Diana encontró finalmente un tratamiento para recuperar su estabilidad, pero en la farmacia del hospital público solamente estaba disponible uno de los cinco medicamentos prescritos
HISTORIASMX. – Diana pasó por numerosos diagnósticos, consultas y tratamientos antes de encontrar una combinación de medicamentos que le permitiera recuperar cierta estabilidad. Llegar hasta ese punto no fue sencillo: detrás quedaron meses de incertidumbre, cambios en la medicación, efectos secundarios y el desgaste emocional de no saber exactamente qué ocurría con su salud.
Cuando finalmente recibió una receta que parecía responder a sus necesidades, apareció otro obstáculo. De los cinco medicamentos indicados por su especialista, solamente uno estaba disponible en la farmacia del hospital público donde recibe atención.
Los otros cuatro tendría que buscarlos por su cuenta, recorrer farmacias o pagarlos en establecimientos privados. En el papel tenía un tratamiento; en la práctica, no contaba con los medicamentos necesarios para seguirlo.
Su experiencia muestra una parte poco visible de la crisis de salud mental: no basta con atravesar el estigma, conseguir una cita, recibir un diagnóstico y encontrar un tratamiento adecuado. Después de todo ese recorrido, la recuperación todavía puede depender de que los fármacos prescritos se encuentren disponibles.
Para las familias con ingresos limitados, una receta incompleta puede convertirse en una sentencia económica. Comprar medicamentos cada mes significa reducir gastos en alimentos, transporte, servicios básicos o educación. Cuando no existe dinero suficiente, las personas pueden verse obligadas a espaciar las dosis, suspender parte del tratamiento o sustituir productos sin acompañamiento médico.
Un problema que no termina en la farmacia
El desabasto de medicamentos para la salud mental tiene consecuencias distintas al retraso en la entrega de otros productos. En muchos casos se trata de tratamientos que requieren seguimiento, ajustes graduales y continuidad bajo supervisión médica.
La Organización Panamericana de la Salud advierte que, cuando existe una alta posibilidad de interrupción en el suministro de un medicamento, su utilización debe valorarse cuidadosamente. El organismo reconoce así que la disponibilidad continua forma parte del propio tratamiento y no constituye un aspecto administrativo secundario.
Una farmacia sin existencias puede romper una estrategia terapéutica construida durante meses. La consecuencia no es únicamente económica: puede deteriorarse la estabilidad alcanzada, reaparecer la sintomatología o producirse una nueva crisis que obligue a la persona a regresar a urgencias.
No todos los medicamentos pueden suspenderse, intercambiarse o ajustarse de la misma manera. Por ello, cualquier modificación debe ser determinada por un profesional de la salud. La escasez nunca debería conducir a la automedicación ni a reemplazar un fármaco con base solamente en recomendaciones de internet, familiares o dependientes de farmacia.
La Organización Mundial de la Salud establece que los medicamentos esenciales deben encontrarse disponibles en todo momento, ser accesibles económicamente y conservar una calidad garantizada. Esa disponibilidad es uno de los componentes indispensables de un sistema de salud capaz de responder a las necesidades prioritarias de la población.
Miles de personas atraviesan síntomas de depresión
La historia de Diana no ocurre en un estado ajeno a los problemas emocionales y psicológicos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 10.8% de la población adulta de Chihuahua presentó síntomas de depresión.
El dato debe interpretarse con precisión: no significa que todas esas personas tengan un diagnóstico clínico ni que necesariamente requieran medicamentos. La encuesta identifica sintomatología autorreportada y no sustituye una valoración realizada por profesionales.
Sin embargo, la cifra permite dimensionar la cantidad de personas que podrían necesitar, en distintos niveles, acompañamiento psicológico, atención médica, redes comunitarias o tratamiento especializado. La salud mental no se reduce a los diagnósticos psiquiátricos más graves; también comprende la prevención, la detección temprana, el acceso a psicoterapia y la atención de crisis.
La ENBIARE fue aplicada a personas de 18 años y más y recopiló información sobre bienestar, emociones, vulnerabilidades, redes de apoyo, ansiedad y síntomas depresivos. Sus resultados ayudan a observar un problema que con frecuencia permanece oculto dentro de los hogares.
Aun así, las cifras disponibles no muestran completamente la dimensión actual del fenómeno. Muchas personas no solicitan atención por miedo, desconocimiento, falta de recursos o ausencia de servicios cercanos. Otras abandonan el proceso después de enfrentar listas de espera, traslados largos o dificultades para comprar los medicamentos.
El largo camino hasta recibir atención
Quienes viven con un problema de salud mental suelen enfrentar varias barreras de manera simultánea. La primera es reconocer que necesitan ayuda en una sociedad donde todavía se confunden los trastornos mentales con falta de voluntad, debilidad personal o incapacidad.
Después aparece la dificultad para conseguir una consulta. En comunidades rurales o municipios alejados de los principales centros urbanos puede no haber especialistas suficientes. Las familias deben trasladarse a otra localidad, pagar transporte y, en ocasiones, perder un día completo de trabajo.
El diagnóstico tampoco siempre llega durante la primera consulta. Algunos síntomas pueden coincidir con diferentes trastornos o estar relacionados con condiciones físicas, consumo de sustancias, experiencias traumáticas y circunstancias sociales. Encontrar el tratamiento apropiado puede requerir tiempo, seguimiento y ajustes.
Cuando finalmente existe una receta, la falta de medicamentos abre una nueva brecha entre lo que el sistema prescribe y lo que realmente entrega. Es ahí donde la atención deja de ser integral: se ofrece la consulta, pero no necesariamente los medios para cumplir el tratamiento.
Un desabasto que alcanzó a medicamentos esenciales
La escasez de medicamentos psiquiátricos alcanzó notoriedad nacional durante 2023, cuando pacientes, especialistas y organizaciones alertaron sobre dificultades para encontrar carbonato de litio, clonazepam, metilfenidato, clozapina y otros productos utilizados en el tratamiento de distintos padecimientos.
El problema llegó al Senado de la República, donde se presentaron exhortos para garantizar el suministro. Los documentos legislativos señalaron que la escasez se registraba tanto en farmacias privadas como en instituciones públicas y afectaba tratamientos relacionados con depresión, ansiedad, trastorno bipolar, psicosis, déficit de atención y otras condiciones.
Una parte de aquella crisis estuvo relacionada con las medidas regulatorias impuestas a Psicofarma, uno de los principales fabricantes nacionales de medicamentos controlados. En mayo de 2023, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que trabajaba con la empresa para atender irregularidades y liberar lotes, dando prioridad al carbonato de litio, metilfenidato y clonazepam.
El episodio mostró la fragilidad de una cadena de suministro concentrada en pocos fabricantes. Cuando una planta enfrenta sanciones, problemas de producción o retrasos regulatorios, las consecuencias pueden extenderse al sector público y privado.
A ello se suman fallas en la planeación de compras, distribución, almacenamiento y cálculo de necesidades. Un medicamento puede haber sido adquirido a nivel central y aun así no llegar a tiempo al hospital donde lo necesita el paciente.
No existe información pública suficiente para medir el problema en Chihuahua
Uno de los mayores obstáculos para dimensionar el desabasto en la entidad es la falta de información pública, actualizada y desagregada por medicamento, institución y unidad médica.
No existe un tablero estatal de fácil consulta que permita conocer, prácticamente en tiempo real, cuáles medicamentos para la salud mental están disponibles, cuáles se encuentran agotados y cuánto tiempo tardará su reposición. Sin estos datos, la experiencia de cada paciente queda reducida a una respuesta en ventanilla: “no hay”.
El caso de Diana no permite afirmar, por sí solo, que todos los hospitales públicos de Chihuahua atraviesen la misma situación. Tampoco sería responsable extrapolar su experiencia a toda la red estatal. Pero sí revela una falla concreta: recibió una receta de cinco medicamentos y únicamente pudo obtener uno.
La ausencia de información dificulta saber si se trata de un problema temporal de distribución, una compra incompleta, falta de presupuesto, retrasos del proveedor o desabasto generalizado. También impide identificar qué regiones y grupos de pacientes están siendo más afectados.
La transparencia en el abasto no debería limitarse a informar porcentajes generales. Una institución puede reportar niveles elevados de suministro y, al mismo tiempo, mantener agotados medicamentos indispensables para determinados tratamientos. El indicador relevante para una persona no es cuántas claves se encuentran disponibles en promedio, sino si está el fármaco que necesita.
La salud mental es un derecho, no un servicio opcional
El artículo 4.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La disposición no establece una separación entre enfermedades físicas y padecimientos mentales.
La Ley General de Salud es todavía más clara. Su artículo 72 señala que la salud mental y la prevención de las adicciones tienen carácter prioritario y que el Estado debe garantizar un acceso universal, igualitario y equitativo.
La misma legislación ordena que la atención sea comunitaria, integral, continua e interdisciplinaria, con respeto a los derechos humanos. También establece que los servicios deben encontrarse cerca del lugar de residencia de las personas y que la atención primaria debe funcionar como eje del modelo.
Esto significa que el Estado no cumple completamente su obligación cuando diagnostica a una persona, pero no garantiza la continuidad del tratamiento indicado. La receta, por sí sola, no restablece la salud.
Cuando una garantía se convierte en privilegio
La Recomendación General 15 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitida en 2009, estableció que la eficacia del derecho a la salud depende directamente de las acciones u omisiones de las instituciones y sus servidores públicos.
La CNDH sostiene que los servicios médicos deben cumplir cuatro condiciones esenciales: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. También reconoce entre los servicios básicos la atención de la salud mental y la disponibilidad de medicamentos e insumos esenciales.
La disponibilidad significa que los servicios y medicamentos deben existir. La accesibilidad exige que las personas puedan obtenerlos sin discriminación, sin costos desproporcionados y sin enfrentar distancias insalvables. La calidad implica que sean adecuados desde el punto de vista médico y científico.
Cuando el medicamento solamente puede conseguirse en una farmacia privada, el derecho constitucional comienza a depender de la capacidad económica de cada familia. Quien tiene dinero compra el tratamiento; quien no lo tiene debe esperar, endeudarse o interrumpirlo.
Así, una garantía reconocida para todas las personas termina funcionando como un privilegio para quienes pueden pagar.
El costo oculto para las familias
El gasto no termina en el precio del medicamento. También incluye consultas privadas cuando no hay especialistas disponibles, estudios, transporte, alimentación durante los traslados y jornadas laborales perdidas.
En municipios alejados de Chihuahua capital o Ciudad Juárez, una consulta puede implicar viajar durante varias horas. Si después de ese recorrido la receta no puede surtirse, la familia debe iniciar una segunda búsqueda por farmacias privadas y otras instituciones.
El peso de estos cuidados suele recaer sobre madres, parejas, hermanas u otros integrantes de la familia. Son ellas quienes acompañan a las consultas, vigilan las dosis, buscan medicamentos y responden durante las crisis, muchas veces sin orientación suficiente.
La enfermedad no afecta únicamente a quien recibió el diagnóstico; transforma la economía y la organización completa del hogar.
La continuidad debe formar parte del tratamiento
Garantizar la atención de la salud mental requiere algo más que campañas de concientización. Es necesario contar con psicólogos, psiquiatras, personal de enfermería capacitado, atención comunitaria, consultas oportunas y medicamentos disponibles.
También se necesita una política de abasto que considere la continuidad. No basta con adquirir temporalmente grandes cantidades de un fármaco si meses después volverá a faltar. La planeación debe calcular el número de pacientes, las dosis prescritas, los tiempos de reposición y los inventarios de seguridad.
Las instituciones deberían establecer mecanismos claros para atender una receta que no puede surtirse: canalizar al paciente a otra unidad, informar una fecha real de reposición, proporcionar una alternativa autorizada por el médico o garantizar la adquisición mediante otro procedimiento.
La persona no debería ser enviada a buscar por su cuenta una solución que corresponde al sistema de salud.
Diana y una receta incompleta
Después de atravesar distintos diagnósticos, Diana creyó que la parte más difícil había quedado atrás. Había conseguido ayuda, había permanecido en tratamiento y finalmente tenía una ruta médica definida.
Pero frente a la farmacia del hospital comprendió que recibir una receta no significaba necesariamente acceder a ella.
De cinco medicamentos, sólo recibió uno.
Los cuatro espacios restantes no representan únicamente cajas ausentes en un anaquel. Representan incertidumbre, gastos que posiblemente no estaban contemplados y el riesgo de que un tratamiento diseñado para funcionar de manera integral quede reducido a lo que el hospital tenía disponible ese día.
La historia de Diana obliga a mirar el desabasto desde la experiencia de las personas. Detrás de cada clave faltante existe alguien que hizo el esfuerzo de pedir ayuda y llegó hasta una institución pública esperando encontrar una respuesta.
La salud mental ha comenzado a ocupar un lugar más visible en el discurso público, pero el verdadero avance no se medirá solamente por hablar del tema. Se medirá por la capacidad de recibir atención oportuna, obtener un diagnóstico responsable y salir de la farmacia con el tratamiento completo.
Mientras eso no ocurra, el derecho a la salud seguirá escrito con claridad en la Constitución, pero incompleto en las manos de quienes más lo necesitan.
