El intento de secuestro del industrial regiomontano formó parte de la estrategia de la Liga Comunista 23 de Septiembre para obtener recursos y exigir la liberación de presos políticos. Su desenlace permite examinar los objetivos de una organización que se proponía transformar México por las armas, así como las contradicciones y consecuencias de ese proyecto.
HISTORIASMX. – Para comprender la muerte de Eugenio Garza Sada desde la historia de la guerrilla mexicana, es necesario colocar en el centro el proyecto político de quienes intentaron secuestrarlo. La operación del 17 de septiembre de 1973, en Monterrey, formaba parte de una estrategia insurgente que buscaba convertir la captura de una figura empresarial en recursos económicos y capacidad de negociación frente al Estado. Desde la perspectiva de sus organizadores, aquella acción debía contribuir a sostener una lucha revolucionaria y conseguir la libertad de compañeros encarcelados. El enfrentamiento que terminó con la muerte del empresario y de otras personas frustró esos objetivos inmediatos y abrió una crisis de consecuencias políticas mucho mayores.
La expresión “liberar al país” pertenecía al horizonte político de estos militantes: entendían que México necesitaba una transformación revolucionaria de sus estructuras económicas y de poder. Un reportaje puede reconstruir esa aspiración y explicar las razones de sus protagonistas sin asumir que representaban a toda la sociedad. Desde ese enfoque, Garza Sada aparece dentro de una operación dirigida contra una figura del poder económico, mientras la atención se concentra en las decisiones de la organización, sus propósitos y la distancia entre lo que pretendía conseguir y lo que finalmente produjo.
Una organización que buscaba construir una fuerza revolucionaria.
La Liga Comunista 23 de Septiembre nació el 15 de marzo de 1973 en Guadalajara, mediante la convergencia de agrupaciones clandestinas que habían desarrollado experiencias políticas en distintas regiones. Los Procesos, Los Lacandones, Los Enfermos, Los Guajiros y el MAR-23 de Septiembre figuraban entre las organizaciones que confluyeron en ese esfuerzo. La unificación pretendía superar la dispersión de los núcleos armados y construir una dirección capaz de impulsar una revolución. Su proyecto combinaba organización política, propaganda y acciones militares, dentro de una interpretación marxista de la lucha de clases.
En esa concepción, las acciones armadas debían formar parte de un proceso más amplio. La investigación académica sobre los orígenes de la Liga identifica una agenda que comprendía huelgas económicas, huelgas políticas, combate de calle y guerra de guerrillas. El propósito declarado era desarrollar una fuerza que pudiera disputar el poder al Estado y transformar el orden social. Esto permite comprender que sus integrantes no se concebían simplemente como autores de operaciones aisladas: procuraban insertar cada intervención en una estrategia revolucionaria, aunque la relación entre esa estrategia y las condiciones reales del país estaba lejos de resolverse.
La composición de la organización también ayuda a comprender su naturaleza. Ángel Escamilla, en un estudio publicado en Signos Históricos a partir de 203 expedientes de la Dirección Federal de Seguridad, encontró una presencia predominante de estudiantes de entre 15 y 30 años. Eran jóvenes que pasaron a integrar una estructura clandestina, vertical y compartimentada. Esa forma de organización buscaba proteger a sus miembros y preservar información, pero también concentraba decisiones y limitaba lo que cada participante conocía sobre las actividades del conjunto. La apuesta revolucionaria adquiría así una dimensión cotidiana de disciplina, secreto y exposición permanente.
Garza Sada como objetivo de una operación política.
La elección de Eugenio Garza Sada se relacionaba con su posición en la economía regiomontana. Al morir presidía el Grupo Valores Industriales, formado alrededor de Cervecería Cuauhtémoc, empresa en la que había comenzado a trabajar en 1917. También había impulsado la creación del Tecnológico de Monterrey en 1943. Su relevancia lo convertía en una figura con capacidad de movilizar la atención del empresariado y del gobierno; precisamente esa importancia podía ser utilizada por una organización clandestina para intentar imponer una negociación.
La reconstrucción del Comité Zonal Noreste conservada en Archivos de la Resistencia señala que la dirección de la Liga consideró necesario secuestrar a una personalidad empresarial para obtener recursos y exigir la libertad de 52 presos políticos. Bajo esa lógica, el empresario sería retenido como instrumento de presión. El objetivo documentado era una captura con fines económicos y políticos; distinguirlo del desenlace resulta fundamental para comprender la operación. Su muerte no puede presentarse automáticamente como el propósito original del plan.
Desde la perspectiva insurgente, conseguir financiamiento y recuperar militantes encarcelados eran necesidades vinculadas con la continuidad del proyecto. La operación buscaba convertir el peso de una figura empresarial en capacidad de acción para una organización perseguida. Allí aparece también una contradicción central de la estrategia: un movimiento que proclamaba la liberación colectiva recurría a la privación de la libertad de una persona para alcanzar sus fines. Examinar esa tensión permite valorar sus decisiones en términos históricos y políticos, sin reducirlas a una condena general ni convertir sus intenciones en una justificación suficiente de sus métodos.
El 17 de septiembre: el plan y su desenlace.
La mañana del 17 de septiembre de 1973, el comando interceptó el automóvil en el que viajaba Garza Sada en el cruce de Luis Quintanar y Villagrán, en Monterrey. El resumen documental de la investigación de la DFS registra que sus acompañantes respondieron con disparos y que se produjo un enfrentamiento. Murieron el empresario, Bernardo Chapa Pérez y Modesto Torres Briones; la documentación también refiere el hallazgo de dos cuerpos de integrantes del grupo atacante en una camioneta. La captura no se consumó y, con ello, desapareció la posibilidad de desarrollar la negociación prevista.
Para analizar la acción desde la trayectoria guerrillera, ese fracaso operativo es decisivo. La organización había buscado obtener recursos y liberar presos mediante una retención; terminó involucrada en un episodio que concentró la indignación empresarial y la atención de los cuerpos de seguridad. La diferencia entre objetivo y resultado permite discutir la capacidad de planeación, el control sobre una situación armada y los costos políticos de una intervención clandestina. Las fichas consultadas, sin embargo, no permiten reconstruir con certeza cada disparo ni establecer de manera individual toda la secuencia del enfrentamiento.
Una guerrilla con presencia en ciudades y sierras.
El caso de Monterrey pertenecía a una organización cuya actividad rebasaba los escenarios urbanos. Investigaciones sobre el Comando Guerrillero Óscar González documentan intentos de establecer una presencia rural en el sur de Sonora, con vínculos entre comunidades guarijías. Esta dimensión muestra que el proyecto de la Liga contemplaba distintos espacios sociales y geográficos: fábricas, centros estudiantiles, ciudades y regiones serranas. Su aspiración era desarrollar una fuerza revolucionaria de alcance mayor que el de una célula local.
Esa diversidad obliga a evitar generalizaciones sobre sus integrantes. La pertenencia a la Liga no significa que cada militante hubiera intervenido en el intento de secuestro de Garza Sada, conocido su planeación o compartido todas las decisiones de sus dirigentes. En una estructura compartimentada, las responsabilidades deben reconstruirse por persona y por acción. Una historia centrada en la guerrilla necesita conservar sus diferencias internas, sus procedencias regionales y las distintas tareas que desempeñaban sus miembros.
El choque con el empresariado y el gobierno.
El desenlace adquirió rápidamente un significado político que desbordó a la organización. Durante el sepelio, Ricardo Margáin Zozaya pronunció un discurso ante Luis Echeverría en el que cuestionó la capacidad gubernamental para mantener el orden y acusó al poder de alimentar la hostilidad contra el sector privado. La intervención documenta cómo la muerte del industrial se convirtió en una plataforma de reclamo empresarial al presidente. El episodio quedó situado, por tanto, dentro de una confrontación entre insurgencia, poder económico y gobierno.
Desde el análisis de la estrategia guerrillera, esto plantea una pregunta: ¿hasta qué punto una operación destinada a fortalecer a la organización terminó creando condiciones políticas adversas para ella? El discurso empresarial permite observar la exigencia de una respuesta más enérgica, aunque no basta por sí solo para explicar todas las decisiones posteriores del Estado. La repercusión pública del enfrentamiento muestra que una acción armada podía producir efectos distintos de los calculados por sus organizadores y colocar el debate lejos de las demandas que habían pretendido impulsar.
Los archivos del Estado y la controversia sobre el conocimiento previo.
La investigación periodística de Jorge Fernández Menéndez añadió otra dimensión al caso. En una entrevista publicada por Milenio en 2020, el autor de Nadie supo nada sostuvo que había encontrado un oficio de la DFS anterior en aproximadamente año y medio al ataque, donde se registraban conversaciones sobre un posible secuestro de Garza Sada o de su hijo. Su interpretación es que los servicios de seguridad conocían el proyecto y que el gobierno no intervino para evitarlo. Esa tesis introduce preguntas sobre la vigilancia de las organizaciones clandestinas y el manejo de la información obtenida por los organismos de inteligencia.
La hipótesis debe conservar su atribución y sus límites. Registrar una intención de secuestro no demuestra automáticamente el conocimiento de su fecha de ejecución, ni acredita por sí mismo una orden presidencial. También debe respetarse la cronología: si un documento corresponde a 1972, resulta necesario identificar a los militantes y agrupaciones de ese momento, puesto que la Liga se constituyó en marzo de 1973. La posible continuidad entre esos núcleos y la organización posterior requiere demostración documental, en lugar de utilizar retrospectivamente un nombre que todavía no existía.
La persecución alcanzó Chihuahua.
Un informe de la DFS del 15 de octubre de 1973 registra la búsqueda de Salvador Corral García en Ciudad Juárez, señalado como presunto responsable del caso. Según la ficha del documento, los agentes localizaron a su hermano, Roberto Corral García, y lo detuvieron en su negocio. El propio registro reconocía que hasta ese momento no se le justificaba ninguna actividad ilícita. Para una historia de la guerrilla en el norte, este documento muestra cómo la persecución se extendía por redes familiares y territoriales, incluso cuando no se había acreditado una conducta delictiva de la persona detenida.
Las consecuencias represivas continuaron. Archivos de la Resistencia documenta que Salvador Corral García e Ignacio Olivares Torres aparecieron muertos el 2 de febrero de 1974, con signos de tortura, en Monterrey y Guadalajara, respectivamente. Su reconstrucción ubica los cuerpos cerca de lugares relacionados con los empresarios fallecidos. Estos hechos deben estudiarse como parte de la violencia estatal contra la insurgencia: las acusaciones dirigidas contra un militante no eliminaban su derecho a un proceso ni autorizaban su tortura o ejecución.
La represión se prolongó durante los años siguientes y adquirió estructuras específicas. El Archivo General de la Nación identifica a la Brigada Blanca como responsable de tortura, desaparición y asesinato de activistas durante la década de 1970. Aunque corresponde a una etapa posterior y no debe confundirse con el ataque de septiembre de 1973, su actuación permite situar la historia de la Liga dentro de una política contrainsurgente que recurrió a prácticas criminales. Los expedientes producidos por esas instituciones deben examinarse tanto por la información que contienen sobre los guerrilleros como por lo que revelan acerca de sus perseguidores.
La distancia entre el ideal de liberación y los resultados.
Colocar el caso Garza Sada dentro de las acciones de la guerrilla permite comprenderlo como parte de una apuesta por transformar México mediante la lucha armada. Sus organizadores pretendían obtener financiamiento, recuperar presos y fortalecer una fuerza revolucionaria. El desenlace obliga a examinar qué consiguieron realmente, qué costos produjo la operación y cómo afectó las posibilidades de desarrollar su proyecto político. Las convicciones de sus participantes explican una parte de la historia; las consecuencias de sus decisiones completan otra.
La investigación sobre aquella generación necesita tomar en serio sus aspiraciones de justicia y liberación, así como sus errores de cálculo, sus contradicciones y la represión que enfrentó. Garza Sada ocupa en esa reconstrucción el lugar de una figura económica seleccionada para una operación de presión política. La guerrilla ocupa el centro del análisis como una organización que tomó decisiones concretas para impulsar una revolución y que, en Monterrey, encontró un desenlace distinto del que había previsto. Comprender esa distancia ayuda a recuperar la complejidad de una historia que sigue disputándose entre archivos policiales, memorias militantes e interpretaciones públicas.
Nota de investigación: esta versión cambia el enfoque hacia el proyecto y las acciones de la guerrilla. Se apoya en los estudios, fichas documentales y publicaciones consultados previamente; distingue los objetivos atribuidos a la organización de los resultados comprobados y de las hipótesis todavía controvertidas.
