En contraste, la presa Pico del Águila, construida legalmente en los años noventa en el municipio de Coronado, ha causado un ecocidio silencioso. Esta obra interrumpió el cauce del río Florido, acabando con su ecosistema, secando afluentes aguas abajo y provocando la desaparición de más de 20 especies de peces.
CHIHUAHUA.— La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha sido señalada por aplicar una política de justicia ambiental selectiva. Mientras derriba una presa ilegal en el rancho del exgobernador César Duarte en Balleza, sigue avalando la operación de la presa Pico del Águila en Coronado, una obra que, aunque legal, ha provocado desertificación, extinción de especies y el colapso de un acuífero clave para el sur del estado.
Presión mediática contra Duarte: una acción simbólica
La demolición de una presa en el rancho El Saucito, captada en video por las autoridades, fue presentada como un acto de firmeza ante el uso irregular del agua. Sin embargo, el gesto parece más simbólico que estructural, pues solo una de las cinco presas fue destruida, gracias a una suspensión judicial que frenó el resto del operativo.
Lo importante: El rancho ya había sido asegurado y luego devuelto por orden judicial. El operativo de CONAGUA se da años después, en un momento donde la presión pública crece por la crisis hídrica.
Presa Pico del Águila: legal, pero devastadora
En contraste, la presa Pico del Águila, construida legalmente en los años noventa en el municipio de Coronado, ha causado un ecocidio silencioso. Esta obra interrumpió el cauce del río Florido, acabando con su ecosistema, secando afluentes aguas abajo y provocando la desaparición de más de 20 especies de peces.
Lo importante: Esta presa beneficia principalmente a un pequeño grupo de productores de nogal y alfalfa, cultivos altamente demandantes de agua que se destinan a la exportación, no al consumo local.
Jiménez-Camargo: el acuífero al borde del colapso
El impacto de la presa se extiende más allá del ecosistema fluvial. El acuífero Jiménez-Camargo está sobreexplotado, con un déficit anual grave. Mientras miles de personas enfrentan escasez de agua potable, los megapozos agrícolas siguen operando sin sanciones visibles, beneficiando a grandes agroempresarios.
Lo importante: Las comunidades rurales de Jiménez, Camargo y López han documentado cómo la expansión nogalera ha vaciado pozos comunitarios y acelerado la desertificación del entorno.
¿Justicia ambiental o montaje mediático?
La actuación de CONAGUA en el rancho Duarte evidencia una estrategia de justicia escenificada: se actúa con fuerza cuando el acusado es políticamente desechable, pero se guarda silencio ante actores económicamente poderosos, aunque el daño sea mayor y sistemático.
Lo importante: La falta de acción en contra de quienes explotan de forma intensiva el agua en regiones críticas sugiere una doble moral institucional en la gestión del recurso más vital.
Conclusión: ¿a quién protege CONAGUA?
El contraste entre la demolición de una presa ilegal y la permisividad frente a una obra legal pero destructiva revela un patrón: la ley se aplica con severidad donde conviene, y se ignora donde incomoda al poder económico. La presa Pico del Águila es legal, pero sus consecuencias han sido tan o más devastadoras que las obras irregulares que se presumen combatir.
Mientras no se enfrente la sobreexplotación agroindustrial con la misma energía que se derriban estructuras individuales, la crisis del agua en Chihuahua seguirá profundizándose.
