“Los malos andan a la vista de todos”, dice “Andrea”, quien relata cómo los hombres armados merodean entre las casas y los centros ceremoniales del pueblo.
HISTORIASMX. – En medio de una nueva ola de violencia, el pueblo de Guadalupe y Calvo, corazón de la Sierra Tarahumara, vuelve a ser escenario del abandono institucional, el terror cotidiano y la resiliencia comunitaria. Mientras se instala una nueva base de la Guardia Nacional y se anuncian refuerzos federales, los testimonios desde las cañadas revelan una realidad que ni los comunicados oficiales pueden encubrir: familias desplazadas, casas baleadas, niños escondidos y una población indígena —ódamis y rarámuris— que resiste entre el silencio estatal y la violencia criminal.
“Casi nos daban las balas”: vivir bajo fuego cruzado
“Cuando entraron las balas a la casa, casi nos daban. Fue cuando nos fuimos”. La voz quebrada de una madre que decidió dejar su hogar en Guadalupe y Calvo resume el estado de excepción que, durante semanas, se ha instalado en el municipio más grande de Chihuahua.
Un joven asesinado cerca de El Ocote, viviendas tomadas por grupos armados, familias enteras huyendo por miedo y, aún así, una resistencia que se aferra a la tierra. Las escenas de terror no son nuevas, pero ahora son más constantes. “Los malos andan a la vista de todos”, dice “Andrea”, quien relata cómo los hombres armados merodean entre las casas y los centros ceremoniales del pueblo.
Promesas recicladas: otra mesa de seguridad, más dudas que certezas
El pasado 22 de julio se instaló en Guadalupe y Calvo la llamada Mesa Estatal de Construcción de Paz, encabezada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Se anunció el reforzamiento de la seguridad con una nueva base de la Guardia Nacional, mayor presencia de Sedena y el envío de 30 elementos más de la Fiscalía General del Estado.
Pero en el pueblo, el escepticismo es generalizado. “Ya nos han prometido lo mismo con cuatro gobernadores y cuatro presidentes”, dice una vecina. “Los militares ya ni caminan. Antes se metían al monte, ahora solo dan vueltas en el centro y se toman la foto”.
Mientras tanto, los delincuentes —algunos de ellos vestidos de civil— se han apoderado de calles, viviendas y rutas sin ser molestados. “Ya no se puede vivir así. Tenemos miedo de que nuestros hijos no regresen si salen”, señala otra habitante.
Comunidades indígenas atrapadas entre el abandono y el miedo
Los desplazamientos forzados no han cesado. Desde 2018, y de forma masiva desde 2021, miles han abandonado sus hogares en Guadalupe y Calvo. De acuerdo con la CEAVE, hasta diciembre de 2024, se registraron 894 víctimas oficiales, aunque organizaciones comunitarias aseguran que la cifra real supera ampliamente los mil desplazados.
En su mayoría, son indígenas ódami y rarámuri que se resisten a abandonar sus raíces, pero que enfrentan una precarización extrema. No pueden ir a cortar leña —porque los caminos son controlados por grupos criminales— y las minas donde trabajaban han dejado de transportarles a casa por temor a la violencia. “Hay muchas abuelas cuidando a sus nietos en medio de las balas”, lamenta una mujer que ha visto partir a sus hijas a trabajar lejos, sin poder regresar.
Guadalupe y Calvo: municipio con más desplazados en Chihuahua
Con base en datos de la CEAVE y solicitudes de transparencia, se estima que en el municipio hay al menos 300 personas indígenas desplazadas tan solo en lo que va de 2025. Se suman familias completas de comunidades como El Pinito, Dolores, Los Alisos, y Rincón de Alisos. Algunas han huido a Baborigame; otras permanecen escondidas entre rancherías.
El subregistro es enorme. Tan solo en Coloradas de la Virgen y El Manzano, ambas comunidades rarámuri, el número de desplazados supera por mucho las cifras oficiales.
Armamento decomisado y patrullajes mínimos
Mientras la Fiscalía General del Estado asegura que realiza patrullajes y operativos en caminos rurales, el saldo de lo incautado contrasta con la dimensión del conflicto: dos fusiles, diez cargadores y dos chalecos tácticos fueron asegurados en Cerro Alto. Un botín menor frente a una zona controlada por el crimen organizado.
“Los policías casi no se bajan de los carros. Los retenes están en el centro, pero en las orillas del pueblo no entra nadie”, relatan los pobladores.
Mesa de Paz: ¿instrumento real o simulación política?
La llamada Mesa de Construcción de Paz fue creada en 2014 para articular acciones entre los tres niveles de gobierno. Tiene como objetivo revisar patrones delictivos, planear estrategias y fomentar la participación ciudadana. Sin embargo, la reunión en Guadalupe y Calvo se llevó a cabo a puerta cerrada, sin voces comunitarias ni participación de desplazados.
Funcionarios federales, estatales y municipales se comprometieron a no politizar la seguridad. La gobernadora pidió confianza: “Cuentan conmigo”, dijo. Pero los habitantes lo ven como un déjà vu de promesas recicladas.
La solidaridad que viene de abajo
En medio de la emergencia, un grupo de personas ódami y rarámuri ha lanzado una campaña para recolectar víveres. Solicitaron a la Secretaría de Pueblos Indígenas el préstamo de una bodega para guardar alimentos y transporte para distribuirlos. Ante la ausencia institucional, la comunidad vuelve a demostrar que el tejido social, aunque herido, sigue latiendo.
Entre la militarización y el olvido.
La presencia militar por sí sola no garantiza seguridad. En Guadalupe y Calvo, las estrategias gubernamentales siguen sin tocar fondo con las realidades más urgentes: garantizar el derecho a vivir en paz, escuchar a las víctimas, atender a las infancias, y asegurar el regreso digno de los desplazados. Mientras las balaceras no cesen, las palabras seguirán sonando vacías en un pueblo donde, como dice Andrea, “no se puede dormir, no se puede vivir así”.
Con información de Raíchali: https://raichali.com/2025/07/23/miles-de-desplazados-y-mesa-de-seguridad-gpe-y-calvo/
