La dependencia federal aseguró que los requerimientos emitidos por la FGR forman parte de procedimientos normales de investigación y que las autoridades estatales fueron llamadas únicamente en calidad de testigos.
HISTORIASMX.– La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró este sábado que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República a autoridades de los estados de Chihuahua y Sinaloa corresponden únicamente a procedimientos ordinarios dentro de investigaciones ministeriales y no obedecen a intereses políticos.
Mediante un breve comunicado oficial, la dependencia federal sostuvo que las comparecencias solicitadas por la Fiscalía tienen carácter testimonial y forman parte de las diligencias legales relacionadas con investigaciones en curso.
“Es un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos”, señaló la Secretaría de Gobernación.
La aclaración surge luego de la controversia generada por el citatorio girado a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien previamente denunció públicamente una supuesta “persecución política” por parte del gobierno federal.
Segob respalda autonomía de la FGR
En el posicionamiento oficial, la Segob enfatizó que la Fiscalía General de la República es un órgano constitucional autónomo, por lo que sus actuaciones se desarrollan con fundamento en la ley y sin intervención política del Poder Ejecutivo federal.
“Tal y como lo hizo de nuestro conocimiento la Fiscalía General de la República, que es un órgano constitucional autónomo, cuyas actuaciones se desarrollan con fundamento en la ley y no tiene interés político”, indicó la dependencia.
La polémica se intensificó luego de que la FGR confirmara que la gobernadora de Chihuahua y el ex fiscal estatal fueron citados a declarar como parte de las investigaciones derivadas de un operativo realizado en abril pasado en la Sierra del Pinal, donde presuntamente participaron agentes de la Central Intelligence Agency.
Crece tensión política entre estados y federación
Las declaraciones de Secretaría de Gobernación se producen en un contexto de creciente tensión política entre gobiernos estatales de oposición y autoridades federales, particularmente en temas de seguridad pública y coordinación internacional.
Mientras la administración estatal de Chihuahua sostiene que existe un intento de presión política, el gobierno federal insiste en que se trata exclusivamente de diligencias ministeriales dentro de una investigación formal.
