Cerrar esas tomas y detener los rebombeos sería una medida directa para recuperar volúmenes útiles para uso doméstico y garantizar el cumplimiento de reglas ambientales —pero es una acción incómoda: muchas veces las mismas comunidades o actores que piden protección del agua se benefician de esas extracciones ilegales o las toleran cuando están a favor de determinados intereses productivos.
En las riberas de la presa La Boquilla, la disputa por el agua ya no es solo una pelea entre gobierno y productores: es una pelea por quién decide el uso de un recurso escaso. Lo que en 2020 sembró movilizaciones y enfrentamientos con la Guardia Nacional reaparece hoy con nuevos actores y viejas prácticas: rebombeos ilegales, tomas clandestinas y una expansión agrícola —especialmente de nogaleras— que consume volúmenes críticos de agua mientras la población urbana reclama abastecimiento básico.
Protestas con nombres y apellidos: ¿defensa o privilegio?
Cuando, en 2020, productores ocuparon La Boquilla para impedir que el gobierno federal liberara agua destinada a cumplir el Tratado de Aguas con Estados Unidos, el conflicto se volvió nacional: hubo enfrentamientos, heridos y al menos dos muertos. Los focos mediáticos mostraron a campesinos “defendiendo la presa”. Pero en el terreno, el mapa del agua es más complejo: grandes superficies de nogal —cultivo de alto consumo hídrico— se han multiplicado en la región y son explotadas por productores con capacidad económica y acceso a infraestructura para extraer y trasladar agua a gran escala.
No todos los que gritan “¡el agua no se toca!” son pequeños ejidatarios atrapados por la sequía. En muchos casos las protestas protegen intereses de agronegocios —los llamados “nogaleros”— cuya demanda de agua rivaliza con la de poblaciones enteras. Esa distinción cambia la lectura del conflicto: no es únicamente resistencia popular, sino también defensa de un modelo productivo que prioriza cultivos rentables exportables por encima del suministro urbano.
Huachicol del agua: tomas clandestinas y rebombeos
Las denuncias sobre tomas clandestinas, rebombeos ilegales y “huachicol del agua” han sido constantes en Chihuahua. Informes y organizaciones han documentado cientos —incluso miles— de pozos sin concesión y tomas no autorizadas que desvían corrientes, drenan embalses y socavan la gobernanza hídrica. En la cuenca del Conchos el problema se manifiesta tanto en el robo de agua de canales como en extracciones subterráneas ilegales que no se registran en los padrones.
Cerrar esas tomas y detener los rebombeos sería una medida directa para recuperar volúmenes útiles para uso doméstico y garantizar el cumplimiento de reglas ambientales —pero es una acción incómoda: muchas veces las mismas comunidades o actores que piden protección del agua se benefician de esas extracciones ilegales o las toleran cuando están a favor de determinados intereses productivos. Aquí aparece la contradicción: exigir que “no se toque el agua” sin exigir el cierre de rebombeos o la fiscalización de pozos es, en la práctica, proteger privilegios.
¿Cuánto agua hay y para qué se autoriza?
La Boquilla es la presa más grande de Chihuahua y su volumen ha sido el centro de la tensión política y económica. CONAGUA y comunicados oficiales han manejado cifras y autorizaciones de extracción para riego y uso urbano: en distintos momentos se han autorizado entregas millonarias de metros cúbicos para el distrito de riego y para abastecer poblaciones, mientras que la caída del nivel del embalse ha encendido alarmas por pérdidas y extracciones no explicadas. La gestión y la transparencia sobre quién extrae cuánto siguen siendo reclamos recurrentes.
Si La Boquilla pierde millones de metros cúbicos fuera del ciclo agrícola —o durante temporadas en que no debería haber grandes descargas— cabe preguntarse quién se beneficia realmente y por qué no existen auditorías públicas claras que rastreen las tomas y el destino del volumen.
Prioridades invertidas: nogales vs. agua para la gente
El nogal es rentable y exportable; requiere riegos frecuentes y volúmenes que, en zonas semiáridas, compiten frontalmente con el consumo humano y los usos urbanos. Documentos técnicos y reportes locales señalan que la expansión de nogaleras ha aumentado la presión sobre presas y mantos, y que en algunos casos la demanda de riego llega a poner en riesgo la disponibilidad para el ciclo agrícola siguiente y para suministros urbanos. Cuando las autoridades y la sociedad hablan de “proteger a los agricultores”, es justo preguntar: ¿a cuáles agricultores? ¿a quienes trabajan parcelas de subsistencia o a los que operan huertas de cientos de hectáreas para la exportación?
Redistribuir agua desde usos altamente extractivos hacia consumo público urbano no es una solución simple: implica revisar concesiones, obligar a la modernización de riegos, regular pozos y sancionar a quienes operan tomas clandestinas. Pero tampoco es una fantasía: hay precedentes de cesión de volúmenes o de cambios en las prioridades de asignación cuando el derecho humano al agua está en riesgo. Lo que falta, aquí, es voluntad política y una fiscalización efectiva.
Lo que piden quienes deberían hablar más alto
Las demandas que deberían ocupar la agenda pública son claras:
- Auditoría pública de extracciones en La Boquilla y cuencas afluentes: mediciones abiertas, públicas y periódicas.
- Cierre y sanción de tomas clandestinas y rebombeos ilegales, sin excepciones según el tamaño del beneficiario.
- Priorizar agua para consumo humano urbano y saneamiento, mediante redistribución temporal si es necesario y con apoyo a pequeños agricultores para tecnificar riego.
- Transparencia sobre contratos y concesiones que permitan identificar a los grandes consumidores (huertas extensivas, empacadoras, etc.) y su cumplimiento.
Entre la protesta y la rendición de cuentas
El drama de La Boquilla es también una radiografía de la gobernabilidad del agua en el norte de México: modelos productivos que exigen recursos intensivos en territorios semiáridos, instituciones con capacidad de regulación limitada y prácticas ilegales que erosionan la equidad del agua. Defender la presa no puede ser sinónimo de blindar privilegios. Si quienes exigen que “no se toque el agua” no exigen también clausurar rebombeos ilegales, revisar concesiones y priorizar el consumo público, la defensa queda coja: parece más un escudo para proteger a grandes productores que una estrategia para garantizar agua para la gente.
