La violencia en la sierra ha obligado a universidades a transformarse radicalmente. Clases en línea, módulos comunitarios y éxodo docente son parte del nuevo rostro de la educación superior en Guadalupe y Calvo. La normalización del peligro es la verdadera amenaza.
HISTORIASMX. – En lo alto de la Sierra Tarahumara, donde la neblina baja por los barrancos como un presagio, las aulas universitarias se han vaciado. En su lugar, los estudiantes ahora se conectan desde sus hogares o caminan a pequeños centros comunitarios, siempre bajo la sombra de la violencia. Guadalupe y Calvo no solo ha sido golpeado por los grupos armados: también su sistema educativo lucha por no colapsar.
Tras la foto oficial: el silencio, los balazos y el miedo
A mediados de julio, la gobernadora Maru Campos encabezó una Mesa de Construcción de Paz en Guadalupe y Calvo junto a funcionarios federales, altos mandos del Ejército, Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado. La escena fue cuidadosamente retratada: una imagen de unidad institucional, discursos de compromiso y promesas de seguridad.
Sin embargo, al día siguiente la violencia volvió a ser protagonista. Las balaceras, los patrullajes de civiles armados y el miedo entre la población no cesaron. “Vinieron, se tomaron la foto y se fueron. Pero aquí seguimos igual o peor”, lamentó una profesora de nivel superior.
El aula ahora es virtual: adaptarse o morir
Ante los riesgos cotidianos que enfrentan los estudiantes al trasladarse, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) optó por migrar completamente a clases en línea. Esta estrategia, lejos de ser una mejora planificada, surgió como única alternativa para evitar que los jóvenes abandonen sus estudios.
La situación no es menor: muchos alumnos han dejado de asistir por miedo, como un grupo proveniente de Baborigame, que presenció un enfrentamiento armado mientras se dirigía a clases. El trauma persiste, y el mensaje fue claro: la vida vale más que una licenciatura.
Centros educativos en medio del monte
El Centro Cultural Universitario (CCU) decidió resistir de otra manera. En vez de concentrar sus actividades en la cabecera municipal, se descentralizó: creó módulos en comunidades como Atascaderos, Mesa de San Rafael y Turuachi, donde los profesores se trasladan periódicamente para dar clases.
“No podemos esperar a que la paz llegue para educar. Tenemos que actuar mientras tanto”, comenta una docente del CCU, quien pidió omitir su nombre por seguridad.
Éxodo de maestros: otro golpe silencioso
La educación no solo pierde alumnos, también pierde maestros. El riesgo para el personal docente ha provocado que muchos pidan su cambio o renuncien definitivamente. Algunos han recibido amenazas directas. Otros simplemente ya no regresaron.
Las oficinas administrativas, antes con ritmo constante, ahora están casi vacías. La incertidumbre domina los pasillos que alguna vez estuvieron llenos de risas estudiantiles y debates académicos.
¿Resiliencia o resignación?
El Instituto Tecnológico de Parral, que tiene extensión en Guadalupe y Calvo, también ha comenzado a migrar a esquemas mixtos. Sin embargo, sus autoridades académicas advierten que esto no puede ser permanente.
“Adaptarnos es necesario, pero no debemos normalizar esta situación. La violencia no debe dictar cómo se enseña,” expresó un coordinador académico.
Una comunidad que se niega a rendirse
A pesar de todo, estudiantes y maestros continúan. Las señales de Wi-Fi en la sierra son débiles, pero la voluntad es fuerte. Las pizarras fueron reemplazadas por pantallas, y los pupitres por mesas improvisadas en cocinas o cuartos prestados.
La educación en Guadalupe y Calvo se niega a ser una víctima más de la violencia. Pero su lucha diaria también es una denuncia silenciosa: el Estado ha abandonado su papel protector. Mientras tanto, la comunidad educativa se reinventa con lo que tiene, pero la pregunta sigue en el aire:
¿Hasta cuándo la educación tendrá que ser impartida bajo fuego cruzado, mientras las autoridades se conforman con posar para la cámara?
