Funcionarios estatales y federales se reúnen bajo fuerte resguardo, mientras la Sierra Tarahumara sigue sumida en el abandono y la violencia cotidiana
GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA. – Esta mañana inició la mesa de seguridad en la Casa de la Moneda, en el corazón de Guadalupe y Calvo, encabezada por la gobernadora Maru Campos y altos mandos civiles y militares. Mientras se habla de coordinación y estrategias, la pregunta entre la población persiste: ¿y cuándo les tocará vivir seguros a ellos?
El evento, que reúne a la mandataria estatal, al secretario general de Gobierno, al fiscal César Jáuregui, a mandos del Ejército y de la Guardia Nacional, así como a la alcaldesa del municipio, ha estado rodeado por un dispositivo de seguridad sin precedentes en la región. Desde la tarde del lunes, helicópteros, patrullas y convoyes militares tomaron las calles, caminos rurales y accesos estratégicos para blindar la zona del encuentro.
Seguridad VIP para las élites… silencio para las víctimas
Aunque las autoridades aseguran que la reunión busca articular una respuesta ante la creciente violencia que azota la sierra, lo cierto es que la seguridad parece ser un privilegio temporal reservado a los funcionarios, no un derecho garantizado para las comunidades.
Durante la sesión, se habla de acuerdos, presencia del Estado y estrategias conjuntas. Pero para la gente que vive en Guadalupe y Calvo –particularmente en sus comunidades más alejadas– la realidad es otra: enfrentan amenazas, desplazamientos, asesinatos y desapariciones sin respaldo estatal real.
“Solo vienen cuando hay evento”, dice una habitante. “Después se van, y nos quedamos nosotros con el miedo.”
Una región sitiada por el crimen y abandonada por el Estado
Guadalupe y Calvo forma parte del llamado Triángulo Dorado, una región históricamente disputada por grupos criminales. Su compleja orografía, la riqueza forestal y minera, así como su ubicación estratégica, la convierten en un foco rojo permanente. Pero más allá del discurso oficial, la presencia institucional ha sido intermitente, reactiva y simbólica.
El operativo actual es una muestra de esa lógica: máxima seguridad por un día, mientras el resto del año, la impunidad reina. La población convive con retenes de grupos armados ilegales, extorsiones, asesinatos y desplazamientos forzados. Sin embargo, estas realidades rara vez provocan un operativo como el de hoy.
¿Reuniones o soluciones?
Las mesas de seguridad son, en teoría, espacios para definir políticas públicas, articular recursos y dar resultados. Pero en la práctica, se han vuelto eventos más mediáticos que transformadores. No hay mecanismos de seguimiento, no hay evaluación de impactos, y no hay garantías de que lo que se acuerde aquí se aplique en campo.
Los discursos oficiales hablan de “recuperar la tranquilidad” y de “presencia permanente”, pero en las rancherías cercanas nadie ve esas promesas materializarse. Hay comunidades sin policías, sin ministerios públicos, sin salud, sin educación, y sin condiciones mínimas de paz.
La paradoja de la seguridad escenificada
Mientras las autoridades sesionan cómodamente rodeadas por más de un centenar de elementos armados que garantizan su integridad, los habitantes se preparan para el inevitable retiro del operativo, el fin de la “agenda oficial” y el regreso a la normalidad de la violencia.
El mensaje que queda en el aire es preocupante: para que haya seguridad, primero deben llegar los funcionarios. Para que haya atención, debe haber cámaras. Para que exista el Estado, debe haber protocolo.
Pero para quienes sobreviven diariamente en las zonas marginadas de la Sierra Tarahumara, eso no basta. Se necesita más que discursos y helicópteros. Se necesita voluntad política, inversión social, justicia real y una estrategia que no se limite a blindar una calle por unas horas.
