La extracción intensiva de agua subterránea, principalmente para actividades agrícolas como el cultivo de nogal, ha provocado un descenso en los niveles del acuífero. Este descenso no solo implica menor disponibilidad de agua, sino también un cambio en su composición química. A mayor profundidad, el agua entra en contacto con formaciones geológicas que contienen arsénico, lo que incrementa su concentración en el suministro que finalmente llega a los hogares.
HISTORIASMX. – Durante años, en el municipio de Jiménez, Chihuahua, el acceso al agua potable ha dejado de ser una garantía para convertirse en una preocupación constante. No se trata únicamente de la escasez, sino de un problema más profundo y delicado: la calidad del agua que consume la población, la cual, de acuerdo con diversos estudios realizados por universidades del país, presenta presencia de metales pesados, particularmente arsénico.
Este no es un señalamiento menor ni reciente. Es una problemática que se ha documentado en distintas regiones del norte de México, donde los acuíferos presentan concentraciones elevadas de este elemento. En el caso de Jiménez, la situación está estrechamente vinculada a un fenómeno que ha sido señalado durante años: la sobreexplotación del acuífero Jiménez-Camargo.
La extracción intensiva de agua subterránea, principalmente para actividades agrícolas como el cultivo de nogal, ha provocado un descenso en los niveles del acuífero. Este descenso no solo implica menor disponibilidad de agua, sino también un cambio en su composición química. A mayor profundidad, el agua entra en contacto con formaciones geológicas que contienen arsénico, lo que incrementa su concentración en el suministro que finalmente llega a los hogares.
El resultado es una paradoja preocupante: en una región donde el agua es escasa, la que se logra extraer no siempre es segura para el consumo humano.
Las consecuencias del arsénico en la salud están ampliamente documentadas. La exposición prolongada a este metal puede provocar lesiones en la piel, manchas, endurecimiento cutáneo y problemas circulatorios, pero sus efectos más graves se presentan a largo plazo, con un aumento en el riesgo de desarrollar cáncer de piel, pulmón, vejiga y riñón. También se ha relacionado con enfermedades cardiovasculares, daño neurológico y afectaciones en el desarrollo infantil.
Es decir, no se trata de un problema inmediato y visible, sino de una amenaza silenciosa que se acumula con el tiempo, afectando la salud de generaciones enteras.
Ante este escenario, surge una pregunta inevitable: ¿qué se ha hecho para atender esta situación?
La respuesta, hasta ahora, parece insuficiente. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Jiménez ha continuado operando bajo esquemas que priorizan la distribución del agua disponible, pero sin resolver de fondo la problemática de su calidad. El enfoque se ha centrado en administrar la escasez, no en garantizar la potabilidad.
Por su parte, organismos estatales como la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) no han mostrado una intervención contundente en la búsqueda de soluciones estructurales. Entre las acciones que podrían implementarse y que han sido señaladas por especialistas se encuentran:
- La búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento
- La instalación de plantas tratadoras o sistemas de remoción de arsénico
- La regulación más estricta en la extracción de agua subterránea
Sin embargo, estas medidas no han sido visibles de manera clara o sostenida en el municipio.
El problema se agrava cuando se observa el contexto político y económico en el que se desarrolla esta crisis. La región sur del estado ha experimentado un crecimiento significativo en la producción de nogal, una actividad que demanda grandes volúmenes de agua. Este modelo agrícola ha sido impulsado y, en muchos casos, reconocido por instancias gubernamentales.
Aquí es donde surge una contradicción que no puede ignorarse: mientras la población enfrenta problemas de abastecimiento y calidad del agua, se premia y reconoce a sectores productivos que dependen de una extracción intensiva del recurso hídrico, contribuyendo al mismo tiempo a la sobreexplotación del acuífero.
La situación se vuelve aún más delicada cuando actores vinculados a estas actividades ocupan posiciones dentro de organismos encargados de la gestión del agua, como es el caso del actual director de la JMAS en Jiménez. Esto abre un debate legítimo sobre posibles conflictos de interés y sobre la necesidad de garantizar que la administración del agua responda al interés público y no a dinámicas económicas particulares.
El agua no es solo un recurso: es un derecho. Y cuando ese derecho se ve comprometido —ya sea por escasez o por contaminación—, lo que está en juego no es únicamente la infraestructura o la gestión, sino la salud, la calidad de vida y el futuro de una comunidad.
La crisis hídrica en Jiménez no puede seguir siendo tratada como un problema operativo. Es un tema estructural que requiere transparencia, voluntad política y decisiones firmes. La ciudadanía tiene derecho a saber qué agua está consumiendo, de dónde proviene y qué se está haciendo para garantizar que sea segura.
Ignorar el problema no lo hará desaparecer. Por el contrario, lo profundiza.
Y en el caso del arsénico, lo más peligroso es precisamente eso: que sus efectos no se ven de inmediato, pero cuando se manifiestan, ya es demasiado tarde.
