HISTORIASMX. – Hay lugares de Chihuahua donde regresar a casa ya no depende únicamente de tener una llave. En marzo de 2026, más de 200 personas desplazadas de comunidades de Guadalupe y Calvo regresaron acompañadas por un operativo institucional en el que participaron policías, autoridades de atención a víctimas, personal de salud y otras dependencias. Meses después, el propio Gobierno del Estado pidió una mayor intervención federal ante una nueva escalada de violencia y reconoció públicamente que el desplazamiento forzado en esa región era consecuencia de la disputa territorial entre grupos del crimen organizado. Esa escena —familias que necesitan protección armada para volver al lugar donde nacieron— ayuda a explicar un fenómeno mucho más profundo que una estadística de homicidios: en algunas regiones de Chihuahua está en disputa la capacidad misma del Estado para decidir quién circula, quién trabaja, quién explota los recursos y quién puede permanecer en el territorio.

La pregunta de quién controla realmente Chihuahua volvió al centro de la discusión este fin de semana. Un documento denominado “¿Quién controla México? Mapa térmico del control del narcotráfico y del cobro de piso por estado y ciudad”, con información al 25 de septiembre de 2026, colocó a Chihuahua con 64 puntos en un denominado Índice Compuesto de Control Criminal, octavo entre nueve estados incluidos en la categoría de “predominio criminal en amplias regiones”. El ejercicio asegura considerar no solamente asesinatos, sino cobro de cuotas, retenes, dominio de mercados, restricciones a la movilidad y capacidad de cooptar autoridades.

Pero una investigación responsable obliga a introducir una precisión desde el principio: 64 puntos no significa que 64 por ciento del territorio de Chihuahua esté controlado por el narcotráfico. Tampoco significa que el Gobierno haya perdido soberanía sobre 64 por ciento del estado. Las versiones públicas localizadas durante esta revisión describen el documento como un “análisis independiente”, pero no identifican claramente una institución académica responsable ni publican una metodología detallada que permita reproducir el índice, conocer la ponderación de cada variable o establecer márgenes de incertidumbre. El propio material difundido por distintos medios debe, por tanto, entenderse como un indicador exploratorio y no como una medición oficial de soberanía territorial.

Lo inquietante aparece cuando ese índice se compara con otras fuentes completamente independientes. Entonces comienza a surgir una misma fotografía: Chihuahua no está uniformemente bajo el control de una organización criminal, pero sí existen corredores, actividades económicas y comunidades donde diferentes organizaciones han desarrollado capacidades propias de un poder territorial.

No existe un solo Chihuahua criminal.

Hablar de “control de Chihuahua” puede resultar engañoso porque el estado no funciona como un territorio homogéneo. La evidencia disponible apunta más bien a un mosaico de soberanías disputadas. En las principales zonas urbanas funcionan gobiernos, policías, fiscalías, tribunales, escuelas, empresas y sistemas financieros bajo las instituciones formales. Las autoridades continúan realizando detenciones, cateos y operaciones contra organizaciones delictivas. Al mismo tiempo, en determinadas regiones rurales, fronterizas y serranas aparecen organizaciones capaces de imponer reglas paralelas sobre actividades económicas y movilidad.

La literatura académica denomina a este fenómeno gobernanza criminal. No exige que un grupo delincuencial sustituya completamente al Gobierno. Puede existir precisamente junto al Estado: una organización criminal cobra, castiga, autoriza ciertas actividades, impone horarios o desplazamientos, regula mercados ilegales e incluso interviene en estructuras comunitarias mientras, simultáneamente, continúan operando presidencias municipales, policías y programas gubernamentales. Una investigación publicada en 2025 sobre gobernanza criminal en México plantea que estas prácticas buscan crear condiciones que permitan a los grupos organizados mantener sus negocios y someter a las comunidades donde operan. Otros trabajos han encontrado que la presencia sostenida de organizaciones criminales puede debilitar la confianza institucional, la capacidad fiscal municipal y la provisión de bienes públicos.

Esto cambia la forma de mirar el mapa. El control criminal ya no se mide solamente contando cadáveres.

Una comunidad puede registrar relativamente pocos homicidios y, sin embargo, vivir bajo reglas impuestas por hombres armados. Un empresario puede mantener abierto su negocio y entregar periódicamente dinero para evitar represalias. Un transportista puede utilizar una carretera, pero saber que ciertos vehículos, mercancías o personas requieren autorización informal. Una familia puede conservar legalmente su parcela y no atreverse a explotarla. Un ejido puede tener autoridades formalmente electas y al mismo tiempo sufrir presiones para permitir la extracción de madera.

En esos espacios, la pregunta deja de ser quién aparece jurídicamente como autoridad y pasa a ser quién tiene capacidad real para imponer consecuencias.

La Sierra: cuando controlar el bosque significa controlar la comunidad.

Probablemente ninguna región permite observar esta transformación con tanta claridad como la Sierra Tarahumara.

En enero de 2026, la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) publicó una investigación específica sobre tala ilegal en Chihuahua. El informe se elaboró mediante solicitudes de información pública y entrevistas con comunidades afectadas, servidores públicos y especialistas. Su conclusión resulta especialmente relevante: organizaciones criminales han utilizado la explotación forestal no solamente como una fuente complementaria de ingresos, sino como parte de sus estrategias de control territorial.

La dimensión económica es enorme. El informe calcula que Chihuahua produce legalmente madera con un valor aproximado de 172 millones de dólares anuales y estima que el mercado de madera ilegal puede tener una dimensión similar. Según fuentes consultadas por la organización, grupos criminales controlan grandes extensiones serranas, presionan comunidades, establecen relaciones coercitivas con propietarios y se involucran directamente en la explotación clandestina. La investigación identifica presencia o disputa de facciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa, La Línea y otros actores criminales de alcance regional y local.

Aquí aparece una de las claves para entender el Chihuahua contemporáneo: el territorio tiene valor mucho más allá de la droga.

Controlar una región serrana significa disponer de caminos, brechas, puntos de vigilancia y rutas hacia Sinaloa y Durango. Significa proteger plantíos o laboratorios, pero también acceder a bosques, madera, terrenos y mano de obra. Significa saber quién entra, quién sale y quién habla con las autoridades. En determinadas comunidades, el narcotráfico se ha convertido así en una economía territorial diversificada.

El informe de GI-TOC estima además que alrededor de la mitad de la madera producida en Chihuahua podría tener origen ilegal y documenta que los ejidos pueden quedar atrapados entre la colaboración forzada, la captura de autoridades comunitarias y la extorsión. También señala desplazamientos de población indígena vinculados con la violencia por el territorio y los recursos forestales.

Es difícil encontrar un ejemplo más concreto de gobernanza criminal: el grupo no necesita administrar formalmente el municipio. Le basta con tener suficiente capacidad armada para alterar la manera en que se utiliza un recurso económico fundamental.

Guadalupe y Calvo: el territorio que expulsa a sus propios habitantes.

Durante 2026, Guadalupe y Calvo se convirtió en una especie de laboratorio extremo de esta disputa. En febrero, aproximadamente 200 personas provenientes de Atascaderos fueron atendidas por el Gobierno de Chihuahua después de abandonar su comunidad. En marzo comenzaron operaciones para acompañarlas en su regreso. En julio, nuevos episodios de violencia obligaron al Estado a pedir públicamente una mayor intervención de la Federación.

La expresión “desplazamiento forzado” contiene detrás una cadena de derrotas privadas. Una casa queda cerrada. Una cosecha ya no se levanta. Los animales quedan atrás o se venden precipitadamente. Los niños dejan una escuela. Una familia pierde redes comunitarias que tardaron décadas en construirse. En términos territoriales, cada familia que abandona una comunidad bajo amenaza representa también espacio social que pierde la población civil.

En marzo, habitantes de Guadalupe y Calvo denunciaron a medios locales un incremento de retenes operados presuntamente por grupos criminales en caminos rurales, acompañados de amenazas y vigilancia. La Fiscalía Zona Sur respondió entonces que no tenía reportes formales de esos retenes y destacó el reforzamiento policial. La contradicción es importante: precisamente en territorios sometidos a intimidación, la ausencia de denuncia oficial no necesariamente equivale a ausencia del fenómeno.

Meses después, un enfrentamiento sobre la carretera hacia la cabecera municipal provocó reportes de cierre de circulación y viajeros varados. Al mismo tiempo, autoridades estatales desplegaron operativos permanentes, localizaron campamentos presuntamente criminales y realizaron misiones de acompañamiento a comunidades desplazadas.

La paradoja resume el problema: el Estado está presente, pero tiene que disputar permanentemente la posibilidad de estar presente.

Ciudad Juárez: controlar el corredor vale millones.

En el extremo norte del estado la lógica cambia, pero el principio es semejante. En Ciudad Juárez y el Valle de Juárez, el activo fundamental no es solamente el territorio físico: es el corredor fronterizo hacia Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro estadounidense describe a La Línea, organización históricamente vinculada al Cártel de Juárez, como una fuerza criminal con operaciones en Ciudad Juárez y acceso a corredores de tráfico de drogas y personas. En una sanción anunciada en 2024, el Tesoro afirmó que La Línea cobra a otras organizaciones criminales por mover mercancías a través del Valle de Juárez y obtiene ingresos adicionales del tráfico de drogas sintéticas, tala ilegal y robo de vehículos.

Ese dato resulta especialmente importante porque muestra una forma clásica de control territorial: cobrar por utilizar el territorio. Quien puede exigir un pago a otros actores criminales para atravesar un corredor se comporta, en términos prácticos, como un administrador clandestino de una ruta.

El tráfico de migrantes ha añadido otra economía. En marzo de 2026, la Fiscalía General de la República informó que una investigación conjunta permitió identificar una organización dedicada a trasladar personas provenientes de Guatemala hacia Estados Unidos a través de Ciudad Juárez y El Paso. Durante el año también se registraron rescates de personas migrantes mantenidas contra su voluntad en inmuebles de Juárez.

Esto ayuda a entender por qué la frontera no se disputa únicamente por toneladas de cocaína, metanfetamina o fentanilo. Una persona migrante también puede convertirse en mercancía: se cobra por trasladarla, albergarla, cruzarla, secuestrarla o liberarla. El territorio fronterizo se transforma entonces en infraestructura económica criminal.

El cobro de piso: cuando el crimen entra a la caja registradora.

La forma de control más silenciosa probablemente sea la extorsión. No produce necesariamente cuerpos abandonados ni enfrentamientos. Produce algo más difícil de medir: empresarios que incluyen la cuota criminal dentro de sus gastos; comerciantes que cierran temprano; familias que cambian números telefónicos; negocios que dejan de crecer porque llamar la atención puede significar convertirse en objetivo.

Los registros oficiales encendieron una alerta en Chihuahua durante 2026. Entre enero y junio, el SESNSP registró 97 víctimas de extorsión, frente a cuatro en el mismo periodo de 2025, incremento estadístico de 2,325 por ciento. Coparmex destacó que fue la mayor variación porcentual del país.

Sin embargo, este número también exige precaución. Causa en Común identificó variaciones extraordinarias en las estadísticas de incidencia delictiva de 2026 y señaló que cambios de esa magnitud pueden estar relacionados con modificaciones en clasificación, registro o reporte. La organización aclaró que una anomalía no prueba manipulación, pero sí requiere explicación. En consecuencia, afirmar que la extorsión real aumentó exactamente 2,325 por ciento sería metodológicamente irresponsable.

Lo que sí resulta difícil de ignorar es que durante el mismo periodo existen investigaciones concretas. En abril, por ejemplo, la Fiscalía de Chihuahua vinculó a proceso a un hombre acusado de exigir 1.5 millones de pesos por “cobro de piso” a propietarios de una tienda de abarrotes en Ciudad Juárez. En otro caso, dos personas fueron vinculadas por presuntamente amenazar con incendiar un establecimiento y exigir entregas sucesivas de dinero y bienes.

Y todavía existe un problema mayor: casi nunca conocemos todos los casos. La ENVIPE 2026 estima que a escala nacional 97.5 por ciento de las extorsiones ocurridas durante 2025 quedaron dentro de la cifra oculta, es decir, no fueron denunciadas o no terminaron en una carpeta de investigación.

Por eso los expedientes ministeriales muestran sólo una fracción del fenómeno.

Una economía que también paga por miedo.

El crimen tiene además un costo económico que rara vez aparece en las cuentas de las organizaciones criminales. Lo absorben hogares, comerciantes, empresas y gobiernos.

Los resultados de la ENVIPE publicados en septiembre muestran que Chihuahua experimentó durante 2025 uno de los mayores incrementos en incidencia delictiva estimada del país: pasó de 27 mil 140 delitos por cada 100 mil habitantes en 2024 a 37 mil 106 en 2025.

La inseguridad genera gastos que aparentemente pertenecen a la economía legal pero que, en realidad, son consecuencia del delito: rejas, cámaras, cerraduras, alarmas, guardias privados, seguros, vehículos blindados, modificaciones de rutas y horarios. La ENVIPE había calculado que sólo durante 2024 la inseguridad y el delito ocasionaron a los hogares chihuahuenses un costo aproximado de 6.3 mil millones de pesos.

Es dinero que podría pagar educación, maquinaria, ampliaciones de negocios o vivienda. En cambio, se destina a intentar disminuir el riesgo.

Cuando la delincuencia organizada controla sectores económicos, aparece además una segunda tributación. El ciudadano paga impuestos al Estado y, en los casos de extorsión, puede terminar pagando otro “impuesto” clandestino al grupo armado. La diferencia es que éste se cobra con una amenaza explícita.

Menos homicidios no necesariamente significa menos control.

Existe otro dato aparentemente contradictorio.

Entre enero y agosto de 2026, Chihuahua concentró alrededor del 8 por ciento de los homicidios dolosos registrados en México, tercer lugar nacional, aunque al mismo tiempo el promedio diario mostró una reducción importante respecto del mismo periodo de 2025. Los reportes oficiales y estatales han utilizado esa disminución para señalar avances de la estrategia de seguridad.

Ambas cosas pueden ser ciertas.

Es posible reducir homicidios mientras persisten extorsión, control de rutas, tráfico de personas o explotación clandestina de recursos. De hecho, algunos estudios sobre gobernanza criminal advierten que un territorio dominado establemente por una sola organización puede registrar menos enfrentamientos que otro donde varias organizaciones compiten violentamente. La ausencia de disparos no siempre equivale a ausencia de control criminal.

Esto explica por qué contar homicidios ya no basta para comprender la seguridad.

Una región puede tranquilizarse porque el Estado recuperó capacidades. Pero también puede tranquilizarse porque terminó una disputa y un grupo se volvió dominante. Distinguir una situación de la otra requiere investigar extorsiones, desapariciones, desplazamientos, mercados ilícitos, control de caminos y comportamiento de las instituciones locales.

¿Y las autoridades?

La afirmación más delicada contenida en el llamado Índice de Control Criminal es la referencia a la “cooptación” de autoridades.

Aquí es indispensable evitar generalizaciones. La existencia de corrupción o infiltración en casos determinados no permite afirmar que el Gobierno de Chihuahua, un municipio determinado o una corporación completa estén controlados por una organización criminal sin pruebas específicas.

Pero la posibilidad de captura institucional no es una hipótesis extravagante. Investigaciones académicas sobre México han encontrado que las organizaciones criminales tienen incentivos para influir en gobiernos municipales, procesos políticos y autoridades de seguridad cuando necesitan proteger rutas, extraer rentas o garantizar impunidad. Un estudio publicado en Political Geography concluyó que grupos criminales pueden utilizar violencia contra autoridades y candidatos precisamente para influir sobre gobiernos locales y obtener beneficios económicos y territoriales.

Chihuahua ha registrado además casos recientes que muestran que la corrupción dentro de organismos de seguridad es un riesgo real. En julio de 2026 fueron detenidos cinco elementos de la Guardia Nacional asignados al aeropuerto de Ciudad Juárez, acusados de secuestro y extorsión contra viajeros. El caso no prueba una relación con un cártel ni permite extender la acusación a la corporación, pero demuestra cómo un uniforme y una posición institucional pueden convertirse en instrumentos privados de coerción.

El territorio criminal crece con armas, pero también puede crecer mediante información institucional, omisiones, corrupción y miedo.

Entonces, ¿quién controla Chihuahua?

La evidencia revisada no permite responder que “el narco controla Chihuahua” como una afirmación absoluta. Sería incorrecto.

Tampoco permite decir que el control estatal sea completo.

Lo que existe es una geografía fragmentada donde la capacidad gubernamental convive con zonas y mercados sometidos a fuertes presiones criminales. En Ciudad Juárez, la frontera convierte las rutas hacia Estados Unidos en activos multimillonarios. En la Sierra Tarahumara, los bosques, caminos y comunidades forman parte de la disputa. En Guadalupe y Calvo, la violencia ha conseguido algo todavía más contundente que elevar una estadística: expulsar habitantes de sus propias casas. En las ciudades, la extorsión puede transformar establecimientos aparentemente normales en negocios que trabajan bajo amenaza.

El 64 del índice difundido este fin de semana debe tomarse con cautela, porque hasta ahora no existe suficiente información pública sobre su metodología para tratarlo como una medida definitiva. Pero desechar todo el fenómeno por las debilidades de ese índice sería cometer el error contrario.

Las fuentes oficiales, académicas e internacionales consultadas convergen en varios puntos: existen organizaciones con capacidad para administrar corredores clandestinos; hay evidencia sólida de penetración criminal en la economía forestal; la extorsión constituye una forma de extracción económica extremadamente subregistrada; el tráfico de migrantes representa un mercado criminal importante en la frontera; y el desplazamiento forzado demuestra que en algunas comunidades las organizaciones tienen capacidad suficiente para modificar quién puede permanecer en el territorio.

Ahí está quizá la respuesta más incómoda.

El crimen organizado no necesita izar una bandera sobre un palacio municipal para controlar un territorio. No necesita gobernar cada escuela, hospital o calle. Le basta con decidir quién trabaja, quién paga, quién atraviesa un camino, quién corta un árbol, quién puede denunciar y quién debe abandonar su casa.

Y cuando una organización consigue hacer eso durante suficiente tiempo, la discusión deja de ser únicamente sobre delincuencia.

Se convierte en una discusión sobre poder.

Nota de investigación

Para este reportaje contrasté el índice difundido el 4 de octubre con información del INEGI/ENVIPE 2026, SESNSP, Presidencia de la República, Gobierno y Fiscalía de Chihuahua, Secretaría de Seguridad Pública estatal, Fiscalía General de la República, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Global Initiative Against Transnational Organized Crime y literatura académica sobre gobernanza criminal. La conclusión central es que no existe base suficiente para interpretar los “64 puntos” como 64% del territorio estatal, pero sí hay abundante evidencia independiente de control criminal territorial y económico localizado en distintas regiones del estado.

Una línea de investigación especialmente fuerte para una segunda entrega sería bajar este fenómeno a un mapa municipio por municipio: Juárez y Valle de Juárez; Nuevo Casas Grandes–Janos–Ascensión; Madera; Bocoyna–Guachochi; Guadalupe y Calvo; Parral y los corredores hacia Sinaloa y Durango, identificando para cada zona grupos presentes, actividades económicas disputadas, homicidios, desplazamiento, extorsión, tala, desapariciones y control carretero. Eso permitiría pasar de la pregunta “¿quién controla Chihuahua?” a una mucho más precisa: “¿quién controla qué parte de Chihuahua y para qué?”

Puedo vigilar durante las próximas horas si aparecen el documento original del índice, su autoría o metodología completa, porque eso podría cambiar de manera importante cómo debe presentarse el dato de 64 puntos.