Comunidades indígenas atrapadas entre bombas, desapariciones y silencio institucional
HISTORIASMX. – En la sierra de Chihuahua, el municipio de Moris se ha convertido en zona de guerra. A pesar de las denuncias formales ante autoridades federales, al menos diez hombres indígenas warijó han sido desaparecidos, y cientos de familias permanecen sitiadas en sus rancherías. La violencia ha alcanzado niveles extremos: drones con explosivos, ejecuciones públicas y casas marcadas por las balas, mientras el Estado mexicano parece haber abandonado a su suerte a los pobladores.
Una denuncia que desató la venganza
A finales de junio, alrededor de 300 personas de comunidades indígenas warijó decidieron alzar la voz. Acudieron hasta la Ciudad de México para denunciar la violencia que viven en rancherías de Moris ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Entre ellos, viajaba Hilario Valenzuela, gobernador indígena de la comunidad Finca de Pesqueira.
La respuesta institucional fue nula. Sin protección ni refugio, algunos decidieron regresar a sus comunidades. Lo que hallaron no fue paz, sino castigo.
Según relatan personas desplazadas a Raíchali, al menos diez hombres que participaron en la denuncia fueron “levantados” por un grupo delictivo identificado como Los Salazar, brazo del Cártel de Sinaloa. El resto de las familias no pueden salir de sus casas. La violencia continúa.
Balas, bombas y pueblos sitiados
La situación escaló a niveles de guerra no declarada. A inicios de julio, la cabecera municipal fue atacada con drones que lanzaron explosivos contra la presidencia municipal y viviendas. En El Pilar de Moris, un dron arrojó una bomba a un hombre montado a caballo.
Los ataques no cesan. El 17 de julio, testigos informaron que al menos 150 vehículos con hombres armados ingresaron a diversas rancherías. Las familias están bajo secuestro: “no los dejan salir a otra parte, no se pueden ir”.
En redes sociales, desde comunidades como San José de la Trompa, Zapote, El Pilar y La Finca, los habitantes clamaron auxilio:
“¡Nos están atacando con drones y bombas! Hay niños y personas mayores que no pueden correr. Pedimos ayuda y nadie nos la quiere dar”.
Terror, decapitaciones y minas tomadas
Los testimonios relatan escenas dantescas. El viernes 18 y sábado 19 de julio, al menos tres personas fueron ejecutadas y decapitadas, entre ellas una niña de 14 años. Otras fueron heridas por explosivos. También han atacado a mujeres con menores. El pánico es total.
Las minas de la región tampoco se han salvado. El grupo armado ha tomado instalaciones en Moris y Guadalupe y Calvo, afectando tanto la exploración como explotación minera. “Despojaron a la gente, está difícil la situación y al SAT ni a la Dirección de Minas les importa”, denuncian.
Pese a ello, el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández Gamboa, calificó los hechos como “aislados”, asegurando que la actividad minera “no está en riesgo”.
El Ejército observa, la Fiscalía se va
Elementos del Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado (FGE) han acudido a la zona. Pero los pobladores denuncian que su presencia ha sido decorativa:
“El Ejército nada más está ahí, pero no hace nada. El Ministerio Público vino y se fue luego luego”.
La FGE informó que investiga únicamente el hallazgo de tres cuerpos en la comunidad de La Mesa de las Tunas. Todos presentaban señales de ejecución. Uno tenía heridas de arma de fuego, y dos estaban decapitados. Se hallaron también dos drones dañados, detonadores hechizos y casquillos de bala, así como una pick up acribillada.
No se mencionaron los hechos de otras rancherías.
La guerra viene de marzo
Según reportes periodísticos, los enfrentamientos comenzaron en marzo. Un “topón” entre sicarios dejó tres personas calcinadas y explosivos lanzados sobre la plaza de El Pilar. Ese mes, la Sedena aseguró fusiles AK-47, AR-15 y una ametralladora 5.56, así como un laboratorio de drogas y una pista clandestina.
La disputa es clara: La Línea (del Cártel de Juárez) ha perdido el control frente al avance de Los Salazar, que se disputan el corredor estratégico de Moris.
Un pueblo abandonado
El clamor de las comunidades sigue ignorado. Las familias están atrapadas entre el silencio oficial, el fuego cruzado y un grupo criminal que no da tregua.
“Estamos en el olvido. Nos dejaron solos”, repiten los warijó desplazados. La pregunta queda en el aire: ¿quién va a responder por la violencia en Moris?
