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El exfiscal general de Chihuahua enfrentará un proceso penal por presuntas omisiones en la cadena de mando durante un operativo contra un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, en el que habrían participado agentes estadounidenses. Mientras tanto, continúa bajo investigación federal por el delito de traición a la patria.
Chihuahua, Chihuahua | 23 de octubre de 2026
Chihuahua, Chih. — El exfiscal general del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue vinculado a proceso por el presunto delito de ejercicio ilegal del servicio público, luego de que un juez de control determinara que existen elementos suficientes para continuar con la investigación penal relacionada con su actuación durante un operativo contra el narcotráfico en la Sierra Tarahumara. Sin embargo, el juzgador desestimó la imputación por coalición de servidores públicos, al considerar que no se reunieron los requisitos legales para sostener esa acusación.
La resolución fue emitida durante una audiencia celebrada el jueves 22 de octubre por el juez Luis Alberto Simental Ortega, adscrito al Distrito Judicial Morelos del Poder Judicial de Chihuahua, dentro de la causa penal 3055/2026 promovida por la Fiscalía General del Estado (FGE). El exfuncionario compareció mediante videoconferencia desde el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, ubicado en el Estado de México, mientras sus abogados participaron presencialmente en la diligencia.
Las omisiones que investiga la Fiscalía de Chihuahua
De acuerdo con la investigación estatal, las presuntas irregularidades están relacionadas con el operativo desarrollado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara, donde las autoridades intervinieron un laboratorio clandestino destinado a la producción de drogas sintéticas. La operación adquirió relevancia nacional por la supuesta participación de elementos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), cuya intervención en territorio mexicano es uno de los principales puntos sujetos a investigación.
La Fiscalía General del Estado sostiene que Jáuregui Moreno, como titular de la institución durante los hechos, habría incumplido obligaciones relacionadas con la supervisión de sus subordinados y el cumplimiento de los procedimientos internos. En particular, el Ministerio Público cuestiona que permitiera la participación de Guillermo Arturo Zuany Portillo, entonces fiscal especializado de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, en funciones de coordinación del despliegue, pese a que no era el director de la Agencia Estatal de Investigación.
Según las declaraciones recabadas durante la investigación, Zuany Portillo habría desempeñado un papel fundamental como enlace entre funcionarios de la Fiscalía estatal y los presuntos agentes estadounidenses. Para el Ministerio Público, esta circunstancia debía encontrarse bajo la supervisión de Jáuregui, debido a su posición jerárquica dentro de la institución. La acusación se centra en determinar si existieron omisiones administrativas y operativas que constituyan una responsabilidad penal del extitular de la Fiscalía.
El juez descarta el delito de coalición, pero mantiene el proceso
Durante la audiencia, la defensa argumentó que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público no demostraban que César Jáuregui hubiera establecido una relación directa con los agentes estadounidenses ni que existiera evidencia suficiente para atribuirle una participación consciente en los acuerdos operativos señalados por la Fiscalía.
El juez Luis Alberto Simental Ortega resolvió que no se reunían los elementos necesarios para vincular al exfuncionario por coalición de servidores públicos. No obstante, consideró que existían datos suficientes para continuar la investigación por ejercicio ilegal del servicio público, particularmente respecto de sus obligaciones como superior jerárquico y de la supervisión de las actividades institucionales durante el operativo.
La resolución representa una decisión procesal y no una sentencia condenatoria. La vinculación a proceso permite continuar la investigación judicial, pero no implica que se haya demostrado definitivamente la responsabilidad penal de Jáuregui. La defensa conserva el derecho de impugnar la determinación y presentar pruebas que respalden su postura.
Un segundo proceso por traición a la patria
Paralelamente a la investigación estatal, César Jáuregui enfrenta una causa penal distinta ante la Fiscalía General de la República (FGR), que lo acusa de presunta traición a la patria por la posible participación no autorizada de agentes extranjeros en operaciones efectuadas dentro del territorio nacional.
La audiencia federal para resolver su situación jurídica está programada para el sábado 24 de octubre. Este procedimiento es independiente de la resolución emitida por el juez de Chihuahua, aunque ambos expedientes tienen su origen en los acontecimientos registrados durante el operativo de El Pinal.
El exfiscal permanece recluido en el penal federal del Altiplano en relación con el procedimiento federal. Por tanto, la determinación de no vincularlo por coalición en el ámbito estatal no significa que haya concluido su situación jurídica ni que pueda recuperar automáticamente su libertad.
Otro exfuncionario es buscado por las autoridades
Las investigaciones también involucran a Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, contra quien existe una orden de aprehensión por presuntos delitos relacionados con ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad.
De acuerdo con los reportes periodísticos, el exfuncionario no ha sido localizado y las autoridades investigan la posibilidad de que se encuentre en Estados Unidos, particularmente en Nuevo México. Sin embargo, esa ubicación no ha sido confirmada públicamente mediante información verificable.
Zuany Portillo aparece dentro de la investigación como uno de los principales funcionarios que habrían intervenido en la coordinación del operativo y en los contactos con personal estadounidense. Su eventual detención y comparecencia podrían aportar nuevos elementos para esclarecer la cadena de responsabilidades dentro de la Fiscalía de Chihuahua.
La defensa buscará impugnar la vinculación a proceso
Tras conocerse la resolución, el abogado defensor Héctor Villasana expresó su desacuerdo con la determinación judicial y adelantó que buscarán impugnarla por los medios legales correspondientes. La defensa sostiene que las acusaciones no demuestran una intervención directa de Jáuregui en los hechos investigados y cuestiona que se pretenda establecer una responsabilidad penal principalmente a partir de su posición como titular de la Fiscalía.
El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, menor al solicitado originalmente por el Ministerio Público. Durante este periodo podrán desarrollarse nuevas diligencias y presentarse elementos que permitan fortalecer o controvertir las acusaciones.
El caso se ha convertido en uno de los procedimientos judiciales de mayor relevancia política e institucional en Chihuahua durante octubre de 2026, debido a que involucra a un exfiscal general, presuntas irregularidades dentro de una operación contra el crimen organizado y cuestionamientos sobre los límites legales de la colaboración entre autoridades mexicanas y agentes de inteligencia extranjeros.
Más allá de las diferencias entre las autoridades estatales y federales, el desarrollo de los procesos deberá esclarecer si existieron autorizaciones indebidas, quiénes participaron en las decisiones operativas y cuáles fueron las responsabilidades individuales de los funcionarios involucrados. Hasta que exista una resolución judicial definitiva, César Jáuregui Moreno conserva su derecho a la presunción de inocencia.
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