HISTORIASMX | MEDIO AMBIENTE Y MINERÍA
La Red Mexicana de Afectados por la Minería cuestionó la explicación de la Profepa sobre el derrame de residuos de Minera Sabinas, que recorrieron más de 13 kilómetros de un arroyo hasta alcanzar el río Súchil. La organización exige una investigación independiente, reparación ambiental y que se determinen posibles responsabilidades de la empresa y las autoridades.
Zacatecas, Zacatecas | 23 de octubre de 2026
Zacatecas, Zac. — El derrame de residuos mineros procedentes de las instalaciones de Minera Sabinas, perteneciente a Industrias Peñoles, en el municipio de Sombrerete, Zacatecas, abrió un nuevo debate sobre las responsabilidades ambientales de las empresas extractivas en México, luego de que la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) rechazara que las lluvias registradas en la región sean consideradas una explicación suficiente del incidente que afectó 13.58 kilómetros del cauce de un arroyo intermitente y alcanzó el río Súchil.
La organización ambientalista cuestionó la postura difundida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el pasado 20 de octubre, cuando la dependencia informó que las precipitaciones habrían propiciado el desplazamiento de los llamados jales, residuos generados durante el procesamiento de minerales. Para la REMA, la presencia de un fenómeno meteorológico no elimina la obligación de investigar si existieron deficiencias en el diseño, mantenimiento, funcionamiento o seguridad de las instalaciones encargadas de almacenar estos materiales.
El caso adquiere especial relevancia porque las autoridades federales confirmaron afectaciones a la vegetación y la fauna, además de la llegada de los residuos al caudal del río Súchil, lo que hace necesario determinar mediante estudios especializados la composición de los materiales derramados y sus posibles consecuencias ambientales y sanitarias.
Las lluvias no eximen de responsabilidades a la minera, advierte REMA
En su posicionamiento público, la Red Mexicana de Afectados por la Minería rechazó que las precipitaciones sean utilizadas como argumento para explicar por completo el derrame, al considerar que las instalaciones de almacenamiento de residuos deben contar con medidas de prevención y seguridad acordes con los riesgos de su operación.
La organización sostuvo que los fenómenos naturales pueden influir en el desarrollo de una emergencia, pero ello no demuestra que sus consecuencias fueran inevitables. Por esta razón, demandó una investigación técnica que permita establecer si las instalaciones de Minera Sabinas cumplían con las medidas ambientales correspondientes y si existieron omisiones que favorecieron la dispersión de los residuos.
Desde la perspectiva de la REMA, el incidente debe analizarse también dentro del contexto de los impactos que la actividad minera puede generar sobre los territorios rurales, particularmente cuando los residuos industriales alcanzan cuerpos de agua y ecosistemas utilizados por comunidades cercanas. La agrupación advirtió que estos acontecimientos requieren una evaluación integral de los daños y no solamente acciones inmediatas de limpieza.
Profepa confirma afectaciones y ordena clausura parcial
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó oficialmente que personal de la dependencia realizó una inspección el 8 de octubre, después de recibir un aviso de integrantes de un Comité de Vigilancia Ambiental Participativa. Durante la revisión, los inspectores constataron la presencia de jales en diferentes puntos comprendidos entre las instalaciones de la empresa minera y la comunidad de Estación de Canutillo.
Los residuos se extendieron por 13.58 kilómetros del cauce de un arroyo intermitente hasta alcanzar las aguas del río Súchil. La precisión es importante: la distancia documentada por Profepa corresponde principalmente al cauce del arroyo afectado, por lo que no debe interpretarse como una medición confirmada de contaminación a lo largo de 13.58 kilómetros del río propiamente dicho.
Ante los hallazgos, la autoridad ambiental ordenó la clausura temporal parcial del área de depósito de jales y estableció medidas urgentes para impedir nuevos desplazamientos de material, contener los residuos, limpiar las instalaciones y realizar estudios de caracterización ambiental. Estas acciones buscan determinar las sustancias presentes, la extensión de las afectaciones y los posibles impactos sobre el entorno.
¿Qué son los jales mineros y por qué representan un riesgo?
Los jales son residuos que permanecen después de triturar, moler y procesar rocas para recuperar minerales de interés económico. Su composición depende de las características geológicas del yacimiento y de los procedimientos empleados por cada operación minera. Pueden contener partículas finas de roca, minerales residuales y distintas sustancias asociadas con los procesos de extracción.
En el caso de Minera Sabinas, la propia Profepa identifica una operación subterránea dedicada principalmente al aprovechamiento de plomo, cobre y zinc. La presencia de estos minerales en la actividad productiva hace especialmente importante conocer la composición química de los residuos derramados, aunque no permite, por sí sola, establecer las concentraciones de contaminantes presentes en el agua o los sedimentos afectados.
Cuando los jales abandonan sus instalaciones de confinamiento y alcanzan cauces naturales, pueden dispersarse hacia otros puntos del sistema hidrológico, depositarse en sedimentos o afectar la vegetación y los organismos expuestos. La magnitud del riesgo depende de factores como la composición de los residuos, su concentración, las condiciones del agua, la cantidad liberada y el tiempo de exposición.
Por ello, aunque el derrame y las afectaciones a la vegetación y fauna ya fueron confirmados, todavía resulta indispensable contar con análisis públicos de agua, suelos y sedimentos para establecer con precisión los niveles de contaminación y los posibles riesgos para la salud humana.
Exigen investigación independiente, transparencia y reparación ambiental
Ante esta situación, la REMA solicitó que las autoridades federales hagan pública la documentación relacionada con las inspecciones y las diligencias practicadas en las instalaciones mineras. Entre los documentos requeridos se encuentra el acta de inspección del 8 de octubre, los resultados de los muestreos ambientales, la identificación de las sustancias presentes en los residuos y una estimación del volumen de material derramado.
La organización también demandó que se establezcan las causas técnicas del incidente y se investigue el cumplimiento de las obligaciones ambientales de Minera Sabinas e Industrias Peñoles, así como las posibles omisiones de las instituciones encargadas de supervisar las condiciones de seguridad ambiental.
Además de las investigaciones, la red planteó la necesidad de implementar medidas de protección y reparación integral del cauce afectado, considerando que la dispersión de residuos mineros podría generar consecuencias que no necesariamente desaparecen con la recolección superficial del material.
Las exigencias incluyen determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan únicamente si las investigaciones acreditan infracciones a la legislación ambiental.
Un problema que alcanza a las comunidades y al futuro de los ecosistemas
El incidente registrado en Sombrerete vuelve a colocar bajo discusión la seguridad de las instalaciones de almacenamiento de residuos mineros y la capacidad de las autoridades para supervisar su operación. Las presas de jales constituyen infraestructura que requiere medidas de prevención, monitoreo y mantenimiento para reducir la posibilidad de liberaciones accidentales de materiales hacia el entorno.
En regiones donde la actividad minera convive con comunidades rurales, terrenos agrícolas, vegetación silvestre y cuerpos de agua, la prevención adquiere especial importancia. Una falla en la contención de residuos puede tener efectos que trascienden los límites de las instalaciones industriales y generan preocupación entre quienes dependen del territorio para sus actividades cotidianas.
El debate también plantea la necesidad de diferenciar entre los beneficios económicos de la actividad extractiva y los costos ambientales que pueden generarse cuando las operaciones no cuentan con medidas suficientes de prevención. La existencia de una actividad productiva legal no elimina la responsabilidad de proteger los recursos naturales, así como tampoco un derrame demuestra automáticamente la comisión de una infracción específica sin una investigación que la sustente.
En este sentido, la exigencia de la REMA apunta a que los resultados de los estudios, las decisiones administrativas y las eventuales responsabilidades puedan ser conocidos y evaluados públicamente.
La investigación deberá determinar qué ocurrió realmente
Por ahora, el hecho comprobado es que residuos procedentes de Minera Sabinas alcanzaron un arroyo y llegaron al río Súchil, con afectaciones ambientales identificadas por la Profepa. También se encuentra documentada la clausura temporal parcial de una zona de almacenamiento y la imposición de medidas para contener y limpiar el material.
Lo que todavía debe esclarecerse es si las precipitaciones fueron la única causa del derrame, si existieron fallas técnicas o de mantenimiento y cuál es la magnitud real de sus efectos sobre los ecosistemas y las poblaciones cercanas.
El caso permanece abierto entre la explicación preliminar de las autoridades ambientales y los cuestionamientos de organizaciones civiles que demandan una evaluación independiente.
La investigación y sus resultados serán determinantes para conocer no solamente las causas del derrame, sino también si las medidas de prevención, supervisión y respuesta fueron suficientes para evitar daños ambientales en una región donde la minería representa una actividad económica de larga trayectoria.
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