El Juzgado Décimo de Distrito en Chihuahua emitió una resolución definitiva que obliga a las autoridades a investigar denuncias de desvío de recursos y manipulación electoral, además de imponer una auditoría externa a los programas sociales.
HISTORIASMX.- En un hecho sin precedentes para la defensa del derecho a la denuncia y la lucha contra la corrupción institucional en Chihuahua, el Juzgado Décimo de Distrito, a cargo de la jueza federal Madhay Soto Morales, dictó sentencia definitiva en el juicio de amparo indirecto 879/2023-VI-1. Este fallo, que genera jurisprudencia, obliga a las autoridades responsables a respetar los derechos del denunciante, investigar los actos denunciados y realizar una auditoría externa a la Delegación Estatal de la Secretaría de Bienestar en Chihuahua.
Antecedentes y denuncia
El proceso judicial tuvo origen en la denuncia formal presentada por Hugo Ruiz Esparza, ex servidor de la Nación entre 2018 y 2022, quien expuso ante la Secretaría de la Función Pública y la Cámara de Diputados múltiples irregularidades dentro de la Delegación de Bienestar en Chihuahua.
Entre los señalados se encuentran dos altos funcionarios públicos:
- Juan Carlos Loera de la Rosa, Delegado Estatal de Bienestar en Chihuahua.
- Marcelino Gómez Brenen, Subdelegado Regional para los municipios de Aquiles Serdán y Aldama.
Las denuncias documentaron robo directo de recursos públicos asignados a programas sociales como Pensión para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Becas Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro. Además, señalaron manipulación política y electoral en los padrones de beneficiarios y la omisión sistemática de las autoridades para atender estas denuncias, perpetuando la impunidad.
El juicio de amparo y violaciones procesales
Ruiz Esparza promovió un juicio de amparo argumentando que tanto la Secretaría Técnica de la Secretaría de la Función Pública como la Cámara de Diputados ignoraron sus denuncias y le negaron su derecho a intervenir como denunciante conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La jueza Madhay Soto Morales determinó que el denunciante fue omitido y discriminado, violando su derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política Mexicana.
Resoluciones clave de la sentencia
Entre los principales puntos establecidos por la jueza se encuentran:
- Reconocimiento de la existencia del acto reclamado y la omisión de las autoridades.
- Obligación de la Secretaría de la Función Pública y la Cámara de Diputados para dar trámite y seguimiento a la denuncia.
- Garantizar la participación activa del denunciante en todas las fases del procedimiento, incluyendo notificaciones, presentación de pruebas, asistencia a audiencias y posibilidad de impugnar resoluciones.
- Orden explícita para realizar una auditoría externa a la Delegación de Bienestar y a los recursos públicos destinados a programas sociales federales en Chihuahua, buscando evitar manipulación o encubrimiento institucional.
Fundamentos legales
La sentencia se fundamenta en:
- Artículo 17 constitucional, que garantiza justicia pronta, completa e imparcial.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas (2016), que establece el derecho activo del denunciante.
- Jurisprudencia vinculante 2a./J. 33/2021 de la Suprema Corte, que reconoce el interés jurídico del denunciante para exigir su participación en procedimientos administrativos.
Reacciones del denunciante
Hugo Ruiz Esparza expresó que este fallo representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción y anunció que buscará impulsar el juicio de procedencia para retirar el fuero constitucional a Juan Carlos Loera de la Rosa, con la intención de que enfrente procesos penales sin privilegios.
“La ciudadanía merece saber en qué se usa el dinero público. No queremos más fraudes en los programas sociales. La sentencia es un avance, pero la justicia apenas comienza”, declaró.
Implicaciones y próximos pasos
Esta sentencia histórica no solo fortalece el derecho ciudadano a denunciar y participar activamente en la fiscalización de recursos públicos, sino que también obliga a las instancias responsables a transparentar sus procedimientos y combatir la corrupción desde dentro de las estructuras estatales.
La orden de auditoría externa constituye un mecanismo de control indispensable para garantizar la correcta aplicación de los programas sociales y la rendición de cuentas.
