El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, declaró que municipios como Guachochi, Guadalupe y Calvo y Batopilas figuran entre los más difíciles para garantizar asistencia social, debido a que “son comunidades atomizadas, a las que no siempre es posible llegar con vehículos o maquinaria”.

HISTORIASMX. – Mientras el Gobierno del Estado de Chihuahua insiste en que la dispersión geográfica de la Sierra Tarahumara representa un obstáculo “casi insalvable” para atender a las comunidades más marginadas, los mismos argumentos no aparecen a la hora de justificar la entrega de contratos sobregirados y millonarios a empresas proveedoras.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, declaró que municipios como Guachochi, Guadalupe y Calvo y Batopilas figuran entre los más difíciles para garantizar asistencia social, debido a que “son comunidades atomizadas, a las que no siempre es posible llegar con vehículos o maquinaria”.

La narrativa oficial recalca las dificultades logísticas para llevar alimentos, medicinas y apoyos básicos, mientras se presume que más de 180 mil personas habrían salido de la pobreza alimentaria, según cifras del INEGI. Sin embargo, organizaciones sociales y especialistas en la región cuestionan el doble discurso: ¿cómo es posible que el mismo aparato estatal que enfrenta limitaciones para entregar despensas en la sierra no tenga inconveniente en aprobar convenios de cientos de millones de pesos para proveedores privilegiados, aun cuando estos rebasan presupuestos originales?

Un contraste incómodo

• Asistencia social: se presentan como hazañas brigadas que cargan despensas “a hombro” para llegar a las comunidades más apartadas.
• Contratismo oficial: se avalan sobrecostos, contratos adjudicados a modo y favoritismos sin los obstáculos que tanto se mencionan al hablar de los pueblos originarios.

El propio Loera admitió que se han detectado casos de desnutrición infantil en aumento, aunque con menor mortalidad, y alertó sobre un brote de sarampión en la región por falta de vacunación. Pese a estas alarmas, el presupuesto para programas preventivos y brigadas médicas queda limitado, mientras los recursos estatales se dispersan en rubros de menor urgencia social.

Los desplazados: un tema relegado

En cuanto a la atención de personas desplazadas por la violencia, el procedimiento burocrático sigue sin mejorar: primero debe intervenir la Fiscalía para reconocer la condición de desplazamiento, y sólo entonces Desarrollo Humano ofrece apoyos mínimos.

El contraste político

Mientras se pide “paciencia” a los habitantes de Parral y de la Sierra bajo el argumento de que “los resultados ya empiezan a verse”, el aparato estatal mantiene intacta la facilidad para comprometer recursos en contratos de obras y servicios que, en no pocos casos, terminan beneficiando a las mismas empresas ligadas al poder político.