El segundo problema es financiero. Las JMAS, al ser poco auditadas y con escasa transparencia, se han convertido en un espacio donde los funcionarios al frente manejan fondos públicos con discrecionalidad, abriendo la puerta a desvíos, pagos opacos y corrupción sistemática.
HISTORIASMX.- En el estado de Chihuahua, las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento (JMAS), órganos que deberían garantizar el acceso al agua potable y proteger los acuíferos frente a la sobreexplotación, se han convertido en trofeos políticos. Lejos de cumplir con su responsabilidad técnica y social, muchas JMAS funcionan como cajas chicas de sus administradores, con poca supervisión y amplios márgenes para desvíos de recursos y actos de corrupción.
La sobreexplotación que nadie frena
En municipios donde los acuíferos están siendo extraordinariamente sobreexplotados, como en Jiménez, las JMAS se limitan a administrar parcialmente el recurso, sin ejercer presión ante dependencias federales como la Conagua para frenar la extracción desmedida.
El resultado es evidente: los mantos acuíferos se agotan y la población sufre escasez de agua, mientras las autoridades municipales se conforman con medidas cosméticas que no resuelven el problema estructural.
Falta de infraestructura para proteger la salud pública
Un caso paradigmático es el de Jiménez, donde las JMAS no han presionado la instalación de plantas desmineralizadoras ni sistemas para la remoción de arsénico, a pesar de que estudios y alertas técnicas han señalado los riesgos para la salud de la población.
Mientras tanto, los gobiernos locales y estatales parecen más preocupados por mantener el control político de estos organismos que por garantizar el derecho básico al agua limpia y segura.
Dinero público con poco control
El segundo problema es financiero. Las JMAS, al ser poco auditadas y con escasa transparencia, se han convertido en un espacio donde los funcionarios al frente manejan fondos públicos con discrecionalidad, abriendo la puerta a desvíos, pagos opacos y corrupción sistemática.
En lugar de ser entes de servicio público, muchas juntas funcionan como herramientas de clientelismo político, donde los recursos se usan para intereses particulares y no para mejorar la infraestructura o la calidad del agua.
Conclusión: urgencia de cambios estructurales
La situación demanda reformas profundas: mayor auditoría, supervisión efectiva, exigencia de infraestructura técnica para tratar el agua y políticas públicas que prioricen la protección de los acuíferos sobre los intereses políticos.
Mientras las JMAS sigan siendo trofeos políticos y cajas chicas, la crisis del agua en Chihuahua se profundizará, afectando a miles de familias que dependen de este recurso vital y dejando en evidencia la incapacidad de las autoridades para gestionar los recursos naturales con responsabilidad y transparencia.
Por: Gorki Rodríguez.