante, su comparación permite abrir una discusión legítima sobre la distancia económica entre los representantes políticos y parte de la población a la que representan.
La austeridad pública no necesariamente exige eliminar herramientas indispensables para legislar.
Exige demostrar que cada peso destinado a esas funciones tiene una justificación, un mecanismo de control y una utilidad para la sociedad.
La otra pregunta: ¿qué recibe Chihuahua a cambio?
Medir el desempeño legislativo exclusivamente por el número de iniciativas presentadas puede conducir a interpretaciones equivocadas.
Una reforma técnicamente sólida y con efectos positivos para la población puede tener mayor relevancia que decenas de propuestas sin impacto significativo.
Por ello, la evaluación del Congreso debería considerar indicadores más amplios.
Entre ellos, la asistencia a las sesiones, el trabajo efectivo en comisiones, la calidad jurídica de las iniciativas, el seguimiento a los problemas de los distritos y los resultados de las tareas de fiscalización.
También debería examinarse la transparencia del gasto individual y colectivo de los grupos parlamentarios.
El problema no es únicamente cuánto cuesta mantener una legislatura, sino si el dinero público invertido en ella produce resultados proporcionales y verificables.
En una democracia, la representación política no debería convertirse en un sistema de beneficios económicos desconectado de las responsabilidades públicas.
La legitimidad de las remuneraciones depende tanto de su fundamento legal como de la confianza ciudadana y la capacidad institucional para rendir cuentas.
Las preguntas que el Congreso debe responder
A partir de los documentos revisados, existen cuestiones que requieren información actualizada y desglosada por legislador.
¿Cuál es la remuneración bruta y neta total de cada uno de los 33 diputados durante 2026, incluyendo compensaciones y pagos extraordinarios?
¿Cuánto recibirá cada diputado por aguinaldo, prima vacacional y otras prestaciones de fin de año?
¿Cuánto aporta actualmente el Congreso al fondo de ahorro de cada legislador?
¿Qué cantidades individuales se autorizaron y ejercieron por viáticos durante 2025 y 2026?
¿Cuántos viajes nacionales e internacionales han realizado los diputados, cuáles fueron sus costos y qué resultados documentaron?
¿Qué montos se destinan a gastos de representación, grupos parlamentarios y apoyos de gestión, y bajo qué mecanismos se fiscalizan?
¿Qué evaluaciones de desempeño y resultados justifican el presupuesto institucional autorizado?
Estas preguntas no constituyen acusaciones de irregularidades. Representan información necesaria para evaluar el costo real de la representación política.
Conclusión: representar al pueblo no debería significar alejarse de su realidad
Los documentos oficiales confirman que el Congreso de Chihuahua dispone de un presupuesto de más de 803 millones de pesos durante 2026, que el sueldo mensual tabulado para los diputados es de 40 mil 185 pesos y que existen disposiciones que contemplan prestaciones y mecanismos de asignación de viáticos.
Los antecedentes periodísticos también muestran pagos de fin de año considerablemente superiores a los que recibe una parte de la población trabajadora.
Pero la dimensión más importante del problema no está únicamente en los montos.
Está en la necesidad de garantizar que las remuneraciones sean transparentes, que las prestaciones tengan una justificación proporcional y que los gastos institucionales se traduzcan en resultados concretos para los habitantes de Chihuahua.
El ejercicio de un cargo legislativo exige preparación, responsabilidad y dedicación. Es legítimo que exista una remuneración por desempeñarlo.
Lo que merece un escrutinio permanente es que el acceso al poder público pueda acompañarse de beneficios económicos cuya dimensión total no siempre resulta sencilla de reconstruir mediante la información publicada.
La ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto cuesta cada diputado, cuáles recursos administra, qué prestaciones recibe y qué beneficios produce su trabajo.
Porque el Congreso no es una institución financiada por sus integrantes ni por los partidos políticos.
Es una institución sostenida con recursos públicos. Y cada peso utilizado en ella debe poder explicarse frente a la sociedad que lo financia.
Gorki Rodríguez / HISTORIASMX
Periodismo del Norte, Periodismo con Carácter.
