Amplio operativo de seguridad para recibir a funcionarios de alto nivel, pero los habitantes se preguntan: ¿y el resto del año?
GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA. – Desde la tarde del lunes, la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo amaneció rodeada de un impresionante cerco de seguridad. Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y policías estatales tomaron calles, plazas y caminos rurales para garantizar la seguridad de una mesa de trabajo encabezada este martes por la gobernadora Maru Campos y funcionarios de primer nivel.
La escena es impactante: convoyes armados recorren los accesos a la comunidad, helicópteros sobrevuelan la zona y se han instalado puntos de control en caminos estratégicos como la ruta a El Zorrillo, donde se prevé el aterrizaje de aeronaves con mandos castrenses, federales y estatales.
El motivo del despliegue es la realización de una mesa de seguridad interinstitucional, donde participan la mandataria estatal, los comandantes de la 5ª y 42ª Zonas Militares, representantes de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría del Bienestar, la presidenta municipal y cuerpos de seguridad estatales.
Seguridad para la cúpula… incertidumbre para el pueblo
Mientras las autoridades se felicitan por este “gesto de compromiso” con la región serrana, las preguntas más incómodas provienen de los habitantes:
¿por qué solo hay seguridad cuando viene la gobernadora?
¿por qué no se mantiene este nivel de presencia los 364 días restantes?
En una región asediada por grupos del crimen organizado, marcada por décadas de impunidad, desplazamiento forzado, explotación minera, tala ilegal y violencia cotidiana, la presencia militar de un solo día parece más un acto de imagen que una estrategia sostenida.
Los recorridos en calles y cerros, los retenes y los helicópteros son visibles, sí, pero también son temporales. Al concluir el evento, las fuerzas federales se retirarán… y con ellas, se irán también las promesas de paz.
La Tarahumara: entre discursos y abandono
Guadalupe y Calvo es uno de los municipios más violentos de Chihuahua. Por su ubicación en la Sierra Madre Occidental, es paso estratégico para rutas de trasiego y extracción de recursos. Sus comunidades indígenas han denunciado amenazas, desapariciones, y una total ausencia del Estado en temas de salud, justicia y educación.
Pese a esto, la estrategia de seguridad sigue basada en eventos puntuales y operativos mediáticos, más que en un plan integral. No hay presencia permanente ni resultados visibles en la reducción del crimen organizado, ni en la protección de las comunidades.
El operativo actual puede servir para blindar a los funcionarios, pero no garantiza seguridad estructural ni aborda las causas de fondo que generan violencia en la región.
Expectativas: ¿resultados o solo narrativa?
Según los comunicados oficiales, la mesa de seguridad busca generar acuerdos entre los tres niveles de gobierno para fortalecer la seguridad en la Sierra Tarahumara. Sin embargo, la ciudadanía permanece escéptica. En años recientes, múltiples mesas similares se han realizado sin que exista seguimiento real o políticas efectivas a largo plazo.
“La seguridad no se construye con visitas fugaces”, expresa un activista de la zona, “sino con Estado presente, justicia para las víctimas y servicios públicos que sustituyan al control que ejercen los grupos criminales”.
Un despliegue que retrata prioridades
Mientras soldados y policías garantizan el tránsito de funcionarios por aire y tierra, las comunidades que viven con miedo todos los días siguen esperando lo esencial: protección, justicia y respuestas.
El operativo en Guadalupe y Calvo retrata con crudeza una política de seguridad reactiva, que actúa solo cuando los reflectores apuntan, pero se diluye cuando los poderosos se van.
