La movilización presentada como defensa del campo terminó blindando a quienes han sobreexplotado el agua durante años, evitando auditorías, inspecciones y sanciones.
HISTORIASMX. – A finales del año pasado, México presenció una movilización nacional de agricultores que, desde distintos puntos del país, tomó carreteras, plazas públicas y oficinas gubernamentales para manifestar su rechazo a posibles modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales. El mensaje que se difundió fue uniforme y contundente: la reforma —advertían— pondría en riesgo la producción agrícola, criminalizaría al productor y atentaría contra la soberanía alimentaria.
El reclamo, en apariencia legítimo, logró respaldo social. Nadie discute que el campo mexicano enfrenta condiciones adversas y que miles de pequeños productores sobreviven con márgenes mínimos, dependiendo casi por completo del acceso al agua. Sin embargo, conforme avanzaron las negociaciones y se conocieron los acuerdos alcanzados, quedó claro que no todos los intereses representados en la protesta eran iguales.
Detrás del discurso de defensa del campo emergió una verdad incómoda: el verdadero temor de ciertos sectores no era la ley, sino las revisiones y auditorías que esta implicaría.
El agua como privilegio, no como derecho.
Uno de los puntos más sensibles de la discusión era la intención de ordenar el uso del agua subterránea, un tema históricamente postergado. La posible intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) encendió las alarmas entre grandes productores y terratenientes que, durante años, han operado pozos clandestinos, concesiones de procedencia dudosa o títulos que, en los hechos, permiten extraer volúmenes muy superiores a los autorizados.
La reforma no amenazaba al pequeño productor que riega unas cuantas hectáreas para subsistir. Amenazaba a un modelo de explotación intensiva basado en la falta de vigilancia, la omisión institucional y, en muchos casos, la tolerancia política.
En ese contexto, la movilización dejó de ser una defensa colectiva del campo para convertirse, en ciertos casos, en una estrategia de presión destinada a evitar inspecciones, mediciones reales y sanciones.
El acuerdo: legalizar lo ilegal.
El desenlace del conflicto confirmó las sospechas. Como parte de los acuerdos alcanzados, se abrió la puerta a la regularización de pozos ilegales, concesiones apócrifas o de dudosa procedencia, bajo el argumento de “ordenar” el padrón hídrico nacional.
En los hechos, el mensaje fue claro: quien sobreexplotó el agua durante años podrá seguir haciéndolo, ahora con un respaldo legal.
Lejos de corregir el abuso, se optó por institucionalizarlo. La sobreexplotación dejó de ser una falta para convertirse en un trámite administrativo.
Una crisis que no se resuelve con simulación.
México enfrenta una crisis hídrica profunda. Los acuíferos están agotados, las comunidades rurales padecen escasez creciente y los conflictos por el agua se intensifican año con año. En ese escenario, legalizar pozos clandestinos no es una solución, es una postergación peligrosa del problema.
La protesta fue presentada como una lucha por el campo, pero terminó beneficiando principalmente a quienes han tratado el agua como recurso ilimitado y propiedad privada, no como un bien público.
El costo lo pagarán otros.
El mayor riesgo de este tipo de acuerdos es el precedente que dejan: en México, la presión puede más que la ley, y el poder económico puede torcer la regulación ambiental.
Mientras algunos celebran haber “defendido sus derechos”, el país pierde una oportunidad histórica de ordenar el uso del agua y garantizar su disponibilidad futura. El costo de esta decisión no será inmediato, pero será inevitable, y lo pagarán las comunidades, los pequeños productores y las generaciones que heredarán acuíferos vacíos.
En materia de agua, ceder ante el abuso no es gobernar. Es simplemente trasladar el conflicto al futuro, cuando ya no haya margen de maniobra.
