Ejidatarios acusan falsificación de documentos, firmas de personas fallecidas y retrasos en la impartición de justicia agraria; piden intervención de autoridades federales
HISTORIASMX.– Integrantes del Ejido Liberación, en el municipio de Jiménez, denunciaron una serie de presuntas irregularidades relacionadas con concesiones de agua, falsificación de documentos agrarios y retrasos en la resolución de expedientes, situación que, aseguran, se mantiene desde hace varios años sin una respuesta definitiva por parte de las autoridades competentes.
Entre las anomalías señaladas se encuentran el presunto robo de concesiones de agua, la falsificación de firmas de personas fallecidas en actas de asamblea, la transmisión irregular de concesiones a otros acuíferos y la permanencia de personas en cargos ejidales pese a haber vendido sus derechos agrarios.
Señalamientos ante el Tribunal Unitario Agrario
En entrevista en las inmediaciones del Tribunal Unitario Agrario Distrito 5, el ejidatario Jesús José Barraza Carrillo explicó que diversos expedientes permanecen entrampados sin resolución, a pesar de las denuncias presentadas ante instancias agrarias.
Detalló que uno de los casos centrales corresponde a una auditoría promovida contra integrantes del comisariado ejidal, a quienes acusa de incurrir en irregularidades administrativas y legales.
“Nos tardamos más de dos años en presentar la demanda ante la Procuraduría Agraria porque el Registro Agrario Nacional nos enviaba actas equivocadas o duplicadas. Nos mandaban actas de otro ejido o repetidas; todo era retraso tras retraso. Después de esos dos años, el tribunal todavía no resuelve”, relató.
Barraza Carrillo sostuvo que un grupo de personas ha ocupado en repetidas ocasiones cargos en la mesa directiva del ejido, sin que se reflejen beneficios colectivos, mientras que, según su versión, habrían obtenido ventajas personales, entre ellas el control de concesiones de agua.
Presuntas falsificaciones y transferencias irregulares
Entre las irregularidades denunciadas, el ejidatario señaló la supuesta falsificación de firmas de personas fallecidas en actas de asamblea, así como la transferencia de concesiones de agua a otros acuíferos, sin que hasta el momento se hayan aplicado sanciones.
Indicó que, pese a que algunas personas vendieron sus derechos ejidales, continúan participando en la mesa directiva, lo que ha generado inconformidad entre los ejidatarios. Ante ello, afirmó que han recurrido incluso a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Recordó que uno de los casos relacionados con una concesión de agua requirió siete años de litigio para demostrar su presunta falsedad. Aunque se obtuvo una resolución favorable, afirmó que no se han ejecutado las sanciones correspondientes.
“Te dicen que el documento es falso y regresan la concesión a su origen, pero nadie clausura el pozo ni sanciona a quien explotó el agua durante años”, expresó.
Impacto en el acceso al agua y a programas de apoyo
Barraza Carrillo señaló que la falta de ejecución de resoluciones permite que continúe la explotación de pozos presuntamente irregulares, incluso en acuíferos sobreexplotados, mientras que los ejidatarios que buscan regularizarse enfrentan requisitos estrictos para acceder a programas como la tarifa eléctrica agrícola o el Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA).
Otros casos en la región
La problemática no se limita al Ejido Liberación. Jesús Sánchez Ramos, integrante del Ejido Nuevo Tampico, expuso que un ejidatario obtuvo en primera instancia una resolución favorable por el robo de su concesión de agua; sin embargo, un amparo mantiene suspendidos los efectos del fallo.
“Se van al amparo, regresa el asunto y se vuelve un cuento de nunca acabar”, señaló.
Por su parte, Marcelina Bustillos Peña, del Ejido Liberación, relató que a ella y a su esposo, fundadores del ejido y de origen rarámuri, les retiraron su concesión de agua debido a que el comisariado ejidal no entregó un documento. No obstante, aseguró que el pozo continuó en operación y los integrantes de la mesa directiva se beneficiaron.
En una audiencia, dijo, los presuntos responsables afirmaron que ella recibía pagos por el agua, lo cual negó y aseguró haber desmentido con pruebas.
Asimismo, se expuso el caso de una ejidataria cuyo proceso para vender su derecho parcelario ha sido frenado por distintos argumentos administrativos, mientras que otros trámites similares avanzan sin obstáculos.
Problema estructural en la justicia agraria
Los denunciantes señalaron que los conflictos agrarios no se limitan a Jiménez. Casos similares se han documentado en municipios como Gran Morelos, Santa Isabel, Guerrero y Chihuahua, lo que, a su juicio, refleja un problema estructural en la impartición de justicia agraria en el estado.
En el municipio de Chihuahua, Jesús Guerra mantiene un litigio para recuperar su derecho agrario en el Ejido Sandillal de San Marcos, donde, tras ausentarse por motivos laborales, encontró que tierras de uso común habían sido vendidas presuntamente de manera irregular mediante una notaría.
Desde 2021, el caso no ha sido resuelto por el Tribunal Unitario Agrario. La propiedad fue adquirida por un tercero por tres millones de pesos, mientras el ejidatario espera que el proceso se resuelva a su favor.
Llamado a autoridades agrarias
Los ejidatarios hicieron un llamado a las autoridades agrarias federales y a las instancias correspondientes para que se revisen los expedientes, se agilicen las resoluciones y, en su caso, se ejecuten las sanciones derivadas de las presuntas irregularidades.
Advirtieron que la falta de seguimiento a los casos ha generado incertidumbre jurídica, conflictos internos y afectaciones en el acceso al agua y a la tierra, recursos fundamentales para la actividad agrícola y la subsistencia de las familias ejidatarias en la región.
