Productores con altos volúmenes de extracción y actores con histórico control del agua expresan preocupación ante una posible reforma que busca frenar la sobreexplotación y transparentar el uso del recurso en una región donde los mantos acuíferos están al borde del colapso.
HISTORIASMX. – La discusión nacional en torno a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales comienza a generar tensiones en el sur de Chihuahua, especialmente entre aquellos sectores que desde hace años mantienen un alto nivel de extracción en acuíferos declarados en déficit crítico. La posibilidad de que se establezcan mayores controles, revisiones de concesiones y límites estrictos de bombeo ha encendido las alarmas en productores que dependen de pozos profundos y que, en muchos casos, han operado al límite —e incluso por encima— de la regulación actual.
Un sur de Chihuahua con acuíferos en agonía
En municipios como Jiménez, Camargo, López y La Cruz, los niveles de los mantos freáticos han descendido de manera acelerada durante las últimas décadas. Organizaciones técnicas y datos oficiales han señalado que el ritmo de extracción, impulsado por la expansión agrícola de riego intensivo, supera por mucho la recarga natural.
El debate de una nueva ley que priorice el interés público y la sustentabilidad ha generado inquietud entre quienes se han beneficiado de la flexibilidad histórica de la legislación vigente, incluyendo grandes productores, juntas locales de agua y actores con fuerte influencia política en los distritos de riego.
Quienes más extraen, más temen
Aunque públicamente pocos se expresan en contra, diversas fuentes en la región reconocen que quienes operan pozos múltiples, concesiones heredadas o equipos de bombeo de gran capacidad temen que una reforma real implique:
- Auditorías a profundidad sobre volúmenes reales de extracción.
- Cancelación o ajuste de concesiones registradas con datos parciales.
- Sanciones por perforaciones irregulares o pozos duplicados.
- Topes estrictos en cultivos de alta demanda hídrica, como la nuez pecanera.
En zonas como el acuífero de Jiménez-Camargo, donde la sobreexplotación supera varios millones de metros cúbicos anuales, los posibles cambios normativos afectan directamente los intereses de quienes han construido su modelo productivo sobre el uso intensivo del agua subterránea.
Una región que ya paga las consecuencias
La caída en los niveles de los pozos, el encarecimiento del bombeo, la pérdida de calidad del agua y la disputa creciente entre usuarios —incluyendo conflictos entre agricultores y población urbana— muestran que la crisis hídrica ya no es una advertencia, sino una realidad tangible.
Para especialistas, la resistencia a la reforma proviene de quienes se benefician del actual vacío regulatorio que permite prácticas de sobreexplotación sin consecuencias significativas.
La discusión continúa
Mientras el Congreso federal analiza el rumbo de la nueva legislación, en el sur de Chihuahua crece el contraste entre dos posturas:
- Quienes exigen un marco firme para recuperar los acuíferos.
- Y quienes temen perder privilegios construidos durante décadas al amparo de una ley que ya no responde a la crisis actual.
