Mientras tanto, la indignación crece en la población, que reclama el cese inmediato de los cortes y una estrategia real para enfrentar la escasez, que no dependa solo de sanciones a los usuarios, sino de soluciones técnicas, inversión en infraestructura y manejo responsable de los recursos acuíferos.
PARRAL, CHIH. – Mientras la ciudad enfrenta una crisis hídrica sin precedentes derivada de la sobreexplotación del acuífero Parral–Valle del Verano, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) continúa aplicando cortes de agua a decenas de familias… incluso cuando por las tuberías no corre ni una gota, solo aire.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) confirmó que emitirá en las próximas semanas una recomendación oficial contra la JMAS, tras documentar que al menos 41 familias fueron privadas del servicio de agua durante 2023 y, en algunos casos, amenazadas por personal del organismo.
El agua no llega, pero los cortes sí
El visitador de la CEDH, Juan Portillo Díaz, reveló que el expediente, abierto desde finales de 2023, incluye evidencias de suspensiones de servicio a hogares donde el suministro ya era intermitente y de muy baja presión.
“En Parral, se han registrado amenazas y presiones contra familias que no pagan el servicio de agua, y se han aplicado cortes pese a que son inconstitucionales”, declaró Portillo.
El funcionario recordó que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han establecido que el derecho humano al agua no puede condicionarse al pago y que cortar el suministro es ilegal, independientemente del adeudo.
Un problema que la JMAS no quiere reconocer
La crisis de agua en Parral tiene un origen bien identificado: la sobreexplotación del acuífero Parral–Valle del Verano, que desde hace años presenta niveles críticos por la extracción intensiva y la ausencia de políticas de recarga o manejo sustentable.
Vecinos denuncian que, a pesar de los anuncios oficiales, el organismo no reconoce la magnitud del problema y continúa cobrando como si el servicio fuera regular, aun cuando el agua llega apenas unas horas a la semana o no llega en absoluto.
“Estamos muy pendientes de vigilar que no se repitan estas violaciones a derechos humanos… esperamos que esta situación se solucione de una vez por todas”, concluyó Portillo.
Lo que pide la CEDH
La recomendación de la CEDH establece que la JMAS deberá:
- Iniciar procedimientos administrativos contra los servidores públicos responsables.
- Implementar reparación del daño a las familias afectadas.
- Garantizar la no repetición del problema.
- Capacitar al personal en materia de derechos humanos y gestión de crisis hídrica.
Mientras tanto, la indignación crece en la población, que reclama el cese inmediato de los cortes y una estrategia real para enfrentar la escasez, que no dependa solo de sanciones a los usuarios, sino de soluciones técnicas, inversión en infraestructura y manejo responsable de los recursos acuíferos.
