La contratación se realizó con base en el Decreto No. LXVII/AUOBF/0934/2024 XV P.E., publicado en el Periódico Oficial del Estado el 28 de septiembre de 2024, mediante el cual el Congreso autorizó al Ayuntamiento de Chihuahua contratar deuda por hasta 660 millones 390 mil pesos para obra pública productiva.
Chihuahua, Chih., 28 de mayo de 2025 — El alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, firmó un contrato de crédito por 570 millones de pesos con Banco Santander el pasado 20 de febrero, a pesar de que ya había vencido la autorización del Congreso del Estado para contratar deuda pública.
La contratación se realizó con base en el Decreto No. LXVII/AUOBF/0934/2024 XV P.E., publicado en el Periódico Oficial del Estado el 28 de septiembre de 2024, mediante el cual el Congreso autorizó al Ayuntamiento de Chihuahua contratar deuda por hasta 660 millones 390 mil pesos para obra pública productiva. Sin embargo, dicho decreto estableció una vigencia de 180 días a partir del 13 de septiembre de 2024, por lo que expiró el 12 de febrero de 2025.
SHCP negó la inscripción del contrato
El 11 de abril de 2025, la Tesorería Municipal de Chihuahua solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la inscripción del contrato de crédito en el Sistema de Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, un paso indispensable para formalizar y ejercer el financiamiento, como lo exige la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
El 23 de abril, la Coordinación de Deuda Pública de la SHCP emitió un oficio (351-A-PFV-00691) informando que se detectaron inconsistencias en la solicitud, y aunque el Municipio respondió en tiempo, el 15 de mayo la SHCP resolvió desechar el trámite, señalando que las prevenciones no fueron solventadas a cabalidad.
A pesar de ello, la dependencia federal dejó a salvo los derechos del Municipio para presentar una nueva solicitud, aunque la propia Tesorería Municipal reconoció estar “material y jurídicamente imposibilitada” para hacerlo, ya que el decreto del Congreso había perdido vigencia.
Cabildo aprueba nueva autorización, sin aclarar situación del contrato anterior
Frente al rechazo de la SHCP, el alcalde panista optó por buscar una nueva vía. El lunes 26 de mayo, el Cabildo de Chihuahua aprobó por unanimidad una nueva autorización para contratar financiamiento por 570 millones de pesos, en modalidad de crédito simple.
Sin embargo, el dictamen aprobado por el Cabildo no aclara el estatus legal del contrato firmado con Santander, ni si este será cancelado, modificado o ratificado. Tampoco se especifica si se emprenderán acciones legales o administrativas respecto a la firma realizada sin autorización vigente.
Además, en esta nueva etapa, el Ayuntamiento realizó un cambio en la clasificación presupuestal, modificando el rubro de inversión de 61500 a 615, lo que podría responder a criterios de compatibilidad técnica o legal, pero no resuelve el problema de origen: la falta de autorización válida al momento de firmar el contrato inicial.
Bonilla repite patrón: ya había contratado crédito sin planeación
Esta no es la primera vez que el alcalde Bonilla Mendoza recurre a créditos que después enfrentan complicaciones. En 2023, su administración contrató un financiamiento por 132 millones de pesos con Scotiabank Inverlat para la construcción de un relleno sanitario en la comunidad de Mápula, proyecto que debió ser replanteado debido a conflictos legales y ambientales, forzando al Ayuntamiento a reorientar el gasto.
Posibles implicaciones legales y administrativas
La firma del contrato con Santander sin autorización vigente podría tener consecuencias legales para el alcalde y funcionarios involucrados, al representar una posible violación a la Ley de Disciplina Financiera y otras normativas de administración pública, que exigen autorización previa y registro para contratar deuda.
Organismos de fiscalización, como el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado o la Secretaría de la Función Pública, podrían iniciar investigaciones. De confirmarse irregularidades, se abriría la puerta a responsabilidades administrativas e incluso penales.
En resumen
- El contrato fue firmado sin autorización vigente del Congreso.
- La SHCP rechazó su inscripción por inconsistencias no resueltas.
- El Cabildo municipal autorizó una nueva contratación, sin aclarar el destino del contrato anterior.
- Bonilla Mendoza acumula antecedentes de financiamientos fallidos o mal planeados.
