Miroslava era corresponsal de La Jornada y colaboradora de El Norte de Juárez. Su trabajo periodístico fue clave para evidenciar la narco-política en Chihuahua, en especial las candidaturas ligadas al grupo criminal de Los Salazares, brazo del Cártel de Sinaloa.
CHIHUAHUA.— El 23 de marzo de 2017, la periodista Miroslava Breach Velducea fue asesinada a balazos afuera de su casa en la capital del estado, cuando esperaba a su hijo menor para llevarlo a la escuela. Ocho años después, el crimen permanece impune: los autores intelectuales y parte de los materiales siguen libres, el sistema político y criminal que permitió su asesinato se mantiene intacto y las instituciones han demostrado ser incapaces —o cómplices— frente a un caso que simboliza la vulnerabilidad de la prensa en México.
Un crimen anunciado y una verdad incómoda.
Miroslava era corresponsal de La Jornada y colaboradora de El Norte de Juárez. Su trabajo periodístico fue clave para evidenciar la narco-política en Chihuahua, en especial las candidaturas ligadas al grupo criminal de Los Salazares, brazo del Cártel de Sinaloa.
Desde 2016, sus investigaciones revelaron cómo el PRI y el PAN habían postulado candidatos vinculados con estructuras del narcotráfico. Esos reportajes se convirtieron en sentencia de muerte. El 23 de marzo de 2017, Miroslava recibió ocho disparos. Su hijo presenció el ataque.
Una justicia mutilada.
La narrativa oficial presume avances: en 2020 fue condenado Juan Carlos Moreno Ochoa, “El Larry”, a 51 años de prisión como uno de los responsables directos. En 2021, el exalcalde panista de Chínipas, Hugo Amed Schultz, aceptó su complicidad en un juicio abreviado y recibió apenas 8 años de condena.
Pero la realidad es que los principales responsables siguen libres. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) identificó desde hace siete años a Crispín Salazar Zamorano —líder de Los Salazares— como autor intelectual, y a Jasiel Vega Vega como sicario participante. Ambos continúan prófugos, sin que haya avances en su captura.
La impunidad, como lo advierte Sara Mendiola, directora de la organización Propuesta Cívica que acompaña el caso, “es del 98 por ciento en crímenes contra periodistas en México. Y el de Miroslava no es la excepción, sino un ejemplo del fracaso institucional”.
El papel de Hugo Schultz y el encubrimiento político.
Schultz fue pieza clave: entregó grabaciones de llamadas con Miroslava a Los Salazares, poniendo en riesgo su vida. En esas conversaciones, tres panistas la presionaban para que revelara sus fuentes. El material fue hallado en una laptop en una casa de seguridad.
Los nombres son conocidos: Alfredo Piñera, vocero estatal del PAN y encargado de grabar las llamadas; José Luévano, exsecretario general del PAN y después secretario particular del gobernador Javier Corral; y el propio Schultz, quien pidió las grabaciones.
Pese a las evidencias, ninguno de los panistas ha enfrentado proceso judicial. El gobierno de Corral se negó a investigarlos. La FEADLE únicamente procesó a Schultz, quien ahora busca obtener libertad condicional bajo el argumento de haber sido torturado.
La CEAV: una institución indolente.
El asesinato de Miroslava no solo dejó una herida abierta en el periodismo, también en su familia. Ocho años después, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha cumplido con la reparación integral del daño.
“Hemos pedido desde 2020 una reunión para avanzar en el proceso, pero la CEAV ha sido omisa, dilatoria y hasta fraudulenta”, denunció Sara Mendiola. “Justicia a medias es impunidad completa, y la CEAV ha sido parte de esa impunidad”.
La organización recuerda que el derecho a la reparación integral está en la Constitución y en tratados internacionales, pero en la práctica en México es meramente aspiracional.
Chínipas: el bastión de Los Salazares.
El asesinato de Miroslava tuvo origen en Chínipas, su tierra natal. Desde allí se presume que salió la orden de matarla. Ocho años después, el municipio no solo sigue bajo la influencia criminal, sino que se han normalizado obras y festividades financiadas por Los Salazares.
En marzo de 2023, el gobierno estatal promovió como atractivo turístico la “escalera más grande de México”, con 1,348 peldaños. La obra fue inaugurada por el Ayuntamiento de Chínipas y financiada por Alfredo Salazar Ramírez, “El Muñeco”, lugarteniente del Chapo Guzmán, detenido en 2012 y extraditado a EE.UU. en 2023.
Al pie de la escalera, una placa lo deja claro:
“Por el amor y cariño que le tengo al pueblo y su gente. Alfredo Salazar Ramírez. Municipio de Chínipas de Almada. Marzo de 2023.”
Esa fecha no es casual: coincide con el cumpleaños de Alfredo Salazar, el mismo día en que se decidió asesinar a Miroslava en 2017 como supuesto “regalo”.
La impunidad como norma.
En la Sierra Tarahumara, los Salazares mantienen dominio social, económico y político. Repartieron despensas durante la pandemia, financian fiestas y ahora también obras públicas. Mientras tanto, el gobierno estatal —ayer con Corral, hoy con Maru Campos— promueve turísticamente a Chínipas, omitiendo el trasfondo criminal.
El secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, incluso desestimó los cuestionamientos sobre la escalera financiada por el narco, calificándolos de “tonterías”. La Fiscalía estatal prometió investigar, pero hasta hoy no hay resultados.
Ocho años después.
El asesinato de Miroslava Breach representa la radiografía de un país donde ser periodista es ejercer una profesión de alto riesgo. Su caso sintetiza la colusión entre narcotráfico y política, la complicidad de los gobiernos y la negligencia institucional hacia las víctimas.
Ocho años después, la exigencia sigue siendo la misma: justicia plena. No basta con encarcelar a un sicario y a un cómplice. El sistema que mandó callar a Miroslava sigue intacto. Y mientras eso no cambie, su crimen seguirá siendo símbolo de una impunidad completa.
Por: Gorki Rodríguez.
