Los audios, entregados al alcalde panista de Chínipas, Hugo Amed Schultz, fueron compartidos con Los Salazar, el grupo criminal que dominaba la región serrana. Con esa información en la mano, el cártel fijó a Miroslava como objetivo. En marzo de 2017, la periodista fue asesinada a balazos frente a su hogar, en la capital del estado.

Chihuahua, Chih. – A casi una década del asesinato de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada y una de las voces más críticas y valientes en Chihuahua, las audiencias judiciales siguen revelando la dimensión de la traición política que la dejó en la indefensión frente al crimen organizado.

El caso de Miroslava no solo es una herida abierta para el periodismo mexicano, sino también un espejo incómodo para la política local: la confirmación de que funcionarios panistas participaron en la operación que permitió a un grupo criminal identificarla como autora de los reportajes que exhibieron los vínculos entre narcotráfico y candidaturas municipales en 2016.

La grabación que marcó la condena.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) demostró que Alfredo Piñera Guevara, entonces vocero del PAN estatal, grabó sin consentimiento a Miroslava y a la periodista Patricia Mayorga. En esas conversaciones presionó para que reconocieran la autoría y fuentes del reportaje titulado “Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua”, publicado el 4 de marzo de 2016.

Los audios, entregados al alcalde panista de Chínipas, Hugo Amed Schultz, fueron compartidos con Los Salazar, el grupo criminal que dominaba la región serrana. Con esa información en la mano, el cártel fijó a Miroslava como objetivo. En marzo de 2017, la periodista fue asesinada a balazos frente a su hogar, en la capital del estado.

Entre la política y la delincuencia.

El engranaje político detrás del crimen revela cómo las instituciones se doblaron ante la presión del narco. Las amenazas llegaron primero al alcalde Schultz, quien acudió a sus superiores panistas: Mario Vázquez Robles y José Luévano Rodríguez. Fue este último, hoy todavía activo en la vida pública estatal, quien pidió a Piñera “ayudar” al edil a resolver la crisis.

La ayuda, sin embargo, consistió en sacrificar a la periodista. Las grabaciones sirvieron para deslindar a los panistas de cualquier relación con Los Salazar y al mismo tiempo exhibieron a Miroslava como fuente de la investigación. Años después, durante el juicio contra los autores materiales, la Feadle presentó esas pruebas para documentar la cadena de complicidades.

Un legado de impunidad.

Aunque uno de los autores materiales fue condenado, la red de responsabilidades políticas sigue sin alcanzar a quienes facilitaron el crimen. Alfredo Piñera ocupa hoy un cargo como asesor de comunicación en el Congreso local, y José Luévano ha continuado en la administración pública. La justicia ha sido parcial y lenta, incapaz de cerrar el círculo de la impunidad.

Para el gremio periodístico, el caso Miroslava sigue siendo símbolo de la vulnerabilidad en la que trabajan cientos de reporteros en México: la amenaza no solo proviene del crimen organizado, sino de la connivencia de los propios funcionarios que deberían garantizar seguridad y libertad de expresión.

Una memoria vigente.

Recordar a Miroslava Breach no es solo un ejercicio de memoria, sino una advertencia actual. En un país que cada año registra agresiones, desplazamientos y asesinatos de periodistas, su caso sigue resonando como el ejemplo más claro de cómo la palabra escrita puede incomodar al poder político y al criminal por igual.

A ocho años de su asesinato, el mensaje que dejó con su trabajo sigue vigente: el silencio no es opción, aunque denunciar signifique poner la vida en riesgo. Su nombre, como el de tantos periodistas asesinados en México, sigue siendo un recordatorio de que en este país el periodismo aún se escribe con sangre.

Por: Gorki Rodríguez.