En octubre de 2023, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió un amparo en el que declaró que los artículos del Código Penal de Chihuahua que criminalizaban el aborto violaban derechos humanos como la igualdad, la salud y la autonomía reproductiva.
HISTORIASMX. – En el estado de Chihuahua, el aborto dejó de ser un delito en el papel tras diversas resoluciones judiciales de tribunales federales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, en la práctica, organizaciones civiles, activistas y especialistas en derechos reproductivos señalan que persisten obstáculos institucionales y burocráticos que dificultan el acceso efectivo a este servicio dentro de instituciones públicas de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La situación refleja una contradicción que se repite en varias regiones del país: el aborto es legal o no puede ser criminalizado, pero el acceso real al servicio sigue enfrentando barreras administrativas, médicas y legales.
El momento en que el aborto dejó de ser delito en Chihuahua.
El cambio jurídico más importante ocurrió a partir de resoluciones de tribunales federales y de la SCJN.
En octubre de 2023, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió un amparo en el que declaró que los artículos del Código Penal de Chihuahua que criminalizaban el aborto violaban derechos humanos como la igualdad, la salud y la autonomía reproductiva.
Posteriormente, el proceso judicial derivó en una declaratoria general de inconstitucionalidad, mediante la cual se invalidaron diversos artículos del Código Penal estatal que castigaban el aborto voluntario.
Con estas resoluciones:
- Ninguna mujer o persona gestante puede ser procesada penalmente por abortar en Chihuahua.
- El Estado tiene la obligación de garantizar servicios de salud para la interrupción del embarazo.
Además, las resoluciones de la Corte establecen que las instituciones federales de salud —como el IMSS, ISSSTE o PEMEX— deben brindar el servicio cuando sea solicitado, pues la criminalización del aborto fue declarada inconstitucional en el país.
En términos prácticos, distintos análisis señalan que la interrupción del embarazo puede realizarse legalmente durante las primeras semanas del embarazo, generalmente bajo el criterio de hasta 12 semanas de gestación, como ocurre en la mayoría de los estados donde ya se reconoce este derecho.
Un derecho legal que todavía enfrenta obstáculos.
A pesar del reconocimiento judicial, especialistas en derechos reproductivos señalan que la implementación del servicio dentro de instituciones públicas ha sido lenta y desigual.
Diversas organizaciones han documentado que muchas personas que desean acceder a un aborto legal en Chihuahua enfrentan obstáculos como:
- falta de protocolos claros en hospitales públicos
- desinformación del personal médico
- negativa institucional para brindar el servicio
- requisitos administrativos adicionales
- referencias a otras instituciones o estados
En algunos casos, la falta de implementación efectiva ha llevado a que mujeres y personas gestantes tengan que recurrir nuevamente a tribunales mediante amparos para poder ejercer un derecho que ya fue reconocido judicialmente.
Tribunales federales han señalado que el propio Estado de Chihuahua ha vulnerado el derecho a decidir al no garantizar adecuadamente el acceso al aborto legal y la información sobre el servicio.
El papel de las instituciones federales de salud.
El problema se vuelve particularmente complejo en instituciones federales como el IMSS, que atiende a millones de derechohabientes en el país.
Aunque las resoluciones judiciales establecen que el aborto debe considerarse un servicio de salud, en la práctica las personas usuarias reportan obstáculos como:
- solicitud de evaluaciones médicas innecesarias
- retrasos en la programación del procedimiento
- derivación a comités hospitalarios
- invocación de objeción de conciencia por parte del personal médico
Este último punto ha sido uno de los más debatidos en el sistema de salud mexicano.
La legislación permite que personal médico pueda negarse a realizar el procedimiento por objeción de conciencia, pero al mismo tiempo obliga a las instituciones a garantizar que haya personal disponible para realizarlo, algo que en muchos hospitales aún no ocurre de manera sistemática.
Amparos: la vía judicial para ejercer un derecho.
Debido a estas barreras, organizaciones civiles y colectivas de acompañamiento han recurrido con frecuencia a amparos judiciales para garantizar el acceso al aborto.
Estos recursos legales obligan a las autoridades sanitarias a:
- brindar el servicio médico
- entregar información sobre el procedimiento
- garantizar atención sin discriminación
El uso recurrente de amparos refleja un problema estructural: el reconocimiento legal del derecho no siempre se traduce en acceso efectivo en los hospitales públicos.
Entre la legalidad y la implementación.
Chihuahua se ha convertido en un caso ilustrativo dentro del debate nacional sobre derechos reproductivos.
El estado pasó de tener una de las legislaciones más restrictivas del país a una situación en la que el aborto no puede ser criminalizado y debe garantizarse como servicio de salud.
Sin embargo, especialistas señalan que la transformación legal no ha sido acompañada con la misma rapidez por cambios institucionales en el sistema de salud.
Esto significa que, en la práctica, muchas personas continúan enfrentando trámites, retrasos o negativas para acceder a un procedimiento que ya forma parte de los derechos reconocidos por la justicia mexicana.
Un derecho en proceso de implementación.
El caso de Chihuahua muestra que la legalización del aborto no termina con la sentencia judicial.
Para que el derecho se ejerza plenamente se requieren:
- protocolos médicos claros
- capacitación del personal de salud
- difusión de información a la población
- supervisión de las autoridades sanitarias
Mientras estos cambios institucionales avanzan, organizaciones civiles advierten que la brecha entre la ley y la realidad sigue obligando a muchas mujeres a buscar alternativas legales o incluso viajar a otros estados para acceder a servicios de interrupción del embarazo.
