La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que, a petición de los propios habitantes, se realizaron traslados de regreso a la comunidad el viernes 22 de agosto, después de verificar que aparentemente la zona se encontraba en calma.
MORIS, CHIH.— Parte de los 55 pobladores de la comunidad de Ciénega de Rodríguez, en el municipio de Moris, que habían solicitado protección tras amenazas y la presencia de hombres armados, decidió regresar a sus hogares bajo custodia de fuerzas estatales y federales. Sin embargo, la incertidumbre persiste, pues otros habitantes optaron por permanecer refugiados en la cabecera municipal.
Regresan bajo custodia
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que, a petición de los propios habitantes, se realizaron traslados de regreso a la comunidad el viernes 22 de agosto, después de verificar que aparentemente la zona se encontraba en calma.
Algunos de los pobladores solicitaron volver únicamente por pertenencias y regresar después a la cabecera municipal, lo que fue facilitado por agentes de la Base de Operaciones Interinstitucional (BOI).
No obstante, la SSPE evitó precisar cuántos de los 55 habitantes decidieron reinstalarse de manera definitiva y cuántos permanecen desplazados.
Hallazgo macabro en el camino
Durante el acompañamiento de las familias hacia Ciénega de Rodríguez, en la brecha que conecta con la comunidad de El Pilar, las fuerzas de seguridad localizaron el cuerpo de un hombre cercenado y parcialmente calcinado.
El área quedó bajo resguardo en espera de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), que se limitó a informar que indagó si había víctimas interesadas en presentar denuncias por desplazamiento forzado, sin confirmar si alguien formalizó la petición.
Un retorno entre el miedo
La comunidad había sido evacuada el pasado 20 de agosto, luego de que sus habitantes reportaran disparos y amenazas de incursión por parte de grupos armados. Desde entonces, permanecieron refugiados en Moris bajo vigilancia policiaca.
El regreso parcial se da en un ambiente de temor e incertidumbre, sin garantías claras de seguridad ni información transparente sobre las investigaciones.
El silencio de las autoridades
A pesar de la gravedad del caso —que implica desplazamiento forzado interno, un delito reconocido a nivel federal—, ni la SSPE ni la FGE han ofrecido claridad sobre el número de familias que siguen fuera de sus hogares, el nivel de riesgo en la zona o los responsables de las amenazas.
Mientras tanto, las comunidades de la Sierra Tarahumara continúan enfrentando un escenario donde la violencia y el abandono institucional fuerzan a las familias a elegir entre el desarraigo o el retorno bajo la sombra del miedo.
