La Encuesta Intercensal 2025 abrió una ventana estadística inédita sobre un fenómeno que durante años fue difícil de contar. En Chihuahua, alrededor de 17 mil 900 hogares reportaron que al menos uno de sus integrantes tuvo que cambiar de residencia dentro de México por inseguridad, delincuencia o violencia durante los cinco años anteriores. En esos hogares viven aproximadamente 60 mil 400 personas. Pero detrás de la cifra existe una realidad mucho más compleja: ranchos abandonados, viviendas cerradas, tierras que ya no pueden trabajarse, ganado que queda atrás, niños que cambian de escuela, familias separadas y comunidades indígenas cuya relación con el territorio no puede reducirse al valor comercial de una parcela.
60 mil personas: la cifra que debe explicarse correctamente.
HISTORIASMX. – En Chihuahua hay una cifra capaz de llamar inmediatamente la atención: 60 mil 400 personas. Pero presentarla simplemente como “60 mil desplazados” sería incorrecto. La pregunta incorporada por primera vez a la Encuesta Intercensal 2025 indagó si, entre octubre de 2020 y octubre de 2025, alguna persona residente de la vivienda se había visto obligada a cambiar de residencia dentro del país por inseguridad, violencia o algún desastre. Para Chihuahua, el INEGI estimó aproximadamente 17 mil 900 hogares en los que ocurrió desplazamiento relacionado con inseguridad, delincuencia o violencia; la población total residente dentro de esos hogares ascendía a unas 60 mil 400 personas.
La diferencia metodológica es fundamental. No significa que cada una de esas 60 mil 400 personas haya huido directamente. Puede haber hogares en los que se desplazó una sola persona y otros en los que salió prácticamente toda la familia. Lo que la cifra permite observar es otra dimensión: el perímetro social de la violencia. El desplazamiento de un padre, una madre, un hijo, una pareja o varios integrantes altera la economía, la residencia, el cuidado de los niños, el patrimonio y las relaciones de todo el hogar. En ese sentido, los 60 mil 400 habitantes no deben presentarse como un conteo individual de desplazados, sino como personas que viven dentro de hogares alcanzados directamente por esta forma de movilidad forzada. El propio coordinador estatal del INEGI hizo esa precisión al divulgar los resultados.
El dato, además, cubre solamente un periodo de cinco años y un tipo específico de desplazamiento interno. No reconstruye toda la historia de expulsiones ocurridas anteriormente en la Sierra Tarahumara, ni contabiliza automáticamente cada episodio ocurrido después de octubre de 2025. Esto es importante porque algunos de los desplazamientos más visibles de Guadalupe y Calvo durante 2026 ocurrieron después del periodo de referencia de la encuesta. Así, los 17 mil 900 hogares no son una fotografía total de la crisis actual, sino una nueva pieza estadística para comprenderla.
cuando escapar significa dejar una vida completa.
En los expedientes y estudios sobre desplazamiento en Chihuahua aparece una constante: la salida rara vez tiene las características de una mudanza planificada. No se vende primero la propiedad, no siempre se consigue una nueva vivienda y tampoco existe necesariamente tiempo para empacar muebles, herramientas o documentos. ACNUR ha recogido testimonios que describen el desplazamiento como “salirse con lo que trae puesto” y llegar a un lugar donde no se conoce a nadie.
La investigación académica lleva años documentando ese patrón. Un estudio publicado en 2020 por Rodrigo Morales Romero y Oliva López Sánchez analizó el caso de una familia chihuahuense de más de 60 integrantes y tres generaciones que tuvo que desplazarse después de haber sufrido robo, extorsión, secuestro y el asesinato de tres familiares. Los investigadores advirtieron que el desplazamiento no puede analizarse únicamente a partir del momento de la huida: produce efectos emocionales, sociales y políticos que continúan mucho después de abandonar el territorio.
Séverine Durin, investigadora del CIESAS, llega a una conclusión semejante al estudiar a niñas, niños y adolescentes rarámuri desplazados desde la Sierra Tarahumara hacia la ciudad de Chihuahua. Su propuesta consiste en entender el desplazamiento como un proceso acumulativo de violencias: antes de la huida puede existir pobreza estructural, insuficiencia de servicios, amenazas, intentos de reclutamiento o control territorial; después aparecen precariedad laboral, discriminación, dificultades de adaptación y pérdida de vínculos comunitarios. Huir puede salvar una vida, pero no necesariamente termina con la violencia que la condicionó.
Ahí se encuentra una de las claves para entender la otra cara de los pueblos que se vacían. Cuando una familia abandona una ranchería serrana no desaparece solamente un número del padrón comunitario. Puede desaparecer una persona que sembraba, otra que cuidaba ganado, alguien que participaba en las fiestas comunitarias, niños que asistían a una pequeña escuela rural, trabajadores que mantenían la economía local y adultos mayores depositarios de conocimientos ligados al territorio. Cada salida modifica lentamente la comunidad que queda atrás.
casas que permanecen, pero dejan de ser hogar.
En 2021, el INEGI realizó para Chihuahua un ejercicio extraordinario denominado ECADEFI-CHIH, desarrollado junto con ACNUR, JIPS, instituciones gubernamentales y organizaciones civiles. Fue el primer levantamiento especializado de este tipo en México. Su principal limitación debe quedar clara: empleó un diseño muestral no aleatorio y, por tanto, sus porcentajes no pueden extrapolarse estadísticamente a todas las personas desplazadas del estado. Sirven para conocer patrones entre las familias entrevistadas, no para afirmar que la totalidad de los desplazados de Chihuahua vive exactamente esas mismas condiciones.
Aun con esa cautela, los resultados son contundentes. Entre los hogares desplazados entrevistados fuera de albergues, 61 por ciento vivía en una vivienda propia antes del desplazamiento; después, solamente 30 por ciento conservaba esa condición. El informe señala que incluso entre personas cuyo desplazamiento había ocurrido años antes persistía una fuerte dificultad para recuperar el nivel de patrimonio residencial previo.
El problema no termina en la vivienda. Entre quienes dijeron haber poseído tierras, propiedades o bienes, el estudio encontró cultivos, terrenos, negocios, vehículos, ganado y maquinaria agrícola que tuvieron que quedar atrás. De los terrenos abandonados referidos por los entrevistados, una parte había sido destruida, otra aparecía como usurpada y una proporción reducida se conservaba en buenas condiciones. Al sintetizar sus hallazgos, el informe estima que 58 por ciento de las viviendas dejadas atrás por los entrevistados estaban abandonadas, destruidas u ocupadas sin consentimiento, mientras la mitad señaló haber dejado bienes como vehículos, ganado, cultivos o terrenos.
Una casa cerrada, entonces, puede contar una historia que las estadísticas convencionales de migración no alcanzan a mostrar. Desde fuera puede parecer simplemente una vivienda deshabitada. Detrás puede existir una familia que no ha renunciado a ella, pero que tampoco puede regresar porque las circunstancias que provocaron su salida continúan. La diferencia entre emigrar y ser desplazado está precisamente allí: no necesariamente se marcha porque existe una oportunidad mejor en otro lugar, sino porque permanecer dejó de ser una opción segura.
la pérdida del ganado y la tierra también es pérdida de independencia.
Para una familia rural, abandonar una comunidad significa algo distinto que cambiar de domicilio dentro de una ciudad. La tierra puede producir maíz, frijol, hortalizas o alimento para animales. El ganado representa comida, ahorro, trabajo y patrimonio. Una vivienda puede estar vinculada con un solar productivo, un huerto y redes de intercambio entre familiares y vecinos. Cuando todo eso se pierde de manera abrupta, la familia pasa de producir una parte de lo que consume a comprar prácticamente todo.
El informe de caracterización de Chihuahua describe precisamente esa transformación. Entre las familias entrevistadas, 88 por ciento de los hogares desplazados no podía cubrir al menos uno de los gastos básicos considerados por la encuesta, frente a 70 por ciento entre los hogares de comparación no desplazados. Entre los hogares indígenas desplazados de la muestra, la proporción alcanzaba 96 por ciento.
La alimentación ilustra todavía mejor el deterioro. El 49 por ciento de los hogares desplazados entrevistados presentó inseguridad alimentaria moderada o grave durante los tres meses anteriores al levantamiento, frente a 22 por ciento de los hogares no desplazados incluidos en el ejercicio. Preocuparse porque la comida se termine, reducir la variedad de alimentos o disminuir lo que se come deja de ser una posibilidad abstracta y se convierte en parte de la adaptación posterior a la huida.
No es solamente empobrecimiento monetario. Es una modificación completa de la economía doméstica. Una familia que poseía casa, animales, herramientas y cultivos podía tener ingresos modestos pero conservar cierto grado de autosuficiencia. En la ciudad o en una cabecera municipal receptora debe pagar renta, electricidad, transporte y alimentos. Un patrimonio rural que quizá nunca apareció como una gran cantidad de dinero en una cuenta bancaria podía constituir, en realidad, el principal mecanismo de supervivencia familiar.
para los pueblos indígenas, desplazarse puede significar perder territorio, no solamente propiedad.
La dimensión es todavía más profunda entre comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara. ACNUR encontró que las personas indígenas desplazadas experimentaban impactos particularmente severos en vivienda, empleo, cultura e identidad. Entre los hogares indígenas desplazados incluidos en el estudio y que no residían en albergues, la proporción que tenía vivienda propia pasó de 71 por ciento antes del desplazamiento a 29 por ciento después. Entre los bienes dejados atrás por entrevistados indígenas aparecieron cultivos, ganado, terrenos y maquinaria agrícola.
La diferencia no es solamente patrimonial. Para numerosos pueblos originarios, la relación con la tierra involucra parentesco, memoria, lugares rituales, cementerios, agricultura, organización comunitaria y una geografía transmitida entre generaciones. La Misión Civil de Observación que recorrió Chihuahua en mayo de 2026 advirtió que las comunidades indígenas enfrentan impactos desproporcionados: pérdida de territorio, ruptura de prácticas culturales y formas de organización comunitaria, además del debilitamiento de los vínculos espirituales con la tierra. La misión entrevistó a cerca de 200 personas desplazadas procedentes principalmente de comunidades serranas de Chihuahua, así como de Durango y Sinaloa.
Ese desarraigo ayuda a comprender por qué la entrega de una despensa o una estancia temporal en un albergue, aunque indispensables durante la emergencia, no pueden constituir por sí mismas una reparación. La pérdida incluye aquello que difícilmente puede meterse en una caja: el paisaje conocido desde la infancia, el vecino que ayudaba durante la cosecha, las rutas hacia el agua, la milpa, la lengua utilizada cotidianamente, las fiestas y la autoridad comunitaria.
los niños también son desplazados por la violencia.
El desplazamiento tiene edad. En la muestra de ECADEFI-CHIH, los niños, niñas y adolescentes representaron 47 por ciento de la población de los hogares desplazados entrevistados, proporción considerablemente mayor que entre el grupo de comparación. La encuesta observó una elevada asistencia a primaria, pero encontró un rezago particular entre adolescentes indígenas desplazados de 12 a 14 años: 78 por ciento asistía a secundaria. Además, 27 por ciento de las personas indígenas desplazadas de entre 12 y 17 años incluidas en esa medición realizaba trabajo infantil. Nuevamente, son resultados de una muestra no representativa, pero describen riesgos concretos que los estudios cualitativos también han identificado.
Durante 2026 esa dimensión dejó de ser solamente histórica. Familias provenientes de Atascaderos, Guadalupe y Calvo, dijeron que entre las razones para abandonar su comunidad estaban las balaceras, la inseguridad y el temor al reclutamiento de sus hijos. Ya desplazados en Parral, algunos menores continuaban las clases a distancia mientras sus viviendas permanecían abandonadas.
Por eso, hablar de “escuelas con menos alumnos” exige rigor. No existe todavía un registro estatal público que permita atribuir cada reducción de matrícula rural al desplazamiento forzado. La disminución puede obedecer también a migración económica, cambios demográficos o movimientos hacia cabeceras municipales. Pero sí existe evidencia documental de interrupciones, cambios de escuela, educación remota y dificultades de acceso entre familias desplazadas. La línea periodística correcta no consiste en afirmar que todas las escuelas rurales que pierden matrícula lo hacen por violencia, sino en investigar cuáles comunidades muestran simultáneamente desplazamientos documentados y pérdida sostenida de estudiantes.
Moris y Coyame: cuando la estadística deja espacios en blanco.
Uno de los aspectos más reveladores de la Encuesta Intercensal aparece precisamente donde los datos dejan de aparecer. Moris y Coyame del Sotol están identificados por el INEGI con una muestra insuficiente para producir determinados indicadores municipales. El instituto puede publicar sus datos básicos de población y vivienda, pero no estimaciones suficientemente precisas para algunas variables que dependen de la muestra, entre ellas el nuevo indicador de desplazamiento.
Eso no significa que el INEGI haya concluido que allí no existe desplazamiento. Significa exactamente lo contrario de una conclusión: la encuesta no tiene información muestral suficiente para estimarlo con calidad estadística a ese nivel territorial. La distinción es especialmente importante en Moris, municipio serrano donde fuentes periodísticas y ejercicios de monitoreo han documentado episodios de desplazamiento vinculados con violencia durante los últimos años.
El informe Travesías Forzadas: Desplazamiento interno en México 2025, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, pudo identificar mediante seguimiento de medios y triangulación 325 personas relacionadas con episodios de desplazamiento originados en Moris durante 2025. El propio informe advierte que sus cifras municipales proceden de monitoreo periodístico y que no equivalen a un censo exhaustivo.
Ahí aparece una paradoja de enorme valor periodístico: algunos de los territorios rurales donde resulta más difícil contar estadísticamente a la población son también espacios donde la dispersión geográfica, las comunicaciones deficientes y la inseguridad pueden dificultar la documentación de las familias que se marchan. La ausencia de una estimación municipal no es evidencia de ausencia del fenómeno.
2025 y 2026: la crisis no pertenece al pasado.
Los datos más recientes muestran que el desplazamiento en Chihuahua continúa activo. El Programa de Derechos Humanos de la IBERO documentó a escala nacional 15 mil 795 personas desplazadas durante 2025 en 73 eventos; Chihuahua concentró 28.4 por ciento de los eventos registrados, sólo por debajo de Sinaloa en esa medición. El estudio señaló que 83 por ciento de los desplazamientos nacionales identificados estuvieron asociados con violencia vinculada con criminalidad organizada.
Para Chihuahua, Travesías Forzadas recoge una cifra estatal de 4 mil 492 registros asociados a personas desplazadas o en riesgo atendidas durante 2025, pero el propio documento pide cautela: las atenciones administrativas pueden tener problemas de duplicidad y no todas equivalen necesariamente a una persona nueva desplazada durante ese mismo año. Mediante monitoreo de medios, el equipo pudo identificar territorialmente 2 mil 109 casos; entre los municipios más visibles estaban Guadalupe y Calvo, Madera, Moris y Uruachi. Esa diferencia entre registros de atención, episodios documentados y estimaciones por encuesta constituye precisamente uno de los grandes problemas para dimensionar el fenómeno.
La realidad continuó durante 2026. En febrero, el Gobierno de Chihuahua informó que atendía aproximadamente 200 personas procedentes de Atascaderos, Guadalupe y Calvo, después de episodios de violencia; semanas después puso en marcha un operativo para acompañar el retorno de más de 200 habitantes. Organizaciones civiles, sin embargo, describieron un universo de afectados mayor en esa zona, ilustrando otra vez la fragmentación de los conteos según el momento, la fuente y la definición utilizada.
En julio, otra emergencia se produjo en Cinco Llagas, también en Guadalupe y Calvo. Enfrentamientos y ataques con explosivos lanzados desde drones provocaron nuevos desplazamientos; CONTEC y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reportaron 153 personas desplazadas en ese episodio. El gobierno estatal mantuvo personas en un albergue de Baborigame y posteriormente desplegó acciones humanitarias y de seguridad.
Para finales de julio, el propio Gobierno de Chihuahua solicitó públicamente mayor intervención federal en Guadalupe y Calvo, reconociendo que la disputa territorial entre grupos del crimen organizado estaba obligando a numerosas familias, especialmente indígenas, a abandonar sus hogares.
irse no elimina la violencia: muchas veces cambia su forma.
Una de las aportaciones más importantes de los estudios científicos sobre el fenómeno consiste en romper la idea de que el desplazamiento concluye al llegar a una ciudad segura. Durin plantea que las violencias pueden acumularse: una familia escapa de amenazas directas, pero después puede enfrentarse a pobreza, discriminación, empleo precario y dificultades para reconstruir sus redes sociales.
El informe de ACNUR encontró precisamente esa desigualdad. Entre la población indígena desplazada ocupada incluida en ECADEFI, 72 por ciento trabajaba en la informalidad, frente a 33 por ciento entre la población desplazada no indígena de la misma muestra. ACNUR describe empleos temporales, salarios bajos y mayor vulnerabilidad a explotación como parte de la vida posterior al desplazamiento.
Eso explica una contradicción frecuente. La familia puede encontrarse físicamente más segura que en la comunidad de origen y, al mismo tiempo, vivir peor materialmente. Puede haber escapado de hombres armados, pero haber perdido casa, cosecha, animales y fuente de ingreso. Puede haber protegido a sus hijos de un reclutamiento, pero encontrarse después sin empleo suficiente para sostenerlos. Puede haber llegado a una ciudad y seguir pensando todos los días en una vivienda que continúa detrás de una sierra a la que ya no sabe si podrá regresar.
retornar tampoco significa necesariamente haber solucionado el desplazamiento.
La respuesta gubernamental en Chihuahua ha evolucionado. El estado cuenta desde 2025 con un Protocolo de Atención Emergente a las Personas en Situación de Desplazamiento Interno, destinado a establecer directrices de actuación para distintas dependencias, y en 2026 ha desplegado asistencia alimentaria, atención médica, acompañamiento jurídico y operativos de seguridad y retorno en la Sierra.
Sin embargo, el regreso físico a una vivienda no basta para considerar resuelto un desplazamiento. Los estándares internacionales sobre soluciones duraderas contemplan seguridad, restitución o acceso a vivienda y patrimonio, medios de vida, documentación, servicios y ausencia de discriminación; además, el retorno debe ser voluntario y sostenible. Para otras personas, la solución puede consistir en integrarse definitivamente en el lugar al que huyeron o establecerse voluntariamente en otra parte del país.
Ese debate es especialmente importante en Chihuahua. La Misión Civil de Observación sostuvo en agosto de 2026 que persistían condiciones que impedían hablar de retornos seguros en diversos casos y que el desplazamiento se había intensificado entre 2021 y 2025. Sus integrantes reclamaron prevención, justicia, reparación y garantías de no repetición, además de ayuda humanitaria.
Existe además un vacío nacional. ACNUR señala que México continúa a la espera de una ley general específica sobre desplazamiento interno, aunque Chihuahua ya cuenta con mecanismos estatales, tipificación penal y un espacio institucional de coordinación. Esto genera respuestas parciales en un fenómeno cuya dinámica rebasa municipios e incluso estados.
el pueblo vacío también es una forma de violencia.
El desplazamiento suele medirse desde el sitio al que llega la persona: cuántas necesitan vivienda, cuántas piden ayuda, cuántas llegan a un albergue. Pero existe otra forma de observarlo: mirar hacia el territorio que queda atrás.
Allí pueden permanecer puertas cerradas, potreros sin ganado, parcelas que no vuelven a sembrarse y viviendas que comienzan a deteriorarse. Queda una escuela cuya viabilidad puede depender de cada vez menos alumnos. Queda el comercio que pierde consumidores, la persona adulta mayor cuyo hijo se marchó, la parcela de una familia que ahora vive a cientos de kilómetros y la incertidumbre sobre quién utilizará un territorio que dejó de estar habitado cotidianamente por quienes lo consideran suyo.
Por eso la expresión “pueblos que Chihuahua está perdiendo” no debe entenderse necesariamente como desaparición total de una localidad ni como afirmación de que todo descenso demográfico es provocado por grupos criminales. La despoblación rural tiene causas múltiples: migración económica, envejecimiento, reducción de la fecundidad, traslado hacia ciudades y falta de servicios. Pero cuando esa tendencia coincide territorialmente con amenazas, enfrentamientos, reclutamiento, homicidios y episodios documentados de desplazamiento, aparece una pregunta que el estado todavía no puede responder completamente: ¿qué proporción de la pérdida de población rural corresponde a personas que no querían irse?
La Encuesta Intercensal representa un avance enorme precisamente porque empieza a separar esa movilidad involuntaria de la migración convencional. Pero los casos de Moris y Coyame muestran sus límites; los distintos registros de 2025 y 2026 muestran la falta de un sistema único; y los estudios especializados muestran que contar personas tampoco basta.
el verdadero tamaño del desplazamiento.
Los 60 mil 400 habitantes de los hogares identificados por la Encuesta Intercensal son, entonces, una puerta de entrada al problema y no su cifra definitiva. No todos fueron desplazados personalmente. Algunos hogares pudieron experimentar la salida de un solo integrante; otros pudieron haber huido completos. Lo que sí demuestra la estimación es que el desplazamiento causado por inseguridad y violencia ya alcanza un universo familiar considerable en Chihuahua y que ahora, por primera vez, existe una medición oficial nacional construida específicamente para observarlo.
Pero detrás de ese universo están los datos que rara vez llegan a un encabezado: una vivienda propia convertida en renta; cultivos que no se cosechan; animales que no pueden trasladarse; documentos que se quedan dentro de una casa; niños que cambian de escuela; adolescentes que comienzan a trabajar; familias indígenas separadas de territorios que contienen parte de su identidad; comunidades receptoras que absorben nuevas necesidades y personas que, años después de haber escapado, siguen sin saber si volverán.
La pregunta más profunda no es solamente cuántas personas ha desplazado la violencia en Chihuahua. Es cuánto territorio social está perdiendo Chihuahua mientras esas personas se van.
Porque un pueblo no desaparece el día en que queda completamente vacío. Empieza a desaparecer antes: cuando una familia cierra su puerta sin saber cuándo regresará; cuando una parcela deja de sembrarse; cuando un niño ya no vuelve al salón; cuando el ganado queda atrás; cuando una comunidad aprende que permanecer puede costarle la vida.
Y esa es quizá la otra cifra que todavía falta construir: cuántos pueblos, rancherías y comunidades de Chihuahua están perdiendo lentamente a la gente que les daba vida.
